Siendo un fenómeno que ocurre a nivel mundial, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) estableció que este año hay 100 millones de personas en condición de desplazamiento forzado (53.2 millones de desplazados internos), reconociendo que las principales causas son conflictos, la violencia y el cambio climático. En América Latina, el país que más ha sufrido, analizado y contabilizado esta problemática es Colombia, donde se calcula que debido al conflicto armado interno hay más de 8 millones de desplazados; pero también Honduras o El Salvador poseen altos números de desplazados, sobre todo a consecuencia de las actividades persecutorias de las maras (o pandillas).

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De ahí se deriva la importancia de comprender un fenómeno que, a pesar de estar presente en vastas regiones de México a raíz de la ‘Guerra contra el narcotráfico’ (Salazar y Álvarez, 2017), ha sido poco atendido por el Estado. Esto se debe a que, en su mayoría, los desplazamientos internos forzados suelen ser ‘por goteo’, una categoría que define acciones individuales o de pequeños grupos, que no son visibles para los medios de comunicación y las instituciones públicas (Macleod, 2021), y por lo tanto, son difíciles de registrar. Por su parte, aunque la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) ha establecido que, entre 2016 y 2020, hubo múltiples episodios de desplazamiento masivo que afectaron a 356,792 personas, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) arrojó que, entre 2011 y 2019, casi nueve millones de mexicanos habrían cambiado su residencia por esta razón, es decir, casi el 7% de la población total (Pérez, Aguino et al., 2020).

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En México los estados que más concentran desplazamientos forzados de carácter masivo son Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Morelos, y Estado de México (Pérez, Barbosa et al., 2019; Pérez, Aquino et al., 2020; Pérez, Aquino et al., 2021), donde los niveles de violencia asociados a una combinación de acciones de grupos criminales, insuficiente provisión de seguridad ciudadana y diversos intereses extractivos trasnacionales han configurado condiciones de seguridad precarias. Esto es concordante con las dinámicas que han sido documentadas en otras latitudes de América Latina (Paley, 2018; Celis y Ayerdi, 2015), y es parte de una oleada de neoextractivismo que se cierne sobre los mal llamados países periféricos, en una lógica transnacional de acumulación por desposesión (Harvey, 2005).

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Desplazamiento forzado: articulación de múltiples problemáticas

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Afirmar que el DIF es un fenómeno que articula múltiples problemáticas sociales y violaciones de derechos humanos conlleva mencionar que quienes se ven obligados a dejar sus lugares de origen no sólo enfrentan la desposesión de bienes materiales -y la correlativa precarización de sus condiciones de vida-, sino que hay toda una dimensión psicosocial que es afectada por el desarraigo y la consecuente ruptura de los vínculos familiares y comunitarios que sostienen a los individuos o núcleos familiares (De Marinis, 2019). Esto implica también enormes dificultades para insertarse en sus contextos de recepción (Assad, 2015), principalmente por la inexistencia de políticas públicas en materia de atención integral. Por otra parte, en los lugares de destino, los desplazados forzados a menudo sufren de estigmatización y xenofobia (Argüello, 2022). Muchos desplazados también viven con miedo; esto se ve particularmente en grupos indígenas, como los carpinteros purépechas que se han asentado en la Ciudad de México, o pequeños grupos familiares de Guerrero en Morelos.

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La inexistencia de políticas públicas es producto de (y simultáneamente contribuye a) la invisibilidad del fenómeno, no sólo porque la mayoría de los desplazamientos en México son gota a gota, sino porque incluso cuando se trata de episodios masivos -registrados por la prensa y, por ende, incorporados en la esfera pública-, las respuestas institucionales han sido tardías e insuficientes. Ello está vinculado con la inexistencia de registros oficiales confiables, lo cual es, a su vez, una expresión de las disputas por la representación de las múltiples violencias que configuran los desplazamientos (Oslender, 2010), oscureciendo múltiples omisiones del Estado en materia de prevención.

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Las omisiones de los gobiernos en la prevención del desplazamiento forzado

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Por ejemplo, aunque este fenómeno ha venido ocurriendo en entidades como Chiapas desde la década de 1990, debido a la contrainsurgencia y paramilitarismo desplegados para combatir al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y sus bases de apoyo (Salazar y Álvarez, inédito), fue hasta 2012 cuando se promulgó la “Ley para la prevención y atención del desplazamiento interno en el estado de Chiapas” (Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 2012). Sin embargo, a pesar de su existencia, todavía en julio de 2021 se registró otro desplazamiento forzado masivo en Pantelhó. Algo similar ocurre en Guerrero, donde uno de los primeros episodios masivos sucedió en 2011 y en 2014 fue promulgada la “Ley número 487 para prevenir y atender el desplazamiento interno en el estado de Guerrero” (H. Congreso Local, 2014), sin lograr evitar los sucesivos episodios que se han desatado hasta 2021 (Hernández-Soc, 2019). En julio de 2020, se aprobó una ley sobre el desplazamiento interno forzado en Sinaloa. No obstante, todas estas leyes carecen de reglamentación, por lo cual son prácticamente inoperantes. A nivel nacional, la minuta del decreto de la Ley General sobre Desplazamiento Forzado Interno se encuentra en revisión por parte de Comisiones del Senado de la República desde septiembre de 2020.

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Por otro lado, a la ausencia de una Ley General se debe sumar la inexistencia de una presupuestación de recursos públicos destinados a la atención específica de desplazados internos forzados, pues en 2020 los ramos etiquetados eran “Atención a refugiados” o “migrantes” (Silva, 2020). Todo ello evidencia que la producción de verdaderas políticas públicas para prevenir y atender el DIF está muy rezagada en relación con las necesidades y urgencias que plantea la desesperante situación en la que se encuentran cientos de miles de mexicanos. Ciertamente las condiciones socioeconómicas de origen tienen también un impacto en las posibilidades de rehacer la vida que tienen las personas desplazadas: quienes proceden de sectores de clase media alta o alta están en mejores posibilidades (Durin, 2012) que aquellos campesinos despojados de sus tierras, mismos que deben atenerse a los inestables apoyos otorgados por diversas instancias de gobierno (Hernández-Soc, 2019; Villarreal, inédito).

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Pero dichos apoyos y la discusión misma de la Ley General no han sido una concesión graciosa del Estado mexicano, sino el producto de la articulación de diversos factores: 1) la atención mediática; 2) el trabajo que diversos actores de la sociedad civil hacen para acompañar a personas desplazadas, tales como el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón lo hace con desplazados del municipio de Leonardo Bravo (Guerrero), o como la Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo (AMAP A.C.) lo hace con desplazados del municipio de Coyuca de Catalán (Guerrero); 3) el impulso que organizaciones como la CMDPDH han hecho para la promulgación de la Ley General que aún está en análisis legislativo, 4) cierta preocupación y visibilidad del problema de desplazamiento forzado por parte de organismos internacionales, como son la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH ), el ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y 5) los diversos esfuerzos que desde la academia se hacen por documentar y analizar las características y especificidades de los procesos de desplazamiento interno forzado que tienen lugar en México.

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En este sentido, el Seminario Interinstitucional sobre Desplazamiento Interno Forzado, surgido a inicios 2018 en el seno de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y posteriormente ampliado hacia El Colegio Mexiquense y el Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales, Universidad Rafael Landívar (IDGT-URL) de Guatemala, representa uno de esos pasos para ampliar el conocimiento sobre este fenómeno, pero también para ampliar las redes de colaboración entre diversos actores, y contribuir a mejorar procesos de acompañamiento, así como proveer de elementos que permitan diseñar políticas públicas que atiendan a las necesidades y especificidades de quienes se encuentran en esta condición.

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Se trata de un espacio multidisciplinario que reúne regularmente a investigadores de México (El Colegio Mexiquense, ENAH, UAEM, UAGRO, UAQ, UACM), Colombia, Guatemala, El Salvador y Honduras, así como también a defensores de derechos humanos y otros activistas que de hecho han sido partícipes de la configuración de la Ley General o acompañantes de desplazado; muchos autores aquí citados son miembros regulares del Seminario o han presentado sus trabajos ahí. Con ello se busca crear sinergias que partan del compromiso con la construcción de un conocimiento que ayude a visibilizar cómo se producen los desplazamientos, qué ocurre con las vidas de quienes se desplazan, qué dinámicas de violencia son concomitantes a los desplazamientos, qué necesidades y demandas tienen las personas en esta situación, todas ellas son preguntas que buscamos responder colectivamente.   

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Referencias: 

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Argüello, L. (2022). Sierra de Guerrero, México: desplazamiento interno forzado, despojo y estigmatización. Estudios Sociológicos De El Colegio De México, 40(118), 47–84. https://doi.org/10.24201/es.2022v40n118.2113

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Asad L. (2015), “Contexts of reception, post-disaster migration and socioeconomic mobility”, Popul environ, 36: 279-310.

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Celis R. y X. Aierdí (2015), ¿Migración o desplazamiento forzado? Las causas de los movimientos de población a debate, Bilbao: Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe-Universidad de Deusto (Cuadernos Deustos de Derechos Humanos, núm. 81).

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De Marinis, N. (2019). Desplazadas por la Guerra. Estado, género y violencia en la región triqui, CIESAS, Ciudad de México.

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Durin, S. (2012). Los que la guerra desplazó. Familias del noreste de México en el exilio. Desacatos, (38), 29-42. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-050X2012000100003&lng=es&tlng=es

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Harvey, D. (2005), “El ‘nuevo imperialismo’: acumulación por desposesión”. Socialist Register. Buenos Aires: CLACSO (99-129).

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Hernández-Soc, A.P. (2019), “De Tierra Caliente a la Sierra y Costa Chica de Guerrero: desplazamiento interno forzado”. Cultura y representaciones sociales. Un espacio para el diálogo transdisciplinario. Revista electrónica de Ciencias Sociales, 14(27), doi: https://doi.org/10.28965/2019-27-05

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Macleod, M. (2021). Fleeing from Violence: Accounts of Forced Displacement in Central Mexico, Bulletin of Latin American Research, 2021 DOI:10.1111/blar.13264, pp.1-15.

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Oslender, U. (2010), La banalidad del desplazamiento: de peleas estadísticas y vacíos en la representación étnica del desplazamiento forzado en Colombia, Universitas Humanística, núm. 69, enero-junio, p. 139-161.

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Paley, D.-M. (2018). Capitalismo antidrogas. Una guerra contra el pueblo. México: Sociedad Comunitaria de Estudios Estratégicos y Libertad bajo palabra.

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Pérez, B., De Aquino, L., Cabada, F. y De Marinis, N. (2021). Episodios de desplazamiento interno forzado en México. Informe 2020. México: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, recuperado de:  https://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-episodios-de-desplazamiento-interno-forzado-en-mexico-informe-2020.pdf

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Pérez, B., Barbosa, L. y Cabada, F. (2020), Episodios de desplazamiento forzado interno en México. Informe 2019. México: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, texto completo: http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-episodios-desplazamiento-interno-forzado-masivo-en-mexico-informe-2019.pdf

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Pérez, B., L. de Aquino y M. Castillo (2019), Episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México. México: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos.

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Salazar C., L. M.; Álvarez, J. A. (2017). Desplazamiento interno forzado. Regiones y violencia en México, 2006-2013., México, Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 978-607-8509-26-3.

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Salazar C., L. M.; Álvarez, J. A. (inédito). Desplazamiento forzado en Pantelhó, Chiapas, a causa de enfrentamientos entre el cártel Jalisco Nueva Generación y las autodefensas “El machete”, 2021, capítulo de libro colectivo del Seminario sobre Desplazamiento Interno Forzado en México (a editarse por El Colegio Mexiquense A.C.).

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Silva H., F. (2020). Desplazamiento forzado interno en México. Aspectos legales y ausencia presupuesto. Telos, vol. 22, núm. 3, 2020. Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, Venezuela Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99364425013 DOI: https://doi.org/10.36390/telos223.11

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Villarreal, O. (inédito). “El despojo y el dolor: desplazados de La Laguna y Hacienda de Dolores”, capítulo de libro colectivo del Seminario sobre Desplazamiento Interno Forzado en México (a editarse por El Colegio Mexiquense A.C.).