1. Retos de la migración regional: Centroamérica, Estados Unidos y México

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Foto de Jeison Higuita vía Unsplash

La migración forzada en Guatemala: algunas reflexiones económicas y fiscales

 
Jonathan Menkos Zeissig

Director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI)

 

Carlos Alvarado Mendoza

Economista sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI)

 

 

La crisis migratoria actual que enfrenta los Estados Unidos de América en términos del flujo masivo de migrantes centroamericanos que se han movilizado, principalmente, desde El Salvador, Guatemala y Honduras no es un fenómeno reciente. Para el caso de Guatemala, la migración forzada ha constituido una válvula de escape a los múltiples problemas internos del país, comportamiento exacerbado inicialmente durante la fase más violenta del conflicto armado interno que generó un flujo de guatemaltecos refugiados desde finales de los años setenta y durante los años ochenta del siglo pasado. Recientemente, la migración de guatemaltecos continuó, principalmente, hacia los Estados Unidos de América como consecuencia de los graves y profundos problemas socioeconómicos que enfrenta Guatemala, así como por la vulnerabilidad ante los desastres ambientales, el incremento de violencia y una presencia débil del Estado reflejada en políticas públicas —incluida la fiscal— incapaces de generar condiciones mínimas de bienestar social y oportunidades económicas.

De acuerdo con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas, DAES–ONU, la cantidad estimada de migrantes guatemaltecos en el exterior, en 2019, ascendía a 1.2 millones de  personas, cifra que representa el 7.3% de la población total de Guatemala, así como el 26.0% de los migrantes centroamericanos alrededor del mundo. De acuerdo al DAES–ONU, desde los años noventa, los migrantes centroamericanos representan, en promedio, el 1.6% del total de migrantes a nivel mundial, siendo los salvadoreños y los guatemaltecos quienes han registrado el mayor número de emigrantes respecto de los restantes países de la región (estos representaron el 34.8% y el 26.2% de los centroamericanos migrantes en 2019, respectivamente).

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, utilizando la información que le proporcionan los servicios consulares, registró a julio de 2019, 3.1 millones de  guatemaltecas y guatemaltecos residiendo fuera del país. De estos, alrededor del 95.0% (2.9 millones  de personas) se encontraban viviendo en los Estados Unidos, más del 51.0% de ellos residiendo en el estado de California (1.5 millones). Así, los datos resaltan que aproximadamente más del 11.0% de la población guatemalteca ha decidido migrar por distintas causas, tanto de tipo económico como por factores sociales.

Al caracterizar a esta población migrante, de conformidad con la información de la Oficina de Censos y del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos, el 71.0% de los inmigrantes guatemaltecos enfrentan limitaciones para hablar el idioma inglés frente al 66.0% de los centroamericanos (o el 48.0% de la población inmigrante total). A lo anterior se suma que los guatemaltecos suelen tener un nivel educativo más bajo: alrededor del 55.0% de ellos no completaron la educación secundaria, en contraste con el 47.0% del conjunto de inmigrantes centroamericanos. Derivado de lo anterior, los inmigrantes guatemaltecos tienden a emplearse en ocupaciones relacionadas con el sector de servicios, en labores asociadas a recursos naturales (trabajo agrícola), construcción y mantenimiento y en ocupaciones de movimiento de materiales; ello explica que los migrantes guatemaltecos reciban los ingresos promedio más bajos (USD43,000.0 anuales) junto con los hondureños, si se compara con la mediana de ingresos anuales de los migrantes en general (USD56,700.0); que solamente el 50.0% de estos tenga cobertura de salud y que el 22.0% de los inmigrantes guatemaltecos en los Estados Unidos viviera en pobreza en 2017.

 

¿Cuáles son los fenómenos económicos y sociales que están forzando la migración?

Las diferentes encuestas realizadas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entidad de las Naciones Unidas, revelan las múltiples causas que provocan la migración.  La encuesta más reciente, publicada en 2017, reveló que nueve de cada diez migrantes salió del país, principalmente, por cuestiones económicas: la búsqueda de empleo (56.8%), para mejorar sus ingresos (32.9%), para adquirir una vivienda (1.2%) y para poner un negocio (0.1%).  No obstante, dichas causas se encuentran intrínsecamente ligadas a las desigualdades y vulnerabilidad que enfrentan en su entorno, de manera que la misma encuesta revela que un 0.3% migró por la violencia; 0.2% por ser víctimas de extorsión; y 0.2% por problemas con maras (pandillas). De esa cuenta, los principales fenómenos económicos, fiscales y sociales de carácter nacional que inducen a una migración forzada son:

a) Un mercado laboral que no distribuye la riqueza ni genera empleos en la cantidad y calidad requerida para absorber a toda la población en edad de trabajar.

En ese sentido, las más recientes estadísticas oficiales del mercado laboral (ENEI-2 2019) evidencian que cerca de un 65.3% de la población ocupada labora en condiciones de informalidad, porcentaje que aumenta en las mujeres, la población rural e indígena. Asimismo, el 80.0% de los trabajadores con menos ingresos en Guatemala, reportan un promedio de entre Q407.0 y Q2,857.0 mensuales —aproximadamente equivalente a entre USD52.8 y USD371.0, respectivamente—, monto muy alejado del costo de vida.

b) Una provisión de bienes y servicios públicos insuficiente para garantizar bienestar y disminuir la desigualdad social.

Son evidencia de esta debilidad estatal los aproximadamente 1.9 millones de niñas, niños y adolescentes sin acceso a la escuela, así como el 46.5% de niñas y niños menores de cinco años que padece desnutrición, y los 54.8% de hogares guatemaltecos que viven en situación de pobreza monetaria.

c) Una política fiscal que contribuye muy poco a la construcción de la democracia y el desarrollo.

En efecto, a la baja carga tributaria del país (10.2%), acompañada de altos niveles de evasión y de una estructura impositiva injusta, repleta de privilegios fiscales para sectores económicos pujantes, se agrega un gasto público con tendencia a la reducción, mal gestionado, y amplios caminos a la corrupción.

d) Bajas inversiones privadas que impiden aumentar la capacidad productiva del país.

Guatemala tiene la tasa de inversión más baja de Centroamérica (13.5% del PIB, en contraste con Panamá, 40.0% del PIB), afectada por la gestión poco democrática del poder público y privado, la baja educación de la población y la corrupción.

 

El papel de las remesas familiares como ayuda para las familias de los migrantes y como una variable vital para mantener el modelo de crecimiento económico.

Como consecuencia del incremento de personas que han migrado, principalmente hacia los Estados Unidos, también se ha registrado un aumento en el monto de remesas familiares que son enviadas a Guatemala desde ese destino. Durante el transcurso de los últimos diez años las remesas familiares han pasado de representar el 9.9% del PIB en el 2010 a contabilizar el 14.8% del PIB en 2020. No obstante, en términos de su tasa de crecimiento, las remesas mostraron un dinamismo que se acentuó durante el quinquenio 2015–2019, en el que registraron tasas de crecimiento de doble dígito promediando alrededor de 13.6%, comportamiento que se ralentizó en 2020 a 7.9% como consecuencia del impacto generado por la crisis sanitaria global.

Las remesas constituyen hoy en día el mayor flujo de recursos provenientes del exterior. En 2020 las remesas familiares fueron equivalentes a 12.4 veces la inversión extranjera directa que atrajo el país y 53.6 veces los ingresos percibidos por servicios de turismo. Asimismo, las remesas representaron 1.4 veces el monto de US dólares conseguidos por las exportaciones (territorio aduanero).

En comparación con variables domésticas, las remesas familiares también constituyen un elemento comparativamente importante dentro de la economía nacional. Por ejemplo, el monto de remesas familiares en 2020, ascendió a aproximadamente Q87,572.8 millones (con un tipo de cambio de Q7.72 por USD1.00), superando el monto que en ese mismo año registraron 16 de las 17 actividades con las que se mide el producto interno bruto.

En comparación con variables de finanzas públicas el monto de remesas familiares en 2020 representó el 93.6% del gasto público total, y superó sustancialmente el monto obtenido por concepto de ingresos públicos totales y, por tanto, de los ingresos tributarios, así como el del gasto público social. Resalta la diferencia con el monto de inversión pública pues el total de remesas recibidas en 2020 equivalen a alrededor de 30 veces el monto que fue invertido por el sector público.

Guatemala: comparación del monto de remesas familiares con variables del sector fiscal en 2020, en millones de quetzales

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Fuente: Icefi con base en estadísticas oficiales.

A nivel microeconómico y, de acuerdo con las estimaciones más recientes de la OIM, en 2016, había 6,212,099 beneficiarios de las remesas familiares, distribuidos en 1,574,973 hogares que recibían, en promedio, USD379.0 mensuales, valor que constituía un referente para determinar el impacto de las remesas en la población pero que, actualmente, ha perdido cierta validez debido a las diferencias entre los grupos receptores de remesas. También es importante para la reflexión, reconocer que 34 de cada 100 beneficiarios eran niñas, niños y adolescentes de cero a diecisiete años, y que solamente el 13.2% de la población receptora de remesas lograba cubrir la canasta básica de alimentos. Es decir, la mayoría de la población beneficiaria de remesas se encuentra cercana a la pobreza o sumida en ella.

Adicionalmente, los principales rubros en los que se utilizan las remesas son: el 35.0% para la satisfacción de necesidades básicas (alimento, vestuario, transporte y mobiliario, entre otros); 31.0% para la construcción y reparación de vivienda; 16.0% para la compra de inmuebles; 8.0% para educación y salud, y un 7.2% para actividades que pueden generar un valor agregado (pequeños negocios) y para pagar las deudas del remitente de la remesa. De esa cuenta, el menor crecimiento de Estados Unidos, el aumento de los niveles de desempleo y de precariedad de los migrantes, impactarán negativamente en su vida e ingresos.

Hay una paradoja entre la economía guatemalteca y la migración forzada: por un lado, el modelo productivo que sustenta el crecimiento económico en Guatemala no permite la generación de empleo, la mejora de los ingresos de los hogares y la provisión de servicios públicos universales y provoca en buena medida la migración forzada, aun cuando se ha registrado una relativa estabilidad macroeconómica en el país. Sin embargo, los migrantes forzados, al enviar recursos monetarios para sus hogares con el fin de rescatarlos o protegerlos de la pobreza, en cualquiera de sus dimensiones, permiten el crecimiento de la economía guatemalteca y la reproducción del modelo económico y social que los expulsa.

Derivado de lo anterior, entre las principales recomendaciones que consideramos convenientes de implementar para mitigar las causas que provocan la migración forzada de guatemaltecos, se encuentran: 1) el diseño y ejecución de políticas públicas que universalicen el acceso a bienes y servicios públicos (pisos de desarrollo social, territorial y económico). 2) ejecutar un plan ambicioso de protección social buscando el doble dividendo de reducir la migración forzada y contribuir al alcance de las metas contenidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); 3) en particular, ICEFI propone una agenda para el cumplimiento de los ODS (2020-2030) que de concretarse aumentaría el crecimiento económico anual al 4.0% y generaría 26,000 empleos directos anuales, duplicando así el promedio de creación de empleos formales en la actualidad; y, 4) es necesario reconocer que para mitigar las causas estructurales que provocan la migración forzada solo se logrará en la medida en que el gobierno, los partidos políticos, los países cooperantes, el sector empresarial y las fuerzas sociales acuerden y ejecuten un plan de desarrollo que ponga a las personas en el centro.

Una Guatemala diferente requiere de una política fiscal y una institucionalidad pública distintas: una hoja de ruta concreta para el combate de la corrupción y la impunidad, un pago mayor y más justo de impuestos y garantías de respeto al Estado de derecho, entre otros cambios. La definición técnica de los cambios necesarios para un país con mayor bienestar, desarrollo y paz ha sido manifestada en este y otros trabajos realizados por diferentes organismos e instituciones. Es necesario ahora que la sociedad desarrolle la voluntad política que permita una correlación de fuerzas afín a estos nuevos compromisos y responsabilidades. De lo contrario la migración forzada por la realidad cotidiana continuará siendo el camino para miles de guatemaltecos.