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Foto de EFE
Desapariciones en Nuevo León: una tragedia que se repite
Karina Ansolabehere
investigadora principal del ODIM e investigadora del IIJ UNAM
Consuelo Morales
presidenta de CADHAC
Con esta colaboración queremos reflexionar acerca de las dinámicas de las desapariciones en Nuevo León desde 2006 y queremos puntualizar que el estado está viviendo un segundo pico después de 2011-2012. Los casos de María Fernanda, Debhani y Yolanda -de los que hemos estado expectantes- expresan las dimensiones personales y colectivas de esta tragedia.
Nuevo León está entre las cinco entidades federativas con más cantidad de personas desaparecidas y no localizadas del país, con más de 6200 registros según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. No obstante, como es evidente en la gráfica hay momentos en que se intensifican.
Con posterioridad al inicio de la denominada guerra contra el narcotráfico en el país en 2006, observamos un momento de incremento de desapariciones en la entidad federativa entre 2010 y 2011. Después de 2018 se observa un aumento cuyo punto más alto estuvo en 2021.
En pocas palabras, aunque nunca dejaron de estar presentes, Nuevo León está viviendo una nueva crisis de desapariciones incluso más intensa que la primera. Esto coincide con las experiencias de organizaciones de derechos humanos locales como CADHAC, que en los últimos tiempos han vuelto a recibir a decenas de familias que buscan a sus seres queridos.
La sensación es que la historia se repite. Y en un punto esto es innegable. Sin embargo, una pregunta que cabe hacerse, para contextualizar y poder articular soluciones precisas y que contemplen la centralidad de las víctimas, es qué tan similares son estas desapariciones de las que las antecedieron en los momentos más álgidos de la guerra contra el narcotráfico.
Desapariciones en 2010 y desapariciones en 2020.
Entre el 01 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012, se registraron 1840 personas desaparecidas y no localizadas[1] en Nuevo León. Es decir, personas que desaparecieron en estos años y cuyo paradero todavía desconocemos.
Los municipios en que se concentraron fueron por orden de intensidad de las desapariciones: Monterrey, Guadalupe, Apodaca, San Nicolás de los Garza, Cadereyta, General Escobedo, Juárez, Santa Catarina, Montemorelos y China. Los municipios en que la práctica de la desaparición fue más intensa fueron los de la zona conurbada de Monterrey.
Quienes desaparecieron fueron en su mayoría personas jóvenes. El promedio de edad de las mujeres es de 24 años en tanto el de los hombres es de 33.
Además, a través del trabajo del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México (ODIM), realizado en colaboración con CADHAC[2], sabemos que las personas desaparecidas eran de sectores socioeconómicos desventajados. Estudiantes, pequeños comerciantes, choferes, policías, y trabajadoras domésticas, en su mayoría con educación secundaria. Como ya hemos señalado en reiteradas ocasiones quienes desaparecieron no eran miembros de las elites políticas, económicas o sociales de las entidades federativas.[3]
Si bien el RNPDNO no brinda información acerca de los perpetradores, a través del trabajo ya mencionado del ODIM se identificó que aproximadamente el 50% de los supuestos perpetradores eran agentes estatales de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.
Esta evidencia echaba por tierra el mito de que las desapariciones eran el producto de los ajustes de cuentas entre grupos criminales y, permitía captar la intersección de violencias en que estas se insertan.
Ahora bien, qué tan parecidas son las desapariciones actuales a estas que acabamos de describir ¿Qué tanto las características de la historia se repiten?
Entre el 01 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021 (cuando se visibiliza la nueva tendencia ascendente) desaparecieron 2684 personas de las cuales el 32.71% son mujeres. El nivel de desapariciones fue más intenso que en el primer período.
Los municipios en que se concentraron las desapariciones fueron: Monterrey, General Escobedo, Guadalupe, Apodaca, Juárez, García, San Nicolás de los Garza, Santa Catarina, Cadereyta, Pesquería, Sabinas Hidalgo y Ciénaga de Flores, con 40 y más personas en esta condición.
Las personas que desaparecen son mayormente jóvenes, pero a diferencia de las desapariciones anteriores entre las personas de 10 a 19 años predominan las mujeres. Las niñas y adolescentes están desapareciendo más ahora que antes.
Si bien no contamos con un reporte equivalente al realizado por el ODIM con CADHAC para este período, a partir del análisis cualitativo de los casos que se han hecho públicos podemos observar que las jóvenes desaparecidas son estudiantes, y no son de sectores económicos privilegiados.
Ahora bien, qué tan parecidas son las desapariciones actuales a estas que acabamos de describir ¿Qué tanto las características de la historia se repiten? El cuadro siguiente se realiza un balance sobre esto.
Es indudable que la historia se repite, pero con matices que no pueden pasarse por alto. El más importante es la femeneización de las desapariciones: aumentó la proporción de mujeres desaparecidas, y desaparecen más niñas y adolescentes que niños y adolescentes. Es decir, las niñas y adolescentes son más vulnerables frente a la desaparición en este segundo momento. La segunda es la intensidad, desaparecieron más personas en los últimos cuatro años de desaparición que en la primera crisis de desapariciones. La tercera son los municipios, si bien predominan los de la zona conurbada de Monterrey, en 2018-2021 adquiere importancia Ciénaga de Flores en la frontera con Tamaulipas.
En vista de estos cambios, una pregunta que surge acerca de los cambios en el contexto de violencia que han ocurrido en la entidad. Cambios que, por una parte, han traído como consecuencia una nueva crisis de desapariciones y, por otra parte, parecen sugerir que en esta configuración de violencias es probable que el tipo de perpetradores se haya diversificado.
De acuerdo con el estudio Nombrarlas para Encontrarlas[4] realizado por el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México y enfocado en la desaparición de mujeres en el centro de la República, estas se insertan en contextos de violencia privada, comunitaria, de violencia estatal, y de violencia criminal. Es decir, la práctica de la desaparición se extiende a múltiples formas de violencia así como es practicada por diferentes tipos de perpetradores.
En síntesis, lo que observamos es una nueva crisis de desaparición más intensa que la primera y en donde las niñas y adolescentes son especialmente vulnerables. Ahora bien, luego de más de una década de articulación de demandas, incidencia política y jurídica y presencia pública por parte de los grupos de familiares y de organizaciones de la sociedad civil, la pregunta que no puede dejar de hacerse es por qué otra vez.
¿Por qué otra vez?
La respuesta a esta pregunta tiene varias aristas.
La primera arista es la dimensión social. Lo que hemos llamado con Leigh Payne la lógica de la población desechable.[5] A pesar del trabajo realizado por la sociedad civil durante más de una década, la primera respuesta a las desapariciones es la de la descalificación de las víctimas. La culpabilización a ellas y a sus familias de su situación. Existe una política de información pública orientada a desacreditar el modo de vida y la conducta de las víctimas alienando la responsabilidad del estado y sus autoridades para velar por la integridad física, la libertad personal, la seguridad y el acceso a la justicia de las personas. Eso pasó antes y sigue pasando. Basta ver las campañas de información alrededor de los casos de desaparición recientes para confirmar este patrón.
La segunda arista es la de la impunidad. A pesar del esfuerzo de las familias y sus organizaciones acompañantes para la investigación y la búsqueda de las personas desaparecidas durante la primera crisis la impunidad es prácticamente absoluta. De acuerdo con las solicitudes de acceso a la información realizadas por el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad, y luego de más de una década de mesas de trabajo con la fiscalía solo hay una sentencia por desaparición en el fuero común.
La actuación de la fiscalía en los casos recientes de jóvenes desaparecidas evidencian, que a pesar del toda el agua que ha corrido bajo el puente las prácticas son las mismas: falta de debida diligencia, dilaciones, omisiones, estrategias de investigación inadecuadas, entre otras.
La tercera arista es la política. Sabemos por la investigación realizada sobre procesos de superación de la impunidad en casos de violaciones masivas de derechos humanos[6] que la movilización de la sociedad civil y las familias de las víctimas, así como de la comunidad internacional son condiciones necesarias, pero no suficientes para lograr la rendición de cuentas. La voluntad política y el liderazgo judicial también son necesarios.
Si bien el entramado institucional en Nuevo León hoy no es mismo de hace 10 años las deficiencias de estas estrategias están a la vista. Existe un mecanismo de búsqueda inmediata, un plan estratégico sobre desapariciones para el estado, una Comisión Local de Búsqueda, una Fiscalía Especializada, y sobre todo familias empoderadas que se han convertido en legisladoras, abogadas, y forenses. Pero esto evidentemente no es suficiente para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de antes y de ahora.
Para los gobiernos en el estado el problema de las desapariciones no ocupa un lugar prioritario en su política, excepto cuando la visibilidad pública de un caso no deja opción para la negación. La pelea pública entre el gobierno del estado y la fiscalía general ilustra el lugar de esta tragedia en la agenda política y en la agenda del ministerio público.
En esta línea cabe incluir la ausencia de una política de prevención frente a las desapariciones. Existe una segunda crisis porque no se garantizó acceso a la justicia a las víctimas de la primera, pero también porque no se desarrolló una política de prevención. Una política pública orientada a que esto deje de pasar.
Hoy estamos en el peor de los mundos. En el medio de una segunda crisis de desapariciones, con una deuda absoluta con los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, y con una incapacidad evidente para prevenir las desapariciones cuando lamentablemente ya había una historia previa en el estado. En síntesis, la deuda política no solo es con las víctimas del pasado y del presente sino también con las de porvenir.
Bibliografía:
Ansolabehere, K; Martos, A. «Violence regimes and disappearances». En Disappearances in Mexico. From the «Dirty War to the» War on Drugs"., 97:124. Londres: Routledge, 2022.
Karina Ansolabehere;, Jeraldine del Cid;, Volga de Pina Ravest;, y Alvaro Martos; Sandra Serrano.
«Nombrarlas para encontrarlas Contexto, dinámicas y respuestas en torno a la desaparición de mujeres en el centro de México». FLACSO Mexico/ODIM, 2021.
Observatorio sobre desapariciones e impunidad en México. «Informe sobre Desapariciones en el Estado de Nuevo León con datos de CADHAC». FLACSO Mexico/Universidad de Minnesota/Universidad de Oxford, 2017.
Payne, Leigh A., Francesca Lessa, y Gabriel Pereira. «Overcoming Barriers to Justice in the Age of Human Rights Accountability». Human Rights Quarterly 37, n.o 3 (2015): 728-54. https://doi.org/10.1353/hrq.2015.0040.
Payne, Leigh; Ansolabehere, Karina. «Chap 1: Conceptualising Post-Transition Disappearances». En Disappearances in the Post-transition era. Oxford: Oxford University Press, 2021.
Notas:
[1] RNPDNO, https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Sociodemografico
[2] Observatorio sobre desapariciones e impunidad en México, «Informe sobre Desapariciones en el Estado de Nuevo León con datos de CADHAC» (FLACSO Mexico/Universidad de Minnesota/Universidad de Oxford, 2017).
[3] Ansolabehere, K; Martos, A, «Violence regimes and disappearances», en Disappearances in Mexico. From the «Dirty War to the» War on Drugs". (Londres: Routledge, 2022), 97:124.
[4] Karina Ansolabehere; et al., «Nombrarlas para encontrarlas Contexto, dinámicas y respuestas en torno a la desaparición de mujeres en el centro de México» (FLACSO Mexico/ODIM, 2021).
[5] Payne, Leigh; Ansolabehere, Karina, «Chap 1: Conceptualising Post-Transition Disappearances», en Disappearances in the Post-transition era (Oxford: Oxford University Press, 2021).
[6] Leigh A. Payne, Francesca Lessa, y Gabriel Pereira, «Overcoming Barriers to Justice in the Age of Human Rights Accountability», Human Rights Quarterly 37, n.o 3 (2015): 728-54, https://doi.org/10.1353/hrq.2015.0040.
