1. La pandemia en México: la economía y las decisiones del Ejecutivo

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El empresariado y la crisis

Pedro Javier González G

Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A.C.

Las relaciones entre el sector empresarial y el presidente López Obrador nunca han sido tersas. Están marcadas por una franca desconfianza mutua. Sin embargo, a raíz del triunfo electoral obtenido en 2018, era a todas luces obvio que ambas partes debían tender puentes de entendimiento. El sector privado no podía adoptar una actitud de abierta confrontación con el presidente, ni este, desconocer el papel crucial de la inversión privada como premisa de la viabilidad de cualquier proyecto de nación.

La búsqueda de la confianza de los inversionistas ocupó un lugar central en los discursos del entonces presidente electo. Insistió en que su gobierno estaría firmemente comprometido con el mantenimiento de la disciplina fiscal y la austeridad en el ejercicio del presupuesto, al tiempo que combatiría decididamente la corrupción. Estas muestras de sensatez le dieron el beneficio de la duda y, al menos en el plano declarativo, el empresariado se mostró dispuesto a desempeñar su papel como fuente principal de inversión productiva.

Pero, poco antes de tomar en sus manos las riendas del gobierno, la aún endeble confianza se resquebrajó como resultado de la cancelación de las obras de construcción del nuevo aeropuerto. Independientemente de los costos económicos de la decisión, es importante considerar que su verdadera razón de ser fue mandar un mensaje inequívoco acerca de la prevalencia del poder político por encima del poder económico.

El caso es que, incluso antes de asumir formalmente el poder, el nuevo gobierno ya adolecía de un significativo déficit de confianza que no ha podido ser superado, sino que, por el contrario, se profundiza cada vez más como resultado de la reversión de facto de la reforma energética, de la captura de los organismos autónomos, de los litigios legales en torno a los contratos para la construcción de gasoductos y, más recientemente, de la cancelación de las inversiones en marcha de la planta cervecera de Constellation Brands.

No obstante, la interlocución ha continuado. De hecho, en algunos momentos, el presidente ha buscado un acercamiento con la iniciativa privada con el fin de alentar la inversión productiva. A este propósito responden la conformación del Consejo Asesor Empresarial y la del Consejo para el Fomento de la Inversión, el Empleo y el Crecimiento. Pero lo cierto es que no ha habido resultados (tal como lo ilustra la eterna posposición del programa de infraestructura energética) y que la falta de confianza parece incrementarse.

La falta de confianza en el marco de la severa crisis económica

El problema es que ello ocurre precisamente en el marco de una severa crisis económica derivada de la pandemia del nuevo coronavirus. La economía mundial enfrenta un panorama adverso sólo comparable a la gran depresión de los años treinta del siglo pasado. México no es la excepción y los malos resultados obtenidos en 2019 (caída del 0.1% del PIB, la menor creación de empleos en mucho tiempo y la debacle de la inversión) se agudizarán en el presente año. Según el FMI, la caída de la actividad productiva en el país podría ser del orden del 6.6%; por su parte, la calificadora Standard & Poors estima una contracción del 8% y los pronósticos más recientes de Banamex y BBVA prevén una reducción superior al 10%.

En la mayor parte de los países, los gobiernos están adoptando medidas enérgicas orientadas a evitar la quiebra de empresas, la pérdida de empleos y la ruptura de las cadenas productivas. Estas medidas de estímulo fiscal y expansión del gasto público, en el caso de las economías de mayor nivel de desarrollo, involucran recursos equivalentes a más del 10% del PIB; en América Latina, donde los márgenes de maniobra son más estrechos, los programas de rescate de las economías ascienden en promedio al 5% del PIB.

En México, sin embargo, el gobierno ha sido reacio a instrumentar una auténtica estrategia anticíclica. Lejos de ello, se ha redoblado la apuesta por la austeridad, al tiempo que, contra viento y marea, se mantienen intactos los programas sociales clientelares y las obras faraónicas de dudosa rentabilidad.

Por su parte, la iniciativa privada ha puesto sobre la mesa la conveniencia de que el gobierno convoque un pacto social con empresarios, sindicatos, sociedad civil, legisladores y gobiernos estatales para reactivar la economía y el empleo. Dicho pacto sería el fundamento político de una estrategia contracíclica que, entre otras cosas, incluya una política fiscal expansiva, con un fuerte incremento de la inversión en infraestructura, un relajamiento de la política monetaria (reducción de la tasa de interés), así como diversos estímulos fiscales consistentes en el diferimiento del pago de las obligaciones tributarias.

Adicionalmente, el empresariado ha propuesto una amplia gama de acciones entre las que destacan: el aumento de la deuda del país en cuatro puntos del PIB; un programa de infraestructura con fondos públicos y privados, asignando a cada una de las 32 entidades federativas un gran proyecto de infraestructura; la preparación de una propuesta, en coordinación con la Secretaría de Economía, para que México sustituya a China como proveedor de algunas exportaciones hacia Estados Unidos; mecanismos de apoyos entre privados para que empresas con capacidad económica apoyen a sus proveedores mediante pagos a no más de 30 días, así como compras adelantadas.

La propuesta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) también considera al sector informal, para el cual sugirió créditos a la palabra por 25 mil pesos que podrían beneficiar a un millón de personas durante abril, mayo y junio, o a un millón diferente cada mes. La única condición era que cualquier persona que pidiera el crédito se formalizara.

El titular del Ejecutivo ha sido refractario a estas propuestas, particularmente en lo que se refiere a las medidas de alivio fiscal. Pero lo cierto es que en las propuestas presentadas no se plantea ni la condonación de impuestos ni el rescate de empresas emproblemadas. La petición va en el sentido del otorgamiento de facilidades para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Esta actitud llevó a Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, a declarar que se les “han cerrado las puertas” y que, por tanto, “hay que hacer un esfuerzo privado para coordinar recursos privados ante esta negativa de apoyos de recursos públicos, y ver qué alcance podríamos lograr”. Así, el Consejo convocó a una Conferencia Nacional para la Recuperación Económica en la que los diferentes sectores de la sociedad aportarían sus ideas para diseñar un plan de acciones de corto, mediano y largo plazos para enfrentar la problemática del COVID-19.

Los planteamientos surgidos de las once mesas de trabajo, desde distintos puntos de vista, coincidieron en la necesidad de adoptar una estrategia ambiciosa que, yendo más allá de los programas de rescate del gobierno, evite la quiebra de la planta productiva y la pérdida masiva de empleos. Para tal efecto, se insistió en la posibilidad de una reforma fiscal de largo aliento, así como de transferencias monetarias directas a los grupos más vulnerables. En paralelo, la Asociación de Bancos de México dio a conocer que trabaja en un programa de financiamiento para las Mipymes junto con los gobernadores de los estados, la banca privada y la banca de desarrollo, en tanto Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, se refirió al reto que para el banco central significa la inyección de 750 mil millones de pesos para dotar de liquidez al sistema bancario.

Una muestra de la voluntad de impulsar medidas de reactivación de la economía, aun sin el concurso del gobierno federal, fue el anuncio del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y del Banco Interamericano de Desarrollo Invest de un acuerdo para facilitar el financiamiento de las cadenas productivas y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas. La operación de las empresas más grandes y fuertes del país requiere del funcionamiento eficaz de cada uno de los eslabones que conforman sus cadenas productivas; de ahí la necesidad de apoyar a las empresas proveedoras para asegurar su supervivencia. El acuerdo prevé recursos por hasta 12 mil millones de dólares destinados a hacer frente a la crisis a través de un revolvente y con un plazo medio de 90 días.

Mención aparte merece el hecho de que el acuerdo no implica recursos públicos ni significa deuda adicional para el gobierno. Como lo señaló Tomás Bermúdez, representante del BID en México, “nosotros financiamos al sector privado sin garantía soberana”. Indicó que tienen el respaldo de la SHCP en el sentido de que México es accionista de BID Invest a través de la dependencia.

Mientras distintos actores sociales y aun algunos miembros del gabinete celebraban el acuerdo, al presidente López Obrador no le gustó “el modito”, es decir, que, sin la venia gubernamental, dos entidades no gubernamentales hayan convenido un plan que puede contribuir al rescate de la economía. Se ha sugerido que el presidente no entendió bien los términos del acuerdo y sus implicaciones. Sin embargo, es más probable que la molestia del primer mandatario obedezca a que no fue él el artífice del acuerdo; que desde la sociedad surjan iniciativas cuya pertinencia y viabilidad no depende del permiso del presidente.

En este sentido, se entiende la alusión de que tanto el acuerdo del CMN y el BID como el plan de inyección de liquidez del Banco de México puedan dar lugar a actos de corrupción. Y así como para justificar su rechazo a las propuestas de alivio fiscal ha recurrido al fantasma del Fobaproa, ahora el discurso presidencial parece encaminado a retomar la idea de los empresarios como minoría voraz. No extraña, por tanto, que en los círculos políticos y mediáticos cercanos a la 4T ganen terreno las posturas antiempresariales y contrarias a la economía de mercado. Es la materia prima ideológica requerida para impulsar un modelo de economía centrada en el Estado, convertido en motor y orientador de la actividad económica y, en el plano social, en padre proveedor de los necesitados.

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BRÚJULA CIUDADANA. Es una publicación electrónica mensual editada por Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C., Tel. (55) 55141072, 

Editor responsable: Elio Villaseñor Gómez.

Editora de la revista, Delmy Xiomara Peraza Torres. 

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