1. Militarismo, democracia y el campo mexicano
Foto de Edgar Garrido/Reuters

Sector agrícola y COVID-19: un acercamiento a la zafra en Quintana Roo

Pilar Barradas-Miranda[*]

Profesora Investigadora de la Universidad de Quintana Roo

 

Julio Baca del Moral[**]

Profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo

 
Venancio Cuevas-Reyes[***]

Investigador del INIFAP-CE Valle de México

 

 

 

 

Perspectiva del sector agropecuario en cifras

Actualmente, una cuarta parte de la población mexicana vive en el medio rural, en localidades menores a 2,500 habitantes; en estas, el 43% de su población ocupada se dedica a la agricultura, ganadería, actividades forestales y pesca. En esas actividades se registra toda la producción de alimentos, es base de gran número de operaciones comerciales y de transformación y, en ella, se emplean 5.8 millones de personas, casi la mitad de ellas mayores de 45 años. En este sector es donde se registra mayor porcentaje de trabajadores que laboran por su cuenta (40.8%). En cuanto a género, resulta ser uno de los que menor número de mujeres refiere de manera formal (sin embargo, el Proyecto CNPN 2015.732.01[1] observó una gran participación de las mujeres en labores agropecuarias al estudiar más de 400 unidades familiares en seis estados del país). Por último, a pesar de su importancia, es el sector que recibe los ingresos más bajos en promedio.

América Latina ha sido durante los últimos años la región que tiene mayor producción de alimentos, esto vinculado a la industria intenta responder al reto de atender la demanda siempre en aumento bajo la premisa de la sustentabilidad. México ha sido el segundo proveedor de estos bienes para Estados Unidos, la agroindustria aporta el 3.69% del PIB y contribuye con más del 23% a la industria manufacturera. La elaboración de azúcares, chocolates y dulces se incluye en esta rama y representa el 8% de la producción.

En el caso de la industria del azúcar, en México existen en el país 57 ingenios azucareros, ubicados en 15 estados, de los cuales 27 son propiedad privada con una superficie de caña de azúcar de 676 mil hectáreas. Existen 5 grandes empresas que producen en conjunto poco más del 40% del azúcar en el país, entre ellas destaca el denominado grupo Beta San Miguel propietario de 11 ingenios, cuya producción representa el 19% del total nacional; este grupo tiene presencia en 7 estados de la República: Colima, Jalisco, Morelos, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz.

De acuerdo al Comité́ Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (CONADESUCA, 2020), en la zafra 2018-2019 a nivel nacional se industrializaron 804,060 hectáreas, con una molienda de 57 millones de toneladas de caña bruta para obtener una producción de azúcar de 6.4 millones de toneladas, y con una contratación de 74,509 jornales. En esta zafra, el valor de la caña como insumo para la producción de azúcar se ubicó en un promedio nacional de $763.19 por tonelada, siendo el tercer mejor precio en los últimos 10 años.

Políticas públicas para la agroindustria azucarera

El Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, para el tema del sector agrícola consideraba dos objetivos estratégicos: a) Incrementar la producción de granos y oleaginosas y b) Garantizar la seguridad alimentaria y reducir la pobreza del campo. Para coadyuvar al logro de estos objetivos, en el Programa nacional para la agroindustria azucarera en el periodo 2014-2018, se fijó como meta la producción de 7 millones de toneladas de azúcar para el año 2018, si bien el consumo interno apenas llega a 4.9 millones de toneladas.

Caña de azúcar: agricultura bajo contrato

En teoría y en documentos la agroindustria azucarera tendría que mantenerse un  mercado en equilibrio. Entre los acuerdos derivados de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, se desarrolló una fórmula para fijar el precio; además, tanto el proceso como la producción se establece en los llamados “Comités de producción y calidad cañera” en cada uno de los ingenios, en los cuales participan la industria y los representantes de los productores, que regularmente pertenecen a una de dos organizaciones: la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR) o la Confederación Nacional Campesina (CNC); es decir, es una comisión tripartita, donde se toman todas las decisiones respecto a la zafra. Importante es recordar que en el caso de la producción de caña en nuestro país se encuentra en el marco de la agricultura bajo contrato, es decir existe un contrato de compraventa, siembra, cultivo, cosecha, entrega y recepción de caña de azúcar, que de manera voluntaria e individual celebren los productores denominados abastecedores de caña con algún Ingenio. A partir de este contrato, los productores tienen la opción de acceder a créditos de avío que consisten en el otorgamiento de agroquímicos y fertilizantes, antes se entregaban recursos monetarios para pago de jornales agrícolas, ahora son los ingenios los que corren con todos los gastos a cuenta del productor.

COVID-19 en Quintana Roo durante la zafra 2019-2020

Durante el periodo de cosecha (zafra), se requiere mayor número de trabajadores temporales (jornaleros) debido a que gran parte de esta actividad se continúa realizando en forma manual[2]. Si bien se cuenta con máquinas cosechadoras, no en todos los terrenos se pueden usar y tampoco existen en número suficiente. Los jornaleros son contratados vía los llamados “enganchadores”, personas que van a sus comunidades y pactan con ellos de manera verbal los “contratos” y proporcionan dinero en efectivo para que los trabajadores hagan frente a sus gastos. En algunos casos, viajan solamente ellos, en otros se hacen acompañar de sus familias; el pago que reciben está en función del número de toneladas de caña que logren cortar por jornada.

El periodo de corte inicia regularmente entre noviembre y diciembre, de acuerdo a los análisis de niveles de sacarosa y la temporalidad de las lluvias; concluye entre mayo y junio. Durante este periodo, no se tienen días de descanso ni en campo, ni en el ingenio; conforme a la normatividad, los jornaleros deberían tener acceso al servicio médico otorgado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sin embargo, dadas las condiciones laborales, la mayoría no asiste a dicho servicio y, en muchos casos, desconocen que tienen este derecho.

La zona cañera de Quintana Roo se ubica a lo largo de la ribera del Río Hondo, frontera geopolítica con Belice, en el municipio denominado Othón P. Blanco, en el cual está la capital del estado, Chetumal. El Ingenio denominado San Rafael de Pucté pertenece al grupo Beta San Miguel y se ubica en la localidad denominada Javier Rojo Gómez. 

La zafra 2019-2020 empezó en diciembre; sin embargo, debido a la sequía en el año solamente fue necesario contratar a la mitad de trabajadores que en años pasados; así, se contó con aproximadamente 900 jornaleros provenientes de los estados de Chiapas, Veracruz, Tabasco y de algunos poblados de Belice y Guatemala. En el transcurso de la zafra se declaró la contingencia sanitaria por la pandemia, pero las actividades agrícolas e industriales continuaron de manera regular, es decir, no hubo aplicación de las medidas de prevención. En campo, los trabajadores mantienen distancia unos de otros por las actividades de cortar y acomodar en montones (“puños”). No obstante, en los traslados que se hacen en diferentes vehículos, algunos camiones cañeros, autobuses de pasajeros y hasta camionetas con batea, la cercanía entre cada persona es muy escasa y no se les proporcionaron caretas ni cubre bocas. Tampoco en la industria se tomaron todas las medidas, ya que el personal continuó laborando en los mismos horarios y de manera acostumbrada, solamente en algunos casos se usaron cubrebocas.

De manera oficial, el primer caso confirmado fue identificado el 25 de marzo en Chetumal; no se registraron casos por COVID-19 en la zona cañera, aunque se especuló, en el mes de abril, un contagio de un empleado de un ingenio sin que las autoridades ratificaran la información. Derivado de ello, la Asociación de Productores Cañeros A. C. de la CNPR y de la Unión Local de Productores Cañeros (Ulpca) A. C. decidieron cerrar sus oficinas el 14 de abril.

El 16 de mayo concluyó el periodo de zafra en la entidad, con pérdidas aproximadas de 800 millones de pesos, debido a la sequía que afectó más de 15 mil hectáreas, de una superficie de 32 mil. En cuanto a la salud de los trabajadores, no se registraron casos que pudieran confirmarse de manera oficial, en buena medida pudo ser por la falta de aplicación de pruebas en la zona, si bien se dijo que algunas personas habían presentado síntomas.

En los meses de junio y julio, el Ingenio ha continuado laborando, como es normal en tiempo que no se cosecha, la cantidad de personal se ha reducido, tienen avisos y han marcado lugares para hacer filas y demás. No obstante, no todos los protocolos se cubren de manera puntual. En campo, cada productor cañero ha tomado decisiones sobre su parcela y se trabaja de forma continua, con la diferencia que muchos de ellos usan ahora un cubreboca.

Sector agrícola y COVID-19, la necesidad de estrategias multiescalares

Muchos de los sistemas productivos que generan productos altamente comercializables –como la azúcar- requieren de una alta cantidad de jornales, por ello es de vital importancia que las instituciones y el Estado destinen recursos para continuar promoviendo y preservar el estatus sanitario, ahora no solo de los productos agrícolas, sino de las personas que trabajan día a día para que exista comida en todas las mesas.

Al igual que en la zafra, en otros sistemas productivos como el café, las hortalizas, frutales, incluso en cereales, se requiere contratar jornaleros, pero también estos sectores (incluyendo la ganadería) sufrieron las restricciones de la sequía del año anterior y los efectos del COVID- 19. Aun así, se nos dice que la curva de infectados y muertos por la pandemia está aplanándose y se convoca a una nueva normalidad, pero ¿qué tipo de “normalidad” queremos?, ¿es posible otra normalidad a la anterior a enero del 2020?

Consideramos que no solo es posible, sino necesario el cambio de “normalidad” y paradigma ante estos nuevos escenarios; una normalidad participativa y corresponsable, multiescalar y multidimensional, es decir, multiactoral. Indudablemente que la pandemia es más agresiva en las ciudades que en el campo, pero el sector rural no está exento y cuenta con una infraestructura de salud con demasiadas carencias en todos los aspectos, por lo que la población en el campo es más vulnerable. Por todo esto, consideramos que todos (sociedad civil, organizaciones, sector público y privado) debemos ponernos en sintonía de una nueva normalidad.

Una normalidad que considere impulsar estrategias multiescalares: a nivel de finca, de familias y comunidades, municipios, territorios, estatal, nacional e internacional con vistas a reducir las desigualdades sociales. Donde sea posible el fortalecimiento de la resiliencia social, ambiental y cultural. Una normalidad capaz de promover el comercio local, las cadenas cortas de comercialización en tianguis y mercadillos municipales, ferias de semillas. Todo ello nos lleva a un primer nivel (micro) de intervención territorial: el desarrollo territorial sustentable, un desarrollo con equidad de género, con inclusión de los grupos indígenas y de todos los habitantes de los territorios, con justicia social y fortalecimiento económico, respetando y restaurando el ambiente y los recursos locales. Estas estrategias deben incluir los apoyos estatales o subsidios, acompañados de ahorro, créditos para emprendimientos, innovaciones, protección social, pero que también promueva la asociatividad, el cooperativismo y el tema de salud.

A nivel meso, se requiere de una articulación multiescalar, un desarrollo que implique el fortalecimiento de los actores colectivos, con una economía solidaria, que rescate y promueva la acción colectiva de los sectores productivos: cafetaleros, ganaderos, forestales, etc., de las cooperativas agrícolas, económicas, sociales y del bienestar socioambiental. Es decir, una estrategia que puede contribuir a la reducción de las desigualdades sociales con instituciones enfocadas a los procesos territoriales, en una relación  multi-institucional donde se fortalezcan las unidades de salud familiar.

A su vez, esto pasa por fortalecer al Estado, como un actor determinante para mediación de procesos de desarrollo y de promoción de políticas públicas, que garanticen y apoyen lo planteado desde los fórums de participación social en la escala territorial, a nivel multiescalar para que dé soporte al desarrollo multidimensional. Que rescate y fortalezca las cadenas productivas. Pero también, poner atención al caso de los jornaleros agrícolas, cuidando el desplazamiento de los trabajadores estacionales y los operadores de transporte a escala nacional e internacional.

Que la gestión social del territorio en conjunto con el Estado, se mantenga atenta y vigilando las condiciones de habitación, sanidad y aspectos laborales de estos trabajadores en los distintos campos agropecuarios y en todos los casos asegurando las condiciones de equidad y justicia social. Promoviendo no solo la autosuficiencia alimentaria, sino la seguridad de los bienes, de las personas, de su salud y, sobre todo, la soberanía alimentaria en semillas y modos de vida campesina y de producción agropecuaria, forestal y pesquera.

En la escala macro regional y nacional de América Latina y el Caribe, se deben fortalecer movimientos de resistencia y de reconstrucción rurales y urbanos, con reestructuración desde el Estado, y de las políticas públicas. La propuesta es que se construyan fórums territoriales de participación social con actores representantes de las múltiples escalas del gobierno y de la sociedad civil, para que de acuerdo a cada realidad territorial se puedan plantear acciones que estén articuladas con las necesidades del territorio, pero también, ancladas en la justicia socioambiental.

Por todo ello, surge la necesidad de considerar a la agricultura como un sector estratégico para la reactivación, con enfoque en fortalecer el desempeño de los productores familiares y de los circuitos cortos de comercialización de alimentos.

Bibliografía

Centro de Información América Latina [CIAL]. (2019). Análisis de la industria de alimentos y bebidas México. Recuperado de https://www.cialdnb.com/pdf/economic-analysis/food-and-beverages/MEX_Economic-Analysis_ES.pdf

Comité́ Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar [CONADESUCA]. (2020). 6to. Informe estadístico del sector agroindustrial de la caña de azúcar en México, zafras 2009-2010 / 2018-2019. Recuperado de https://siiba.conadesuca.gob.mx/Archivos_Externos/6to_informe_estad%C3%ADstico.pdf

Diario Oficial de la Federación. (2005). Ley de desarrollo sustentable de la caña de azúcar. Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LDSCA.pdf

FAO. (2015). México en una mirada. Recuperado de http://www.fao.org/mexico/fao-en-mexico/mexico-en-una-mirada/es/

Observatorio Laboral. (2020). Ocupación por sectores económicos, cuarto trimestre 2019. Recuperado de   http://www.observatoriolaboral.gob.mx/static/estudios-publicaciones/Ocupacion_sectores.html

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  [CONACYT]. (2019). Informe proyecto Sinergias 2015.732.01:   “El Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria y la Cruzada contra el Hambre: Sinergias para potenciarlas” financiado por CONACyT a la UACh, 2017-2018

Barradas-Miranda P. (2020). Observación participante. Ingenio San Rafael de Pucté 29 de abril y 4 de junio de 2020.

Barradas-Miranda P. (2020). Observación participante. Parcelas cañeras del Ejido SacXan. 19, 20 y 21 de abril.

Notas

 

[1] “El Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria y la Cruzada contra el Hambre: Sinergias para potenciarlas” financiado por CONACyT a la UACh, 2017-2018

[2] En la zafra 2018-2019 se contrataron 1623 cortadores para una superficie industrializada de caña de 33054 hectáreas en el estado (CONADESUCA, 2020)

[*] e-mail: pilarbarradas@gmail.com

[**] e-mail: julio.baca56@gmail.com

[***] e-mail: cuevas.venancio@gmail.com

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