No se trata
solo de migrantes: se trata de nuestra humanidad
Mensaje de los obispos mexicanos con motivo del acuerdo entre México y los Estados Unidos en materia arancelaria y política migratoria
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1. MUJERES EN MÉXICO: SUS LUCHAS CONTRA TODAS LAS VIOLENCIAS Y DESIGUALDADES
1. Retos de la migración regional: Centroamérica, Estados Unidos y México
Imagen de Luis Julio Carvajal
COVID-19 y Agenda Migratoria México-Estados Unidos: un recuento de discursos, realidades y escenarios
Georgina Ramos Martínez
Promotora de Derechos Humanos de Personas en Contexto de Movilidad y sus Defensores desde 2004*
Resumen
La interdependencia entre México y Estados Unidos aunque asimétrica, es innegable, con distintos elementos para el análisis y la intersección entre las variables de la migración y la pandemia de la COVID-19, se presentan algunos escenarios posibles, que permiten hacer un recuento de los discursos oficiales de ambos países y la supuesta transversalización de los Derechos Humanos en ellos, la confrontación de dichos discursos con las realidades; la disonancia entre las medidas sanitarias, como la inmunización todavía no extendida a la totalidad de la población y las medidas económicas, que ya han llevado a la reapertura de los comercios, recordando que las poblaciones en contexto de movilidad son las más excluidas, tanto por el estigma de ser posibles agentes de contagio, como por la vulnerabilidad ante el mismo y la falta de acceso a otros derechos.
No podemos obviar nuestra interdependencia, aunque asimétrica, con Estados Unidos. La agenda bilateral ha estado marcada siempre por temas económicos y de seguridad. Afortunadamente, ha terminado el mandato de Donald Trump lo que permite analizar estos dos grandes temas con menos decibeles de por medio, aunque aún bajo los efectos de la pandemia de la COVID-19 y las distintas formas de abordarla en ambos países, desde la perspectiva sanitaria, económica, política y la forma en que estas se intersectan con la agenda migratoria, doliente aún de las medidas extremas tomadas por el ex presidente Trump, como el Título 42 y el “Quédate en México”.
Para empezar, lo que se sabe
El pasado 27 de abril, Joe Biden, el presidente número 46 de Estados Unidos, presentó un discurso sobre los primeros 100 días de su mandato. En él, habla de los grandes resultados en términos de vacunación por la pandemia, 220 millones de dosis disponibles. Todas las personas mayores de 16 años pueden ir por su vacuna, un excelente porcentaje de inmunización para el total de 328, 461, 000 millones de habitantes de ese país. Declara que su país también es responsable de apoyar a otras naciones con vacunas, ya que se “volverá el arsenal de vacunas para otras naciones, así como fue arsenal para la democracia en el mundo” (Discurso ante el Congreso, 2021).
Para el presidente, otro gran tema en su agenda entre los múltiples abordados en el discurso, es el tema migratorio. Biden pide “terminar la extenuante guerra sobre la inmigración” y, aunque le sigue llamando una de las grandes crisis en el mundo, se compromete a impulsar la regularización de más de 11 millones de migrantes en el territorio, la mayoría de los cuales prolongaron la estancia permitida por su visa. Apremia para la aprobación de la protección de los “Dreamers” y de los “TPPs” (Estatus de Protección Temporal). Todo esto, si su senado se lo permite. Desecha la construcción del Muro, pero dice que si lo que se necesita es extremar la seguridad en las fronteras, que se aprueben recursos para convertirlas en “inteligentes y de alta tecnología”.
También habla de atender las causas de la Migración en los países de origen, particularmente en los países del erróneamente (Durand, 2020) llamado Triángulo Norte: Guatemala, El Salvador y Honduras, y para el 7 de mayo de 2021, la Vicepresidenta Kamala Harris ya se había reunido por videoconferencia con el Presidente López Obrador para el mismo efecto. Los grandes temas: trabajar en “las causas estructurales de la migración, estimular el desarrollo económico y expandir la cooperación en temas de seguridad”.
Mientras tanto, el gobierno mexicano, en turno desde el 1 de diciembre de 2018, se ha apegado activamente al Pacto Mundial para una Migración Segura Ordenada y Regular, proponiendo en conjunto con los países de la región el Plan de Desarrollo Integral: El Salvador, Guatemala, Honduras y México, con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y con un enfoque en desarrollo, seguridad humana y respeto a los Derechos Humanos de los flujos migratorios (Castillo, 2020).
Con la llegada de la pandemia, se impusieron órdenes restrictivas de viaje, Guatemala cerró sus fronteras, Estados Unidos restringió el cruce en su frontera sur para la realización de “actividades esenciales” (Castillo, 2020), Honduras prácticamente estableció toques de queda para su población, permitiendo sólo la salida de los hogares de acuerdo con los números de su cédula de identidad, por lo que la policía y el ejército llevaron a cabo las tareas de verificación y reforzamiento de dichas medidas. México adoptó las disposiciones de los países de la región y los migrantes se empezaron a “atorar” en sus fronteras norte y sur.
De acuerdo con un estudio del Institute for Global Health Sciences de diciembre de 2020, el gobierno de México presentó deficiencias importantes en los procedimientos de toma de decisiones, en temas como la excesiva concentración de autoridad y capacidad sobre el manejo de la pandemia en una sola unidad de gobierno dentro del Poder Ejecutivo; marginación de los órganos colegiados relevantes responsables de la Salud Pública; ausencia de implementación de mecanismos efectivos para la revisión constante de la evidencia científica emergente, con objeto de reducir la incertidumbre y adaptar oportunamente las políticas de acuerdo con la evolución de la pandemia, así como la politización de los aspectos técnicos de la evaluación de riesgos debida a la falta de autonomía de las instituciones de salud. Además del proceso más amplio de erosión institucional en el aparato burocrático, entre tantas otras. (Institute for Global Health Sciences, 2020).
Mucho se decidió también desde la perspectiva de la austeridad en la inversión de recursos humanos y económicos, así como de los costos políticos-partidistas, generando a su vez información contradictoria, socavando la cohesión durante la emergencia y exacerbando los problemas de acción colectiva (Institute for Global Health Sciences, 2020). La gravedad de la pandemia y sus costos humanos fueron presentados como algo inevitable para el país. No es gratuito que aún con las cifras oficiales (219 484 defunciones), México ocupe el cuarto lugar en muertes por la pandemia a nivel mundial.
La pandemia ha expuesto la extrema vulnerabilidad de los grupos marginados y, por supuesto, de las poblaciones en contexto de movilidad. Está condición ya se manifestaba en las condiciones precarias de salud previas a la salida del país de origen, así como las condiciones preexistentes (Saiz, 2020) que, aunado a la situación de irregularidad o de falta de documentos, limita el acceso a la salud en general y a los temas de detección y atención al contagio de la COVID-19.
Los centros de acogida de migrantes y refugiados en México se vieron gravemente afectados, ya que por la naturaleza de su servicio y por estar rebasados en sus capacidades físicas de alojamiento la mayor parte del tiempo, asumieron el confinamiento por la pandemia con la población que ya estuviera ahí, sin permitir el ingreso de nuevos huéspedes. Varios albergues en el país tuvieron contagios de COVID-19, poniendo en riesgo también a los trabajadores de los refugios y ocasionando la muerte de varios de ellos.
El discurso oficial de acogida de las poblaciones en contextos de movilidad del Gobierno de México, cambió abruptamente bajo la administración Trump con la orden directa de restringir el paso a México. Con la pandemia, esto se recrudeció y dejó varadas a las familias solicitantes de asilo en Estados Unidos bajo el programa Quédate en México, y esto condujo a una crisis en las fronteras mexicanas, al tomarlas por sorpresa y con nula infraestructura para dar la atención que demanda el que miles de personas lleguen a radicar a ellas, con las mismas necesidades de los locales: vivienda, empleo, servicios de salud, educación, etc.
Otro gran tema es el de las estaciones migratorias, cuyas condiciones permanentes son de hacinamiento y de falta de criterios mínimos para resguardar la integridad de las poblaciones en contexto de movilidad y la protección de sus Derechos Humanos. Durante la pandemia, estas condiciones se acrecentaron debido a la falta de aplicación de pruebas y de atención a los casos detectados. Para octubre de 2020, el Instituto Nacional de Migración no reportaba contagios de manera oficial (Ureste, M. y Pradilla, M., 2020) y sólo había realizado 73 pruebas. Los deportados de México a Centroamérica experimentaron también el estigma en sus países de origen de ser “fuentes de contagio” de la COVID-19 (Masferrer, 2020).
Para la comunidad centroamericana deportada a México no es diferente la situación, pues las condiciones de detención previas a la deportación son las mismas que en los centros de detención mexicanos. Y con el infame Título 42, implementado por la administración Trump bajo pretexto de la emergencia sanitaria en marzo de 2020, familias centroamericanas que buscaban cruzar la frontera de México con Estados Unidos para exponer su caso y solicitar asilo, fueron deportadas a las ciudades fronterizas mexicanas sin el debido proceso, con el riesgo de ser secuestradas por el crimen organizado (O’Toole, 2021).
Para los connacionales mexicanos, la deportación a la Ciudad de México y otras urbes del Centro/Occidente del país para dificultar el reingreso a Estados Unidos , también continúa bajo la administración del presidente Biden. Los deportados mexicanos regresan al país después de 15 o más años de haber salido, con nulas redes de apoyo para enfrentarse a la precariedad generalizada que se vive en México, como la falta de acceso a un empleo digno, a servicios de salud, educación, vivienda, entre otros. Llegan a la gran urbe y la gentrificación los orilla a vivir en las periferias de la Ciudad de México y otras ciudades y municipios del Estado de México, Querétaro, Guadalajara, etcétera., tratando de resignificar la vida y lo saberes adquiridos en Estados Unidos, con la finalidad de obtener un empleo y salarios dignos.
Durante la pandemia, la obtención de los documentos de identidad y la revalidación de estudios para este colectivo de personas, estuvo detenida por varios meses. La búsqueda del sustento marcó el retorno a la informalidad, incrementando el riesgo de contagio, ya que el confinamiento nunca fue una opción para ellas debido a la falta de ingreso fijo, y a pesar de la posibilidad real de contagiarse, estuvieron trabajando durante los picos más altos de la contingencia sanitaria. Una verdadera, ya que en febrero de 2021 el Banco del Bienestar, el banco de desarrollo del Gobierno mexicano (Banco del Bienestar, 2021), comenzó a abrir cuentas vía remota para los mexicanos en Estados Unidos y facilitar así el envío de remesas. Para marzo de 2021, se comenzaron a entregar las primeras tarjetas de débito en Estados Unidos para tal efecto (Economía, 2021). Por su parte, los pocos programas sociales orientados a la población deportada que existían en la Ciudad de México y otras entidades del país, fueron eliminados a partir de 2018. Los fondos siempre serán bienvenidos, las personas no.
Los otros factores, lo que se dice a medias
Si bien los discursos oficiales, tanto de México como de Estados Unidos, presentan una aparente e interseccionalidad en temas de Derechos Humanos, la realidad es que no debemos olvidar el binomio Economía-Pandemia; los estados nacionales harán hasta lo imposible por tratar de recuperar la economía, tan golpeada por la pandemia y con pocas expectativas de crecimiento para los años venideros. El “American Jobs Plan” (Plan de Empleos Americanos) del Presidente Biden, se orienta específicamente a levantar la economía interna, propiciando el regreso a la inversión en infraestructura dentro de su mismo país, sin hablar explícitamente de un cierre de la economía. Este plan proclama la urgencia de que “Estados Unidos compre cosas de Estados Unidos” (Discurso ante el Congreso, 2021). Se propone empleo no calificado para los estadounidenses en el ramo de la renovación de carreteras, así como en la industria tecnológica.
Cuando se habla de reducir las causas estructurales, poco se menciona el papel de las industrias extractivas en México y Centroamérica, con no pocos defensores de la Tierra y el territorio asesinados para quitarles de en medio, a fin de llevar a cabo megaproyectos impulsados tanto por empresas privadas mexicanas y estadounidenses y de otros países, pero también por las fuerzas del estado mexicano, con objeto de cumplir con la agenda del gobierno en turno (Centro Mexicano de Derecho Ambiental, 2021), así como del crimen organizado para el cultivo de precursores destinados a la producción de cultivos ilícitos como la amapola y de frutos como el aguacate y el limón.
El presidente Biden declara un gran interés en detener los efectos del cambio climático y expresa que Estados Unidos buscará adherirse de nueva cuenta al Acuerdo de París. Sin embargo, el vínculo con México en temas de hidrocarburos sigue siendo una pieza clave en las relaciones bilaterales, ya que ambos países continúan con una gran producción de ellos, y con una continua, aunque decreciente, importación de crudo a Estados Unidos desde México y exportación de productos refinados de Estados Unidos a México (UCSD, 2021). El presidente López Obrador sigue apostando a las energías fósiles, incluyendo el carbón, por sobre las energías renovables como las provistas por las celdas solares. Las empresas productivas del Estado, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, son los baluartes del gobierno mexicano, a pesar de ser obsoletos y estar plagados de corrupción.
Se habla de la corrupción y del crimen organizado que ha permeado nuestras sociedades, pero nuestro vecino del norte no reconoce su responsabilidad directa con el tráfico de armas, que prepara tan bien a los cárteles mexicanos para la “defensa” y “disputa” de los territorios, ni su participación directa en el crecimiento de los mismos en México, al promover la prevalencia de los líderes de un cártel sobre los de otros. De acuerdo con declaraciones de un alto funcionario de la DEA, es necesario combatir en México el contrabando de fentanilo y metanfetaminas a Estados Unidos, los cuáles se cocinan en laboratorios clandestinos en México y que ha cobrado más de 90 mil muertes por sobredosis en Estados Unidos (Mann, 2021).
El gobierno Mexicano actual, demuestra poco interés en la búsqueda de una solución integral a la atención al problema del crimen organizado, totalmente incrustado en el propio sistema público en los distintos niveles gubernamentales y que sigue impulsando soluciones a medias, a través de programas sociales poco transparentes, con inversiones estratosféricas de recursos económicos sin el monitoreo y evaluación pertinentes, ni la georreferenciación adecuada para atender a los municipios más vulnerables (CONEVAL, 2021).
Aunado a todos estos factores, la pandemia abrió aún más la brecha de la desigualdad, convirtiendo el acceso a la salud en un lujo. Al ser indispensable el uso de concentradores de oxígeno y respiradores para apoyar el tratamiento de la COVID-19, muchas personas fallecieron al no contar con los recursos suficientes para adquirirlos o al no contar los hospitales públicos con los insumos mínimos para la atención de la pandemia.
Según un reporte del Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington (IHME, por sus siglas en inglés), existe un sub-reporte sobre las defunciones en los países; en el caso mexicano, en una proporción incluso de 1 a 3. decir, por cada defunción reportada por la COVID-19, existen otra dos defunciones que no se registraron como relacionadas con la pandemia. La cifra oficial es de 217,694 defunciones y la estimación del IHME es de 617,127 personas fallecidas; Estados Unidos se posiciona como el país con más defunciones por COVID-19, con un total de 905,289, aunque sólo mantenga registro de 574,043 defunciones por la pandemia. (Institute for Health Metrics and Evaluation, 2021)
Finalmente, lo que podemos esperar
Recordando que según Jim Dator, “el futuro menos probable es aquel en el que nada cambia”, podemos contemplar al menos cuatro escenarios (Ramos, 2005) con las variables COVID-19, Migración y la Agenda Bilateral México – Estados Unidos.
El primero de ellos, el ideal, donde Estados Unidos alcanza la totalidad de inmunización para su población en el corto plazo, al igual que México, que obtiene por distintos medios, como hasta ahora, las diferentes vacunas necesarias para alcanzar la inmunización antes de que termine 2021. Se mantiene un equilibrio entre las políticas sanitarias y económicas, minimizando el riesgo de contagio para la población. Estados Unidos decreta el acceso universal a la salud para su población, para que ni esta enfermedad ni ninguna otra sea una sentencia de muerte para las personas por falta de acceso.
Las relaciones bilaterales marchan de maravilla, ya que ambos países, aunque interdependientes todavía de las energías fósiles, logran establecer acuerdos para frenar conjuntamente el cambio climático; en ambos países existen también políticas integrales para la atención a las poblaciones en movilidad; todos los solicitantes de asilo son recibidos e integrados a la sociedad estadounidense y quienes se encuentran de forma irregular en aquel país, reciben apoyo para la obtención de la residencia y eventualmente, la ciudadanía.
México finalmente ha entendido la importancia de tener una visión de conjunto para la atención a migrantes, refugiados, deportados, retornados y otros grupos en movilidad. Esto se traduce en modificaciones pertinentes a la Ley de Migración, que finalmente se aterrizan en políticas públicas, donde oficiales gubernamentales capaces y entrenados, las ejecutan de manera satisfactoria. Se atienden las causas estructurales de la migración, donde Estados Unidos ya no impone el cierre de fronteras a México, reduce su intervencionismo en la región, permitiendo la autodeterminación de los países que la integran. Los países a su vez hacen ejercicios activos y conscientes para atacar los problemas estructurales, que se traducen en política pública orientada a las necesidades reales de la población.
El siguiente escenario, el lógico (Dueñas y Medina, 2009) nos proporciona más elementos para determinar su probabilidad: Estados Unidos, aplicará la vacuna a la mayoría de su población que decida recibirla para finales de 2021; México alcanzará la inmunización de la mayoría de su población adulta hasta mediados de 2022 (The Economist Intelligence Unit, 2021). Ambos países, impulsarán la reapertura de negocios y escuelas a la brevedad, incluso antes de mediados de 2021. En México, se seguirá “jugando” políticamente con el “Semáforo de la Pandemia”, regresando las entidades al “Semáforo Verde” al menos hasta el 6 de junio 2021, día de la jornada electoral.
Las medidas sanitarias en los establecimientos continuarán, aunque llevadas de mejor o peor manera, de forma discrecional, por los establecimientos/instituciones. La población seguirá cuidándose de la pandemia en la medida de sus posibilidades, evitando ante todo el contagio. Para quienes sea posible, seguirán trabajando a distancia y manteniendo la economía local con el consumo para llevar y a domicilio.
Las relaciones bilaterales seguirán con altas y bajas, ya que el principal enfoque de Estados Unidos es priorizar la recuperación económica después de la pandemia. Mientras el de México es continuar con los megaproyectos presidenciales, seguir impulsando instituciones obsoletas, mantener la mayoría en el Congreso con el partido oficial, sin importar las consecuencias en temas de cambio climático o compromisos previamente adquiridos en otros pactos, no sólo con nuestro vecino del Norte sino a nivel mundial.
Un breve ejemplo para este escenario: el pasado 30 de abril de 2021, Estados Unidos impuso un embargo a la exportación de camarón mexicano por no cumplir la reglamentación ética sobre la pesca del mismo al usar redes de arrastre, que ponen en riesgo a la población de tortugas. Este embargo no era inesperado, ya que se venía hablando desde hace al menos un año de la necesidad de seguir impulsando la medida de la pesca ética, entre la comunidad de pescadores de los estados. El gobierno federal retiró fondos a los programas que se encargaban de reforzar estas medidas entre los pescadores y lo inevitable sucedió: se continuó con las prácticas nocivas que llevaron finalmente al embargo. En una maniobra de contención de la medida, México logra negociar la exportación de camarón que no haya sido capturado con estas redes. La estrategia para que este postulado sea cierto, está por conocerse. Y con la misma dinámica podemos encontrar otros muchos casos que, en lo particular, vuelve tensas per se las relaciones de ambos países.
Para migrantes, refugiados y poblaciones en movilidad, el escenario tampoco es favorecedor. Estados Unidos comenzó a retomar los casos de asilo, sin embargo no todos ellos serán aceptados. Ante la imposibilidad de regresar a sus países, los solicitantes podrían optar por ingresar a Estados Unidos de forma irregular, mientras otros tantos se quedarán en México, que no cuenta, y pareciera no importarle, con una política integral de atención para ellos. Las agencias internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), han migrado prácticamente a la Frontera Sur de México para alcanzar a las poblaciones y están financiando programas de atención, ya sea de forma independiente o en conjunto con oficinas y dependencias gubernamentales específicas, que no cuentan con los fondos para seguir operando. Se seguirán implementando programas que no responden a las necesidades de las poblaciones y que no prevén el trabajo con las comunidades donde se encuentran dichas poblaciones, imposibilitando así acciones de inclusión e integración satisfactorias.
En ningún momento se ha hablado de un programa de vacunación para las poblaciones en contexto de movilidad, ni para los trabajadores humanitarios y defensores de derechos humanos que trabajan con ellos de forma directa. Las organizaciones de la sociedad civil en México, continuarán financiando la implementación de medidas sanitarias, abriendo sus espacios de atención ante la necesidad de servicio de la población migrante y refugiada y, en la medida de sus posibilidades, darán atención a los casos de contagio que pudieran surgir, ya sea en instituciones públicas o privadas, con las que existan acuerdos previos de canalización.
Las deportaciones de centroamericanos a México bajo el Título 42, continuarán, ya que la administración del presidente Biden no cuenta con la infraestructura necesaria para atender a todas familias que están llegando, según Theresa Cardinal Brown, directora gerente de la política de Inmigración y cruce Fronterizo del Centro de Política Bipartidista (Monyak, 2021). Si bien se ha suspendido para los menores de 18 años, las ciudades fronterizas y otras del centro/occidente de México, tendrán que diseñar políticas de integración local para todos ellos.
Para los deportados mexicanos, el panorama no es mucho mejor, sus remesas serán siempre bien recibidas, pero no habrá políticas integrales de atención para impulsar su reintegración al país. Los esfuerzos continuarán descoordinados y a discreción de las autoridades locales, de acuerdo con la demanda y necesidad que se haga escuchar por parte de la misma comunidad.
Todas las poblaciones seguirán siendo presa fácil del Crimen Organizado que controla las rutas migratorias en el país. Se sigue sofisticando la forma de secuestro, incrementando el costo del traslado, que además no es garantía del cruce, y al ser un negocio ilegal y no regulado, no hay forma de exigir el cumplimiento de los acuerdos. Las rutas serán cada vez más peligrosas, y el entramado de actores que interactúa con las poblaciones en contextos de movilidad, se volverá cada vez más confusa y compleja. En el nivel micro, la realidad es que la migración es “tierra de nadie” ya que los discursos presidenciales de ambos países, no alcanzan para garantizar aquello que ofrecen, y pareciera ser, poco les importa.
El planteamiento del escenario catastrófico aquí viene sobrando, sin embargo podríamos mencionarlo como aquel en el que sociedad civil, academia, empresas, cooperativas, colectivas, agencias internacionales, ciudadanía, no tienen margen alguno de acción para la atención a la pandemia y ocuparse de las poblaciones en contexto de movilidad. Tampoco hay posibilidad de resistir las consecuencias de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos a nivel macro, en el día a día de las comunidades. Aunque la indiferencia pareciera permear entre la población, la realidad es que, al verse cada vez más golpeadas por las decisiones macroeconómicas de ambos países, las sociedades se están organizando a partir de la indignación y la afectación directa de sus intereses, por lo que van haciendo contrapeso, aunque en el nivel local.
Finalmente, nuestro único escenario lógico-posible: continuaremos en resistencia.
*La autora ha trabajado en comunidades de origen y retorno de migrantes, albergues de tránsito en México y Redes de Migración en México y Estados Unidos y es co-coordinadora de la Red de (Re)Integración desde febrero 2020.
Referencias
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