No se trata
solo de migrantes: se trata de nuestra humanidad
Mensaje de los obispos mexicanos con motivo del acuerdo entre México y los Estados Unidos en materia arancelaria y política migratoria
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1. MUJERES EN MÉXICO: SUS LUCHAS CONTRA TODAS LAS VIOLENCIAS Y DESIGUALDADES
3. FRONTERAS, POLÍTICAS MIGRATORIAS Y CRISIS HUMANITARIAS (MÉXICO Y EUROPA)
La frontera norte y el paulatino reforzamiento de las políticas migratorias: efectos, escenarios y perspectivas
Juan Antonio Del Monte
Departamento de Estudios Culturales, El Colegio de la Frontera Norte
Jocelín Mariscal
Colaboradora del Observatorio de Política Migratoria, El Colegio de la Frontera Norte
Introducción
Con la caída de las torres gemelas en septiembre de 2001 y la consecuente creación de la supersecretaría de seguridad interior (Department of Homeland Security) –que agrupó más de veinte agencias federales–, el gobierno norteamericano se concentró en combatir por igual, con los mismos recursos y bajo el discurso de la seguridad nacional a tres problemáticas con historias disímiles: el terrorismo, el narcotráfico y la migración. Convertida la migración, así, en asunto de seguridad nacional, el reforzamiento de las políticas norteamericanas de gestión migratoria tuvo su contraparte en el endurecimiento del aparato fronterizo y las ciudades fronterizas resintieron los estragos más severos.
Por su parte, la relación entre el tema de migración y seguridad en las acciones y programas de gestión migratoria del gobierno mexicano fue ambivalente hasta la administración anterior; sin embargo, el nuevo gobierno representó en lo inmediato cambios drásticos en torno al control migratorio y en el discurso de puertas abiertas y de integración de personas migrantes y refugiadas como lo había sostenido desde su anuncio como presidente electo y hasta el primer mes de su mandato Andrés Manuel López Obrador. Ejemplo de ello, y de acuerdo a las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria 2019, son las 186,750 detenciones efectuadas durante los primeros 12 meses de gobierno y de ellas las 123,239 deportaciones (siendo el 97% a países centroamericanos). Estos datos dejan ver que la frontera endurecida entre México-Estados Unidos se ha extendido hasta el sur, lo que ha quedado formalizada en acuerdos internacionales conocidos en la jerga común como acuerdos de terceros países seguros.
Con ello, se ha reafirmado una política migratoria sustentada en el discurso de la seguridad nacional ante el peligro que suponen las personas migrantes, la cual ha sido impulsada por Estados Unidos, pero operada desde México y algunos países centroamericanos. Un síntoma patente de esta situación en el caso mexicano radica en el decreto presidencial que crea la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria, la cual está encabezada por el canciller mexicano (DOF, 2019). Es decir, la política interior en materia migratoria mexicana está siendo dirigida desde la Secretaría de Relaciones Exteriores y no desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, lo que constituye una indicación clara de cómo la política migratoria mexicana está enfocada en los dictados de la política migratoria estadunidense.
Políticas migratorias y movilidades atrapadas en la frontera norte de México
Los últimos diez años las ciudades fronterizas del norte de México han atestiguado una serie de cambios en los perfiles y trayectorias de las y los migrantes que arriban y se acumulan en estas urbes. Procesos de deportación, migraciones caribeñas, desplazados internos, migrantes provenientes del éxodo centroamericano, son movilidades que, ante el robustecimiento de las políticas migratorias y de protección internacional en Estados Unidos, quedan varadas en estas ciudades fronterizas. De esta manera, podemos hablar de una superposición de diversos procesos de movilidad que quedan atrapados en el lado sur de los linderos nacionales y que a continuación recuperamos brevemente.
En México, acostumbradas a pensarse como ciudades de paso o de destino, las zonas fronterizas empezaron la transmutación hacia convertirse en ciudades de retorno. De acuerdo a estadísticas de la Unidad de Política Migratoria, desde la implementación de la Patriot Act en Estados Unidos hasta 2019, han sido retornados por las ciudades fronterizas del norte de México más de cuatro millones de mexicanos, teniendo sus picos de deportación entre 2008 y 2013 –no por nada, Obama pasó a ser conocido entre la comunidad latina protectora de derechos humanos de migrantes como el “Deportador en Jefe”. Ante la ineficacia de los programas a nivel federal para contener la migración de retorno, la sociedad civil organizada ha tenido que capotear el advenimiento de esta población con diversas, creativas y solidarias estrategias.
No siendo suficiente el incremento de las deportaciones, en 2016 comenzaron a arribar una serie de flujos migratorios caribeños solicitantes de asilo a Estados Unidos, conformados mayormente por personas haitianas y cubanas. Si bien en un principio se desahogaron estas solicitudes, una de las primeras acciones estadounidenses de contención de estos flujos fue la implementación del “Metering” una política migratoria enfocada en limitar el número diario de solicitudes de asilo, ocasionando la espera en ciudades fronterizas mexicanas de miles de personas solicitantes apuntadas en listas gestionadas informalmente en México y sujetas a corrupciones locales (CIDH, 2019).
La transición administrativa del nuevo gobierno mexicano sucedió en un contexto migratorio complicado. Las Caravanas de migrantes de 2018 (Arroyo et al.) y 2019 representaron un reto enorme para México en tanto el país vecino buscaba rechazar su paso en un contexto electoral. En ese sentido, el gobierno estadounidense propuso el programa “Quédate en México” como un plan piloto y temporal para que principalmente las personas centroamericanas que solicitaron asilo en la frontera sur estadounidense fueran retornadas a algunas ciudades de la frontera norte mexicana a esperar la resolución de su caso.
El programa, ahora conocido como Protocolos de Protección al Migrante o MPP (Migrant Protection Protocols), comenzó a operar en San Diego (EUA) y Tijuana (MX) a finales de enero de 2019 (París D. y García A., 26 de octubre 2019), y México autorizó dicha implementación aludiendo a razones humanitarias (SRE, 2018). Sin embargo, ante la presión por el incremento de los aranceles a la exportación en junio de 2019, el presidente de México firmó un Acuerdo con Estados Unidos en el que se formalizaban dichos protocolos y se extendía a todas las ciudades fronterizas del norte de México.
A un poco más de un año de operación del programa, en febrero 28 de 2020 la corte del noveno distrito logró el bloqueo de los protocolos por algunas horas, considerando, entre otros aspectos, los riesgos y peligros que representan para las personas migrantes esperar en México. Sin embargo, esta decisión duró solo algunas horas y los protocolos se reactivaron a causa de un recurso interpuesto por el Departamento de Seguridad Nacional (Cancino, 05 de marzo de 2020). Ahora durante los primeros días de marzo un panel de jueces de esta corte dictaminó un tercer fallo (Innovation Law Lab, et al, 04 de marzo de 2020) que tiene como plazo el 11 de marzo para que la Corte Suprema de Justicia responda un pedido de revisión y de no ser así, el programa de MPP será suspendido en Arizona y California.
Los muros administrativos de Trump y las consecuencias para las ciudades fronterizas del norte de México
Los esfuerzos del gobierno de Donald Trump por controlar la entrada de las diversas movilidades a territorio estadunidense vienen aparejadas con consecuencias directas para las ciudades fronterizas. Así, a continuación, presentaremos una serie de reflexiones sobre los efectos que tiene el endurecimiento de la política migratoria mexicana actual para los migrantes y las ciudades de la frontera norte.
En primer lugar, en temas de protección internacional, estamos en un momento donde las políticas migratorias de Trump se han convertido en muros administrativos imposibles de sortear. Esta administración ha implementado una serie de programas que, interconectados, hacen virtualmente imposible conseguir acceso al asilo en dicho país. En ese sentido, cuentan con una diversidad de herramientas legales y administrativas para que el gobierno niegue las solicitudes de protección internacional de centroamericanos y mexicanos (Chishti y Bolter, 2020). Apelar en Corte implica un camino intrincado. Si una medida es aceptada favorablemente, se pueden echar mano de las de otros programas, sumado a ello el 95% (57,883) de los casos hasta enero 2020 no contaban con representación legal (TRAC, 2020).
Consecuencias para los migrantes en la frontera México-Estados Unidos, a partir de febrero 2020
(Traducción propia con información de Muzaffar, C. y Bolter J., 2020)
Como podemos ver en el cuadro anterior, hay una serie de programas, recursos administrativos y políticas restrictivas a los que la administración norteamericana está apelando para negar la solicitud de asilo. El impacto en estas solicitudes es evidente en la reducción de los casos en los últimos meses del año pasado y los primeros del presente.
Casos de MMP por puerto de entrada de Estados Unidos, enero 2019-enero 2020
(Elaboración propia con datos de Transactional Records Access Clearinghouse, TRAC)
En segundo lugar, se ha puesto en entredicho la capacidad de las ciudades fronterizas mexicanas para sostener un programa de este tipo con los solicitantes de protección internacional por lo que se ha echado mano de otros acuerdos de cooperación en materia de asilo mediante los comúnmente llamados terceros países seguros, a donde han sido canalizados algunos de los solicitantes.
Estado de procesos de audiencias de MMP por principales puestos de entrada de Estados Unidos habilitados
(Elaboración propia con datos de Transactional Records Access Clearinghouse, TRAC)
En tercer lugar, es preciso mencionar que la reducción de los números del Protocolo de Protección a Migrantes, más que augurar la finalización del programa, apunta a asegurar su viabilidad en la contención migratoria internacional que opera en las fronteras. Esto debe prender las alarmas en tanto dichas regiones de espera no se caracterizan por ser precisamente espacios seguros y libres de violencia para migrantes.
Violencias y riesgos para los migrantes en ciudades fronterizas del norte de México bajo los actuales protocolos
Donald Trump alardea de lograr la reducción de los flujos migratorios contemporáneos que se agolparon en la frontera norte de México los últimos años gracias a su política claramente antiinmigrante. Sin embargo, la materialización de esa realidad ha sido a costa de las violencias y crímenes contra las personas solicitantes de asilo esperando en México bajo los MPP, quienes están expuestas a la vulnerabilidad, precarización y exclusión en las ciudades a donde son retornadas, lo que dificulta lograr el seguimiento de su procedimiento o asistencia a audiencias. De acuerdo al Transactional Records Access Clearinghouse, hasta enero de 2020 el 41% de las personas solicitantes no se presentó a la última audiencia.
Human Rights First ha documentado que las políticas de contención migratoria vía restricciones administrativas para solicitar asilo y los acuerdos de cooperación internacional en materia de protección internacional, han fallado justamente en eso: en proteger a las personas migrantes. Un programa como el MPP, eufemísticamente llamado Protocolos de Protección al Migrante, ha venido aparejado, por lo menos hasta enero de 2020, con más de 800 casos criminales de violencias en México hacia solicitantes de asilo resguardados por estos protocolos.
De esta manera, las personas solicitantes de asilo están siendo expuestas a riesgos y peligros similares a los que en muchas ocasiones huyen en sus lugares de origen: extorsión policial, robo, amenazas del crimen organizado, atracos, secuestro, asalto por autoridades gubernamentales, amenazas, violaciones, acoso policial, riesgo de persecutores, extorsión. Además de ello se exponen a la posibilidad de una deportación ilegal por parte de autoridades mexicanas y a la xenofobia, el racismo y la discriminación de algunos sectores de las sociedades fronterizas (Ver reporte HRW).
Por lo anterior, podemos señalar que las ciudades fronterizas no aseguran las condiciones para establecerse como un lugar seguro para los solicitantes de protección internacional. A continuación, seis breves situaciones que lo ejemplifican:
Tijuana, Baja California. En noviembre de 2019 una persona salvadoreña fue asesinada en la ciudad en lo que esperaba junto a su familia, y sin representación legal, que su caso de solicitud de asilo en Estados Unidos pudiera avanzar. Estuvieron a la espera en la ciudad fronteriza desde mayo, aun cuando habían manifestado al juez de inmigración en San Diego (ciudad que de acuerdo a TRAC cuenta con un 23% del total de casos pendientes) el riesgo que representaba quedarse en Tijuana. Sin embargo, ni el juez, ni funcionares, ni agentes federales evitaron el retorno a la ciudad mexicana (Fry, 12 diciembre 2019).
Matamoros, Tamaulipas. El estado de precarización en el que se encuentran muchas de las personas en las ciudades fronterizas han obligado a algunas familias a tomar medidas drásticas, como en Matamoros, Tamaulipas, en el que se identifican la mayoría de los casos en los que las familias, el padre o la madre se ven obligadas a enviar a sus hijos o hijas solos por el puente que conecta México con Estados Unidos con la finalidad de que las autoridades estadounidenses reciban a los menores sin devolverles a México y así por lo menos se evitase que los menores permanecieran durmiendo en la calle soportando las bajas temperaturas. Así sus padres, madres, familias continúan a la espera de sus audiencias en condiciones lamentables (Rojas, 20 de enero 2020).
Mexicali, Baja California. La discriminación, xenofobia y desinformación sobre el tema migratorio y específicamente del programa MPP en algunas ciudades fronterizas mexicanas como Mexicali, Baja California, han marcado, incluso, la línea de acción gubernamental. Ejemplo de ello es el freno al plan de abrir un refugio federal de migrantes que se tenía contemplado inaugurar en noviembre pasado, después de que vecinos del lugar manifestaron molestia, temor y rechazo de la instalación del albergue; al respecto, el gobernador estatal declaró que probablemente no sería “necesario” el albergue, una afirmación que evidenció su poco interés por atender la situación de forma óptima (Fry, 25 de noviembre 2019).
Ciudad Juárez, Chihuahua. La segunda ciudad más peligrosa de México en 2019, representa peligro inminente desde que las personas migrantes ponen un pie en la ciudad, pues son extorsionadas y manifiestan temor de la policía y/o de los cárteles; el caso de un venezolano arrestado y encerrado al llegar a Juárez es un ejemplo de la crítica situación, ya que se le solicitaron 800 dólares para dejarlo en libertad y no quiere que su caso sea investigado por temor a la represalia y colusión de las autoridades (Belchi, 03 de marzo 2020).
Nuevo Laredo, Tamaulipas. La situación no es distinta a otras ciudades. La sociedad civil se ha activado para ayudar a contener la situación ante la ineficacia del gobierno mexicano para brindar protección efectiva a las personas migrantes. Casa Nazaret en esta ciudad dirigida por el sacerdote Julio López ha sido un alivio para algunas de las personas que están en espera de la resolución de sus casos; sin embargo, a pesar de testimonios de secuestro, no hay atención, seguimiento ni voluntad para garantizar el mínimo de seguridad para estas personas (Hurtado, 02 de diciembre 2019).
Nogales, Sonora. A partir de enero 2020 comenzó a recibir a personas sujetas a MPP, pero estas personas atenderán sus solicitudes en Juárez, Chihuahua. Esto representa un recorrido de alrededor de 8 horas por carretera mismo que implica riesgos propios de traslado y gastos que nadie subsidiará. Sin duda alguna esta es una medida más que obstaculiza la asistencia de acuerdo a los procedimientos establecidos por el gobierno estadounidense (La Opinión, 03 de enero 2020).
Balances y perspectivas
Ante este escenario, el gobierno mexicano debe atender las recomendaciones que desde diversas organizaciones nacionales y organismos internacionales han hecho: hacer pública la información sobre la eficiencia de las acciones que está tomando para garantizar realmente la seguridad de las y los solicitantes de asilo devueltos a México, así como implementar e informar de la eficacia de medidas de saneamiento, acceso a vivienda, salud, trabajo, debido proceso y asistencia jurídica para esas personas. Igualmente precisa garantizar el goce de todos los derechos que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano (CNDH), pues en el momento en que ha aceptado el acuerdo para la implementación de los protocolos, no solo ha respaldado la política antiinmigrante norteamericana, sino que ha adquirido implícitamente un compromiso no reconocido ni ejercido sobre la protección, el acceso a derechos, el trato digno y la garantía de seguridad de estas personas.
En un escenario ideal, el gobierno mexicano podría desistir de continuar respaldando estos protocolos y ahora mismo reforzar con presupuesto a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y a las organizaciones de la sociedad civil para brindar una opción real, viable y efectiva de atención e integración a las personas solicitantes de asilo en Estados Unidos que son retornadas a México que así lo deseen, pues su seguridad, mientras esperan su resolución en las ciudades fronterizas del norte de México, no está garantizada. La implementación y expansión de los MPP ha fallado en la misión central de su justificación: proteger a los migrantes. Sin embargo, ha tenido éxito en el objetivo del que emana: controlar y frenar los flujos migratorios hacia Estados Unidos. Sin duda alguna, este programa ha devenido en la agudización de la vulnerabilidad de estas personas.
Referencias
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