Del lado mexicano, para el caso de Tijuana, destaca la Ley de Protección de los Derechos a los Migrantes en el Estado de Baja California promulgada en 2014, que definió la colaboración entre dependencias de distintos niveles gubernamentales y promovió la creación en 2016 de la Dirección Municipal de Atención al Migrante (DAM) de Tijuana, que ofrece servicios de apoyo en la obtención de documentación y empleo mediante una bolsa de Trabajo. Asimismo, la creación de una Subsecretaría de Migración a nivel estatal en 2019, que participa en las ferias de empleo y actualmente trabaja en la creación de un registro de migrantes para procedimientos de reunificación familiar.

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En el caso de Ciudad Juárez, en 2016 se decretó la Ley de Protección y Apoyo a Migrantes del Estado de Chihuahua, que sentó las bases para un Consejo Estatal de Población (Coespo), y que, a su vez, formuló el Programa Estatal de Atención a Migrantes en 2017. En enero de 2019, se instaló el Centro de Atención Integral al Migrante (CAIM), un pabellón de coordinación interinstitucional, con actividades delegadas por comisiones de identidad, registro y contacto con la agencia CBP (Customs and Border Protection), asistencia humanitaria, salud, seguridad, red de albergues-iglesias, mecanismos de protección, comunicación social, inclusión social y productiva.

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En general, las políticas y los programas públicos para la recepción, inserción laboral y residencial de migrantes son muy escasos y padecen la falta crónica de presupuesto. Tales políticas de gobierno se han vuelto más directas y menos mediadas por la OSC. Durante los dos últimos años, el gobierno federal ha recortado o eliminado subsidios a las OSC que apoyan a esta población. En tanto, en Juárez y Tijuana, ha impulsado por primera vez albergues gubernamentales, los Centros Integradores de Migrantes (CIM) Leona Vicario y Carmen Serdán, respectivamente.

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Durante los últimos cinco años, en los programas públicos para migrantes se ha puesto énfasis en procesos de recuperación de documentos de identidad para las personas repatriadas, pero en el caso de las personas extranjeras, son muy escasas las posibilidades de obtener una condición migratoria regular con permiso de trabajo. Esta vulnerabilidad jurídica se ha convertido en un obstáculo fundamental para la inserción laboral y residencial de personas migrantes extranjeras, considerando las restricciones de la Ley de Migración en materia de regularización y la falta de voluntad de muchos funcionarios públicos, para facilitar los procesos administrativos que garanticen una condición regular. En particular, las personas situadas en el programa MPP no pueden realizar solicitudes de la condición de refugiado, ya que perderían la posibilidad de solicitar asilo en Estados Unidos. Al ser devueltas a México estas personas reciben una Forma Migratoria Múltiple, la cual no abre ninguna posibilidad de obtener un permiso de trabajo o servicios en México, aunque en el caso de las ciudades de estudio, el INM ha tramitado la CURP para personas en MPP con opción, en algunos casos, de renovación cada seis meses. Asimismo, quienes ya han tenido descendencia en territorio nacional, se enfrentan con la dificultad de obtener un acta de nacimiento apostillada por el país de origen.

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2. Actores clave y estrategias públicas para la inserción residencial y laboral

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Los actores clave de la inserción residencial fueron los albergues y centros de atención a migrantes. Después de 2015, los albergues seguían teniendo un marcado carácter religioso, pero con mayor presencia de evangélicos y laicos y una visión común de atención humanitaria integral. Tanto en Tijuana como en Ciudad Juárez, se observó que los albergues constituyen formas residenciales con tres funciones: a) brindan a la población migrante una estancia temporal mientras cruza a Estados Unidos o retorna a su lugar de origen; b) facilitan que la población circule entre los albergues y viviendas de renta, dependiendo de sus proyectos migratorios y de sus capacidades para ubicar un espacio propio de residencia; y c) fungen como un espacio y mecanismo de transición, hacia la inserción o reinserción en la comunidad local.  

       

En 2020, la infraestructura de albergues se concentraba en Tijuana, donde se localizó el 34 por ciento de los albergues (31) y 44 por ciento de la capacidad de hospedaje de toda la frontera (90), a diferencia de Ciudad Juárez, con una menor infraestructura de albergues y donde la acción del gobierno estatal, a través de Coespo, fue estratégica para crear la red de albergues. En 2019, la Casa del Migrante dejó de ser el único albergue y en el momento más álgido de la inmigración fueron abiertos 23 espacios, mientras para 2020 quedaron sólo 13 albergues. En ambas ciudades, los albergues ya no sólo son centros humanitarios que brindan ayudas temporales o de emergencia a personas “en tránsito”, sino organizaciones que requieren mayores capacidades institucionales para facilitar procesos de inserción social a migrantes que deciden permanecer en la ciudad por tiempos indefinidos.

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En el quinquenio estudiado (2015-2020), el perfil de los actores de atención humanitaria de los albergues registró un cambio, con la participación por primera vez del gobierno federal y de los gobiernos locales. En ambas ciudades, se crearon grandes albergues para atender a las caravanas centroamericanas y a los flujos inesperados de inmigrantes continentales. En 2019, se abrieron Centros Integradores de Migrantes (CIM) en las dos ciudades. Dichos centros tratan de modificar el esquema de albergue tradicional, al ofrecer una atención integral para promover que el migrante tome la decisión de continuar con su solicitud de asilo, regresar a su país de nacimiento o trabajar temporalmente en México. En ellos participan distintas dependencias del gobierno local, cuyas funciones esenciales son tramitar documentos de identidad (Clave Única de Registro de Población CURP y Registro Federal de Contribuyentes RFC), brindar orientación de procedimientos migratorios y ofrecer capacitación laboral.

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Los actores de la inserción laboral tanto de personas migrantes extranjeras como población mexicana deportada fueron de origen estatal, federal, y privado. Tanto en Tijuana como en Ciudad Juárez, las ferias del empleo han sido un espacio de encuentro interinstitucional y empresarial. Hasta antes de la pandemia por Covid-19, fue una de las principales estrategias para vincular a migrantes con empresas y, además, darles apoyo en la expedición de CURP y RFC por periodos de hasta seis meses para el caso de personas extranjeras. Estas acciones suelen ser llevadas a cabo de manera colaborativa entre los diferentes niveles de gobierno, con la presencia de la OIM y de otras agencias gubernamentales.

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A nivel del gobierno local, en Tijuana cabe mencionar las bolsas de trabajo de instancias como la Dirección de Atención al Migrante y la Secretaría del Trabajo. Para que las empresas aparezcan en esta bolsa de trabajo, deben estar registradas ante el INM.

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Mientras en Ciudad Juárez, la Coespo se ha interesado en crear mecanismos de inserción laboral de migrantes desde la fundación del CAIM en 2017, en coordinación con el SNE. En esta misma ciudad, el gobierno local ha intentado tejer vínculos con el sector manufacturero, proceso que se encuentra en una fase inicial y en el cual existe desconfianza para contratar población extranjera. A su vez, las pequeñas y medianas empresas, principalmente del sector servicios, han buscado satisfacer sus necesidades de demanda de mano de obra con migrantes, así como el sector de la construcción, de manera formal e informal, aunque en menor capacidad. Por parte del gobierno federal, la Iniciativa Juárez, implementada en julio de 2019, es el mejor ejemplo de una estrategia que surge del sector privado en Ciudad Juárez y que aspira a ser un programa integral de apoyo. El impacto de esta estrategia ha sido limitado, debido a la falta de articulación con otros actores locales del gobierno y sociedad civil, así como por la pandemia de COVID-19 que ha limitado su aplicación. En 2020, la OIM, y aliados, abrieron un hotel filtro en cada ciudad frente a la pandemia de Covid 19, con la finalidad de establecer un control sanitario de los inmigrantes de reciente arribo, antes de su ingreso a los albergues o centros de atención de migrantes.

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3. La espera en los albergues y centros de atención de migrantes (Resultados de la encuesta)

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La encuesta a residentes en albergues se realizó en las dos ciudades fronterizas de Tijuana y Ciudad Juárez, con una muestra final de 591 migrantes encuestados en 9 y 10 albergues respectivamente.

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Sobre los perfiles migratorios y de movilidad de las personas encuestadas, resalta que aquellas residiendo en albergues de ambas ciudades, en su mayoría son de nacionalidad mexicana y de Centroamérica. Pero se diferencian, debido a la presencia de personas con nacionalidad haitiana en Tijuana y cubana en Ciudad Juárez. En Tijuana las personas originarias de México representan la primera nacionalidad, como desplazadas internas o bien como deportadas de Estados Unidos. En Ciudad Juárez, la población guatemalteca y hondureña domina. En su mayoría, huyeron de sus lugares de origen por razones asociadas a la violencia e inseguridad, más aún que por factores económicos. Para llegar desde el sur del país a las ciudades fronterizas, una gran parte de los hombres se desplazó en grupos familiares (46 % en Tijuana y 41% en Juárez). En tal condición familiar, se desplazó la mayoría de las mujeres y están hospedadas con sus hijos e hijas en los albergues.

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Los migrantes experimentaron un alargamiento de la espera en la frontera. Una tercera parte de los migrantes en albergue pasaron más de un año en la ciudad en el momento de la encuesta (37% en Tijuana y 32 % en Juárez). Los albergues tradicionales, como espacios de tránsito donde los migrantes permanecían pocos días como una etapa en su circuito, se han convertido en espacios de estancias prolongadas. Aproximadamente la mitad de los migrantes (48 % en Tijuana y 46 % en Juárez) pasaron más de 2 meses en el albergue donde fueron encuestados, y una parte significativa (24% en Tijuana y 19% en Juárez) permanecieron más de 8 meses. Los mayores tiempos de estancia en albergue se encuentran en Tijuana.

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Sólo una minoría de los desplazados de origen extranjero lograron inscribirse en las listas de espera para solicitar asilo en E.U. (23% en Tijuana y 18% en Juárez). Mientras que la búsqueda de la regularización migratoria en México se da con más fuerza en Tijuana que en Juárez: en Tijuana, más del 40 por ciento realizó solicitud ante  Comar (41%) o para obtener la TVRH (45%). En tanto, en Ciudad Juárez solo 8 por ciento realizó estos trámites.

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Sobre la inserción laboral, resalta que menos del 30 por ciento de las mujeres ha encontrado un trabajo en las dos ciudades. Entre los hombres, se observó una inserción laboral muy diferenciada por ciudad: en Tijuana, el 88 por ciento encontró un trabajo y solo el 50 por ciento lo halló en Ciudad Juárez. Los sectores de actividad son diversos, sin embargo, la mayoría no escapa a condiciones de informalidad, sin contrato de trabajo ni prestaciones sociales.

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Sobre el asentamiento, se observan diferencias entre ciudades para el acceso a la documentación migratoria, así como al mercado laboral. En Ciudad Juárez, la población migrante está enfocada a una situación de espera únicamente; en cambio en Tijuana, aun cuando están esperando una entrada a Estados Unidos, se observa a la vez un proceso de asentamiento transicional en la ciudad.  Así, los migrantes en Ciudad Juárez están en una situación de mayor dependencia de los espacios de hospedaje para encontrar trabajo; en cambio, los migrantes en Tijuana están inmersos en relaciones sociales y de contactos que operan en mayor medida fuera de los alojamientos: encontraron sus trabajos por una búsqueda individual o por redes de amigos o conocidos. Y esta actividad laboral favorece la inserción a la ciudad. En relación al proceso de asentamiento iniciado en Tijuana para los migrantes en albergues, es importante resaltar la mayor vulnerabilidad de los mexicanos deportados para la inserción residencial.  Pues son la categoría de migrante con el mayor tiempo de estancia en el albergue: 52 por ciento se quedaron más de 8 meses en el albergue.

Finalmente, a causa o como consecuencia de la menor inserción a la ciudad, la participación porcentual de encuestados de ambos sexos que manifiestan no sentirse seguros(as) es mayor en Ciudad Juárez (40.9%), que en Tijuana (21%). Esta inseguridad puede inhibir la búsqueda de actividades laborales y de convivencia social fuera del albergue.

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4. La transición al asentamiento y la integración residencial y laboral. Estudio cualitativo

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A través de una metodología cualitativa basada en entrevistas abiertas, se observó el incipiente proceso de asentamiento e integración social, a través del estudio de las trayectorias de movilidad, de residencia, laboral y de documentación de 91 casos de personas extranjeras y mexicanos deportados (51 en Tijuana y 40 en Ciudad Juárez) que viven fuera de los albergues en viviendas independientes. 

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En primer lugar, se observó que la movilidad de los extranjeros desde el sur hasta el norte del país fue en gran medida facilitada por la extensión que hizo el gobierno mexicano de las tarjetas de visitante por razones humanitarias, las cuales se convirtieron en el principal instrumento de gestión de la migración extranjera en el periodo estudiado. No obstante, se encontró que, una vez en las ciudades fronterizas, tomar una decisión sobre las opciones de regularización migratoria se torna complicado, en tanto que los migrantes se enfrentan a una continua desinformación, cambios en las políticas y prácticas migratorias y expectativas de vida creadas en ambos lados de la frontera. De esta forma, se incrementa su incertidumbre vital y se atrasan sus procesos de integración social.

Por otro lado, para los deportados resulta fundamental contar con un documento que los identifique como nacionales mexicanos, el cual sirve como mecanismo de protección frente a los abusos policiales y como medio para la obtención de empleos formales. Sin embargo, las lógicas y tiempos institucionales les atrasan o impiden la obtención de dicho documento, lo cual repercute en su capacidad de integración a la vida de la ciudad.

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Sobre la inserción residencial, se encontró que el sistema de albergues de las ciudades fronterizas es uno de los recursos más importantes para la población migrante en su arribo y transición residencial a la autonomía, sobre todo ante el endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses. Asimismo, se pudo observar que la transición a viviendas autónomas no siempre representa una mejoría en las condiciones de estancia de los migrantes y sus familias, por lo que en situaciones de crisis vuelven a recurrir a los espacios de acogida, albergues y centros de atención. En general, se advierte que la salida de los albergues hacia residencias autónomas otorga una mayor libertad de recreación de la vida familiar, así como una mayor intimidad, pero también se acompaña de condiciones de hacinamiento, ya que los migrantes siguen estrategias colectivas para disminuir los costos de la vivienda, así como por autoprotección y pertenencia identitaria. Uno de los aspectos a explorar está relacionado con las condiciones de hacinamiento y su agudización bajo la pandemia por COVID-19.

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En relación con la población deportada, las redes sociales transfronterizas resultan relevantes y confluyen entre sí para sostener el arribo a la frontera y el asentamiento inicial. Se encontró principalmente una convergencia de las redes familiares, de amistad, eclesiásticas y de rehabilitación.

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Sobre la inserción laboral, el estudio permitió concluir que hay momentos diferenciados que implican políticas de intervención específicas. Las trayectorias de inserción laboral mostraron tres momentos: 1) la incorporación al empleo, 2) la transición del empleo informal al formal, y 3) la movilidad laboral ascendente, hacia empleos de menor precariedad y mayor calificación. Se encontró que el ingreso al mercado de trabajo informal es relativamente fácil debido al dinamismo económico fronterizo, independientemente de la condición de documentación. Por su parte, la transición a trabajos formales depende de la documentación migratoria, y esto distingue claramente a inmigrantes de origen haitiano, centroamericano y mexicanos deportados. El tercer momento, se refiere a la experiencia de movilidad laboral ascendente, para lo cual la documentación migratoria es indispensable a la vez que se añade la posesión de cualificaciones específicas (escolaridad, idiomas, experiencias de oficios) y su certificación oficial. En los tres momentos, el papel de las redes sociales es relevante, pero en la transición al empleo formal y en la movilidad ascendente, el papel del gobierno, a través de los procesos de regularización migratoria o expedición de documentación de identidad, así como el de los empresarios cobra una relevancia crucial.

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La documentación migratoria constituye el principal factor facilitador u obstaculizador de la integración social de los inmigrantes extranjeros, así como la documentación de identidad lo es para los mexicanos deportados.

 

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[*]  La investigación contó con financiamiento del Centro de Estudios del Trabajo y Educación de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA Labor Center) y el Centro de Solidaridad (Solidarity Center, AFL-CIO).

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[1] Para mayor información ver Reporte Ejecutivo, en https://www.colef.mx/estudiosdeelcolef/entre-la-espera-y-el-asentamiento-insercion-laboral-y-residencial-de-inmigrantes-y-desplazados-en-ciudades-fronterizas-del-norte-de-mexico/