Es notable el compromiso del Presidente de la República con las personas mayores, pues las pensiones para su bienestar, en 2021, tienen un presupuesto a precios constantes de 2013 de $96,057 millones de pesos. Le sigue el programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral con un presupuesto proyectado para 2021 de $53,173 millones de pesos constantes. La siguiente prioridad presidencial son las becas incluyendo las de Educación Básica con $22,713 millones, las de Educación Media Superior con $23, 591 millones y las de Educación Superior con $14,650 millones de pesos constantes en 2021. La que podríamos tomar como tercera prioridad es el apoyo a los micro, pequeños y medianos productores del campo con el programa Sembrando Vida con un presupuesto de $20,574 millones de pesos constantes, a lo que habría que añadir el presupuesto para el programa de Precios de Garantía a Producto Alimentarios Básicos.

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Semejanzas y diferencias

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Si bien el propósito de la política social de las últimas administraciones se ha centrado en el tema de pobreza y la herramienta privilegiada utilizada, las transferencias monetarias de ingreso, parecerían coincidir en  los cuatro gobiernos de 1994 a 2018 y la actual administración, existen motivos de fondo distintos y matices que hacen diferente la forma en que los programas sociales de la actual administración se llevan a cabo.

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Al menos distingo cuatro diferencias: la primera es que la actual administración confía en las personas pobres, les entrega los recursos sin exigirles comprobación de que los están usando para los fines previstos. Por ejemplo, confía en las decisiones que tomen las madres trabajadoras para atender a sus hijos e hijas pequeñas mientras ellas trabajan o en los estudiantes que reciben las becas del Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez García, de la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, el de Jóvenes Escribiendo el Futuro y el Programa de Becas Elisa Acuña.

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En segundo lugar, el Presidente de la República evita utilizar a las instituciones responsables de la política social y a organizaciones sociales que considera intermediarias, para dispersar los recursos y para definir los padrones de destinatarios. Utiliza una estructura paralela, los Servidores de la Nación, montada por él mismo con gente de su mayor confianza. Mediante esa estructura se llevó a cabo el llamado Censo de Bienestar para definir los posibles beneficiarios de los programas. Para hacer llegar las transferencias monetarias directamente a la población beneficiaria, se están construyendo 2,700 sucursales del Banco de Bienestar.

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Podría especularse que el Presidente considera que las estructuras institucionales son tan corruptas que busca evitarlas y minimizarlas, incluso al propio INEGI, una institución actualmente autónoma heredera de las que desde 1897 levantan los censos de población en México. También podría pensarse que tiene interés en que la población receptora de las transferencias conozca quién se las “otorga”, con fines de clientelismo electoral.

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En tercer lugar, se observa un cierto desprecio por la teoría y práctica del diseño de políticas públicas que dominó la gestión de los programas sociales en la etapa de los gobiernos neoliberales donde, a pesar de todos los mecanismos para cuidar su diseño, instrumentación y evaluación, campeó una enorme corrupción, los padrones nunca se pudieron consolidar, las reglas de operación eran inaccesibles para la población objetivo y las evaluaciones desconsideraban los tiempos que realmente toma modificar situaciones estructurales.

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En cuarto lugar, se verificó un cambio de 180 grados en la política agropecuaria para dejar de atender con prioridad a las 1.1 millones de unidades de producción rural de medianos y grandes productores y de unidades empresariales de elevada productividad, que producen para la exportación y para el mercado interno, a fin de volcarse a los 4.4 millones de unidades de productores minifundistas, pequeños y medianos, de subsistencia, de autoconsumo o que generan pequeños excedentes para mercados locales y regionales. Este sector junto con los jornaleros de campo sin tierra incluye a las poblaciones con mayor pobreza en el país. Para los campesinos con tierra, la actual administración busca mejorar sus ingresos mediante el programa Sembrando Vida manejado por la Secretaria de Bienestar y el de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos operado por SEGALMEX. En el proyecto de presupuesto 2021, estos dos programas se llevan cerca de 40 mil millones de pesos. Lamentablemente, no se detecta programa alguno de la actual administración dirigido a los jornaleros de campo sin tierra que migran con sus familias dentro y fuera del territorio nacional y obtiene ingresos miserables. Se trata de las familias más pobres entre las pobres. Por el contrario, los restos de programas dirigidos a ellos y a sus familias de anteriores administraciones parecen haberse eliminado.

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Cabe destacar algunas similitudes entre los programas para la atención de la pobreza de las administraciones anteriores con la actual. Las asignaciones son individualizadas, sin tener en cuenta el impacto en los grupos familiares y en las comunidades. Centran su propósito en la educación, en mantener a los niños, niñas y jóvenes asistiendo a las escuelas, para evitar la deserción o en ofrecerles una opción para capacitarse en el trabajo como el programa actual de Jóvenes Construyendo el Futuro.

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Poco han hecho los gobiernos anteriores y el actual para mejorar la accesibilidad física, la disponibilidad de espacios educativos y la calidad de la educación que se imparte, es decir, para elevar la cantidad, calidad y distribución territorial de la oferta de servicios de educación públicos. Lo más preocupante es que poco se consulta a la población en condiciones de pobreza; se pretende saber lo que ésta requiere para salir de la pobreza.

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Desde una perspectiva de una política social con enfoque de derechos humanos, se podría concluir que la pandemia obligó al gobierno actual a ampliar el presupuesto para la atención de la salud, mismo que se mantuvo en niveles muy bajos durante varias décadas y condujo al colapso del sistema de salud pública por el choque de la COVID-19. Cuatro asignaturas quedan pendientes: la atención al derecho a la alimentación, al derecho a una vivienda digna, al derecho al agua y al saneamiento y al medio ambiente.

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Notas

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[1] Con la colaboración de Diego Posadas y Rodrigo Ceballos.