2. Retos ante la inseguridad, las violencias y la desigualdad

La recuperación de la paz es la acción más subversiva en el actual contexto de militarización

Eliana García Laguna[*]

Activista de derechos humanos

@elauva

 

 

 

1. Las víctimas de la estrategia militarizante de la seguridad pública

 

Si hubiera de hablarse los efectos más terribles del proceso de militarización de la seguridad y de la vida pública en México durante muchos años, creo que, sin duda, tendríamos que colocar en el centro de cualquier reflexión a las personas que han sufrido daño, anulación de sus derechos y de su dignidad a causa de la comisión de crímenes de Estado.

Los delitos contra la dignidad de las personas y sus derechos en nuestro país cometidos por elementos de las Fuerzas Armadas no son recientes, tenemos registro de actos atroces cometidos por ellos durante el periodo que abarcaría entre finales de los 60 hasta mediados de los 80, en que el Estado activó la represión selectiva contra la disidencia social y política utilizando al Ejército, misma que resultó en cientos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones. Este periodo ha sido llamado guerra sucia sin que hubiera realmente ninguna capacidad de fuego de la inmensa mayoría de las víctimas.

Desde entonces, desde siempre, la opacidad e impunidad es el sello de la casa militar.

Una historia de muerte e impunidad fue la masacre del ’68, a la que quisiéramos sumar tres hechos represivos cometidos por elementos del Ejército que deben ser recordados para exigir justicia y verdad: Acteal, Chiapas (1997), 45 víctimas indígenas tzotziles asesinados[1]; El Charco, Guerrero (1998), 11 indígenas Na Savi masacrados, 5 heridos, 27 torturados y detenidos arbitrariamente[2]; Tlatlaya, Estado de México (2014), 8 víctimas, reconocidas, abatidas por un batallón del Ejército cuando ya estaban sometidas[3]. En los cuatro casos, no hay investigación objetiva e independiente y, pese a que existen recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o admisibilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o probables responsables en prisión, no hay aún ninguna sanción que determine la responsabilidad del Estado en la comisión de estas violaciones a derechos humanos cometidas por militares.

Podemos sumar las historias de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, la de tortura contra los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, la de la tortura y violencia sexual contra Valentina Rosendo e Inés Fernández, en Guerrero y la desaparición forzada, en el contexto de la lucha contra las drogas, de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel y Rocío Alvarado Reyes, en Chihuahua, todas acciones violatorias de derechos cometidas por militares y todas ellas con sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano que, una administración tras otra, ha incumplido, perpetuando la impunidad.

Y podemos seguir sumando víctimas a partir de que pasamos de la represión política durante la llamada “guerra sucia” a la violencia indiscriminada de la llamada guerra contra las drogas. En 2006, una administración panista dio inicio al despliegue masivo de elementos militares argumentando que, con ello, se lograría combatir a las bandas delincuenciales de alto impacto, reducir el consumo y el trasiego de droga.

A 14 años, se ha demostrado que dicha estrategia calderonista, que se ha mantenido y profundizado con dos administraciones de distinto signo político, es un fracaso que pervive, pese a que se inició sin un diagnóstico sobre el poder de fuego y corruptor de las bandas delincuenciales ni del conocimiento sobre el empoderamiento de las redes macrocriminales que mantienen el pacto de impunidad inserto en las estructuras políticas, institucionales y sociales y que ha quedado demostrado no ha cumplido ninguna de sus promesas de dotar de seguridad a la ciudadanía. 

Al contrario, el consumo y trasiego de drogas creció, la violencia se ha recrudecido hasta llegar a niveles epidémicos. Competimos con nosotros mismos por el nuevo récord de violencia: 2019 fue el año más violento, según De Mauleón, y luego en los primeros seis meses de este 2020 hemos vivido “el mes más violento, la semana más violenta, el fin de semana más violento, el día más violento”[4] y los estados con mayor índice de violencia siguen siendo “Jalisco, Michoacán, Sinaloa y Guerrero”, casualmente entidades con despliegue masivo de efectivos militares. Pese a la evidencia de los impactos negativos de la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, no hay ninguna reconsideración de la estrategia.

Con el despliegue masivo de soldados a una comunidad, la violencia se recrudece. Según el Informe “De la estrategia de seguridad a los crímenes de lesa humanidad en México. Informes presentados a la Corte Penal Internacional”[5] publicado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) hay una constante en la actuación del personal militar: detenciones arbitrarias “sin orden de aprehensión […] en la calle o irrumpiendo en el domicilio de la víctima alegando ‘flagrancia’; en algunas ocasiones ejecutadas por autoridades con el rostro cubierto”, negación del paradero de las personas detenidas, remitidos a “instalaciones militares” de las que salían inculpados como delincuentes mediante tortura o ya de plano no salían.

La estrategia militarizada de seguridad ha significado una fábrica de víctimas, en los últimos 14 años, una indignidad más es la danza macabra de números: más de 60 mil personas desaparecidas según la cifra oficial, más de 200 mil personas asesinadas, más de 300 mil personas desplazadas forzadas internas y más de seis mil víctimas de tortura. 

Todo lo referente a la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública que ha distorsionado por completo la urgente necesidad de construir fuerzas policiales civiles confiables, capacitadas y profesionalizadas, suma más en relación con el incremento de la violencia.

 

2. Paradigma militarizante de la seguridad pública

La tendencia de las distintas administraciones -de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, al legislar sobre seguridad interior y, ahora sorprendentemente, de Andrés Manuel López Obrador, al crear una Guardia Nacional de clara estructura y conformación armada- ha sido apostarle a intervención militar en tareas de seguridad pública. Es sorprendente la posición del actual titular del Ejecutivo federal, porque sus críticas de antaño se han convertido en una especie de adoración a quienes portan uniformes color verde olivo y a quienes les ha ido asignado tareas de diversa índole ajenas a toda su naturaleza militar, al grado de atreverse a lo que ni el panismo ni el priismo se atrevieron: proponer una reforma constitucional para legalizar la participación militar en funciones de seguridad pública.

El 26 de marzo de 2019, después de la construcción de un acuerdo político legislativo que no satisfizo la voluntad presidencial, se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional como una institución de inequívoco carácter civil cuya regulación secundaria se concretó en la Ley de la Guardia Nacional, dos leyes nacionales relativas al registro de detenciones y el uso de la fuerza. 

La reforma constitucional fue dotada de un régimen transitorio.

Por un lado, el artículo quinto transitorio estableció un plazo de 5 años para el uso auxiliar de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública bajo la condición de incorporar cinco criterios de actuación definidos por la CoIDH en la sentencia, ya mencionada, del caso “Alvarado Espinoza y otros vs. México”, a saber:

 

1) extraordinaria, solo en situaciones excepcionales;

2) subordinada a autoridades civiles, como se ha establecido el texto constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la propia CoIDH;

3) complementaria a la actividad institucional de las autoridades civiles que requieran el auxilio;

4) regulada a través de legislación que emita el Congreso de la Unión y

5) fiscalizada por organismos civiles independientes.

 

Por el otro, el artículo séptimo transitorio mandata la obligación de las 32 entidades federativas de elaborar un diagnóstico sobre la situación de la seguridad en su entidad y un programa de fortalecimiento de sus respectivos cuerpos policiacos.

En la lógica de pacificar verdaderamente al país mediante la estructuración de acciones diversas que atiendan la multifactorialidad del fenómeno de la violencia y la inseguridad, se hubiera pensado que el titular del Ejecutivo federal apostaría por fortalecer la institucionalidad civil de la Guardia Nacional, pero no fue así.  El presidente López Obrador, por el contrario, emitió un Acuerdo, publicado el 11 de mayo del año en curso, que establece una pretendida regulación al quinto transitorio ya referido, cuya implicación validaba la actuación militar sin una regulación clara sobre su carácter auxiliar.

El Acuerdo ha sido fuertemente cuestionado, incluso mediante tres controversias constitucionales ya admitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en dos razones fundamentales: 1) la inobservancia de los cinco criterios establecidos por el artículo 5to transitorio lo que lleva a cuestionar la constitucionalidad de su contenido y 2) la invasión de facultades normativas del Congreso de la Unión.

El Acuerdo de marras puso nuevamente en el debate nacional la confesada intención presidencial de profundizar el proceso de militarización del país sin que la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública sea bajo estrictos parámetros de control constitucional y extraordinaria. No existe en el Acuerdo ninguna auténtica intención de cumplir los criterios establecidos por la CoIDH, de vinculante obligatoriedad, no solo porque existe una sentencia que el Estado mexicano debe atender en relación con el alcance de la actuación de las fuerzas castrenses en seguridad pública, sino porque así quedó asentado en la propia Constitución.

Más allá del Acuerdo del 11 de mayo de 2020, a más de un año de la reforma constitucional y a un año de creada la Guardia Nacional, no se ha cumplido con la misión, estructuración civil y objetivos de la misma. 

 

3. Guardia Nacional camuflaje militar

El 29 de junio de este año, el Observatorio de la Guardia Nacional, conformado por un núcleo de personas y organizaciones especializadas en seguridad y derechos humanos, presentó el Informe “Guardia Nacional: a un año de su puesta en operación”[6], en el mismo reporta:

Es decir, 75% de los integrantes de la Guardia Nacional, más de siete de cada diez, provienen de las Fuerzas Armadas. Además de que “existen 12 centros de reclutamiento, asentados todos en campos militares”.

El informe del Observatorio señala que la Guardia Nacional “es una extensión directa de las FFAA […] sus funciones se suman” a las de las corporaciones castrenses, incrementadas importantemente “en el actual gobierno. Este caudal de responsabilidades constituye un abuso político” (subrayado nuestro) y, en este marco, el Acuerdo presidencial del 11 de mayo pasado “confirma una ampliación de las responsabilidades funcionales y operativas de las Fuerzas Armadas (y por tanto de la GN), como nunca antes la historia moderna del país”.

En concordancia con lo que reporta el Observatorio de la Guardia Nacional, vale la pena traer a la memoria la presentación que realizó el comandante de la Guardia Nacional, General Luis Rodríguez Bucio, en conferencia de prensa el 20 de mayo, sobre el despliegue de efectivos militares en el territorio nacional, lo que resulta paradójico considerando que es el responsable de una institución civil:

“fuerza operativa militar en el territorio nacional igual a 174 mil 361 efectivos; de los cuales 71 mil 94, que representan el 40.77%, pertenecen a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); 18 mil 176 elementos, es decir el 10.43%, pertenecen a la Secretaría de Marina (Semar) y 85 mil 91 elementos, que representan el 48.80%, provienen de la Guardia Nacional”.

También informó sobre la existencia de diez tipos diferentes de operación que se realizan en el territorio nacional:

Elaboración propia con información del comandante de la Guardia Nacional, Gral. Luis Rodríguez Bucio.

 

Es sumamente grave que, además de la continuidad de esta fallida estrategia militarizante de la seguridad, el actual gobierno ha ido profundizando el empoderamiento de las Fuerzas Armadas, sobre todo del Ejército, en la vida pública.

 

Más inquietante aún es el proceso de regresión autoritaria que implica este empoderamiento, a la par del desmantelamiento de instituciones democráticas y la anulación de derechos adquiridos mediante intensas luchas por la libertad y la dignidad.

Es lamentable el avance del quiebre del pacto federal expresado en la Constitución de 1917 que establecía una muy clara diferenciación entre las tareas de las autoridades civiles y las de las autoridades militares en tiempos de paz.  Así mismo, es acaso irreversible la postura claudicante de los gobernantes civiles en los tres órdenes de gobierno que, en lugar de asumir sus responsabilidades de gobierno político de la seguridad, cedan control y poder a las estructuras militares.

El principal desafío de quienes estamos organizados en la sociedad civil y en movimientos sociales es construir una narrativa sencilla que nos permita sensibilizar en relación con el profundo daño social que significa el despliegue masivo de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública, pues termina de distorsionar la relación comunitaria.

La preservación de la impunidad impide avanzar hacia la urgente construcción de una política pública de Estado para lograr la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición para cientos de miles de víctimas de la violencia.

En estos momentos, la recuperación de la paz es la acción más subversiva por impulsar.

 

 

Notas

[1] Guevara, L. (2018). “Las 10 peores masacres y matanzas en México cometidas por militares” en Revista Acrópolis. Febrero 19, 2018. Disponible en: https://www.revistaacropolis.com/revista/en-portada/las-10-peores-masacres-y-matanzas-en-mexico-cometidas-por-militares/

[2] Redacción Revista Contralínea (2020). “Masacre de El Charco, Guerrero: 22 años de impunidad” en Revista Contralínea. Junio 6, 2020. Disponible en: https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/06/06/masacre-de-el-charco-guerrero-22-anos-de-impunidad/

[3] Centro Prodh (2015). Tlatlaya a un año: La orden fue abatir. 2015. Disponible en: http://centroprodh.org.mx/impunidadayeryhoy/2017/02/27/tlatlaya/

[4] De Mauleón, H. (2020). “La policía no existe” en El Universal. Junio 25, 2020. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/hector-de-mauleon/la-policia-no-existe

[5]  Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos & Federación Internacional de Derechos Humanos (2019) Informe De la estrategia de seguridad a los crímenes de lesa humanidad en México. Informes presentados a la Corte Penal Internacional.  Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Federación Internacional de Derechos Humanos. Septiembre, 2019.    Disponible en: http://cmdpdh.org/project/de-la-estrategia-de-seguridad-a-los-crimenes-de-lesa-humanidad-en-mexico/

[6] Observatorio de la Guardia Nacional (2020). Guardia Nacional: a un año de su puesta en operación. Junio 29, 2020. Observatorio de la Guardia Nacional. Disponible en: http://causaencomun.org.mx/beta/wp-content/uploads/2020/06/202906_GN_versio%CC%81n-larga.pdf

[*] Fundadora e integrante de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) en 1983 y desde sociedad civil participante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (2011) e integrante del Colectivo #SeguridadSinGuerra (2016).

Síguenos en redes

BRÚJULA CIUDADANA. Es una publicación electrónica mensual editada por Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C., Tel. (55) 55141072, 

Editor responsable: Elio Villaseñor Gómez.

Editora de la revista, Delmy Xiomara Peraza Torres. 

Diseño: Judith Meléndrez Bayardo

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. 

El material de esta publicación puede ser mencionado o reproducido siempre y cuando se cite la fuente.

LOG-INICIATIVA.png
Logo Puente Ciudadano.png