La defensa de González Arredondo y diversas organizaciones derecho-humanistas argumentan que ha habido toda una serie de violaciones al debido proceso: uso desproporcionado de la fuerza pública, incomunicación durante siete horas; imprecisión total en los cargos que se le imputan; no presentación de las evidencias de las entrevistas que se hicieron a quienes denuncian la supuesta “tortura psicológica”, violación del término legal para vincular a proceso. Además, la jueza de control se negó a otorgar la prisión preventiva en el domicilio del imputado y se le recluyó en el mismo penal y mismo espacio donde purgan su pena los acusados por el entonces fiscal. Estas son solo algunas de las irregularidades de lo que se percibe como una venganza expedita y una justicia atascada.

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Llama  la atención que ha habido 90 causas penales juzgadas, 180 amparos resueltos en contra de los imputados en los ilícitos en contra del erario chihuahuense, incluso la Corte del Distrito de Miami y el Departamento de Estado analizaron el expediente y no encontraron ninguna irregularidad,  y la misma Secretaría de Relaciones Exteriores lo analizó con cuidado antes de pedir la extradición de Duarte. Después de todos esas instancias que fungieron como verdaderos controles de calidad de los procesos  penales,  en Chihuahua se pretenda derrumbar todo lo actuado con una  reciente denuncia por “tortura psicológica” que aún no se ha logrado acreditar y que se esgrimió muy tardíamente.

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Todo esto ha generado una reacción indignada de diversos grupos de la sociedad chihuahuense, comenzando por los propios alumnos universitarios del exfiscal, por diversas organizaciones de la sociedad civil y familiares de personas desaparecidas ayudados por él en repetidas ocasiones, por la Academia de Ciencias Penales, por el delegado de Programas de Bienestar del Gobierno Federal en el estado. Todos exigen apego irrestricto al debido proceso, y denuncian la maniobra de descalificar las acusaciones contra Duarte y compañía y lograr su excarcelación.

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El coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado ha insistido en algo que es clave no solo para este sino para otros casos: que los procesos por corrupción, sobre todo los que se siguen contra funcionarios que persiguen la corrupción no se lleven a cabo por instancias judiciales del mismo estado, por lo que es necesario que los atraiga la Federación, para blindarse contra complicidades y venganzas.

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En este orden de pensamiento, la defensa del exfiscal solicitó a un juez de distrito la atracción del caso y este emitió una sentencia en el sentido de que se entregue de inmediato el expediente a la Justicia Federal. Sin embargo, la jueza de control del Poder Judicial del Estado se negó, sin fundamento, a poner en manos de la justicia federal el caso del exfiscal que encabezó las investigaciones de corrupción vinculadas a César Duarte. Con esto el gobierno de Chihuahua pretende ganar tiempo y desgastar psicológicamente al exfiscal. Hay que decir que el Poder Judicial de Chihuahua ha sido crecientemente cuestionado y acusado de extorsiones y tráfico de plazas.

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Las autoridades contra la comunidad de Repechique

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La comunidad rarámuri de Bosques San Elías Repechique ha tenido una lucha cuesta arriba por ser reconocida como tal y luego por defender su territorio y sus bosques. En 2014, en una sentencia paradigmática de la justicia federal, se le reconoce a la comunidad indígena y a los dos gobernadores nombrados por ella como sus representantes legítimos y además la reconoce como comunidad indígena, no como ejidatarios y comuneros, según la Ley Agraria y se reconocieron sus derechos colectivos sobre la posesión de 11 mil 400 hectáreas.

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En 2017 la comunidad logra que el Gobierno del Estado constituya un fideicomiso para proyectos productivos como parte de la reparación de daños por haber construido en el territorio de ella el Aeropuerto Regional Creel Barrancas. El primer proyecto decidido por la comunidad es la construcción de un taller de costura de las mujeres. Sin embargo, en 2020 la Fiscalía del Estado responde a denuncias de los mestizos de Creel por supuesta invasión de terrenos, suspende la construcción y detiene a los dirigentes comunitarios. La comunidad y varias organizaciones que la apoyan, como CONTEC, superan ese obstáculo.

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En marzo de 2022 presentó al comité técnico del Fideicomiso tres proyectos consensuados para ser financiados por éste: mejoramiento de viviendas, construcción de un salón de usos múltiples y adquisición de tractores. Sin embargo, la administración estatal actual, sin la debida consulta a la comunidad, aprovechando que preside el Fideicomiso, acaba de decidir utilizar 31 millones de pesos dicho fondo para la construcción de un camino que la comunidad no necesita y un centro comercial para la venta de artesanías en Creel. Se presionó a los representantes comunitarios en el fideicomiso y éstos firmaron bajo protesta. El gobierno alega que el Fideicomiso tiene algunas fallas legales y de ahí se han aprovechado para resolver en contra del beneficio comunitario y contra las reglas de operación. Así lo denuncian la propia Comunidad y la Red de Defensa del Territorio de los Pueblos Indígenas de la Sierra Tarahumara y demandan se les dé prioridad a los proyectos de la propia comunidad.

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La presencia del duartismo en el gobierno actual

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El exgobernador César Duarte está preso en Chihuahua, luego de haber sido extraditado de los Estados Unidos para enfrentar juicios por peculado y por enriquecimiento ilícito, entre otros. Sin embargo, varios de sus cómplices, hechos presos durante la administración de Javier Corral, fueron liberados por la actual administración de la panista María Eugenia Campos. Más aún, varios de los funcionarios acutales, comenzando por ella misma, ocupan importantes encargos en su gobierno.

Ella fue acusada de haber figurado en la nómina secreta de César Duarte cuando era diputada local.

También fue acusado de lo mismo su anterior secretario de Gobierno, César Jáuregui Moreno, quien públicamente reconoció que él y la ahora gobernadora recibieron 13 millones de pesos de Duarte para “apoyo legislativo”. Ese hecho fue señalado por la bancada de Morena en el Congreso local en días pasados al pronunciarse en contra de la ratificación de Jáuregui, recién nombrado Fiscal General del Estado por el PRI y sus aliados.

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La venganza politica contra Javier Corral

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Puesto que fue el exgobernador Javier Corral quien encabezó la operación “Justicia para Chihuahua”, la administración actual, coludida con el exgobernador César Duarte, ha enderezado una campaña contra el primero. Además de los cotidianos ataques en los medios, la mayoría de ellos controlados por el Gobierno del Estado: aplicando la normatividad urbana como instrumento de venganza política el jueves 19 de enero, un grupo de inspectores municipales clausuró la Librería “Sandor Marai” propiedad del exgobernador Javier Corral, justo una hora antes de la ceremonia de inauguración de ésta. El pretexto: no tenía plan de protección civil, cuando sí se entregó el mismo y otros detalles. Para taparle el ojo al macho, otros negocios fueron clausurados también el mismo día. En el estado de Chihuahua hay sólo 47 puntos de venta de libros, casi uno por cada 100 mil habitantes; en tanto, los antros, los puntos de venta de vinos y licores se cuentan por centenas en el sólo municipio, muchos de ellos propiedad de funcionarios públicos; los picaderos pululan por todos los rumbos de la ciudad.  Los gobiernos municipal y estatal parecen hacerle al Guy Montag, el bombero de la novela de Ray Bradbury que se dedica a quemar libros, pero descuida los muchos fuegos que arrasan su ciudad. La bibliofobia al poder.

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Este es solo un botón de muestra. Además del hostigamiento mediático, ha habido dos demandas de juicio político contra el exgobernador presentadas por personeros del gobierno actual, así como denuncias por irregularidades administrativas que no han sido bien sustanciadas ni han procedido hasta ahora.

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Para ocultar este uso abusivo y torcido de la ley, el gobierno reparte millones entre los medios locales. Sin embargo, su autoritarismo, su afán de venganza contra los adversarios políticos, su desprecio por los pueblos indígenas y la presencia en él de funcionarios panistas y priístas que recibieron pagos ilegales de César Duarte, no puede taparse con un dedo. Aumentos disfrazados del impuesto predial, miles de millones para una dudosa plataforma centinela, corrupción en los penales, expansión de la venta y el consumo del cristal y del fentanilo, privilegios para las grandes constructoras e inmobiliarias, todo esto es cada día más evidente para la ciudadanía. En Chihuahua no impera el Estado de derecho. Al contrario, la ley se tuerce para asegurar la corrupción y la impunidad. En Chihuahua la democracia está siendo seriamente vulnerada.