El primero es el caso de un político mexicano, el ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington  Ruvalcaba, quien presidiera el ejecutivo de ese estado de 1999 al 2004. Este se declaró culpable de recibir  sobornos en México y de lavar de dinero en los Estados Unidos. Yarrington fue sentenciado a 9 años de  prisión—condena menor a la que ameritaba en parte a cambio de entregar alrededor de 9 millones de  dólares de fondos ilícitos blanqueados en los sistemas financiero e inmobiliario de los Estados Unidos (2). Este caso apenas atrajo atención en México, pero en su esencia más pura representa una condena a un  político mexicano de alto nivel que desvió fondos del tesoro mexicano y que lavó estos recursos de  procedencia ilícita en los sistemas financiero e inmobiliario de los Estados Unidos. Con este caso,  Washington sienta un precedente sobre la clase política mexicana y sus inclinaciones naturales a llevar  fondos ilícitos a ese país con el fin de blanquear el dinero mal habido.

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El segundo es un funcionario de alto nivel, el ex secretario de seguridad pública Genaro García Luna, quien  fungió como tal entre el 2006 y el 2012. García Luna fue imputado, enjuiciado, y encontrado culpable de  delincuencia organizada, narcotráfico, y conspiración para la distribución, posesión e importación de  cocaína, por una corte federal de los Estados Unidos con residencia en el estado de Nueva York (3). Hoy se  encuentra en espera de sentencia, la cual en principio se emitiría a finales de junio y ahora se pospuso  hasta septiembre de 2023 (4). La corte donde se dirimió este caso, la cual preside el juez federal Brian M  Cogan, ha demostrado un enorme interés en casos de narcotraficantes mexicanos—entre los que destaca  el caso de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Pero el caso de Genaro García Luna es el más importante porque  se trata de un alto funcionario mexicano, quien era el encargado de velar por la seguridad pública del país, involucrado en actividades que EEUU considera que vulneran el bienestar y la justicia en territorio  estadounidense.

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Ahora bien, ya en el pasado el gobierno de Estados Unidos ha buscado someter a proceso a altos  funcionarios mexicanos—tal es el caso de Manuel Bartlett Díaz, hoy aliado del presidente Andrés Manuel  López Obrador y director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien tiene un expediente abierto  en la Agencia de Política Anti-Drogas de los Estados Unidos (DEA) por la supuesta tortura y muerte de  Enrique “Kiki” Camarena, agente de la DEA, en 1985. Pero estos esfuerzosse han hecho en casos extremos  y a través de canales administrativos y diplomáticos relativamente formales (i.e., peticiones de  extradición). El caso de Genaro García Luna, sin embargo, es en cierta manera una acción unilateral, la  cual, como el caso de Yarrington, envía otro salvo a las elites gubernamentales mexicanas de que en EEUU  se les puede enjuiciar sin pasar por consideraciones políticas y diplomáticas (5).

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El tercer caso es el del general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fue secretario de la Defensa Nacional  de 2012 a 2018. Este también fue investigado por la DEA, que lo acusaba de delincuencia organizada y  narcotráfico. Cienfuegos fue arrestado en el estado de California, al llegar al aeropuerto de Los Ángeles con su familia en diciembre de 2019. Sin embargo, este nunca fue imputado formalmente, sino que fue  puesto en libertad pocas semanas después sin enfrentar un juicio gracias a una supuesta negociación  entre el gobierno del entonces presidente Donald Trump (2017-2021) y el actual presidente Andrés  Manuel López Obrador (2018-2024) (6). Las razones por las cuales el gobierno mexicano intervino a su favor  no han quedado enteramente claras, pero se estima que hubo enormes presiones de las Fuerzas Armadas  mexicanas para que se abogara por su liberación.

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Interpretación de los tres casos

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Los casos de estos políticos y funcionarios mexicanos, los tres de muy alto nivel, se pueden leer como el  comienzo de lo que pareciera ser una nueva política pública de Estados Unidos—aunque no  necesariamente por diseño centralizado, pero igualmente efectiva—para contender las deficiencias de la  administración e impartición de justicia en México, toda vez que el gobierno parece incapaz de procesar  una causa penal exitosamente, aun en casos de alto perfil como los aquí analizados. Por supuesto que las  agencias de gobierno de EEUU, los fiscales involucrados en los casos, y los jueces que presiden los juicios  lo hacen velando por el interés de su propio país y más tratándose de casos que de cierta manera puedan  vulnerar su seguridad nacional. De pasada, sin embargo, esta nueva política de imputar y enjuiciar a  políticos y funcionarios mexicanos de alto nivel viene a subsanar un hueco importante que el gobierno  mexicano ha ido descuidando en relación con su obligación de construir y fortalecer un Estado de derecho,  el cual el gobierno de EEUUconsidera el sine qua non de un buen funcionamiento de la relación binacional.

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Es muy posible que no se pueda hablar de una política pública integral y articuladora atrás de estos casos  diseñada por el gobierno federal americano o incluso meramente coordinada desde adentro de alguna de  sus agencias de seguridad y procuración de justicia. Sencillamente, así no funciona el gobierno de EEUU, dada la fragmentación del poder en muchas áreas y direcciones. De hecho, el inicio, seguimiento, y éxito de estos casos dependen altamente del interés individual y colectivo de los investigadores, fiscales, y hasta  de los mismos jueces que dedican tiempo y energía a cada caso—y cuyo trabajo a veces es saboteado  desde otras áreas del gobierno, como es el caso del general Cienfuegos que fue liberado por el presidente  Trump y su fiscal Bill Barr, lo cual enfureció a los agentes de la DEA que le habían dado seguimiento puntual  al caso durante años antes de que el general fuera arrestado en Los Ángeles. Pero para quien entiende  cómo funciona el entramado institucional y político de los Estados Unidos es claro que no por no haber  coordinación interna se puede concluir que estos casos no reflejan una nueva política nacional ante la  inacción de México ante problemas que afectan los intereses de Estados Unidos. Mínimamente, los tres  casos representan nuevos precedentes sobre lo que podemos esperar en el futuro de la relación bilateral  —especialmente ante la ausencia de cooperación binacional durante la administración de López Obrador.

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Y si esto es correcto, y se pueden concatenar estos casos a manera de una nueva aproximación a temas  de interés de la justicia de Estados Unidos, se puede concluir que en estos precedentes hay una creciente  frustración de ese gobierno que va más allá de lo relacionado con el Estado de derecho—se han  desmantelado los mecanismos de cooperación binacional para combatir al crimen organizado y la  corrupción en México. Es decir, ante la dificultad de establecer una asociación confiable con el gobierno  de México, basada en instituciones domésticas robustas que combatan de manera coordinada la  delincuencia organizada, la corrupción, el lavado de dinero, entre otros temas, Estados Unidos comienza  a actuar de forma unilateral. Más claramente, ante la desidia del gobierno mexicano, el sistema judicial  de EEUU ha entrado al quite.

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Por supuesto que esta aproximación unilateral del sistema de justicia de Estados Unidos para con políticos  y funcionarios mexicanos puede traer momentos ríspidos y hasta confrontaciones a la relación  binacional—lo cual se ha presenciado ya en las últimas declaraciones del presidente López Obrador en  relación con los llamados de algunos congresistas y políticos republicanos de intervenir más abiertamente  en México, pero es posible concebir que en Washington se apuesta a que las tensiones que pudiera  ocasionar esta nueva política de combatir la corrupción y la impunidad en México desde las cortes de  EEUU están supeditadas a asegurar la confiabilidad de México como un socio comercial y geoestratégico en un mundo global cada vez más incierto ante la agresividad rusa y la competencia china. Debe leerse  pues que cada vez más políticos y funcionarios mexicanos estarán bajo la mirada del sistema judicial de  Estados Unidos. Más aun si estos funcionarios son los responsables de las políticas de seguridad en el país  o presiden el poder ejecutivo en algún estado que haga frontera con territorio estadounidense. De no  verlo así, la única conclusión posible es que en Estados Unidos exista un hartazgo con la insolvencia de  México de establecer un Estado de derecho.

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Ante esta lectura, cabe preguntarse qué significa la aparición de esta nueva voluntad política en EEUU de  proceder contra políticos y funcionarios mexicanos de alto nivel de forma unilateral—sin miramientos  políticos o diplomáticos e incluso arriesgando coyunturas ásperas entre Washington y Cuidad de México.  Esta pregunta es aún más importante a la luz de los llamados de legisladores y gobernadores estadounidenses de tomar medidas unilaterales mucho más agresivas con relación a la delincuencia  organizada, la corrupción, y la impunidad en territorio mexicano—hasta el punto que algunos han hecho  una llamada a una intervención directa contra el crimen organizado en México, sobre todo aquel dedicado  al narcotráfico (7).

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El significado de estos casos en la relación binacional

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Los tres casos referidos enclaustran una serie de señales de preocupación en Estados Unidos alrededor  de lo que está sucediendo en México—la profunda debilidad institucional en que se encuentra la seguridad pública, la impartición y administración de justicia en el país, y la ausencia de voluntad política  del gobierno de López Obrador de cooperar para solventar problemas alrededor del Estado de derecho  que EEUU considera que deberían de ser de interés común. Más recientemente, ante las presiones que  surgen en el Congreso de Estados Unidos, estas deficiencias han venido acompañadas de una renovada  retórica nacionalista y hasta antiamericana en muchas de las recientes declaraciones del presidente López  Obrador. Los dimes y diretes alrededor del tema del fentanilo han sido públicos.

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Aun así, ante este panorama, los tres casos apuntan hacia una preocupación real en Washington, la cual  desata una cadena de riesgos para la relación binacional, no solamente porque son emblemáticos del  hartazgo de EEUU con 1) las deficiencias del Estado de derecho en México; 2) la creciente corrupción en  el país, acompañada de una impunidad rampante; y 3) la patente incapacidad del gobierno mexicano de  crear instituciones capaces de combatir tanto la delincuencia organizada como la corrupción y la  impunidad en el país, sino porque la impaciencia de Washington crece y la tentación unilateral aumenta aceleradamente. Para Estados Unidos, especialmente para el congreso, conjuntamente, estos tres casos  son el resultado de una renuncia de facto a cualquier intento de construir el imperio de la ley en México por parte del gobierno. Es decir, los tres casos vienen a abonar a la mala imagen de México en los Estados  Unidos, la cual sufre un deterioro considerable de su capital reputacional no solo en el país vecino sino  alrededor del mundo. 

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Sin embargo, si no hay golpes de timón en la impartición y la administración de la justicia en México, o un  intento por satisfacer mínimamente las exigencias de Washington, esta tendencia podría continuar con  consecuencias graves para la relación bilateral—consecuencias que van desde el distanciamiento hasta  las acciones unilaterales e incluso encubiertas de EEUU en territorio mexicano contra grupos de la  delincuencia organizada y otros actores que facilitan sus actividades. De una manera muy básica, sin mejoras en el Estado de derecho en México, se encuentra en riesgo la confianza mutua, requisito para  una relación económica realmente robusta y recíprocamente benéfica. Peor aún, el riesgo de operaciones  encubiertas por parte de EEUU en México en contra de los delincuentes organizados y otros actores que  posibilitan sus actividades, el cual ha aumentado, pudiera tener severas consecuencias para la relación  binacional.

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Si se lleva esta secuencia a su conclusión natural, lo que surge es un enorme escollo para la posibilidad de  un partenariato estratégico binacional, apuntalado por una robusta relación económica entre los dos  países e instituciones de justicia efectivas en México. Esto porque en estos tres casos se hace manifiesta la latente posibilidad de que México pierda la categoría de socio confiable para Estados Unidos en sus  intentos por relocalizar gran parte de la industria manufacturera de Asia—léase China—hacia el  continente que comparten Canadá, Estados Unidos y México (el llamado nearshoring). Es por esta  urgencia global que Estados Unidos no puede entonces darse el lujo de ignorar lo que sucede al sur de la  frontera, dadas las repercusiones de la disfunción mexicana no solo para la sociedad estadounidense sino para el papel que México puede jugar en el tablero internacional—para beneficio de ambos, si la retórica  y los acuerdos sirven los intereses de ambos países. 

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Por tanto, ante la inacción mexicana, estos tres casos a pesar de que fácticamente no se relacionan entre  sí, presentan elementos en común y de interés para el país del norte, pues en el caso de García Luna y el  general Cienfuegos estamos hablando de los principales responsables de la seguridad del país en su  momento, y de Yarrington de un gobernador de un estado que hace frontera con el territorio  estadounidense. Ello muestra que EEUU protege sus intereses y más tratándose en temas de seguridad,  narcotráfico y frontera. Así esta nueva estrategia de EEUU para lidiar con políticos y funcionarios  mexicanos acusados de delitos en perjuicio de los Estados Unidos—ya sea por acción o por colusión— busca presionar ciertos instrumentos relacionados con la impartición de justicia en México para colaborar  con los objetivos de Estados Unidos en materia de seguridad nacional (ante un cambiante escenario  internacional), de seguridad pública (por ejemplo, el uso del sistema financiero para lavar dinero haciendo  a dicho sistema cómplice de la corrupción mexicana), y hasta en materia de salud pública (el consumo de  estupefacientes que mata casi 110,000 residentes de Estados Unidos al año). Se puede concluir entonces  que, si México no está dispuesto a hacerlo, el sistema judicial de EEUU entraría pues a actuar como una  especie de sistema paralelo de justicia en la medida en que lo que sucede en México tiene efectos reales  en EEUU.

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En este sentido, el despliegue del llamado largo brazo de la justicia de EEUU hacia los políticos y  funcionarios mexicanos representa la terciarización o delegación (quizás involuntaria, y hasta necesaria)  de la justicia mexicana a los fiscales y las cortes de Estados Unidos. Este efecto, aunque dramático cuando  se interpreta de esta manera, no se puede negar como un paso que no solamente combate la corrupción  y la impunidad en México a través del sistema judicial de Estados Unidos, sino que resulta siendo también un beneficio a muchos mexicanos que son víctimas directa o indirectamente de la corrupción y la  impunidad de los propios funcionarios mexicanos o que los políticos no solamente no están dispuestos a  combatir sino que a veces participan abiertamente en ellas. En este sentido cabe agregar que entre Estados Unidos y México hay muchos temas realmente intermésticos—y el combate al crimen organizado,  narcotráfico y la corrupción en México son parte de ellos.

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Conclusión

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Los tres casos referidos en este artículo son novedosos porque Estados Unidos actuó fuera de las  formalidades de la diplomacia en la relación binacional y reflejan cómo a a partir de acciones unilaterales el gobierno estadounidense esta usando su jurisdicción para procesar a tres altos funcionarios del  gobierno mexicano. El sistema de justicia de EEUU se está convirtiendo en un sistema sustituto del de  México antes las claras deficiencias del Estado de derecho en este último. Estos tres casos apuntan a una  nueva política de Washington de utilizar su largo brazo jurisdiccional para arrestar, procesar y enjuiciar a políticos y funcionarios mexicanos que hayan cometido delitos que perjudican a ese país. No sólo para  asegurar que lo que sucede en México no afecte a los Estados Unidos sino para presionar que el gobierno  mexicano busque la manera de reparar su sistema de impartición y administración de justicia ante la  presión de que EEUU puede optar por hacerlo unilateralmente.

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El impacto que puede generar esta nueva dinámica entre México y Estados Unidos en términos de  procuración e impartición de justicia es el surgimiento de un riesgo moral que abone a la cultura de la  ilegalidad en México. Si el sistema estadounidense de justicia se convierte en un sistema paralelo al  mexicano se pierden los incentivos para que el gobierno mexicano busque fortalecer sus capacidades en  dicha materia. De seguir así se perderían los incentivos para que el país siga en la construcción y  fortalecimiento de las instituciones encargadas de garantizar el Estado de derecho, pues la justicia, aun  en los casos de narcotráfico y corrupción más emblemáticos, se estaría haciendo en el país del norte y no  en el territorio donde se cometieron los delitos y se encuentran la víctimas de estos hechos.

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Notas

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[1] Tony Payan es también professor de Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

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[2] Former Mexican Governor and Presidential Candidate Sentenced for Money Laundering. 2023. Department of  Justice. Press Release (Marzo 15). https://www.justice.gov/usao-sdtx/pr/former-mexican-governor-and-presidential-candidate-sentenced-money-laundering  

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[3] Ex-Mexican Secretary of Public Security Genaro Garcia Luna Convicted of Engaging in a Continuing Criminal  Enterprise and Taking Millions in Cash Bribes from the Sinaloa Cartel. 2023. Department of Justice. Press Release  (Febrero 21). https://www.justice.gov/usao-edny/pr/ex-mexican-secretary-public-security-genaro-garcia-luna-convicted-engaging-continuing  

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[4] La sentencia contra García Luna, pospuesta hasta septiembre. El País. (Abril 3). https://elpais.com/mexico/2023-04-03/la-sentencia-contra-garcia-luna-pospuesta-hasta-septiembre.html 

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[5] Para infortunio de Genaro García Luna, por supuesto, y quizás por esto no se ha tomado nota de este importante  precedente, el gobierno de López Obrador no considera importante interceder por él, en parte por sus propios  resentimientos hacia la administración de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), presidente durante las funciones  de García Luna en la Secretaría de Seguridad.