Fuentes: U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), “Detention Management Statistics—FY 2019 Detention Statistics,” consultado el 10 de abril de 2021, disponible en línea; ICE, “Detention Management Statistics—FY 2020 Detention Statistics,” consultado el 10 de abril de 2021, disponible en línea; ICE, “Detention Management Statistics—Detention FY 2021 YTD, Alternatives to Detention FY 2021 YTD and Facilities FY 2021 YTD, Footnotes,” consultado el 10 de abril de 2021, disponible en línea.

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Además de reducir el número total de personas arrestadas y detenidas por ICE, el gobierno de Biden ha comenzado a poner fin a la detención de familias por períodos largos. Defensores de estas familias han estado presionando para poner fin a esta práctica desde que se abrió el primer centro de detención de inmigrantes para grupos familiares en Leesport, Pensilvania, en 2001. Durante la administración de Obama y el primer año de la administración de Trump (el único año de la administración para el que hay datos disponibles), se retenía allí un promedio de 70 personas cada día. Para el 26 de febrero, todas las familias detenidas en esa instalación habían sido puestas en libertad.

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Sin embargo, cientos de familias (más de 900 personas a mediados de marzo) continuaban detenidas por períodos más cortos en el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley, que es uno de los dos centros de detención familiar en ese estado. Esto es similar al número promedio de personas detenidas allí durante los últimos dos años de la administración Obama y el primer año de la administración Trump. No hay información disponible sobre la cantidad de personas detenidas en la otra instalación de Texas, el Centro Residencial del Condado de Karnes. La administración de Biden ha declarado que tiene la intención de convertir ambas instalaciones en centros de procesamiento donde las familias serán retenidas por menos de 72 horas y luego liberadas, aunque esa transición aún no se ha completado. En marzo, ICE ponía en libertad a las familias de estas instalaciones en un plazo de 10 a 15 días.

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Con Biden, el ICE también reinició un proceso que permite revisar los arrestos, detenciones y la deportación de personas extranjeras que están fuera de sus prioridades. Según el sistema ya modificado, las solicitudes de tales revisiones pueden ser llevadas a la sede de ICE, si es necesario. Un proceso de revisión similar existió durante la última parte de la administración Obama, pero se cerró durante los años de Trump. 

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Mediante estos cambios, la administración Biden ha indicado que el ICE ejercerá una vez más la discreción procesal en todo el país y se centrará solo en los casos de mayor prioridad. Si bien las cifras de arrestos y detenciones pueden aumentar gradualmente a medida que disminuyen las limitaciones de la pandemia, la administración ha implementado con éxito sus propias prioridades en la aplicación de la ley. Este cambio tiene un efecto real en el terreno en términos de quién está sujeto a arresto, detención y deportación.

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Restricciones a los viajes y a las visas

 

Biden ha puesto fin a varias prohibiciones de viaje y emisión de visas implementadas en el transcurso de la administración anterior. En su primer día en el cargo, Biden canceló las prohibiciones de viaje que impedían que los ciudadanos de 13 países predominantemente musulmanes y africanos recibieran visas. Mediante un nuevo proceso del Departamento de Estado, casi 41,900 personas a quienes se les negaron visas con las prohibiciones y se les negaron exenciones ahora son elegibles para volver a solicitarlas. Sin embargo, la mayoría de las personas (todas menos aproximadamente 800, cuyos casos fueron rechazados el 20 de enero de 2020 o después) deben volver a enviar sus solicitudes y pagar cientos de dólares en nuevas tarifas.

El 24 de febrero, Biden puso fin a la prohibición instaurada por su predecesor en abril de 2020 que prohibía toda emisión de visas de inmigrante, excepto aquellas para cónyuges e hijos menores de ciudadanos estadounidenses y ciertos inversores inmigrantes. Por otra parte, permitió que una prohibición similar de las nuevas visas para trabajadores temporales y visitantes de intercambio expirara a fines de marzo. Trump justificó ambas prohibiciones con el argumento de que estos inmigrantes competirían contra los trabajadores estadounidenses desempleados en una economía que ya estaba en caída libre, siendo esta la primera vez que Estados Unidos utilizó ese argumento para suspender la entrada de inmigrantes calificados.

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Es probable que el levantamiento de la prohibición para emitir visas de inmigrantes tenga un efecto mayor del que tiene la expiración de la prohibición para los trabajadores temporales y otros visitantes. El número de visas de inmigrantes en las categorías prohibidas emitidas como excepciones durante el período en que la prohibición estuvo en efecto disminuyó en un 94 por ciento en comparación con las visas en esas categorías durante el mismo período del año anterior. Es poco probable que esta caída se explique por la desaceleración de los viajes mundiales durante la pandemia; la emisión de visas de inmigrantes en categorías no sujetas a la prohibición también disminuyó mientras la prohibición estaba en vigor, en gran parte debido a cierres consulares, pero solo en un 45 por ciento, lo que sugiere que la prohibición impidió que muchos inmigrantes hicieran viajes que, de otra manera, hubieran ocurrido. El fin de la prohibición de visas de no inmigrante probablemente tendrá un efecto menor, ya que la emisión de tales visas disminuyó en porcentajes similares tanto en las categorías prohibidas como exentas.

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Protección humanitaria

 

Durante sus primeros 100 días, la administración Biden aplicó medidas importantes para proteger de la deportación a ciertos grupos que ya se encontraban en Estados Unidos. La más significativa fue designar, en marzo, a los venezolanos como elegibles para el Estatus de Protección Temporal (TPS), lo que hace que un estimado de 323,000 venezolanos en los Estados Unidos sean elegibles para una autorización de trabajo, que los puede proteger de la deportación durante al menos 18 meses. También designó a Myanmar (también conocido como Birmania) para el TPS, con un estimado de 1.600 birmanos elegibles para protección. Si a todos los venezolanos y birmanos elegibles se les concediera el TPS, el número total de titulares de TPS sería más del doble de los 319.000 actuales. 

Trump intentó cancelar el TPS para el 97 por ciento de los destinatarios, pero las impugnaciones legales bloquearon dicho intento. Al final de su administración, Trump otorgó a los venezolanos el estatus denominado Salida Forzada Diferida (DED); el TPS ofrece más estabilidad dado que es más difícil de revocar.

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La administración Biden también ha reiniciado el programa de Menores Centroamericanos (CAM), cancelado en 2017 por Trump, que permite que los niños centroamericanos con alguno de sus progenitores residiendo legalmente en los Estados Unidos obtengan el estatus de refugiados o sean puestos en libertad condicional en el país. Los 2.700 niños que ya tenían la aprobación para viajar antes de la terminación del CAM serán el primer grupo elegible para venir al país. Luego, el programa se ampliará a nuevos solicitantes. 

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Beneficios de la inmigración

 

De manera constante, la nueva administración ha comenzado a revertir las políticas de Trump, que han hecho difícil a los inmigrantes entrar o permanecer en los Estados Unidos. La más importante de ellas fue la regla de la carga pública, que sometió a los solicitantes de la tarjeta verde y a las personas que renovaron visas temporales a una prueba prospectiva para evaluar si es probable que utilicen los beneficios públicos en el futuro. La regla, emitida en agosto de 2019 y vigente de forma intermitente debido a intervenciones judiciales, afectó a los inmigrantes de bajos ingresos y a sus familias. No solo resultó en que a muchas más personas se les negaran visas por motivos de carga pública (casi 21,000 en el año fiscal 2019 en comparación con 1,000 en el año fiscal 2016), sino que también tuvo un efecto paralizador, lo que llevó a algunos inmigrantes a retirar preventivamente a sus familias de estos programas por temor a dañar sus casos de inmigración.

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La administración de Biden revirtió la regla de carga pública mediante dos movimientos. Primero, el 9 de marzo, dejó de defenderla en recursos legales, permitiendo así que entrara en vigencia una orden judicial anterior que anulaba la regla en todo el país. En la práctica, esto restauró la guía mucho más restringida de 1999 para determinar si los posibles inmigrantes son inadmisibles por motivos de carga pública. En segundo lugar, el DHS luego reconoció la reversión que restableció la guía anterior sin pasar por un período formal de notificación y comentarios propio en la elaboración de estas reglas, argumentando que era necesaria una acción inmediata para cumplir con la orden judicial. Esta estrategia de aplazar los fallos judiciales probablemente hace que el cambio sea mucho menos vulnerable a la impugnación legal de lo que hubiera sido si la administración hubiera emitido una nueva regulación a través del proceso tradicional.

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La administración también ha rescindido algunas otras políticas de la administración Trump. Entre las más notables están las siguientes: Dar carpetazo a una nueva prueba de ciudadanía cívica que consumía más tiempo y era más difícil. La administración también ha revocado un memorando del DHS que fomentaba una mayor aplicación de la normativa contra los inmigrantes cuyas solicitudes de beneficios fueron denegadas. Si bien Biden no ha anunciado una agenda de beneficios de inmigración con visión de futuro, su administración ha terminado con éxito algunas políticas que limitaban el acceso de algunas personas a dichos beneficios.

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La políltica fronteriza y las causas principales de la migración

 

La gran cantidad de migrantes que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México ha acaparado los titulares y la administración se ha quedado corta en algunas de sus respuestas, como se discutirá a continuación. Aún así, Biden dio algunos pasos iniciales notables, principalmente eximiendo a los niños no acompañados de la orden de salud pública que permite a las autoridades expulsar de inmediato a los migrantes que llegan sin brindarles acceso al asilo. Los niños ahora pueden ingresar al país para buscar ayuda en los tribunales de inmigración, como se les permitió hacer antes de marzo de 2020. 

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La administración también puso fin a los Protocolos de Protección del Migrante (MPP), también conocido como el programa “Quédate en México”. El 19 de febrero, los solicitantes de asilo que esperaban en México y que tenían casos judiciales activos en los Estados Unidos comenzaron a ser admitidos en este país para completar sus procedimientos judiciales. Acercándose al día 100 de Biden en el cargo, el procesamiento de las personas inscritas en los MPP se estaba llevando a cabo en seis puertos de entrada; 7.200 de un estimado de 25.000 inscritos con casos activos habían sido admitidos hasta el 15 de abril. Los migrantes se someten a pruebas de COVID-19 antes de ingresar a los Estados Unidos.

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La Casa Blanca también ha comenzado a centrar su atención en abordar las causas fundamentales de la migración en Centroamérica, siendo la vicepresidenta Kamala Harris la encargada de liderar un esfuerzo de toda la administración para analizar las condiciones en El Salvador, Guatemala y Honduras. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) envió un equipo a la región en abril para ampliar la asistencia humanitaria de emergencia derivada de la pandemia, las secuelas de los huracanes que azotaron a fines de 2020 y otros desafíos. Hasta ahora, el trabajo con estos países se ha centrado en medidas a corto plazo para reducir el ritmo de llegada de migrantes a la frontera de Estados Unidos. Pero la administración ha señalado constantemente que los esfuerzos a largo plazo para hacer frente la mala gobernanza y crear oportunidades económicas en Centroamérica serán clave para detener la migración irregular.

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Los temas donde Biden atraviesa turbulencias: la frontera

 

La administración ha enfrentado grandes desafíos al formular una política coherente y un mensaje apropiado para hacer frente a la llegada de migrantes a la frontera entre Estados Unidos y México. En marzo de 2021, se registró el mayor número de intercepciones de migrantes no autorizados en la frontera desde marzo de 2001. Esto incluyó el mayor número de niños no acompañados (casi 19.000), el tercer mayor número de personas que viajan en familia (casi 53.000) y el mayor número de adultos solteros (casi 97.000) desde al menos 2013.

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Estas cifras por sí solas quizá no se habían transformado en una crisis de haber existido un sistema adecuado para evaluar y adjudicar la elegibilidad de los migrantes para recibir protección, junto con la capacidad suficiente para albergar a todos los niños que llegan. Sin embargo, la administración de Biden, al igual que las administraciones de Trump y Obama antes, no estaba preparada. Ha sido lento expandir la capacidad temporal para albergar a los niños no acompañados, y las instalaciones de emergencia se establecieron solo a mediados de marzo. Y no ha intentado reestructurar el sistema de asilo para garantizar la protección de los que lo merecen, en particular las familias, y expulsar a quienes incumplen los requisitos. Los funcionarios de la administración han insinuado que un próximo cambio de política podría abordar estos problemas.

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Además de dar una respuesta política tardía, los mensajes de la administración han generado confusión. Por ejemplo, los funcionarios han afirmado repetidamente que la frontera está cerrada a las llegadas y que las autoridades expulsarán a las familias que crucen la frontera. Sin embargo, solo el 33 por ciento de las familias que llegaron fueron expulsadas en marzo. No está claro cómo las autoridades deciden la expulsión de una familia. Como dijo un director de un refugio de Tijuana al San Diego Union-Tribune: "Esto no es una política, es un juego de azar".

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Mientras la entrada a los Estados Unidos siga siendo considerada un asunto de suerte, con probabilidades notablemente favorables, en lugar de que rija una política uniforme y aplicada de manera consistente, es probable que persistan los cruces ilegales de familias. Los contrabandistas han estado ansiosos por promocionar las entradas exitosas como un ejemplo para otros que aspiran a llegar al país. Los mensajes confusos de la Casa Blanca pueden no coincidir con la promesa de un contrabandista. 

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Acciones pendientes aplicables a refugiados, solicitantes de asilo, normatividad y legalización 

 

Biden ha implementado medidas preliminares para cumplir con las promesas de campaña adicionales sobre inmigración. Aumentar el límite máximo de admisión de refugiados y acelerar el reasentamiento durante el resto del año fiscal actual, que se extiende hasta septiembre, sería una promesa que afectaría a un gran número de personas y elevaría la posición mundial de Estados Unidos. En febrero, el presidente le dijo al Congreso que elevaría el límite para el año fiscal 2021 establecido por Trump desde el nivel mínimo histórico de 15.000 a 62.500. Sin embargo, la administración dio marcha atrás el 16 de abril y anunció que mantendría el límite de 15.000. Tras la rápida reacción de los legisladores y defensores demócratas, una vez más revirtió su decisión y expresó su intención de aumentar la cifra a un nivel no declarado antes del 15 de mayo.

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Independientemente del techo, el ritmo de reasentamiento ha sido notablemente lento. Menos de 2,100 refugiados fueron reasentados durante los primeros seis meses del año fiscal 2021, muy por debajo del límite de 15,000. De hecho, la tasa de admisiones mensuales ha disminuido ligeramente de un promedio mensual de 333 refugiados de octubre a diciembre, en tiempos de Trump, a un promedio de 324 en febrero y marzo, con Biden.

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El presidente también ordenó una revisión de algunas de las medidas de "investigación extrema" impuestas a los solicitantes de visas y refugiados por la administración Trump, pero la mayoría siguen en vigor. Estas medidas incluyen exigir a algunos solicitantes que proporcionen una dirección e historial de empleo que se remonta a 15 años y cuentas de redes sociales que se remontan a cinco años, y requieren controles de seguridad más prolongados para poblaciones más amplias de refugiados que en administraciones anteriores. Las medidas de seguridad reforzadas no fueron una invención de la administración Trump; algunos requisitos, como controles de seguridad adicionales para determinadas nacionalidades e individuos con posibles vínculos con el terrorismo, se han establecido durante décadas. Incluso con las prohibiciones de viajar y la emisión de visas levantadas, el proceso de viajar a los Estados Unidos sigue siendo complejo.

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También pueden estar próximas dos acciones importantes sobre asilo, las cuales cumplirían las promesas de la campaña de Biden. Combinados, tal vez impactarían a más personas que cualquier otra reforma que la administración hizo al sistema de asilo. 

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La primera es eliminar la prohibición de asilo en el país de tránsito, una regla de Trump que niega el asilo a los migrantes que viajaron a través de un país que no es el suyo antes de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México, lo que hace inelegible a cualquier solicitante de asilo centroamericano que transite por México. Un tribunal federal bloqueó múltiples versiones de la regla y los abogados del gobierno de Biden han indicado que puede ser modificada o rescindida en un futuro cercano, con base en una revisión de políticas que está en curso.

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Además, una acción relativamente fácil -pero de gran alcance- es que el Fiscal General Merrick Garland emita una nueva decisión que establezca un precedente y permita a las víctimas de violencia doméstica y de pandillas calificar nuevamente para el asilo. El exfiscal general Jeff Sessions hizo prácticamente imposible que los solicitantes de asilo calificaran por estos motivos, a menudo invocados por los centroamericanos. 

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Biden también prometió en la campaña electoral eliminar la detención de inmigrantes y criminales en centros privados. Si bien firmó una orden ejecutiva que ordena al Departamento de Justicia que no renueve contratos con compañías privadas de prisiones, no ha dado una orden similar al DHS para inmigrantes detenidos. Las instalaciones con fines de lucro ofrecen malas condiciones de vida para la población inmigrante detenida, aunque vale la pena señalar que las investigaciones del inspector general también han encontrado condiciones peligrosas, ruinosas y excesivamente restrictivas en las instalaciones públicas, como las operadas por los gobiernos locales. Sin embargo, los defensores de derechos humanos argumentan que hay mucha menos supervisión, estandarización y responsabilidad en las prisiones privadas.

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La administración de Biden puede demorar en eliminar gradualmente los centros privados de detención de inmigrantes, porque existe una dependencia mucho mayor de estos centros que del sistema de detención criminal. En 2016, tres cuartas partes de todos los inmigrantes detenidos estaban recluidos en instalaciones operadas por contratistas privados de prisiones; en contraste, solo el 16 por ciento de los presos federales estaban alojados en prisiones privadas a fines de 2019. Por lo tanto, puede ser más difícil para el gobierno federal reemplazar la detención de inmigrantes con fines de lucro.

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Además, las órdenes del día en la toma de posesión de Biden incluyeron la suspensión de la construcción del nuevo muro fronterizo, pero aún tiene que decidir cómo gastar los fondos que el Congreso ya asignó para el muro. Varias agencias están evaluando si gastar el dinero en completar varias secciones del muro, usarlo para tecnología y carreteras asociadas, o solicitar que el Congreso lo retire; no se ha anunciado ninguna decisión. Había alrededor de 3.3 mil millones de dólares en fondos del muro fronterizo no utilizados al 21 de enero, según un estimado del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. No está claro cuánto de eso fue apropiado por el Congreso en lugar de ser redirigido hacia el muro por la administración Trump desde cuentas militares y de otro tipo. En su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2022, la Casa Blanca ha pedido al Congreso que rescinda los fondos del muro no utilizados a fines del año fiscal 2021. 

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¿Cuál es el papel que debe jugar el Congreso?

 

Si bien Biden puede implementar muchos cambios mediante una acción ejecutiva, enfrenta una batalla cuesta arriba en los temas que requieren la acción del Congreso. La Ley de Ciudadanía de los Estados Unidos, presentada por el Senador Bob Menendez (D-NJ) y la Representante Linda Sánchez (D-CA), incluye la promesa del presidente de crear un camino hacia la ciudadanía para los 11 millones de inmigrantes no autorizados del país. También presenta cambios al sistema de inmigración legal propuestos por Biden, por ejemplo, la exención de límites numéricos en la emisión de visas para cónyuges e hijos de titulares de tarjetas verdes y permitir que las personas con peticiones familiares aprobadas ingresen al país antes de que su tarjeta verde esté disponible.

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Biden y los demócratas del Congreso son conscientes de que la acción legislativa sobre un paquete tan grande es imposible en el corto plazo. En cambio, tienen la intención de centrarse en esfuerzos de menor calibre para legalizar segmentos específicos de la población no autorizada. Tales normativas de menor alcance tampoco tienen garantía de paso. Por ejemplo, dos proyectos de ley aprobados por la Cámara tienen un camino difícil, si no imposible, hacia los 60 votos necesarios para poner fin a un probable obstruccionismo en el Senado. Uno ofrecería un camino hacia la ciudadanía a los titulares de TPS y DREAMers traídos al país cuando eran niños, y otro haría lo mismo para los trabajadores agrícolas. Ni siquiera está claro que todos los demócratas del Senado apoyarían las medidas si se incluyeran en un nuevo proyecto de ley de reconciliación presupuestaria, que solo necesita una mayoría simple para aprobarse.

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La aprobación de las asignaciones del año fiscal 2022, por otro lado, es necesaria para que el gobierno continúe operando. En su solicitud de presupuesto, Biden ha propuesto que el Congreso asigne 861 millones de dólares para asistencia a los países centroamericanos como pago inicial de su promesa de enviar 4 mil millones de dólares en ayuda durante cuatro años.