El propósito de la ley es sin duda muy loable. Pretende beneficiar a las personas más pobres y vulnerables, muchas de ellas injustamente presas u obligadas a delinquir. Es un reconocimiento de nuestro injusto sistema de justicia que castiga mayoritariamente a los más pobres.

 

Tiene, también, el muy benéfico efecto de combatir la estigmatización de aquellas mujeres que, obligadas por las circunstancias, deben practicarse un aborto; o bien quienes por falta de oportunidades o bajo coacción, deben dedicarse al narcomenudeo, y otros delitos. 

 

 

Las carencias e imprecisiones de la iniciativa presidencial

 

No obstante, varias imprecisiones y carencias la alejan de su propósito de brindar pleno acceso a la justicia a los más pobres y vulnerables. Estas han sido señaladas por diversos especialistas. Me limito a enumerar algunas de las más sobresalientes.

Contrariamente a la práctica usual, el proyecto de ley propone que sea la Fiscalía General de la República la que otorgue las amnistías de los delitos del fuero federal, y la Secretaría de Gobernación quien determine quiénes son los acreedores de la amnistía por motivos políticos.

 

Presumiblemente, si los gobiernos de los estados a acceden a otorgar amnistías, serán las fiscalías estatales las encargadas de hacerlo. ¿Estarán preparadas para ello si actualmente se encuentran saturadas, y en muchos casos hasta colapsadas? ¿Obtendrán los recursos presupuestales extraordinarios para la ardua tarea de revisar quiénes pueden gozar de los beneficios de la amnistía?

 

Asimismo, la amnistía prevista no contempla que sus beneficiados hayan pasado por programas de reinserción durante su periodo en prisión, los cuales, por cierto, escasean en el sistema penitenciario. En consecuencia, no prevé ningún mecanismo para cuando ya libres, puedan acceder a un empleo o alguna red de apoyo para evitar reincidir.

 

Tampoco provee medios de protección para aquellos que fueron obligados por redes criminales a cometer los delitos por los que fueron encarcelados, y que al retornar a sus lugares de origen puedan correr riesgos a su integridad o a la de sus familias.

 

Todo esto requiere de una cuidadosa planeación y muchos recursos. En un contexto de austeridad en el gasto público como el que prevalece, es dudoso que se implementen medidas como las señaladas. Pero quizá lo más decepcionante de esta iniciativa de amnistía, es que deja sin modificar el actual funcionamiento del sistema de justicia, conocido por producir impunidad y ensañarse con los más pobres e indefensos, por lo que corre el riesgo de tener efectos efímeros.

 

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[1] Este artículo fue escrito una semana antes de la discusión de la ley.