En contraparte, economistas que observan a detalle la tendencia de la inflación predicen que ésta alcanzará su nivel máximo en algún momento al cierre del año en curso, para comenzar a disminuir paulatinamente el año entrante. Ese pronóstico se basa en el hecho de que los precios de la energía y de algunas materias primas registran ajustes a la baja, lo cual es visto como positivo y se prevé que pronto se traduzca en menores precios para los consumidores. Sin embargo, no hay que descartar que el proceso para alcanzar menores tasas de inflación será largo, debido a que las cadenas globales de suministro siguen dañadas y en cualquier momento los problemas geopolíticos se pueden traducir, como ya lo hemos visto en meses recientes, en mayores precios de energía, alimentos y de muchos de los commodities.

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No se debe perder de vista que existe una alta probabilidad de que varias economías nacionales entren en una recesión y eso eventualmente afectará negativamente las perspectivas de crecimiento económico mundial, aunque, no obstante, podría ayudar a frenar la inflación de algunos países, pero no resolverá el problema de fondo que es el rompimiento de las cadenas globales de valor, así como los problemas geopolíticos que no permiten que éstas se reestablezcan.

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Un riesgo adicional es el de la depreciación del valor de las monedas de la mayoría de las economías en desarrollo, lo que está elevando los precios de los alimentos y los combustibles de tal manera que podría profundizar las crisis alimentaria y energética que muchos de esos países enfrentan, cuyos habitantes podrían padecer inseguridad alimentaria, debido a que la inflación que ahora amenaza a las economías no es coyuntural ni transitoria y convierte en realidad aquella la sentencia de que “la inflación es el impuesto de los pobres”.

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Admitiendo que el panorama de alza de precios comenzara a mejorar a nivel mundial, en México aún no hemos visto el pico inflacionario. Pero queda claro que la inflación mundial aún puede tener una repercusión importante en el país, debido a que, en tanto fenómeno global, es de esperar que conforme la inflación se traslade a los commodities y a precios de bienes de consumo, eventualmente podría para presionar aún más la escalada de precios que los mexicanos estábamos viviendo desde el 2021.

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En esa línea, el Banco de México está previendo que el escenario inflacionario se podría complicar, aunque en menor grado, en lo que resta de 2022 y en 2023, y que en base a su autonomía podrá determinar un alza cercana al 10% en su tasa de referencia, aunque ello implique llevar al país a un escenario de recesión económica si es lo que se inevitablemente se requiere para ubicar al índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en un nivel cercano a su objetivo anual de 3% +/- un punto porcentual, como una medida extrema para dar cumplimiento a su mandato constitucional de controlar la inflación en el país.

 

Para entender este ajuste al alza en las expectativas inflacionarias, cabe destacar que la perspectiva del Banco Central es que 2022 cierre con una inflación general en un rango de entre 7.0% y 8.5% y en 2023 con un alza de precios de 4.0% en el límite máximo de la meta de ese Instituto, con la expectativa de alcanzar la convergencia puntual hacia el objetivo de 3.0% hasta el primer trimestre de 2024.

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Es un ejercicio prudente el de las autoridades monetarias del país que enfrentan el reto de que esa meta se concrete, aunque la sociedad y, principalmente, el mercado deben tomar en cuenta que el Banco de México es un formador de expectativas, por lo que suele ser conservador en sus pronósticos. Es una postura similar a la asumida por la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), el Banco Central Europeo (BCE) y otros Bancos Centrales que han manifestado explícitamente que la prioridad en este momento es contener la inflación, aunque esto implique tasas de interés elevadas por un tiempo prolongado y se produzca una probable recesión.

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A la luz de lo anterior, sobra decir que la inflación es preocupante por los estragos que causa en el ingreso y el consumo de las personas y las familias, sobre todo en los que menos tienen, en la medida en que las mayores alzas de precios se concentran en los alimentos, rubro al que la mayoría de la población con ingresos más bajos en México destina poco más del 50% del ingreso, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2020.

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El alza persistente de los precios en el país, en un contexto de un proceso de recuperación económica inconcluso, causa un enorme costo social que ya se ve reflejado en carestía y una merma considerable del poder adquisitivo de los consumidores, para quienes la inflación se ha traducido en un muy preocupante “efecto sustitución” que afecta el consumo de alimentos y bienes de primera necesidad, así como otros satisfactores que suelen tener una elasticidad-ingreso de demanda alta.

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Lo anterior tiene su origen en el impulso inflacionario ante el cual varios agentes del mercado buscan resarcirse rápidamente, vía el aumento de precios, de las pérdidas sufridas durante el confinamiento causado por la pandemia y más recientemente por lo que se ha dado en llamar una “inflación importada”. Ese impulso “natural” del mercado, distorsionó los precios relativos (los de una mercancía frente otra y los de los salarios frente a todos) que el gobierno federal buscó atenuar mediante un acuerdo social de distribución que tomó forma -el 4 de mayo de 2022- en el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC).

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El Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC)

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La puesta en vigor de dicho Paquete fue una decisión tomada desde la Presidencia de la República que para instrumentarlo ponderó la experiencia histórica de que los controles de precios siempre han fallado en su objetivo principal de controlar la inflación. 

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El objetivo eje del PACIC es que los precios de 24 productos de la canasta básica mantengan estable su precio, de manera que el costo total de la canasta básica se mantenga sin cambios. Para ello, gobierno y empresarios acodaron 4 grandes medidas: Estrategia de producción (incremento de la oferta de alimentos); Estrategia de distribución; Estrategia de comercio exterior, y otras medidas, para lo cual el gobierno federal aportará para el equivalente al 1.4% del Producto Interno Bruto (PIB), un monto poco más de 404 mil 826 millones de pesos.

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La gran pregunta que desde un principio se formuló es si el PACIC sería efectivo para mitigar la inflación, pues se anticipaba que tendría un impacto muy acotado en el alza de precios y uno grande en las finanzas públicas del país.

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Desde luego que servirá para anclar las expectativas de inflación, pero si los empresarios empiezan a sentir importantes aumentos en sus costos de producción se verán obligados a tomar la decisión de subir precios o cerrar empresas si ven erosionada su rentabilidad, puesto que hay sectores de actividad productiva que han resentido importantes alzas en sus costos de materias primas. 

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Si esta presión no cesa, difícilmente los fabricantes de los 24 productos de la canasta básica podrán mantener sus precios sin cambio durante el periodo de vigencia del PACIC, pero, sobre todo, porque la inflación tiene una forma de alimentarse a sí misma una vez que la gente comienza a percibirla y viene a colación el concepto de profecía autorrealizada de una inflación alta con tipología estructural.

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A manera de conclusión, es posible afirmar que el problema inflacionario seguirá y es posible que se registren algunos repuntes en el corto plazo, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, en el entendido de que no será viable controlar la inflación con los mecanismos monetarios de siempre.

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Para el caso de México, existe la certeza de que el Banco de México seguirá haciendo su trabajo merced a su independencia y autonomía con la implementación de una política monetaria cada vez más restrictiva, para inhibir distorsiones en los mercados de bienes y servicios, con el objetivo último de frenar el deterioro de las expectativas inflacionarias. 

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La gran incógnita sobre lo anterior es si las alzas en la tasa de referencia que realizará la Junta de Gobierno del Banco de México coadyuvarán a disminuir, este año y el siguiente, la tasa inflacionaria y si será lo suficientemente relevante como para justificar el impacto que tendrá en la dinámica económica interna, sobre todo, por el costo de esta medida en cuanto a menor producción y empleo.

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Además, en un escenario complejo en el que es posible otear signos de recesión global, del cual México no está exento, el reto para el gobierno federal será el de impulsar políticas públicas que empujen el crecimiento económico y que hagan que mejore la expectativa de incremento del PIB en el corto plazo. 

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Para ello se requerirán acciones desde el gobierno federal para impulsar la inversión productiva con mayor gasto en obras públicas, generar incentivos fiscales a la inversión y un ambiente propicio para los negocios, así como de una banca de desarrollo volcada a dar las garantías de crédito barato, entre otros elementos que hoy están ausentes y que nos sentencian a que sea hasta el 2024 cuando en el país se recuperen los niveles de actividad y estabilidad de precios previos la pandemia del COVID-19.

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De no actuar en esa vía, preparémonos para al menos dos años de elevada inflación y carestía, bajo crecimiento económico y una continuada incertidumbre interna y mundial.