Los innumerables delitos y violaciones graves a derechos humanos que atentan contra la vida, la integridad y la seguridad de las personas, permanecen en la casi total impunidad: la inmensa mayoría de los responsables no son investigados ni sancionados. Según estudios recientes, la probabilidad de que un delito se denuncie y resuelva en México, es apenas del 1.14%[6]. Datos publicados recientemente parecen indicar que el actual gobierno no contempla reducir la impunidad de estos delitos como tarea prioritaria[7].

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Es precisamente en contextos de violaciones graves y masivas de derechos humanos, así como de altos niveles de impunidad como el que padecemos, que surge lo que hoy se llama justicia transicional. Su propósito es obligar a los Estados a rendir cuentas sobre las atrocidades que más han lastimado a las víctimas y a la sociedad. Mediante las herramientas y mecanismos desarrollados en situaciones en donde la justicia ordinaria se ha colapsado, busca ofrecer verdad y justicia, aunque sea en niveles mínimos, para con ello reestablecer la confianza ciudadana en las instituciones, facilitar la reconstrucción del estado de derecho y, como fin último, contribuir a la pacificación y reconciliación.

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El pasado lunes 6 de enero, la Secretaría de Gobernación llevó a cabo una conferencia de prensa en la que se presentaron diversos datos sobre personas desaparecidas, así como sobre un presunto proceso de justicia transicional en nuestro país. En este sentido, la titular mencionó que, en esta dependencia, todos los días, todas sus actividades y toda la política pública que en ella se despliega, es justicia transicional.

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Del discurso al combate efectivo de la impunidad sistémica 

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La justicia transicional, como se le conoce, tiene como fundamento la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación del daño a las víctimas y el establecimiento de garantías de no repetición de crímenes atroces y violaciones graves a derechos humanos. No toda política pública, por más bien intencionada que sea, cumple con ese cometido, aunque se le añadan como calificativos la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. No basta con decir que se ha aplicado un enfoque de justicia transicional a una política o programa determinado, o que a partir de ello una institución operará bajo esa lente si no está inserta en una política integral de Estado que articule los esfuerzos, les proporcione cohesión, y, sobre todo, esté dirigida a obtener el fin último de la justicia transicional que es el de acabar con la impunidad.

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El gobierno actual tiene el mérito indudable de haber reconocido la enormidad de la crisis de derechos humanos. Pero está muy lejos de actuar en forma consecuente con ello.  A la fecha se ha limitado a implementar, en forma aislada y con muy pocos recursos materiales y humanos, algunas cuantas herramientas utilizadas dentro de los procesos transicionales. Destacan entre ellas la Comisión Nacional de Búsqueda[8], y un Mecanismo de Identificación Forense.

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Es indudable que ambas iniciativas significan un paso adelante, pero también es preciso indicar que estas no pueden, por sí solas y con los recursos  con los que cuentan, lograr el cometido que busca la justicia transicional, y que es el de combatir la impunidad sistémica que nos aflige, erradicar las prácticas generalizadas de violaciones graves a los derechos de las personas afectadas, proporcionar un mínimo de justicia al número masivo de víctimas, así como facilitar la construcción de un estado de derecho.

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Faltaría para ello, la creación de una Comisión Nacional de la Verdad, el establecimiento de un Mecanismo Internacional de Justicia Extraordinaria para los casos más complejos, un plan de reparación integral para las víctimas, tomar en serio la reforma de la Fiscalía General, instalar un programa nacional de atención a los desplazados por la violencia, fortalecer el sistema nacional de protección de los derechos humanos, aceptar la competencia del Comité de Desaparición de la ONU para recibir casos individuales, entre otras iniciativas.