Si bien la discriminación está expresamente prohibida por el artículo 1º de la Constitución, así como por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, es un hecho incontestable que se practica -intencionadamente o no- en nuestro país, y que influye decisivamente en los criterios para la elaboración de leyes y normas, la asignación de presupuestos, y en todas las formas de interacción social, económica y política.

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Las sucesivas encuestas realizadas por el CONAPRED desde que fuera fundado en el año de 2004, pero muy especialmente la última de éstas, la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, mejor conocida como ENADIS, lo demuestran fehacientemente.

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México se encuentra entre los países más desiguales del mundo.  Se estima que nos encontramos entre el 25% de aquéllos con los mayores niveles de desigualdad. Las brechas entre los ricos y pobres de México son tan marcadas que resultan obscenas: uno de los hombres más ricos de América Latina convive en el mismo país donde más de 50 millones de personas viven en pobreza.[1] A pesar de los cuantiosos recursos destinados al combate a la pobreza, ésta ha permanecido constante a lo largo de dos décadas y media, e incrementará considerablemente a raíz de los efectos de la pandemia de COVID-19.

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Esta desigualdad, y su correlato en discriminación, han producido y reproducen, enormes brechas de desigualdad en la población, sobre todo entre aquellos grupos con mayores vulnerabilidades. La ENADIS 2017 demuestra cómo la intersección entre el género y otras adscripciones como son la edad, etnicidad, discapacidad, condición laboral, identidad sexual, religión, condición migratoria y extranjería, producen grandes e injustas desigualdades en el acceso a todos los bienes públicos.

Basten algunos ejemplos elocuentes, como es el caso del analfabetismo. Pese a los esfuerzos educativos emprendidos por el Estado, las personas con discapacidad y las personas hablantes de lenguas indígenas, registran un 20.9% y un 13.3 % de analfabetismo respectivamente, en contraposición al 3.1% de la población general de México entre los 15 y los 59 años de edad. Si contamos a las mujeres indígenas con discapacidad y que además viven en zonas rurales, el porcentaje sube a 36%.[2] Y así, sucesivamente con otros indicadores como el acceso a la salud y al trabajo.

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A la desigualdad habrá que agregar el maltrato generado por los prejuicios y los estereotipos como aquéllos que definen las oportunidades de empleo según el color de la piel, el género, la preferencia sexual o el origen étnico, o que se expresan en opiniones tan generalizadas que se vuelven casi imperceptibles, como el suponer que las personas pobres lo son porque no se esfuerzan lo suficiente, o que convivir con personas con VIH o sida representa un riesgo[3].

En suma, la desigualdad y su hermana gemela la discriminación, han producido una sociedad fracturada, profundamente injusta y violenta, que es exactamente lo que CONAPRED pretendió remediar desde su creación, en 2004, por Gilberto Rincón Gallardo y un grupo de académicos y luchadores sociales que lo acompañaron en esa gesta.

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El CONAPRED no es, como se ha querido retratar, una burocracia simuladora y cara. Todo lo contrario. Empezando porque es el resultado de una lucha social y política de décadas en contra de las desigualdades y preconcepciones que las acompañan y sostienen simbólica y culturalmente.  Esas que han generan enormes diferencias de trato entre personas en un país que se pretende igualitario, democrático y moderno.  Un vistazo a Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que, con la Constitución, constituye su marco normativo, es suficiente para percatarse de las enormes posibilidades de una institución de esa naturaleza, siempre y cuando cuente con el presupuesto suficiente para desplegar todas sus capacidades.

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La tormenta política y mediática en torno a CONAPRED ha puesto de manifiesto el alcance de sus labores e iniciativas de variada y diversa índole. Recibe y procesa miles de quejas y proporciona orientaciones sobre conductas discriminatorias, atribuibles tanto a funcionarios públicos como a particulares. En 2019 ingresó 1024 expedientes de queja y brindó alrededor de 6,000 orientaciones.  Sus labores educativas alcanzan a un promedio de 10 a 15 mil personas capacitadas mensualmente, y sus iniciativas de promoción de la inclusión, accesibilidad y reconocimiento de la igualdad le han permitido, entre otras cosas, certificar a más de 400 centros de trabajo en la Norma Mexicana en Igualdad y No Discriminación NMX-025. Su trabajo de incidencia y de elaboración y desarrollo de políticas públicas antidiscriminatorias es vasto.  Actualmente el CONAPRED tiene a su cargo la coordinación del Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación (PRONAIND), dirigido a la administración pública federal. [4]

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A los esfuerzos de CONAPRED y su personal dedicado, debemos no sólo trabajos tan valiosos como la investigación y medición del problema, también logros tan importantes como el reconocimiento jurídico de los derechos laborales de las trabajadoras domésticas o de las poblaciones afrodescendientes de México, que suman millones, entre otros. 

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Los logros de CONAPRED son muchos y su raigambre en nuestra sociedad, más fuerte de lo que se creía.  De ahí su enorme reconocimiento tanto nacional como internacional. Requiere, eso sin duda, de una revisión de su marco jurídico, con el ánimo de fortalecerlo y actualizarlo, pero nada más.  Una sociedad como la nuestra no puede darse el lujo de desaparecer a una institución tan importante y valiosa como el Consejo para Prevenir la Discriminación.

 

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Notas

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[1] Diego Alejo Vázquez Pimentel, et.al., México Justo: Propuestas de políticas públicas para combatir la desigualdad, Oxfam México, 2018, 40p., p 4.

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[2]SEGOB, CONAPRED, CONACYT, CNDH, UNAM, INEGI, Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, Prontuario de Resultados, Introducción por Jesús Rodríguez Zepeda,

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[3] Op.CIt., p.80.

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[4] SEGOB, CONAPRED, Dossier preparado para los miembros de la Asamblea Consultiva, julio de 2020.