Por sus actividades de denuncia pública, las organizaciones ciudadanas son temidas por los gobiernos y los partidos políticos. Son combatidas e incluso violentadas por los poderes de hecho, a los que afectan en las zonas donde trabajan. Un número en aumento de personas activistas cívicas, son asesinadas o desparecidas en el país.

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Lamentablemente, la izquierda que busca o se encuentra en el poder político no entiende, no acepta y combate a las OSC. Muchos de sus militantes consideran que entregarles fondos públicos o permitir que las personas, fundaciones y empresas privadas les den donativos, al ser estos deducibles de impuestos, conlleva actos de corrupción y elusión fiscal. Consideran que sólo los gobiernos emanados de la izquierda atienden las necesidades de la población. Actualmente se ha calificado a todas, sin distinción alguna, como intermediarias, conservadores y corruptas.

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Lamentablemente, en los casi tres años transcurridos de la actual administración estamos volviendo a experimentar una política de combate y destrucción de la participación y organización de la ciudadanía, mediante una aplicación generalizada de medidas que afectan a todas las organizaciones sociales.

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La estrategia consiste en desprestigiar su trabajo e iniciar, en febrero de 2019, con la eliminación de su acceso a fondos públicos federales, por un decreto presidencial.

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Asimismo, la propuesta original de reforma al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, buscaba limitar las deducciones personales en materia de donativos a las organizaciones. Sin embargo, hubo un fuerte rechazo a la propuesta original de modificar ese artículo, pues eliminaba la deducción de hasta el 7% del ingreso anual de las personas por donativos y aportaciones extraordinarias al fondo de ahorro para el retiro. Se proponía incluir esas posibles deducciones junto con todos los gastos deducibles del ingreso personal, como son los gastos de colegiaturas, médicos y funerarios, intereses de hipotecas, etc. en el mismo máximo de 163 mil pesos que era lo permitido deducir para estos últimos rubros.  Es decir, ese tope de deducción se mantenía igual.

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De acuerdo con datos del CEMEFI, de haberse aprobado esa modificación las organizaciones podrían haber dejado de percibir más de 8 mil millones de pesos provenientes de donativos de personas físicas nacionales, perjudicando en mayor medida a cerca de 2,000 organizaciones que reciben de esas donaciones personales entre el 30% y el 100% de sus fondos. Entre ellas está la Cruz Roja, el FUCAM que atiende cáncer de mamá, los albergues para poblaciones migrantes, como ejemplos. Otros casos que trabajan mediante donativos personales son organizaciones internacionales que también tienen sede en México y realizan campañas de recolección de firmas contra actos violatorios de derechos humanos, como son Amnistía Internacional, Greenpeace, Change.org y Avaaz Internacional.

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La aprobación final de cambio al mencionado artículo por el Senado de la República establece que “El monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes en los términos de este artículo, no podrán exceder de la cantidad que resulte menor entre cinco veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización, y del 15% del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquéllos por los que no se pague el impuesto”.

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Este cambio significa que la decisión final recuperó el tope de deducciones, pero agregó bajo un solo rubro a las que se podían hacer por donativos y ahorro para pensiones, con el resto de deducciones por gastos personales. El propósito de fondo se mantiene: limitar los donativos personales a organizaciones de la sociedad civil.

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Otra acción preocupante en contra de las OSC durante este año, ha sido una adición al artículo 256 del Código Penal para la Ciudad de México del 7 de junio pasado, que equipara a quienes dirigen o administran una organización de la sociedad civil con un servidor público, solo por el hecho de que su organización reciba recursos, fondos o apoyos públicos. Si prospera esta adición totalmente contraria a la Constitución Federal y a la de CDMX, los dirigentes de las OSC podrían ser juzgados como servidores públicos y puestos en prisión, en lo que se lleva a cabo un juicio para esclarecer los supuestos hechos por los cuales se les acusaría.

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Dos derechos humanos incluidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos son: participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes (art. 25) y el de asociarse libremente con otras personas, incluso el derecho a fundar sindicatos (art. 22).

Los países con regímenes democráticos alientan y apoyan la participación y organización de sus ciudadanos, cuando contribuyen al bienestar general y a la defensa de derechos. En Europa del Este y en Asia han sido gobiernos autoritarios de izquierda y de derecha los que han combatido a la sociedad civil, al considerarla un espacio de libertad de pensamiento y acción que se opone a sus decisiones arbitrarias.

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Muchos pensábamos que la oposición y el combate a la participación y organización de las personas, que caracterizó a los gobiernos del PRI durante 70 años, había sido superada. Fue una época en la que cualquier organización era cooptada por el partido en el poder; si no se sometía, era combatida o destruida y sus liderazgos encarcelados o asesinados.

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De continuar con esta política de acoso a las organizaciones de la sociedad civil, el daño hacia los grupos de mayor vulnerabilidad social, a la defensa de los derechos humanos, a la innovación social, a la defensa del territorio, a la democracia, será irreparable.