Como evidencia de esa fractura, se ha posicionado un relato donde todo lo que sea alejarse del orden previo es signo o de catástrofe o de alteración psíquica. ¿Hay en marcha un proyecto que intenta romper con la globalidad, desalojar a la iniciativa privada, anular el marco republicano y democrático? ¿O se trata de alterar una fórmula de asociación entre el Estado y los grandes poderes, introducir regulaciones a favor del bienestar dentro del capitalismo, y que, como contrapeso a la razón del mercado, haya una fuerte autonomía política de la República que no cierre la ruta negociada y democrática del cambio? En un caso nos encontramos ante una perspectiva de progresivo cierre de las vías negociadas y de irrupciones desestabilizadoras que amenazan al marco democrático. En el otro, en la necesidad de ampliarlo como responsabilidad compartida de todas las partes, en la obligación de encontrar márgenes y negociaciones continuas. 

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En estos dilemas de la fractura mexicana, iniciada a fines del 2018, el mes de abril de este año alumbró, en medio del conflicto acentuado en la opinión pública, el posible reagrupamiento de las oposiciones y de su capacidad de convocatoria a la sociedad mexicana. ¿Hacia dónde podría ir?

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La atmósfera previa. Desde febrero inició la crítica a la conducción gubernamental de la lucha contra el coronavirus en los medios masivos, en una atmósfera marcada por la estela de corrupción y desmantelamiento del sistema de salud pública causada por las privatizaciones. En este desafío pandémico, se juega la legitimidad y la autoridad del nuevo gobierno: o se consolida o se debilita.

 

A lo largo de 2019, se transparentaron las redes de corrupción que habían prosperado a escala gigantesca. Asomaron también los privilegios fiscales y contratos lucrativos en obra pública para segmentos selectos de las grandes corporaciones. El combate al coronavirus se convirtió en la concreción de otro paradigma: la salud como derecho y no como mercancía, y el reforzamiento del sistema público de salud mediante intervenciones crecientes del Estado que ya no subrogaba esa responsabilidad a los privados  y que respetaba al sistema privado de salud ya establecido.  En México, a diferencia de España, no se ha planteado la nacionalización del sector, sino la colaboración de lo público y lo privado sin confundir sus fronteras. Sin embargo, se erosionaron dos de los muchos pilares del orden previo: 1) La asociación entre elites y gobierno como nichos privilegiados del quehacer del Estado y 2) la idea de que el mercado y la empresa eran el centro organizador de la sociedad y la garantía de eficiencia de la vida colectiva.

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Si en marzo el debate era sobre la correcta medición de la pandemia y las medidas para contrarrestarla, en abril la escena pública tenía ya dos focos de atención. Por un lado, la lucha contra la pandemia y, por el otro, la preocupación creciente por una caída de la economía global provocada por varios factores (caída del petróleo, regreso del proteccionismo, financiarización extrema  y un freno brutal en las  cadenas productivas obligado por la pandemia y por el encierro de poblaciones enteras).

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La razón de mercado: Los expertos globales avisaron de una crisis de la economía que puede ser histórica en todo el mundo. Keynes renacía otra vez, como en diciembre de 2008, como el teórico de un nuevo reconocimiento de la importancia de la intervención masiva del Estado para afrontar las crisis y salvar sistemas financieros y empresas.  Las cúpulas empresariales mexicanas, como ocurrió en todo el mundo, otearon un tiempo de oportunidad para volver a impulsar la centralidad del mercado y su papel de garantía para evitar caídas fatales.  La crisis global abría un espacio a su favor.

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Los primeros acercamientos negociadores entre el gobierno y las cúpulas se hicieron en torno a una muy clara propuesta de “rescate” planeada por el CCE: liquidez con dinero público a las empresas, facilidades fiscales y posposición de sus aportaciones al IMSS, y créditos blandos de la banca de desarrollo oficial. Despuntaba, además, un contexto favorable. El 27 de marzo, el Congreso Federal de EUA aprueba una erogación por 2 mil billones de dólares para atender las crisis que a lo largo del mes se convierten en 3 mil billones. En el primer mundo y en gobiernos de América Latina como Perú y Honduras, se amplifican sus gastos y se contrata deuda.

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El repunte de las bolsas y de los bonos de deuda, apoyan un nuevo consenso global: hay que gastar mucho y endeudarse con un dinero con tasas a la baja. Se reconoce como “medida temporal” la entrega de dinero a segmentos de la población afectada y pobre, y se reafirma la importancia central de la banca y las empresas, para remontar la crisis económica, y con ello la urgencia de organizar su rescate con dinero público, con el recurso ahora relativamente a la baja de la deuda pública. El nuevo consenso impulsado desde Washington ante la emergencia tiene un fuerte aire restaurador. Parece decir: en la crisis y después de ella, todo seguirá igual. Hay viento a favor para impulsar un viraje en el experimento igualitario del gobierno federal.

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El detonador. En ese ambiente de expectativa cultivado de manera reiterativa por la medida, el domingo 5 de abril el gobierno federal anuncia medidas que van en una ruta no solo diferente, sino en sentido opuesto al naciente consenso. Dedicará el presupuesto a proteger en alguna medida a 23 millones de familias, casi el 70% de la población; se apoyarán con un millón de créditos a las pequeñas empresas y unidades productivas familiares de la economía informal que, a lo largo del mes, después de los pagos de adeudos fiscales de grandes corporativos deudores, se convierte en un millón más. Decide, además, que todos sus programas de bienestar y de los megaproyectos en el centro-sur, tienen garantizado su costo presupuestal. Y se plantea apoyos a las pequeñas y medianas empresas sin que exista un plan de rescate para los grandes corporativos. Su fuente de financiamiento no será la deuda pública externa -ahora con oferta de temporada-, sino los recursos propios derivados del fin de fideicomisos, el pago de impuestos de empresas remisas y la restructuración del gasto de gobierno, con recortes hasta del 75% en gastos operativos para orientarlos al combate de las dos crisis.

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Mientras que la CCE y COPARMEX consolidan un discurso que señala la exclusión de cualquier apoyo al universo complejo y diferenciado de las empresas, la Secretaría de Hacienda se convierte en la operadora de negociaciones puntuales para evitar que la cadena de pagos de la economía de mercado se rompa. Se condicionan apoyos mediante los indicadores del IMSS para aquellas empresas que no despidan personal. Se modifica la regla contable de la Comisión Nacional de Valores para que bancos y clientes inicien de inmediato la reestructuración de sus deudas y la banca otorga cuatro meses de tolerancia para reanudar los cobros. Tres bancos destacan además como red geográfica para la entrega de apoyos. El dirigente de la CCE, Carlos Salazar, acentúa su papel negociador a lo largo del mes. El choque entre “la empresa” y el gobierno federal se matiza y revela diferencias, convive la confrontación con los canales de negociación en ese mundo complejo y altamente diferenciado.

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Fue claro, según avanza abril, que el presidente resolvió no virar el timón y, por el contrario, aceleró a fondo en el mismo rumbo.  Dos decisiones así lo revelan: 1) lograr la aprobación en 22 estados de la reforma constitucional del artículo 4, que convierte a los programas de redistribución del ingreso en derechos ciudadanos. Y 2) la iniciativa de reformar la ley del presupuesto federal para permitir que, en condiciones de emergencia, el presidente decida reasignaciones del presupuesto aprobado a partir de 2021. El tiempo propicio a escala global para restaurar a las fuerzas del mercado se confronta a nivel nacional con el rumbo heterodoxo del gobierno federal.

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Del reclamo gremial a dar voz a la pluralidad:  En un ambiente áspero, donde los comentaristas ensayan las descalificaciones más duras contra una presidencia, a su parecer delirante, se barajan opciones que van de la renuncia inmediata, la creación de iniciativas fuera de las reglas republicanas que tumben al “mal gobierno”, hasta las visiones más ponderadas de mediano plazo  para cohesionar a una oposición capaz de ganar ya sea el referéndum sobre su mandato o bien el control del Congreso en las elecciones de 2021. Un haz de opciones donde aparece el fantasma del golpe de Estado contra Evo en Bolivia y también las  posiciones democráticas que en buena lid se proponen rehacer a la oposición y ganar con recursos democráticos. 

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Las cúpulas de COPARMEX y el CCE reflejan una contrariedad interna. O bien mantener un clima abierto a la negociación sin dejar la crítica, o considerar que les cerraron la puerta y no queda más que constituirse en un ente autónomo en abierta oposición al gobierno. En esa posición, destaca Gustavo de Hoyos, polémico dirigente de la COPARMEX, con cargos por realizar una reelección poco clara y señalamientos de tráfico de influencias. Con ese dilema a cuestas, ocurren hechos que pueden ser muy significativos. A la vez que se consolida una dimensión gremial del reclamo, el paquete de rescate a las empresas, (reducir el costo de operación, es decir, los salarios, el fisco, las aportaciones al IMSS y los apoyos financieros para resolver pagos a proveedores o pagos de deudas); se acentúa la preocupación política por superar su soledad gremial e iniciar otro derrotero, la apertura de un gran espacio de convergencias con otras voces. Todo ello acompañado por la acción más consistente e inmediata que toman las grandes empresas de cara a la inminente crisis: el despido de trabajadores.

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En ese viraje a lo social, existen tradiciones y ejemplos actuales donde la empresa asume una responsabilidad social y ecológica plena. Un derrotero que podría tejer fino e incursionar en los nuevos mercados que puede abrir la política hacia la igualdad y el cuidado de la naturaleza. Pero también convive -y de manera fuerte- el entrenamiento de décadas para considerar al Estado en condición para maximizar ganancias, a las poblaciones en costo o demanda, y a la naturaleza como materia prima. Es una tensión decisiva para precisar si vienen vientos de colaborar o de afilar las hachas de guerra. Por ejemplo, en la idea de sumar, surge la propuesta del “salario solidario”, para acercar a los sindicatos, en particular a sus pares, las grandes corporaciones obreras, y mostrar una señal clara de preocupación social. Consiste en que el dinero público pague la mitad de sus nóminas mientras dura la crisis. En sus mejores gestos asoma la oreja de la razón de mercado.

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Mediante la Conferencia Nacional para la Recuperación Económica, planteada del 27 al 29 de abril, el mes concluye con una plataforma de posibles convergencias que agrupe a empresarios, a sindicatos, a comentaristas, expertos, académicos, y a organizaciones civiles. La negociación, sin abandonarse de manera abierta, se desdobla en un proyecto de aglutinamiento que puede esbozar otra propuesta diferente de gestión de la crisis que compita con la política del gobierno federal. Se sientan las bases de un proyecto que mantenga la fórmula de asociación entre corporaciones y Estado, amén de colocar en el centro a la “empresa”, entendiendo por ello a las redes que efectivamente intervienen en las corporaciones, no a la multitudinaria mediana, pequeña y a las micro unidades productivas.

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El mensaje del norte. El 10 de abril, a cinco días de que el Ejecutivo federal concentrara el presupuestal hacia la base de la pirámide social mexicana y a los grandes proyectos que favorecen al sur, cuatro gobernadores (tres del noreste y el de Jalisco) abren pláticas para considerar la reforma del pacto fiscal. Asoman dos posiciones: Alfaro, de Jalisco, amenaza con salirse del pacto federal y politiza el acto en momentos graves por la crisis pandémica. Los de Coahuila, Nueva León y Tamaulipas, quienes aportan el 26% del total del ingreso fiscal, son más cautos. Se trata de negociar por las vías legales una modificación, pues el Ejecutivo federal se queda con el 80% de lo recaudado que luego redistribuye, favoreciendo a los estados que no producen lo suficiente.

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El 17 de abril, los tres gobernadores del noreste mencionados acuerdan impulsar una reforma a la Ley Federal de Coordinación Fiscal, pues a su juicio el pacto fiscal no reconoce la importancia y las necesidades de sus estados. La otra vertiente de su inquietud es la coincidencia en que la tarea principal de sus estados es cuidar a las empresas, y por ello requieren de más recursos ya que ahí se generan. El tercer énfasis está en dar prioridad a la integración productiva con los EUA de cara al arranque del TMEC el primero de julio. Regiones específicas de estos estados norteños y del Bajío se ensamblaron con la maquinaria productiva gringa a través de corporaciones y maquiladoras. El fantasma de la Liga Norte y las tentaciones de poner casa aparte aparece en México, la región próspera de Italia integrada a la gran maquinaria alemana y francesa, que considera al Sur un estorbo.  En una reunión posterior ya coincidieron cinco gobernadores, dos surgidos del PAN, un excandidato independiente, otro del Movimiento Ciudadano y el del PRD michoacano, que reiteraron esa plataforma, pero considerando que aún es posible una negociación con el Ejecutivo federal.

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El eco en el Congreso. El 23 de abril se publicó en el Diario Oficial el Decreto que respalda la decisión de financiar la continuidad de los grandes proyectos en infraestructura, los programas sociales, los microcréditos y el combate a la pandemia, acentuando la austeridad gubernamental.  Los nuevos recortes de las dependencias federales pasan a concentrarse en la Secretaría de Hacienda. Y se manda la iniciativa de reforma a Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a la Cámara de Diputados. Se argumenta que, aunque ya existe la disposición para que el Ejecutivo disponga hasta del 10% del presupuesto aprobado por el Congreso para hacer ajustes, hay que redefinir sus disposiciones para las condiciones de emergencia como las que se viven, donde se refuerce la atribución de la Secretaría de Hacienda. Tanto las bancadas del PRI, del PAN, del MC como del PRD coincidieron en que esto puede derivar en una restricción de las facultades del Congreso, la ruptura del equilibrio entre poderes y abrir la puerta a decisiones no negociadas por el Ejecutivo con sus pares. Incluso dentro de Morena se alzaron las voces en contra, en particular de un peso pesado como Muñoz Ledo.

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En el curso de una semana se constituye el Bloque Opositor, ya esbozado en otros momentos.  Su propósito es rechazar el proyecto acusándolo de querer suprimir el papel del Congreso, de no precisar la idea de “emergencia” y de aumentar el poder del Ejecutivo. Confronta además el llamado a un periodo extraordinario y logran evitar que Morena consiga por un voto completar los 25 requeridos para convocar al período extraordinario. Al momento, la decisión sobre ese periodo queda en suspenso. Lo que importa subrayar de este evento es que vuelve a aparecer la disputa por los dineros públicos, y el trasfondo de partidos políticos presentes en el bloque de gobernados se replica en la Cámara de Diputados.  El bajo perfil y la desbandada de los partidos opositores PAN, el PRD, el PRI y Movimiento Ciudadano luego de su derrota electoral, parece remontarse.

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El poder mediático. Desde el inicio del gobierno el único factor de poder que persiste en la confrontación directa es el de las grandes empresas mediáticas. Una labor de contrainformación y crítica que se propone deslavar a la naciente autoridad. En contraparte, el Gobierno Federal cede los tiempos oficiales de gobierno para uso de las empresas, se confía plenamente en las Mañaneras y a las redes sociales del Internet, con tal éxito que ya en el inicio del segundo año de gobierno surge la opinión y la demanda opositora de cancelarla.

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Pero tiene un grave déficit: la formación de opinión en las clases medias ilustradas queda a expensas de una marejada mediática que se transforma en tormenta. Algunos medios bajan otro escalón en la transformación de su función de información y reflexión, llegan  a los sótanos de la descalificación absoluta y expulsan al presidente de la república del diálogo racional. Dos días antes del 5 de abril, un reputado periodista señaló: “Es inútil tratar de entender las decisiones y razonamientos del presidente con los instrumentos del análisis político, pues su conducta como jefe de Estado sólo es comprensible desde otra disciplina, la psiquiatría”.

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La tormenta oscila entre las fake news, la ausencia de una autoridad como interlocutor racional, la caída irremediable en una crisis devastadora, la desobediencia abierta a las medidas de contención pandémica, la petición de la renuncia inmediata, o de plano desatar fuerzas para tumbar al presidente. La información y la opinión más confrontada corre el riesgo de fabricar una realidad virtual: crear una ruptura brutal entre gobierno y sociedad cuando vivimos un comportamiento social, no de la opinión pública, que de manera mayoritaria se ajusta y avala la conducción gubernamental. Los indicadores de reducción de movilidad revelan que el 67% del país redujo sus movimientos acatando la indicación persuasiva, que no autoritaria, del encierro voluntario.  Y en el balance de abril, en la media resultante de todas las encuestas que realiza Oraculus, arroja el 66% de aprobación ciudadana a la acción de gobierno tanto en el manejo de la pandemia como de la economía. En su reducción más acentuada ocurrida en marzo de este año, esta aprobación contaba con el 60%. En un mes de agria disputa, abril revierte su descenso.

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Tres opciones para el fruto de abril

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A)  En el ambiente azaroso, conflictivo, pero también de relativa estabilidad del país, la posibilidad de que los cuatro frentes reseñados encuentren su momento de aproximación se verá en los meses siguientes. Hay divisiones dentro de los organismos, cúpulas, liderazgos muy frágiles como el de Gustavo de Hoyos en la COPARMEX, una franca distancia entre el PAN y México Libre, mientras que el PRI pondrá en una fina balanza las negociaciones puntuales que puede lograr con este bando o sin él. Puede ser un fruto que nace podrido.  Una falsa primavera.

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B) La Conferencia Nacional para la Recuperación Económica a la que convocaron el CCE y la COPARMEX, en caso de que logre continuidad, cuenta con algo que hasta el momento no había ocurrido. Su paso de las negociaciones económicas puntuales, al plano político.  Se trata de un gran potencial de poder asentado territorialmente en las principales ciudades, con fuerte predominio en el norte y el Bajío, que coincide -en espacio y convicciones- con gobernadores y partidos concurrentes. Es posible así una ruta de consolidación “de la periferia al centro” donde se intenten políticas de mercado en franca alianza del poder político y económico. Jalisco ya lo planteó. Jugando en los límites de las reglas democráticas, podría encauzar una vía de crecimiento político siempre y cuando no intentara ir más allá de lo que establece el pacto federal. Transgredirlo con medidas de facto, sería entrar en una dinámica desestabilizadora.

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El otro paso político muy importante es que, del planteamiento gremial, se puede pasar al de la lucha hegemónica -un espacio de convergencia de cierta pluralidad, no toda. La creación de nodos y de redes organizativas donde esta burguesía intente cumplir con uno de sus papeles históricos, estimular la formación de una sociedad civil que converja con sus planteamientos donde tendrá que resolver un dilema de cara a la esfinge de este tiempo: o se transforma en un empresariado con creciente compromiso social y ecológico, o se impone la razón del mercado vestida con la pluralidad de voces y un discurso cargado de notas fuertes: solidaridad, igualdad, estado de derecho, mayor autonomía a estados, municipios y congresos; pero que no se compromete con el mayor reto de nuestro tiempo, es decir, el combate abierto contra el cáncer que nos carcome: la desigualdad y la crisis ecológica en todos los planos y niveles. Sin embargo, en uno u otro caso, esta ruta posible sería benéfica para la madurez democrática nuestra, pues obligaría a mantener los canales civiles, legales y pacíficos para competir por el poder político y un campo de lucha democrático para exponer sus razones ante los ciudadanos. Es, entonces, un fruto que carga vida.

 

C) Como se ha expuesto, todos estos frentes, a veces de manera contrariada, en otros de manera franca y plena, traen consigo una carga de ruptura, de odios, y de prisa para frenar por cualquier medio al gobierno electo y por fuera de la norma democrática más básica y elemental. La política se convierte en la continuidad de la guerra por otros medios, incluidos los ilegales y violentos. La información y opinión en contrainformación y propaganda.  Si lo que predomina en los meses que viene es la persistencia y expansión de estas conductas que ya surgieron, se transformará de manera fatal en un factor activo de desestabilización y de ruptura democrática. Mucha de esa pluralidad civil y legal que ahora se acerca tendrá que pensarla dos veces antes de seguir ese camino. Entonces, sin duda, el fruto de abril será una granada.

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