Una historia de muerte e impunidad fue la masacre del ’68, a la que quisiéramos sumar tres hechos represivos cometidos por elementos del Ejército que deben ser recordados para exigir justicia y verdad: Acteal, Chiapas (1997), 45 víctimas indígenas tzotziles asesinados[1]; El Charco, Guerrero (1998), 11 indígenas Na Savi masacrados, 5 heridos, 27 torturados y detenidos arbitrariamente[2]; Tlatlaya, Estado de México (2014), 8 víctimas, reconocidas, abatidas por un batallón del Ejército cuando ya estaban sometidas[3]. En los cuatro casos, no hay investigación objetiva e independiente y, pese a que existen recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o admisibilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o probables responsables en prisión, no hay aún ninguna sanción que determine la responsabilidad del Estado en la comisión de estas violaciones a derechos humanos cometidas por militares.

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Podemos sumar las historias de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, la de tortura contra los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, la de la tortura y violencia sexual contra Valentina Rosendo e Inés Fernández, en Guerrero y la desaparición forzada, en el contexto de la lucha contra las drogas, de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel y Rocío Alvarado Reyes, en Chihuahua, todas acciones violatorias de derechos cometidas por militares y todas ellas con sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano que, una administración tras otra, ha incumplido, perpetuando la impunidad.

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Y podemos seguir sumando víctimas a partir de que pasamos de la represión política durante la llamada “guerra sucia” a la violencia indiscriminada de la llamada guerra contra las drogas. En 2006, una administración panista dio inicio al despliegue masivo de elementos militares argumentando que, con ello, se lograría combatir a las bandas delincuenciales de alto impacto, reducir el consumo y el trasiego de droga.

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A 14 años, se ha demostrado que dicha estrategia calderonista, que se ha mantenido y profundizado con dos administraciones de distinto signo político, es un fracaso que pervive, pese a que se inició sin un diagnóstico sobre el poder de fuego y corruptor de las bandas delincuenciales ni del conocimiento sobre el empoderamiento de las redes macrocriminales que mantienen el pacto de impunidad inserto en las estructuras políticas, institucionales y sociales y que ha quedado demostrado no ha cumplido ninguna de sus promesas de dotar de seguridad a la ciudadanía. 

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Al contrario, el consumo y trasiego de drogas creció, la violencia se ha recrudecido hasta llegar a niveles epidémicos. Competimos con nosotros mismos por el nuevo récord de violencia: 2019 fue el año más violento, según De Mauleón, y luego en los primeros seis meses de este 2020 hemos vivido “el mes más violento, la semana más violenta, el fin de semana más violento, el día más violento”[4] y los estados con mayor índice de violencia siguen siendo “Jalisco, Michoacán, Sinaloa y Guerrero”, casualmente entidades con despliegue masivo de efectivos militares. Pese a la evidencia de los impactos negativos de la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, no hay ninguna reconsideración de la estrategia.

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Con el despliegue masivo de soldados a una comunidad, la violencia se recrudece. Según el Informe “De la estrategia de seguridad a los crímenes de lesa humanidad en México. Informes presentados a la Corte Penal Internacional”[5] publicado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) hay una constante en la actuación del personal militar: detenciones arbitrarias “sin orden de aprehensión […] en la calle o irrumpiendo en el domicilio de la víctima alegando ‘flagrancia’; en algunas ocasiones ejecutadas por autoridades con el rostro cubierto”, negación del paradero de las personas detenidas, remitidos a “instalaciones militares” de las que salían inculpados como delincuentes mediante tortura o ya de plano no salían.

La estrategia militarizada de seguridad ha significado una fábrica de víctimas, en los últimos 14 años, una indignidad más es la danza macabra de números: más de 60 mil personas desaparecidas según la cifra oficial, más de 200 mil personas asesinadas, más de 300 mil personas desplazadas forzadas internas y más de seis mil víctimas de tortura. 

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Todo lo referente a la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública que ha distorsionado por completo la urgente necesidad de construir fuerzas policiales civiles confiables, capacitadas y profesionalizadas, suma más en relación con el incremento de la violencia.

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2. Paradigma militarizante de la seguridad pública

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La tendencia de las distintas administraciones -de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, al legislar sobre seguridad interior y, ahora sorprendentemente, de Andrés Manuel López Obrador, al crear una Guardia Nacional de clara estructura y conformación armada- ha sido apostarle a intervención militar en tareas de seguridad pública. Es sorprendente la posición del actual titular del Ejecutivo federal, porque sus críticas de antaño se han convertido en una especie de adoración a quienes portan uniformes color verde olivo y a quienes les ha ido asignado tareas de diversa índole ajenas a toda su naturaleza militar, al grado de atreverse a lo que ni el panismo ni el priismo se atrevieron: proponer una reforma constitucional para legalizar la participación militar en funciones de seguridad pública.

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El 26 de marzo de 2019, después de la construcción de un acuerdo político legislativo que no satisfizo la voluntad presidencial, se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional como una institución de inequívoco carácter civil cuya regulación secundaria se concretó en la Ley de la Guardia Nacional, dos leyes nacionales relativas al registro de detenciones y el uso de la fuerza. 

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La reforma constitucional fue dotada de un régimen transitorio.

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Por un lado, el artículo quinto transitorio estableció un plazo de 5 años para el uso auxiliar de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública bajo la condición de incorporar cinco criterios de actuación definidos por la CoIDH en la sentencia, ya mencionada, del caso “Alvarado Espinoza y otros vs. México”, a saber:

 

1) extraordinaria, solo en situaciones excepcionales;

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2) subordinada a autoridades civiles, como se ha establecido el texto constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la propia CoIDH;

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3) complementaria a la actividad institucional de las autoridades civiles que requieran el auxilio;

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4) regulada a través de legislación que emita el Congreso de la Unión y

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5) fiscalizada por organismos civiles independientes.

 

Por el otro, el artículo séptimo transitorio mandata la obligación de las 32 entidades federativas de elaborar un diagnóstico sobre la situación de la seguridad en su entidad y un programa de fortalecimiento de sus respectivos cuerpos policiacos.

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En la lógica de pacificar verdaderamente al país mediante la estructuración de acciones diversas que atiendan la multifactorialidad del fenómeno de la violencia y la inseguridad, se hubiera pensado que el titular del Ejecutivo federal apostaría por fortalecer la institucionalidad civil de la Guardia Nacional, pero no fue así.  El presidente López Obrador, por el contrario, emitió un Acuerdo, publicado el 11 de mayo del año en curso, que establece una pretendida regulación al quinto transitorio ya referido, cuya implicación validaba la actuación militar sin una regulación clara sobre su carácter auxiliar.

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El Acuerdo ha sido fuertemente cuestionado, incluso mediante tres controversias constitucionales ya admitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en dos razones fundamentales: 1) la inobservancia de los cinco criterios establecidos por el artículo 5to transitorio lo que lleva a cuestionar la constitucionalidad de su contenido y 2) la invasión de facultades normativas del Congreso de la Unión.

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El Acuerdo de marras puso nuevamente en el debate nacional la confesada intención presidencial de profundizar el proceso de militarización del país sin que la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública sea bajo estrictos parámetros de control constitucional y extraordinaria. No existe en el Acuerdo ninguna auténtica intención de cumplir los criterios establecidos por la CoIDH, de vinculante obligatoriedad, no solo porque existe una sentencia que el Estado mexicano debe atender en relación con el alcance de la actuación de las fuerzas castrenses en seguridad pública, sino porque así quedó asentado en la propia Constitución.

Más allá del Acuerdo del 11 de mayo de 2020, a más de un año de la reforma constitucional y a un año de creada la Guardia Nacional, no se ha cumplido con la misión, estructuración civil y objetivos de la misma. 

 

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3. Guardia Nacional camuflaje militar

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El 29 de junio de este año, el Observatorio de la Guardia Nacional, conformado por un núcleo de personas y organizaciones especializadas en seguridad y derechos humanos, presentó el Informe “Guardia Nacional: a un año de su puesta en operación”[6], en el mismo reporta: