La premisa equivocada de la reforma consiste en afirmar que el INE puede realizar las mismas funciones que hoy tiene encomendadas y algunas más, con 3,000 trabajadores menos. Ello es completamente falso y por ello el INE argumenta que la reforma hace imposible cumplir adecuadamente algunas funciones sustanciales. La razón es simple: históricamente las elecciones se organizan mediante una estructura territorial que cubre el territorio nacional, distrito por distrito, para atender las funciones de cada unidad política en la que se elige un representante popular. Por ello existe una oficina en cada distrito electoral que garantiza la integridad del Padrón Electoral, la capacitación de los funcionarios de casilla, la distribución de materiales y documentos electorales, la geografía electoral y múltiples actividades adicionales. Esa estructura es permanente porque en tiempos no electorales se realizan actividades de otro tipo, como el apoyo para el registro de nuevos partidos políticos, la actualización del padrón electoral, la distritación federal y local, la participación en las elecciones locales, etcétera.

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Esa es la estructura que pretende eliminar el llamado Plan B. Con ella se iría no solo una gran cantidad de trabajadores, sino la parte medular del Servicio Profesional Electoral. Estas personas fueron reclutadas mediante un concurso abierto, capacitadas permanentemente, evaluadas año tras año y sometidos a procedimientos jurídicos en caso de que violentaran cualquier norma, en especial la imparcialidad con la que deben conducirse. Por ello, el Servicio Profesional Electoral acumula experiencia y sustituirlos por funcionarios temporales, como propone la ley, no garantiza el buen desempeño de las funciones.

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No contar con la estructura permanente del Servicio Profesional implica poner en riesgo la capacitación de los funcionarios de casilla y la instalación misma de los centros de votación. Pero, además, durante la jornada electoral no se contaría con el personal capacitado para el traslado y resguardo de los paquetes electorales, para la organización de los cómputos y la atención de los incidentes que se presentan en cada elección. Se trata de un problema eminentemente técnico. Se podrá decir que el INE estaría en condiciones de contratar personal para cubrir esas tareas solo en épocas electorales. Sin embargo, lo que se pierde es la experiencia, el conocimiento del territorio, el contacto con las comunidades y la habilidad para atender las problemáticas políticas locales que se presentan en cada distrito.

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Otro elemento preocupante es la emisión y distribución de las credenciales para votar con fotografía, además del control adecuado del padrón electoral. La ley propone que los 900 módulos del Registro Federal de Electores se instalen en centros de salud, oficinas gubernamentales o escuelas. El problema es que las oficinas actuales cuentan con equipos sensibles, instalados a temperaturas y esquemas de seguridad muy definidos que no es posible trasladar al tipo de oficinas que propone la ley. El efecto que se busca es no gastar en oficinas, pero el costo de un cambio así es inmenso, además de la pérdida de la autonomía institucional para definir sus oficinas y ser responsable del correcto resguardo de los datos personales de la ciudadanía. Además, sin oficinas distritales que puedan vigilar el funcionamiento de los módulos, no existirá la certeza para actualizar permanentemente el padrón electoral.

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Las batallas que vienen

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La primera batalla tiene que ver con los litigios ante el Poder Judicial de la Federación. Apenas sea aprobada la ley se iniciará una estrategia jurídica para impugnar, ante todo tipo de autoridades, los contenidos de la reforma. De hecho, los partidos de oposición ya iniciaron con la presentación de recursos contra las leyes promulgadas por el Ejecutivo. Tanto el INE como los partidos, los trabajadores del Instituto y organizaciones de ciudadanos presentarán diferentes tipos de recursos. Una de las actoras fundamentales en este proceso será la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De ella dependerá que procedan los actos de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales que se presenten. Otro de los actores importante será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al que podrían acudir los trabajadores del INE para defender sus derechos laborales y ciudadanos que se sientan afectados en sus derechos políticos.

En este caso los tiempos en que se resuelvan los recursos serán fundamentales, pues de proceder las leyes, el INE deberá empezar a tomar decisiones internas a principios de mayo de este año. El retraso de la Corte podría generar la toma de decisiones irreversibles que empezarían a afectar al INE para la organización de las elecciones de 2024.

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Una segura batalla que se entrecruza en el camino es la selección de quienes serán los próximos consejeros o consejeras electorales, incluyendo a su presidente o presidenta. Una vez que se hizo evidente la intención de poner al INE bajo control y establecer mecanismos para incidir en sus funciones, es obvio que se buscará hacer nombramientos a modo para controlar el seno del Consejo General. Sin duda la Presidencia del órgano colegiado generará una fuerte disputa en la Cámara de Diputados. Sin embargo, todo se decidirá a partir de las propuestas de quintetas que haga el Comité Técnico Evaluador.

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Se trata de una batalla que ya empezó y la clave está en quienes decidirán la integración de las quintetas, entre todas las personas que aspiren a una consejería. La Cámara de Diputados recibirá cuatro quintetas y de cada una, dos terceras partes de la cámara elegirán a un consejero, incluyendo la quinteta en la que se elegirá al Presidente o Presidenta del Consejo General. Evidentemente el quid del asunto está en la definición de la integración del Comité. Este órgano tendrá que seleccionar entre las candidaturas que aprueben un ensayo y sean entrevistados.

 

Una vez más, el problema será la negociación que se presente en la Cámara de Diputados, pues de no llegar a un acuerdo, lo que procede es que la misma Cámara sorteé un nombre de cada quinteta. En virtud de que se requieren dos terceras partes de los votos para cada quinteta, Morena podría detener cualquier votación si no coincide con la oposición. Además, si la Cámara de Diputados no decide en tiempo (4 de abril de 2023), el proceso de insaculación pasa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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Hasta ahora, Morena no ha querido negociar ningún tema electoral con la oposición, por lo que bien podrían optar por la insaculación antes de la negociación. Sin embargo, ello dependerá que quienes integren las quintetas. El riesgo consiste en integrar un Consejo General que no incluya personas realmente independientes y que las decisiones se carguen hacia cualquier parte del espectro político.

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La tercera batalla será la que promoverá la sociedad civil organizada. De hecho, desde ya se realizan un conjunto de reuniones, virtuales o presenciales, conferencias, construcción de apoyos jurídicos y otras estrategias, que buscan difundir las implicaciones de la reforma electoral que se busca aplicar. Se trata de reunir a grupos que podrían tener diferencias entre sí en muchos aspectos, pero han encontrado una causa común en la defensa de nuestras instituciones democráticas. Esa unión fue la que permitió la intensa participación ciudadana el 13 de noviembre pasado en la megamarcha en la que José Woldenberg anunciaba los riesgos de una reforma como la que ahora se quiere aprobar. En aquel momento el grito fue “El INE no se toca”. Ahora se construye una movilización cuyo grito podría ser más profundo: “Mi voto no se toca”.

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Ese lema indica que empezamos a reconocer que lo que está en juego no es solo una institución, sino la viabilidad integral de la democracia. En efecto, la reforma tal como se redactó pone en riesgo la elección misma. En otras palabras, podríamos perder la certeza de que contamos con instituciones y normas que garanticen el tránsito pacífico del poder en todos los niveles de gobierno. Esa había sido la conquista de una lucha que inició hace 46 años, con aquella primera reforma electoral de 1977, que abrió por primera vez, espacios de participación y mejores condiciones para el ejercicio democrático. Las reformas que se proponen prácticamente nos transportan a aquella época.

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El reto para la sociedad civil no es menor, pues no basta una manifestación para cambiar las cosas. Por lo pronto se anuncia una concentración en el Zócalo de la capital de la República para el 26 de febrero. El éxito de esta estrategia dependerá de cómo evolucionen las cosas durante este mes. La bola estará, para entonces, en manos de la Corte.

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Finalmente, una cuarta batalla tiene que ver con la comunicación pública y el discurso político. Es evidente que el Presidente de la República está intensificando su discurso en contra del INE, del Consejero Presidente, Lorenzo Córdova y de Ciro Murayama. Llegó a decir que atrás del grito por la defensa del INE se busca que a “García Luna no se toca”. Más allá de la infortunada estridencia presidencial, se detecta cierta desesperación, lo que se puede traducir en presiones políticas para evitar que se rechace su Plan B. Por el otro lado, la intensidad de la protesta también se incrementa en redes sociales y en los discursos de la oposición, a la espera de que retorne la sensatez.

 

En todo caso, sí es posible concluir que la estabilidad electoral del país y la democracia enfrentan riesgos serios y que parecen retornar formas y vicios electorales que creíamos ya olvidados. De las batallas que se den en estas semanas dependerá buena parte del futuro de la democracia.