Crisis migratoria y de fronteras bajo la jaula neoliberal en México

 

Rodolfo García Zamora y Selene Gaspar Olvera

Universidad Autónoma de Zacatecas

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Desde el inicio del siglo XXI escribimos sobre la vulnerabilidad de México y Centroamérica al desmantelar o no construir las instituciones del desarrollo económico regional y nacional, apostando al neoliberalismo como panacea y creyendo que siempre habría migración y remesas en forma creciente (García, 2003). Llamábamos la atención sobre reconocer que la economía mundial se mueve por ciclos económicos, que las crisis económicas son consustanciales al capitalismo y que habría que generar las políticas de desarrollo económico necesarias para reducir las migraciones y cuando estas tuvieran problemas a futuro contar con estructuras económicas y de empleo sólidas para enfrentarlos de forma adecuada. Con la crisis económica de 2008 a 2014 en Estados Unidos y sus consecuencias, se pasó del sueño a la pesadilla neoliberal de los gobernantes de la región cuando se reduce de forma dramática la migración a ese país, caen las remesas y se incrementan las políticas antiinmigrantes frente a sus economías presas de la jaula neoliberal, de los tratados comerciales con Estados Unidos y su estrategia de control y seguridad en la región.

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Los impactos del proceso anterior fueron diferenciales entre México y tres países de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) por los enormes contrastes en sus estructuras económicas, institucionales y los procesos de violencias económicas, sociales, políticas y ambientales que en los últimos cuatro lustros generan una tipología migrante diferente. Mientras en México se trata de migrantes económicos, frecuentemente con fuertes redes sociales, en el caso de esas naciones centroamericanas se trata de migraciones forzadas por la pobreza extrema, la violencia creciente de las organizaciones criminales y los desastres naturales. Esta situación era ya evidente en el incremento en los flujos crecientes de migrantes de esa región desde finales de los años noventa y que tiene su expresión más dramática en la masacre de San Fernando, Tamaulipas, en 2010 con el asesinato de 73 migrantes mayoritariamente centroamericanos, uno de los detonantes para reconocer cómo en México crecían la inseguridad y las violencias en ambas fronteras y sobre las diferentes rutas migratorias que enlazan los movimientos migratorios de Guatemala con el Río Bravo en Estados Unidos.

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Algunas referencias al contexto regional

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La situación en Centroamérica ha sido mucho más complicada por lo atrasado de su estructura económica rural, los impactos de su Tratado Comercial con Estados Unidos, la enorme dependencia de las remesas que llega a representar más del 15% del PIB en países como Honduras y el Salvador, la inestabilidad política permanente y una violencia generalizada que obliga a migraciones crecientes en los últimos años como se evidencia con las famosas “caravanas” de finales de 2018 y primeros meses de 2019. Por ello, es importante esclarecer la forma en que se integran los flujos migratorios de Centroamérica en el proceso de conformación del Sistema Migratorio Centroamérica, México, Estados Unidos y Canadá en las últimas tres décadas para poder entender la grave y compleja situación migratoria en 2019 en toda la región. Para este objetivo, resultan de gran utilidad los planteamientos de Abelardo Morales (2017) en el sentido de que la región de Centroamérica es una periferia del regionalismo abierto, y se encuentra subordinada a las dinámicas del capital transnacional. Si se retrocede un poco en el tiempo, señala él, encontramos que se trata de Estados de posguerra, es decir, las sociedades centroamericanas arrastran remanentes estructurales del mal desarrollo, la desigualdad social y el autoritarismo, profundizados por los efectos del cambio climático.

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Las economías se encuentran distorsionadas, con un mercado regional desintegrado; las interacciones económicas y comerciales se encuentran subordinadas a nuevos ejes de acumulación de capital con políticas económicas aperturistas. Con respecto a la integración económica centroamericana, prima una integración de baja intensidad, con regímenes democrático-electorales institucionales débiles y poco cohesionados. Por lo tanto, para Morales, impera un “regionalismo civil débil” con procesos y redes sociales regionales de poblaciones excluidas, desarticuladas y subordinadas a estrategias de sobrevivencia. Del análisis del sistema migratorio en la región, señala que entre el 11 y 15% de centroamericanos han emigrado al exterior, pero, más del 50% de la población depende de ellos por diversas vías. Entre 14 y 20% de la población en edad de trabajar y de trabajadores calificados han emigrado. Tres de cada cuatro emigrados se fueron a Estados Unidos. Uno de cada cuatro es un migrante transfronterizo en la misma región y el 50% de los migrantes transfronterizos son nicaragüenses y están en Costa Rica.

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Abelardo Morales considera a Centroamérica como un sistema migratorio abierto a la vulnerabilidad (2017: 79) ya que se trata de una región periférica fuertemente influenciada por fuerzas transnacionales, caracterizada por su debilidad estructural e institucional para atenuar los impactos perversos de la apertura económica y comercial. Entre los impactos estructurales de largo plazo se identifica la profundización de las vulnerabilidades, la desigualdad, la exclusión y el riesgo. 

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Además, las sociedades centroamericanas poseen una inserción periférica en la economía global a través de la venta de mano de obra. De esta manera, el mercado de trabajo migrante es el eje del subsistema, dependiente de mercados laborales de los países de destino, de esa mano de obra en los países del norte y de algunos mercados regionales emergentes. Por lo tanto, el sistema de las migraciones en la región se articula bajo una serie de encadenamientos estructurales, asociados a distintas demandas de trabajo. Situación que hace muy dependiente la estructura económica regional de las migraciones y de los recursos recibidos del exterior por concepto de remesas familiares, que representan el 16% del Producto interno bruto en Honduras y El Salvador, y 11% en Guatemala.

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La dependencia anterior muestra como el desarrollo de los países expulsores no está anclado sobre bases productivas sólidas. La aparición de nuevas fronteras de desigualdad social está vinculada a la migración. Además, el debilitamiento del sistema de justicia genera mayores niveles de impunidad. Todos estos factores se acompañan por una migración bajo condiciones de irregularidad: uno de cada 10 indocumentados en Estados Unidos es centroamericano y menos del 10% está cubierto por los beneficios del TPS. Estos grupos de migrantes poseen bajos niveles de escolaridad y elevada pobreza. La población migrante trabajadora está concentrada en construcción y actividades extractivas, agricultura y servicios. Esta situación no solo se reproduce, sino que se profundiza, en el caso de los flujos de migración intrarregionales.

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Respecto al régimen regulatorio y el sistema de migraciones laborales en América Central, Morales considera que no ha habido ningún avance en la política regional de gestión migratoria basada en la integración o, al menos, en la cooperación bilateral. Los mecanismos que aplican los Estados están dominados por conceptos migratorios propios de la administración fronteriza. Sin embargo, el avance más importante es el acuerdo CA-4, que incluye a Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Los países no adheridos al CA-4 son importantes receptores de inmigrantes, como Costa Rica, Belice y Panamá. Es preciso comprender la movilidad entre los países centroamericanos como un proceso distinto a las migraciones extrarregionales. Se trata de un fenómeno sustantivo a la existencia de Centroamérica como una región con múltiples flujos e intercambios y asociado a la integración regional. Es importante destacar que el proyecto de integración regional ha sido excluyente de un conjunto de poblaciones como las mujeres, indígenas, afrodescendientes, jóvenes y trabajadores migrantes (Morales, 2017).

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México y los retos ante la afluencia masiva de migrantes  

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En el contexto regional anterior, el gobierno mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO)  enfrenta una profunda crisis económica heredada del gobierno anterior, la deuda pública más alta de la historia del país de 11 billones de pesos, una austeridad fiscal obligada en las finanzas públicas que limita el pobre crecimiento económico del país a 1% del PIB para 2019, una creciente agresión económica, política y migratoria del presidente Trump contra las exportaciones, la frontera sur y los migrantes, que se incrementa a finales de 2018 cuando las llamadas caravanas migrantes de Centroamérica con más de 12 mil integrantes llegan  a la frontera de Estados Unidos pidiendo asilo, lo que genera fuertes impactos sociales y políticos en México y mayores amenazas económicas y políticas de tal personaje si México no frena tales flujos migratorios.

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El mes de abril de 2019 muestra una profundización de la crisis migratoria, de fronteras y de las relaciones de México con Estados Unidos. La afluencia masiva de migrantes en situación irregular que ingresan a México con la intención de llegar a Estados Unidos y la política cada día más hostil del gobierno estadounidense contra ellos, configuran un escenario de enorme complejidad y consecuencias potencialmente trágicas dentro de nuestro país. Por un lado, las estaciones migratorias de la frontera sur se encuentran al borde del colapso por el volumen de solicitantes de asilo, en su mayoría provenientes de Honduras, Guatemala, El Salvador y Venezuela. De acuerdo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), sólo en los primeros tres meses del año han ingresado 12 mil 716 migrantes y a finales de este año pueden ascender a 60 mil los solicitantes de refugio, y el Instituto Nacional de Migración (INM) reporta que 5 mil 366 migrantes permanecen en distintos centros del área fronteriza, en espera de documentos que les permitan regularizar su estancia en México.

A la vez, los principales puntos de cruce de la frontera norte viven el hacinamiento de quienes se encuentran a la espera de que las autoridades estadounidenses les concedan audiencia para reconocerlos como refugiados. Además de las fuertes tensiones que estos flujos generan en las ciudades fronterizas mexicanas por la limitada capacidad institucional y carencias financieras, los migrantes enfrentan la lentitud deliberada del gobierno de Estados Unidos para recibir las solicitudes que implican semanas y hasta meses, luego se les obliga a regresar a México durante varios meses más para esperar la respuesta a su solicitud con mayores problemas en su estancia en nuestro país (La Jornada, 20 abril 2019).

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La crisis migratoria, de fronteras y con Estados Unidos, le plantea a México entre otros los siguientes desafíos: el país no cuenta con la infraestructura y los presupuestos necesarios para albergar y atender adecuadamente a más de diez mil migrantes de Centroamérica en el país como sucede hoy; estos flujos migratorios han venido a complicar la ya difícil relación con el presidente Trump, y la recurrencia de estos flujos migratorios en México han generado algunos brotes de xenofobia y racismo. 

Sobre el primer desafío se puede pedir asistencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), gestionando un aumento importante de los recursos de esa dependencia para enfrentar esta problemática con un uso eficiente, racional y transparente de los mismos. Sobre el segundo, esperando la propuesta presidencial de una política multilateral para anclar a las poblaciones nacional y de Centroamérica a sus regiones de origen con un megaproyecto de desarrollo con 30 mil millones de dólares aportados por México, Estados Unidos, Canadá y los países de CA, se requiere una cuidadosa estrategia diplomática hacia Washington, así como la inclusión en las proyecciones gubernamentales de un programa de emergencia para atención a migrantes y refugiados. Sobre el tercer desafío, urge una campaña nacional de concientización hacia la ciudadanía para que reconozca que crecientemente nuestro país presenta cinco dimensiones migratorias de origen tránsito, destino, retorno y desplazamientos y que el trato digno y humanitario que ahora se propone para los migrantes centroamericanos es la misma demanda que por décadas hemos hecho para nuestros paisanos en Estados Unidos (La Jornada, 6 mayo 2019).

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Durante la campaña electoral para la presidencia de México en 2018, cuando se debatía el tema migratorio, López Obrador varias veces señaló que los megaproyectos del Tren Maya, en el Istmo de Tehuantepec y el Norte de México serían las cortinas para frenar la migración arraigando la población con la generación masiva de empleo. Esas propuestas se hacían extensivas para Centroamérica mediante una propuesta de cofinanciamiento internacional de 30 mil millones de dólares de México, Estados Unidos, Canadá y los países del norte de esa región. Sin embargo, hasta inicios de mayo no se había presentado ningún proyecto técnico al respecto y tampoco se sabía de algún un compromiso de esos países para constituir dicho fondo. Lo que sí se entregó a la Cámara de Diputados el 30 de abril pasado, fue el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, dentro del cual uno de sus doce postulados plantea “No más migración por hambre o por violencia”; recuerda que México tiene una larga tradición como tierra de asilo y refugio y señala que a los extranjeros que llegan a nuestro territorio, les brindara respeto a sus derechos, hospitalidad y la posibilidad de construir aquí una nueva vida. 

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La propuesta de la CEPAL para México y la región

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El 20 de mayo en el Palacio Nacional, ante el presidente Andrés López Obrador, legisladores federales y embajadores de los países centroamericanos, Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presenta el Plan para el Desarrollo Integral de México y Centroamérica. Planteando qué para solucionar el problema migratorio, debe colocarse el desarrollo económico en el centro de la solución y priorizar la inversión pública y privada. Ella sostiene que el Plan tiene como meta incrementar la inversión total de los cuatro países, del actual 19% a 25% del producto interno bruto (PIB) identificando cinco proyectos de inversión en energía e infraestructura para lograr una integración regional logística, eléctrica, en gas natural, ferroviaria y comercial. Para poder resolver los problemas que tenemos en esta región necesitamos 25% del PIB en inversión, y sólo 6% en infraestructura, pero México está en 20.9% y Guatemala en 14.2%. La CEPAL hace 30 recomendaciones en cuatro ejes programáticos: desarrollo económico, bienestar social, sustentabilidad ambiental y gestión integral del ciclo migratorio, pero “todo enfocado en la seguridad humana, no en la seguridad nacional” (La Jornada, 21 de mayo 2019).

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La propuesta desarrollista de la CEPAL para el sur de México, Guatemala, Honduras y El Salvador como estrategia de fondo ante la problemática migratoria de la región es correcta teóricamente, con una visión holística de que sólo el desarrollo humano integral, equitativo y sustentable puede erradicar las causas estructurales de la migración. Sin embargo, la propuesta enfrenta enormes problemas para su aplicación como las desigualdades económicas y sociales estructurales entre los diferentes países; las enormes divergencias institucionales entre ellos, el dominio de las políticas neoliberales de austeridad forzada y su resultado de deuda creciente y la ausencia de políticas públicas de desarrollo regional y sectorial, que hacen ahora inviable una propuesta como la señalada en México y en la región. Además, la visión imperial del gobierno actual de Estados Unidos de control territorial, energético y militar, contrario a una inversión masiva en el desarrollo económico de la región. Frente a estos obstáculos y otros más, la propuesta de la CEPAL puede convertirse en la repetición de la estrategia fallida de Peña Nieto de “Nuevas Zonas Económicas Especiales”, aprovechada por las transnacionales de la energía, los transportes, las comunicaciones y el comercio para explotar de forma intensiva todos los recursos naturales de la región bajo un extractivismo masivo y a gran escala. Lo que resultaria una paradoja, ya que en lugar de generar desarrollo humano integral, equitativo y sustentable, puede profundizar las violencias del modelo neoliberal de la muerte incrementando las migraciones masivas forzadas, que inicialmente se buscaba resolver y que hoy son fuente de conflicto creciente entre los países emisores y Estados Unidos.

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Las contradicciones entre los discursos sobre metas de desarrollo económico y bienestar y la realidad impuesta por la continuación del neoliberalismo de seis lustros en México se manifiesta claramente con La publicación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que entre otras metas plantea el crecimiento del PIB en 6% para el último año de gobierno y el fin de la migración por necesidad. Dichas metas, frente a la enorme deuda nacional, la recesión económica y despidos crecientes generan cuestionamientos críticos como los de José Luis Calva (La Jornada, 8 de mayo 2019) quien sostiene que si no se cambia el modelo neoliberal no se alcanzarán las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. En particular es urgente una reforma fiscal integral en el país para dotar al Estado de mayores recursos, porque sin ella no son factibles los objetivos planteados por la actual administración.

Por su parte, Arturo Huerta sostiene que el PND 2019-2024 en realidad defiende la austeridad fiscal, el TLC y la inversión extranjera. Mientras siga el sector financiero trazando la política económica a su favor, no tenemos viabilidad alguna de crecimiento ni de recuperación de un proyecto de Nación (La Jornada, 20 de mayo 2019).

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Conclusiones

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Justo en la segunda semana de mayo de 2019 cuando la economía mundial presenta una tendencia generalizada de bajo crecimiento y una  nueva guerra proteccionista del presidente Trump contra China y otros países, incluido México, que sufre una mayor caída en su estimación del crecimiento del PIB para este año del 1%  y nuevas sanciones contra sus exportaciones hacia Estados Unidos, la crisis migratoria se profundiza en la frontera norte y la frontera sur y dadas a conocer las ambiciosas metas del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, la pregunta de fondo es si el gobierno mexicano podrá romper la “jaula neoliberal” de la deuda pública, la austeridad forzada, los despidos masivos y mayor endeudamiento, producto de los condicionamientos de los organismos internacionales y si está dispuesto a recuperar el control de la política económica nacional, de la moneda y el crédito para promover mediante una reforma fiscal integral  una fuerte inversión pública como palanca de una estrategia de desarrollo económico regional y sectorial integral, que permita lograr las metas de crecimiento del PIB, de empleo y bienestar para hacer viable el derecho a no emigrar por necesidad o violencias en 2024 al final del sexenio, como se plantea en el PND. 

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Esto significa aprovechar el enorme bono democrático obtenido por el presidente López Obrador en la elección presidencial y la exigencia nacional por una verdadera estrategia de desarrollo  soberano, integral e incluyente, que permita  pasar de las declaraciones a los hechos de formular verdaderas políticas de Estado sobre desarrollo económico integral, migración y derechos humanos en México y buscar la posibilidad de ayudar a su réplica en las condiciones específicas de América Central con propuestas concretas. El Plan de la CEPAL es un buen diagnóstico de oportunidades de inversión, de crecimiento económico y de integración regional, pero, no reconoce los problemas estructurales e institucionales de los países, la ausencia de un organismo capaz de coordinar dicho Plan si hubiera el financiamiento de los 30 mil millones de dólares y omite la dictadura de la austeridad, la deuda y los dictados del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y Estados Unidos en la región.

Si el gobierno mexicano no aprovecha la presencia mayoritaria de su partido y aliados en el Congreso y el Senado para promover una nueva estrategia de desarrollo nacional, se fortalecerá la jaula neoliberal impuesta durante 36 años como modelo de la muerte, con todas sus secuelas de destrucción de la economía nacional, de la cohesión social, de la soberanía del país y profundización de todas las violencias en México y una mayor subordinación al Imperio del Norte junto con Centroamérica.

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Bibliografía

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• Calva José Luis (2019) “Si no se cambia el modelo neoliberal no se podrán alcanzar las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2019.2024”, La Jornada, 8 mayo, México.

• Catalán Lerma Martin (2019) “Plan de Desarrollo de AMLO en realidad defiende la austeridad fiscal, el TLC e inversión extranjera” La Jornada, Zacatecas, 20 de mayo, México.

• García Zamora Rodolfo (2003) Migración, Remesas y Desarrollo Local, Universidad Autónoma de Zacatecas, México.

• González Susana y Alfonso Urrutia (2019) “Lanza la CEPAL Plan para el desarrollo integral de México y Centroamérica”, La Jornada, 21 de mayo, México.

• La Jornada (2019) “Doble presión migratoria”, 20 abril, México.

• La Jornada (2019) “Crisis migratoria en puerta”, 6 mayo, México.

• Morales Abelardo (2017) “Cruzando las fronteras del riesgo: El sistema de las migraciones laborales internacionales en Centroamérica” en Isabel Álvarez Echandi (Compiladora) Mirando al Norte. Algunas tendencias de la Migración Latinoamericana, FLACSO, Ford Foundation.

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