Dichas dictaduras oligárquicas han sido responsables no solamente de condiciones paupérrimas de pobreza, sino también de masacres en contra de población civil, desaparición de miles de supuestos opositores, asesinatos de sacerdotes y monjas, fraudes electorales y golpes de estado. Además, las políticas económicas de ajuste estructural que los EUA promovió de manera absolutista por más de treinta años a partir de la década de los 80’s, son también responsables de las raquíticas condiciones económicas y sociales comunes a lo largo de la región denominada Mesoamérica. La única excepción a esta regla ha sido el caso de Costa Rica, donde gracias a procesos internos originados en la década de los 40 del siglo pasado, se ha logrado alcanzar un nivel de desarrollo social y económico, como también un grado de consolidación democrática y estabilidad política, notablemente diferente a la de sus vecinos en el noroccidente de la región centroamericana, como también en México.

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Una vez instalada, la administración Biden-Harris comenzó a enfrentar duros cuestionamientos generados por una situación que era totalmente predecible: El incremento en número de personas intentando ingresar sin autorización migratoria, a través de la frontera sur del país. Lo medios de prensa en los EUA, en un despliegue de sensacionalismo generalizado empezaron a hablar de una nueva crisis migratoria fronteriza. Muchos de los artículos que aparecieron en múltiples medios de prensa desde principios de año, hablaban del “incremento” o llanamente de la nueva “crisis” fronteriza. La narrativa dominante asociaba el discurso sensato sobre inmigrantes de la administración Biden-Harris, a diferencia del discurso hostil y extremista de Donald Trump, como un factor clave detrás del incremento en las aprehensiones realizadas por la Patrulla Fronteriza y de Aduanas (CBP, por sus siglas en inglés).

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El número de aprehensiones por parte de la CBP en la frontera sur de los EUA, que efectivamente comenzó a mostrar un alza desde finales del año pasado, era algo predecible a razón de varios factores. El primero es que el cierre de fronteras a consecuencia de la pandemia en torno a Covid-19 creó una contención extraordinaria de los flujos migratorios que ordinariamente hubieran sucedido entre marzo y septiembre del año pasado. Ninguna de las medidas adoptadas por la administración Trump tuvo un efecto tan fulminante en detener los flujos migratorios, como los causados por el Covid-19. Consecuentemente, al comenzar a relajarse las medidas de aislamiento social, no como resultado del éxito en la contención de los patrones de contagio de Covid-19 en la región centroamericana y en México, sino las que han sucedido a consecuencia de una reapertura económica que no podía esperar más, los flujos migratorios estaban destinados a incrementarse.

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El segundo factor de predicción lo constituye precisamente el plano económico. La pandemia devino en la pérdida de un número todavía no precisado de empleos formales, tanto en países centroamericanos, como también en México. Adicionalmente, el aislamiento social significó también la reducción drástica de los ingresos de millones de personas que se ganan la vida en el sector informal de empleo. Los modestos programas de ayuda creados por los gobiernos han sido insuficientes. Esto conlleva a que el número de personas que han venido cayendo en condiciones de desesperación en cuanto a supervivencia económica ha aumentado desde cuando menos marzo del 2020.

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Un tercer factor lo constituye la continuación de condiciones de inseguridad ciudadana, lo que implica que millones de personas siguen siendo victimizadas por redes de crimen organizado, pandillas, y por elementos de las fuerzas oficiales (policías y militares) que abusan de su poder. La extorsión y la amenaza de repercusiones violentas de no cumplirse con la extorsión siguen empujando a muchas personas a la búsqueda de seguridad personal y la de sus familias en el extranjero.

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Un cuarto factor ha sido la detención de decenas de miles de personas, principalmente de países centroamericanos, a lo largo del territorio mexicano, especialmente en zonas fronterizas con los EUA. Estas personas, que no han desistido de su intención de ingresar a territorio estadounidense, han visto con renovadas esperanzas la llegada de un nuevo gobierno en los EUA, que hizo campaña criticando las medidas draconianas implementadas por la administración Trump.

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Finalmente, y como si todo lo anterior fuese insuficiente, la región centroamericana fue gravemente golpeada por desastres naturales a lo largo del año pasado, culminando con las devastadoras tormentas tropicales Eta e Iota, ocurridas en la primera quincena de noviembre. La historia ha sido muy consistente en demostrar que seguido de eventos climatológicos devastadores, los movimientos poblacionales en lo interno de los países, como también en el ámbito transfronterizo, se agudizan. Esto es especialmente cierto en un circuito migratorio con más de cuatro décadas de vigencia, como lo es el corredor que vincula a los países centroamericanos (especialmente Honduras, Guatemala y El Salvador), México y los EUA.

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Todo lo anterior, que se suma al agravamiento en la situación política interna de varios de los países involucrados, hacía predecible el resurgimiento de los flujos de personas que intentan llegar a los EUA. Un factor hasta cierto punto sorpresivo ha sido el incremento, poco reportado por los medios de prensa, de personas mexicanas que han estado tratando de ingresar sin autorización migratoria a los EUA, principalmente a razón del impacto económico adverso que Covid-19 ha tenido. Indudablemente, la administración Biden-Harris no se preparó adecuadamente para manejar esta situación. A consecuencia, se ha visto forzada a jugar a la defensiva ante la avalancha de ataques provenientes principalmente de fuerzas políticas opositoras, e incluso de oficiales electos demócratas en localidades dominadas por votantes conservadores afines a las posturas abrigadas por el Trumpismo, incluyendo sus viscerales ataques a los inmigrantes de hoy, y a la inmigración en general.

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Respuesta de la administración Biden

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A pesar de las promesas hechas en el marco de la campaña electoral, que conceptualmente apuntaba hacia una dirección genuinamente nueva en cuanto a qué hacer ante las personas inmigrantes que viven en los EUA, como ante el rol de la inmigración en el país; la administración Biden-Harris ha respondido de manera muy similar a la administración Clinton en los 90, como también la administración Obama (2009-2016): Rechazando de las personas llegando de manera irregular a su frontera sur y afirmando que quienes lleguen de esa manera al país, serán detenidos y deportados. El mensaje esencial, repetido por la vicepresidenta Kamala Harris mientras estaba en Guatemala ha sido: No vengan.

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Esa postura denota una genuina contradicción entre quienes han estado pensando más a fondo, desde una perspectiva de política pública (tanto en el ámbito de política de inmigración, como de política exterior), sobre cómo reorientar el abordaje de la relación de los EUA con sus vecinos inmediatos al sur de su frontera, incluyendo el vínculo migratorio; y quienes siguen influenciados por la falsa narrativa anti mexicana, anti latinoamericana, y anti inmigración; que tienden a ver cualquier conversación racional, fundamentada en la evidencia sobre estos temas, como un enorme riesgo electoral, especialmente ante la hegemonía Trumpista dentro del Partido Republicano de hoy.

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Esta contradicción explica la ambivalencia de la administración Biden-Harris cuando del abordaje del tema migratorio-fronterizo se trata. Por un lado, se le pone fin a los acuerdos de cooperación de asilo con países centroamericanos, se anuncia el fin del mal llamado Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), conocido también como “Quédate en México,” al mismo tiempo que se deja vigente el uso de un mecanismo creado desde la década de los 40 del siglo pasado, conocido como Título 42, para seguir regresando a México a la mayoría de las personas que intentan ingresar a los EUA por medio de la frontera sur, sin autorización migratoria.

Algo similar pasa en el caso de menores no acompañados, por un lado, se afirma que la administración Biden-Harris le pondrá fin a la separación de familias, pero por el otro, se anuncia el restablecimiento de centros de detención conocidos por sus condiciones inhumanas. Estas acciones aparentemente contradictorias conllevan también a cuestionamientos sobre dónde quedó el compromiso de abordar los factores causantes de la migración no autorizada en la región en la que vivimos.

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Vicepresidenta Kamala Harris al mando

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En los primeros 60 dias de la administración Biden-Harris, el Departamento de Estado inició una serie de consultas sobre cómo entender y abordar mejor el tema de factores causantes de la migración desde países centroamericanos. Un tema que surgía una y otra vez en tales conversaciones era que la meta inmediata era parar los flujos. Es decir, cómo conseguir que el mensaje de “No Vengan” sea escuchado y acatado, dejando pocas dudas sobre cuál es la meta más importante de este esfuerzo.

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El 22 de marzo, el Departamento de Estado anunció la designación de Ricardo Zúñiga como Enviado Especial de la administración Biden-Harris para Honduras, Guatemala, y El Salvador. El embajador Zúñiga es un diplomático de carrera con un entendimiento comprensivo de la compleja realidad de estos países, y de factores claves de la realidad geopolítica mundial en la que hay que ubicar la relación de los EUA con sus vecinos inmediatos al sur de su frontera. Como se afirmó antes, la vicepresidenta Kamala Harris fue nombrada el 24 de marzo como la jefa máxima de la gestión de la administración Biden-Harris en lo referente al abordaje de los factores causantes de la migración.

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Seguido de las designaciones antes mencionadas, Juan González, un funcionario del Consejo Nacional de Seguridad enfocado en la región centroamericana, dio una entrevista al sistema de Radio Pública Nacional, que sugieren un entendimiento más sutil de lo que significa abordar los factores causantes de la migración. En concreto, Juan González afirmó que era urgente reconocer el rol predador históricamente jugado por las élites económicas de países centroamericanos. Afirmó también que era urgente adoptar reformas tributarias que conlleven a que quienes más ingresos y riquezas captan en estos países, sean también a quienes la ley tributaria les imponga su justa cuota de responsabilidad en aras de hacer posible las inversiones públicas en campos múltiples de bienestar y progreso de los países de la región.

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Además de los temas antes mencionados, varios funcionarios estadounidenses han afirmado que la administración Biden-Harris está comprometida con el combate frontal y eficaz de la corrupción, la impunidad, y las tendencias autoritarias en la región; como también a promover el estado de derecho, la consolidación de la democracia, la separación y autonomía de poderes del estado, y la creación de oportunidades para las mayorías. Estos temas fueron parte de la agenda de trabajo de Ricardo Zúñiga, el Enviado Especial de los EUA en un viaje a la región centroamericana a principios de mayo. Lo que está mucho menos claro es si las élites económicas y políticas de los países de la región tienen interés alguno en tales reformas.

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¿Qué esperar después de la visita de la vicepresidenta Harris?

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Lo más importante por entender es que el viaje a Guatemala y México marca el comienzo de una fase de diagnóstico más detallado que le permita a la administración Biden-Harris definir su política hacia México y los países centroamericanos, especialmente aquellos que son el origen de las personas que buscan ingresar a los EUA sin autorización migratoria. El resultado de este proceso debería de producir objetivos más claros de los EUA hacia los países de su periferia sur inmediata, como también los planes operacionales que permitan avanzar hacia tales objetivos. La promesa de enfocarse en los factores causantes de la migración, e ir más allá de simplemente seguir intentando detener los flujos migratorios a toda costa, se fortalecerá o desvanecerá dependiendo de dicho diagnóstico.

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Aunque el más grande recuerdo del viaje a Guatemala de la vicepresidenta serán las palabras “no vengan”, las cuales hacen eco a lo dicho por el presidente Biden, y muchos otros funcionarios de alto rango en su administración, la vicepresidenta Harris dio empuje también a otros temas que recibieron menos atención de la prensa. Uno de ellos, muy relevante para Honduras, El Salvador y Guatemala, fue el de la corrupción y la impunidad. En el caso de México, lo conversado entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta de los EUA se ha mantenido con mucho más hermetismo. Sin embargo, es muy probable que se abordaron temas delicados como lo son la corrupción, la violencia y los riesgos de inestabilidad política.

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Lo que se puede esperar de la visita a Guatemala y México dependerá mucho de otros procesos que están en el trasfondo de la realidad regional del corredor América Central-México, como también la situación política interna de los EUA. En cuanto a lo primero, no hay duda de que haber viajado a Guatemala y aparecer en fotografías con el presidente Alejandro Giammattei, un jefe de Estado muy cuestionado a razón de corrupción e impunidad, significó una aplicación pragmática del principio de optar por el menor de los males.

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En el caso de Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández, quien además de ser sospechoso de cuando menos complicidad con redes de narcotráfico en casos ventilándose en cortes estadounidenses, es también un presidente reelecto, en un país donde constitucionalmente hablando, no existe la reelección. Por lo tanto, incluir a Honduras en el viaje de la vicepresidenta Harris no era una opción viable. Es importante señalar que el presidente Hernández de Honduras es el heredero directo de una condición política configurada a partir del golpe de estado ocurrido en junio del 2009 en ese país, y respaldado por la administración Obama. Esta es una de las muchas fallas pasadas en la relación entre los EUA y los países centroamericanos.

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En el caso salvadoreño, las relaciones entre el presidente Nayib Bukele y los EUA han entrado en una fase de tensión, principalmente a razón las tendencias autocráticas del joven presidente salvadoreño que incluyen la ocupación militar de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero del 2020. Lo que complica la conducta autocrática de la gestión presidencial de Bukele es la manera tan hábil en la que su gobierno ha manejado las relaciones públicas en función de acumular más poder político. El éxito del grupo político ahora en control del aparato de estado, y que presentan al joven presidente como un mesías destinado a salvar la nación de todos los males del pasado se debe en buena medida al fracaso de gobiernos anteriores en resolver los problemas más sentidos por la población. La ciudadanía salvadoreña ha venido gradualmente perdiendo la fe en las elecciones y en los partidos políticos tradicionales como mecanismos eficaces para resolver problemas de larga trayectoria en el país.

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Consistente con lo anterior, el partido del presidente Bukele, Nuevas Ideas, logró ganar abrumadoramente las diputaciones de la Asamblea Legislativa, como también los puestos de alcaldes municipales en las elecciones celebradas en febrero pasado. Independientemente de que la abstención fue muy alta, la administración Bukele y su aparato publicitario han proyectado su triunfo electoral como un respaldo abrumador del pueblo a su gestión política marcada por tendencias mesiánicas y autocráticas.

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Una de las primeras decisiones de la nueva Asamblea Legislativa, que asumió control el 1ro de mayo, fue destituir los magistrados de la Sala de lo Constitucional, reemplazándolos con personas de la confianza y al servicio del presidente Bukele. Seguidamente, destituyeron al fiscal general del país, también reemplazándole con una persona del agrado del presidente. En cada uno de estos casos, se ignoró el procedimiento estipulado en la ley salvadoreña. Seguido de estas decisiones, la Asamblea Legislativa aprobó también leyes que harán prácticamente imposible conseguir que la administración Bukele rinda cuentas claras sobre el gasto público, como también sobre potenciales acciones negligentes en su respuesta ante la pandemia desde principios del año pasado.

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Un desarrollo más reciente ha sido la aprobación como moneda de intercambio de la criptomoneda Bitcoin. Seguido de un discurso del presidente Bukele afirmando que El Salvador sería el primer país del mundo en autorizar el uso de esta criptomoneda, la Asamblea Legislativa procedió, en menos de una semana, a la aprobación de esta medida, sin evaluaciones técnicas, consultas ciudadanas, ni debate alguno. El gobierno de los EUA ha criticado muchos de estos desarrollos. La respuesta del gobierno de Bukele ha sido ignorar tales críticas, al mismo tiempo que han anunciado un mayor acercamiento con el gobierno de China. Todo lo anterior explica la exclusión de El Salvador del itinerario de la vicepresidenta Harris en la región.

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En síntesis, las posibilidades de que los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador, como también las elites económicas de cada una de estas naciones estén genuinamente interesadas en impulsar una agenda de reformas profundas, no parece como algo viable. Si el panorama luciera positivo para el impulso de una agenda transformadora regional, capaz de iniciar reformas profundas de los sistemas económicos, sociales y políticos hoy vigente, que prometa a corto plazo inyectar un sentido claro de esperanza de que mejores tiempos están cerca; uno pudiera concluir que se pudiera alterar las condiciones que impulsan a tantas personas hacia la emigración como la mejor opción de vida. Indudablemente, la mayoría de las personas en cada uno de estos países se beneficiarían enormemente de reformas estructurales capaces de encaminar estas naciones en una senda de futuro similar a la que Costa Rica inició a finales de la década de los 40 del siglo pasado. Como es bien conocido, Costa Rica es un país de donde muy poca gente ve en la emigración una mejor opción de vida. Más allá de lo que los EUA decida priorizar en cuanto a su política hacia estos países, la voluntad de las elites dominantes jugará un rol decisivo en el futuro de estas naciones.

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Visto desde una perspectiva de pragmatismo cínico, el estado actual de las cosas es muy conveniente para las fuerzas políticas y económicas que ostentan el poder ahora en Honduras, Guatemala, El Salvador y México.  La salida continua de sus nacionales significa que, aunque únicamente un porcentaje de ellos logre asentarse exitosamente en los EUA, aquellos que lo logren se convertirán en fuente de más remesas familiares, las cuales el año pasado alcanzaron un poco más de $22,000 millones en el caso de estos tres países. Por lo tanto, lo que es indeseable para los EUA, es muy conveniente para la clase dirigente en países centroamericanos y en México, donde las remesas familiares alcanzaron un poco más de $40,000 millones el año pasado.

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En el caso de los EUA, y a pesar del declarado compromiso de poner la atención y el esfuerzo principal en resolver los factores causantes de la migración no autorizada, la realidad es que dicha intención no cuenta todavía con un entendimiento lo suficientemente profundo de lo que esto significa. Especialmente porque las denominadas causas de la migración irregular son también las causas de la desigualdad económica, el enorme déficit de desarrollo social en ámbitos tales como la educación, la salud, la vivienda, etc.; como también las causas del deterioro democrático y la ascendencia y consolidación de gobiernos dictatoriales, que como el de El Salvador, han logrado legitimarse a razón del uso del plano electoral para su beneficio.

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Además de la realidad económica y política en cada uno de los países de la región, la situación política interna en los EUA es también muy desafiante. El liderazgo del Partido Demócrata no ha logrado neutralizar el poder persuasivo que tiene la narrativa racista, xenófoba y aporofóbica que sectores políticos extremistas han venido impulsando a lo largo de las pasadas cuatro décadas. No han sido capaces de equiparse con una narrativa novedosa que parta de la amplia base de evidencia que muestra que los inmigrantes de hoy, independientemente de cómo llegaron a los EUA; como también la inmigración en general, han sido ambos factores bastamente positivos para el país.

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Conclusiones

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La carencia de una estrategia diametralmente opuesta a la impulsada por fuerzas políticas ultraconservadoras que han venido ocupando la histeria antinmigrante y antiinmigración como parte central de una estrategia de apelación política electoral basada en el miedo, hace posible que la iniciativa política sobre temas relacionadas a personas migrantes y la inmigración siga estando en manos del Partido Republicano, ahora dominado por el Trumpismo. Esta situación conlleva a que sectores dentro del Partido Demócrata que abogan por un abordaje precavido de temas migratorios, como también a priorizar un mensaje mediático que enfatiza el mensaje de “No Vengan,” se vean fortalecidos.

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La abundancia de datos que afirman que, para los EUA, el impacto de la migración y de la presencia de tantas personas migrantes ha sido altamente positivo, se ignora. Dicha realidad está totalmente ausente de la manera como se debate en la opinión pública y en los círculos de toma de decisiones políticas acerca de personas migrantes y de política de inmigración. La amplia gama de beneficios que la migración le ha significado a los EUA a lo largo de la historia, y en particular las últimas cuatro décadas, debería de servir como fundamento para la articulación de una estrategia comunicacional y de política publica que celebre a las personas migrantes y que favorezca un abordaje hospitalario y de ordenamiento de la inmigración como antídotos al desprecio y la contención hostil.

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Desdichadamente, para quienes ven a las personas migrantes y a los flujos migratorios llegando a la frontera sur como un enorme riesgo electoral, especialmente en la medida que se acerquen las elecciones de medio término presidencial en noviembre del 2022, la única salida viable es el reforzamiento de la lógica de contención y castigo. Desde esta perspectiva, cada medida de apoyo a personas migrantes presenta un enorme riesgo de pérdida del apoyo de votantes, especialmente votantes de raza blanca, que han sido condicionados para pensar que los migrantes les vienen a robar oportunidades. Para quienes ven en la migración un enorme riesgo para el Partido Demócrata, su peor pesadilla sería ver un incremento aún mayor personas de México y países centroamericanos llegando a la frontera sur en los próximos 12-18 meses.

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La luz de esperanza es que, a razón de una lectura adecuada de la importancia de América Latina para los intereses de los EUA en el mundo, y consciente de los esfuerzos de expansión que están desplegando en este continente otros poderes mundiales, particularmente China, se configure una nueva política exterior de los EUA que reconozca los errores del pasado y se reoriente en una ruta de genuino bienestar compartido, capaz de desafiar la obscena desigualdad económica que hoy reina. Una estrategia que se comprometa con modelos innovadores de democracia donde se privilegie el rol del estado como garante del bienestar público, sujeto a la fiscalización ciudadana a través de buenas prácticas de transparencia y rendición de cuentas. Una estrategia que reconozca el cambio climático como una amenaza existencial para la humanidad que urge de la colaboración multilateral para enfrentarla con éxito. Una estrategia que reconozca la migración, especialmente en el corredor América Central-México-EUA, como un proceso altamente positivo para todos los involucrados, y donde se privilegie el respeto a los derechos de todas las personas.

Indudablemente, esta luz de esperanza no se configurará por arte de magia. Requerirá de un esfuerzo enorme de incidencia, principalmente desde la sociedad civil organizada.