3.    Justicia, elecciones y democracia
Orozco fMeghanDaliwal nyt.jpg

Foto de Meghan Dhaliwal/The New York Times

Política de seguridad pública en Baja California 

 
Zulia Orozco

Investigadora Titular de Tiempo Completo, Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Autónoma de Baja California*

 

Desde hace algunas décadas, Baja California ha sido escenario de una desalmada lucha territorial entre diversas organizaciones delictivas con alcance transnacional. El reto que enfrenta la nueva administración no es menor, sino por el contrario, es crucial para que las familias bajacalifornianas vivan sin miedo y contribuyan a la economía local, y con ello, al desarrollo humano. En el caso particular de Tijuana, la ciudad fronteriza está experimentando su tercera crisis de violencia homicida que se ha mantenido inquebrantable desde 2016 a la fecha; mientras que Rosarito, Ensenada y la ciudad capital de Mexicali registran, por primera vez en su historia política, un incremento significativo en diversos indicadores de incidencia delictiva, principalmente homicidio doloso y extorsión.

En los últimos años los homicidios asociados a la delincuencia organizada se propagaron en las principales ciudades del estado. A ello se suman asesinatos emblemáticos en la región, como los ocurridos en enero al fotoperiodista Margarito Martínez y a la periodista Lourdes Maldonado, quien recientemente había ganado un importante litigio contra el exgobernador, Jaime Bonilla (Editorial, 2022).

Políticas de seguridad sin aciertos desde finales de los ochenta

En ese sentido, todo indica que las políticas de seguridad pública no han sido acertadas desde finales de la década de 1980 cuando ultimaron a Héctor Félix Miranda y, posteriormente en 1997, cuando intentaron asesinar a Jesús Blancornelas, fundador del semanario Zeta. Pareciera ser que, si bien la política calderonista fundada en la célebre “kingpin strategy” (Lindo y Padilla, 2015) no rindió el fruto esperado, lo mismo ocurre con la política “abrazos, no balazos” lopezobradorista (Puga, 2019).

Paradójicamente, salvo Tijuana que es la única ciudad que registra una ligera disminución de homicidios dolosos, el resto de los municipios de la entidad registran un ascenso importante de los mismos.

Figura 1. Homicidios dolosos en Baja California con tendencia lineal para el caso de Tijuana
(2016 - 2021)

homicidios dolosos.jpg

Fuente: Elaboración propia con información de la Fiscalía General del Estado de Baja California.

 

 

Figura 2. Robos con violencia en Baja California con tendencia lineal para Tijuana y Mexicali
(2016-2021)

Robos con violencia.jpg

Fuente: Elaboración propia con información de la Fiscalía General del Estado de Baja California.

Como se muestra en las figuras 1 y 2, la política de seguridad pública ejercida en el estado no ha sido suficiente ni efectiva para contener las múltiples dimensiones de la violencia en el territorio estatal. No obstante, lo anterior, cuando inició la pandemia por Covid-19 a principios del año 2020, los robos con violencia incrementaron un 163% con respecto al año anterior, los cuales ya se había incrementado 141% con referencia al año 2016, fecha que registra el inicio de la tercera crisis de inseguridad en Tijuana. En efecto, en menos de un quinquenio los robos en Tijuana se dispararon 231%, una cifra récord aún para la ciudad históricamente posicionada entre las ciudades más violentas del mundo.

En el caso de la ciudad capital, pareciera ser que el 2020 anuncia el estreno de su primera crisis de inestabilidad derivada por homicidios asociados a la delincuencia organizada, y también, a partir del 2021 se registra un incremento de robos con violencia. Lo anterior pudiese además estar relacionado a procesos socioeconómicos relacionados al deterioro social en la localidad, en parte derivados en parte por la crisis económica producto de Covid-19, pero también por la propia inercia de la delincuencia organizada que implica una diversificación y especialización delictiva.

Figura 3. Violaciones en Baja California (2016- 2021)

Violacione BC.jpg

Fuente: Elaboración propia con información de la Fiscalía General del Estado de Baja California.

Como se aprecia en la figura 3, los casos de violaciones no solamente se mantuvieron estables en la región, sino que se incrementaron, especialmente en Tijuana y Mexicali. Lo anterior es una muestra de la correlación entre el factor “oportunidad” y “ausencia de autoridad” por la que se comete con regularidad el delito. Así, en este contexto, mientras que Tecate es el municipio con menor incidencia en violaciones, en Tijuana la tasa de violación para el 2017 (el año con mayor incidencia) fue de 34 víctimas por cada 100 mil mujeres[1]. Es una tasa particularmente elevada, teniendo en consideración que superó la tasa de victimas de delito en el estado (30 víctimas del delito por cada 100 mil habitantes), lo cual refleja el vacío de autoridad y de la propia comunidad para denunciar un hecho delictivo. 

Al respecto, INEGI refiere que la cifra negra o la ausencia de denuncia ciudadana por los delitos cometidos asciende hasta un 91% para el año 2020 (INEGI, 2020). Por tal motivo, los datos considerados en esta reflexión sólo reflejan un acercamiento a la totalidad de la realidad que se experimenta cotidianamente en el estado.

Cabe mencionar que, en 2019, el gobernador Jaime Bonilla (2019-2021) solicitó el apoyo de la Guardia Nacional para las tareas de seguridad en el marco del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018 – 2024. Sin lugar a duda fue una acción prematura y no planeada, puesto que la Guardia Nacional como tal se formalizó constitucionalmente por decreto en marzo del 2019, aunque la Ley de la Guardia Nacional surgió hasta mayo del mismo año, mientras la conformación de la misma con 90 mil elementos castrenses ocurrió hasta julio del 2020.

En efecto, llegó a Tijuana en enero de 2019, meses antes de tener medianamente una coherencia legal, operativa, y política; es decir, no era la Guardia Nacional per se, pero en su momento las autoridades le denominaron de esa forma sin tener programadas acciones y estrategias correspondientes para disminuir la violencia en sus diversas expresiones.

Con el antecedente señalado, aunado a la pandemia por Covid-19 que generó un caos económico en todo el país, y la expansión de la delincuencia organizada transnacional - que también sufrió mutaciones serias por el cierre de la frontera terrestre entre México y Estados Unidos durante más de un año- se produjeron desconciertos en todos los municipios del estado.

Las responsabilidades de los tres órdenes de gobierno en Baja California

Lo interesante aquí es que ninguno de los tres órdenes de gobierno tuvo la capacidad de implementar una política en materia de seguridad que contuviera la explosión de redes delictivas en el territorio bajacaliforniano. Es decir, ya estaba la Guardia Nacional operando e incluso se habían establecido seis cuarteles para más de dos mil elementos castrenses con sus respectivas coordinaciones estatales, y cinco coordinaciones regionales, que, en términos estadísticos, no reflejaron avances en la contención de la expansión de la criminalidad, por un lado, y, por el otro, en la disminución de la violencia, así como el incremento de la denuncia anónima de los delitos.

Actualmente, el reto que tienen la nueva administración estatal es masivo. De hecho, pareciera una herencia maldita, porque aun tomando como referencia la buena voluntad de las partes y la preparación profesional, se requiere de un presupuesto consistente, así como de un seguimiento sofisticado y técnico por parte de los operadores dedicados en acciones integrales (sociales, económicas, culturales, educativas, salud) que conllevan a la disminución de la incidencia delictiva. En efecto, para desarrollar estrategias focalizadas a la disminución de la violencia, el piso mínimo compartido se construye sobre el bienestar social para descartar factores que obliguen a delinquir, y también, que fomenten el odio y la violencia generacionalmente entre la juventud y la niñez bajacaliforniana.

A manera de cierre, el escenario se vislumbra particularmente complicado por varios factores. Uno de ellos es la crisis socioeconómica y cultural que trajo el Covid-19 a la región. Desempleo, precariedad social, la ausencia de distracciones deportivos y culturales, aunado a el cierre parcial de los comercios, son factores que acercan al delito por necesidad e ignorancia. Por otro lado, la delincuencia organizada que lastimosamente se acerca a la juventud y niñez, algunos con precariedades y otros con oportunidades, pero finalmente se acerca porque no existe una narrativa clara – desde el Estado – que indique que las drogas, las pandillas, y la delincuencia lastiman de mil y un formas a las familias mexicanas, y, que incluso dicho daño, se convierte en uno generacional.

En cuanto a las políticas públicas en materia de seguridad, la Federación tiene una clara apuesta por la militarización de la misma, que no necesariamente conlleva a resultados positivos como ya lo vimos; y ante esto, el Gobierno del Estado requiere ser asertivo e inteligente en su toma de decisiones, porque de no serlo, el contexto seguramente podrá ser mucho peor de lo que ya está para todos los bajacalifornianos.

Notas

* Se especializa en Seguridad y Crimen Organizado en Baja California. Mail: zulia.orozco@uabc.edu.mx

[1] Es importante mencionar que, dado que no se especifica el género de las víctimas en las bases

de datos oficiales, para esta lectura se hace referencia a mujeres, aunque, en caso de ampliarse el

espectro a género binario, como sistematiza la información el INEGI, entonces la tasa de

violaciones sería de 17 víctimas por cada 100 mil habitantes

 

Referencias

Editorial (2022) Asesinaron a la periodista Lourdes Maldonado; mantenía pleito legal con Jaime Bonilla en Infobae en https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/24/asesinaron-a-la-periodista-lourdes-maldonado-mantenia-pleito-legal-con-jaime-bonilla/

 

INEGI (2020) Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública en https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2020/doc/envipe2020_presentacion_nacional.pdf

 

Lindo, Jason M.; Padilla-Romo, Maria (2015): Kingpin Approaches to Fighting Crime and Community Violence: Evidence from Mexico's Drug War, IZA Discussion Papers, No. 9067, Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn

 

Puga, Tláloc (2019) Estrategia de “abrazos, no balazos” sí ha funcionado: Segob, El Universal, en https://www.eluniversal.com.mx/nacion/estrategia-de-abrazos-no-balazos-si-ha-funcionado-segob