3. Aspectos sociales y de seguridad

Cambios y constantes en los programas sociales en México

 
Clara Jusidman [1]

INCIDE Social A.C.

 

 

 

Cuando una examina las asignaciones presupuestales y quiénes son los destinatarios de las mismas, es fácil deducir cuáles son las preocupaciones o intereses detrás de las políticas y programas sociales de las diferentes administraciones. Hay, sin embargo, inercias y restricciones legales que condicionan los márgenes de actuación para poder cambiar radicalmente el destino de los recursos que se orientan al desarrollo social o al bienestar de las personas.

Demolición y nacimiento de programas

En una administración como la actual, que pretende llevar a cabo un cambio de régimen, al igual que en otros ámbitos de la gestión gubernamental, en materia social se observa la cancelación total de diversos programas sociales que se fueron gestando a lo largo de varias administraciones, para ser sustituidos por otros. Es posible que algunos de los programas que aparecen sin presupuesto en 2019 o en 2020 se sustituyeron por otro programa o se consideró que su objetivo quedaba cubierto por alguno de los programas de la actual administración.

En el Cuadro 1 se muestran, a precios corrientes, los programas federales de desarrollo social existentes en 2018 que fueron eliminados, algunos en el presupuesto de 2019 y otros en el de 2020.

Ejemplos de los que fueron eliminados del presupuesto desde 2019 que tenían alguna relación con el combate a la pobreza, prioridad de la actual administración en materia social, son los Comedores Comunitarios, el Programa de Empleo Temporal, el de Atención a Jornaleros Agrícolas, el de Apoyo a Pequeños Productores, el de Apoyo a la Vivienda y el de Coinversión Social.

El programa más emblemático de combate a la transmisión intergeneracional de la pobreza iniciado a finales de los años noventa del siglo pasado y que terminó llamándose Prospera (Programa de Inclusión Social) fue sustituido en 2020 por el Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez. Prospera recibió una asignación presupuestal de $78,269 millones de pesos en 2018, se le bajó $58,540 millones de pesos en 2019; en el presupuesto de 2020 desaparece, pero es sustituido por el de Becas para Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez al que solo se le asignaron $30,475 millones de pesos a precios corrientes en 2021.

Otro ejemplo de programas que se transformaron es el de Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras que tuvo una asignación de $3,864 millones de pesos en 2018. Se convirtió en el Programa de apoyo para el bienestar de niñas, niños hijos de madres trabajadoras con una asignación de solo $2,264 millones en 2019. Llama la atención el silencio guardado por las familias beneficiarias de Prospera que llegaron a ser 7.9 millones en 2018 frente a la eliminación o disminución de la asignación que recibían, en comparación con las protestas expresadas ante el intento de desaparición del programa de Estancias Infantiles.

En el Cuadro 2, se muestra a precios constantes, la evolución del presupuesto asignado y la desaparición y surgimiento de los programas sociales de 2017 hasta el proyecto de presupuesto de 2021. Los programas emblemáticos o proyectos “mascota” del actual Gobierno están resaltados en tono más oscuro y comprenden desde el primer renglón hasta el de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García.

Es notable el compromiso del Presidente de la República con las personas mayores, pues las pensiones para su bienestar, en 2021, tienen un presupuesto a precios constantes de 2013 de $96,057 millones de pesos. Le sigue el programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral con un presupuesto proyectado para 2021 de $53,173 millones de pesos constantes. La siguiente prioridad presidencial son las becas incluyendo las de Educación Básica con $22,713 millones, las de Educación Media Superior con $23, 591 millones y las de Educación Superior con $14,650 millones de pesos constantes en 2021. La que podríamos tomar como tercera prioridad es el apoyo a los micro, pequeños y medianos productores del campo con el programa Sembrando Vida con un presupuesto de $20,574 millones de pesos constantes, a lo que habría que añadir el presupuesto para el programa de Precios de Garantía a Producto Alimentarios Básicos.

Semejanzas y diferencias

Si bien el propósito de la política social de las últimas administraciones se ha centrado en el tema de pobreza y la herramienta privilegiada utilizada, las transferencias monetarias de ingreso, parecerían coincidir en  los cuatro gobiernos de 1994 a 2018 y la actual administración, existen motivos de fondo distintos y matices que hacen diferente la forma en que los programas sociales de la actual administración se llevan a cabo.

Al menos distingo cuatro diferencias: la primera es que la actual administración confía en las personas pobres, les entrega los recursos sin exigirles comprobación de que los están usando para los fines previstos. Por ejemplo, confía en las decisiones que tomen las madres trabajadoras para atender a sus hijos e hijas pequeñas mientras ellas trabajan o en los estudiantes que reciben las becas del Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez García, de la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, el de Jóvenes Escribiendo el Futuro y el Programa de Becas Elisa Acuña.

En segundo lugar, el Presidente de la República evita utilizar a las instituciones responsables de la política social y a organizaciones sociales que considera intermediarias, para dispersar los recursos y para definir los padrones de destinatarios. Utiliza una estructura paralela, los Servidores de la Nación, montada por él mismo con gente de su mayor confianza. Mediante esa estructura se llevó a cabo el llamado Censo de Bienestar para definir los posibles beneficiarios de los programas. Para hacer llegar las transferencias monetarias directamente a la población beneficiaria, se están construyendo 2,700 sucursales del Banco de Bienestar.

Podría especularse que el Presidente considera que las estructuras institucionales son tan corruptas que busca evitarlas y minimizarlas, incluso al propio INEGI, una institución actualmente autónoma heredera de las que desde 1897 levantan los censos de población en México. También podría pensarse que tiene interés en que la población receptora de las transferencias conozca quién se las “otorga”, con fines de clientelismo electoral.

En tercer lugar, se observa un cierto desprecio por la teoría y práctica del diseño de políticas públicas que dominó la gestión de los programas sociales en la etapa de los gobiernos neoliberales donde, a pesar de todos los mecanismos para cuidar su diseño, instrumentación y evaluación, campeó una enorme corrupción, los padrones nunca se pudieron consolidar, las reglas de operación eran inaccesibles para la población objetivo y las evaluaciones desconsideraban los tiempos que realmente toma modificar situaciones estructurales.

En cuarto lugar, se verificó un cambio de 180 grados en la política agropecuaria para dejar de atender con prioridad a las 1.1 millones de unidades de producción rural de medianos y grandes productores y de unidades empresariales de elevada productividad, que producen para la exportación y para el mercado interno, a fin de volcarse a los 4.4 millones de unidades de productores minifundistas, pequeños y medianos, de subsistencia, de autoconsumo o que generan pequeños excedentes para mercados locales y regionales. Este sector junto con los jornaleros de campo sin tierra incluye a las poblaciones con mayor pobreza en el país. Para los campesinos con tierra, la actual administración busca mejorar sus ingresos mediante el programa Sembrando Vida manejado por la Secretaria de Bienestar y el de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos operado por SEGALMEX. En el proyecto de presupuesto 2021, estos dos programas se llevan cerca de 40 mil millones de pesos. Lamentablemente, no se detecta programa alguno de la actual administración dirigido a los jornaleros de campo sin tierra que migran con sus familias dentro y fuera del territorio nacional y obtiene ingresos miserables. Se trata de las familias más pobres entre las pobres. Por el contrario, los restos de programas dirigidos a ellos y a sus familias de anteriores administraciones parecen haberse eliminado.

Cabe destacar algunas similitudes entre los programas para la atención de la pobreza de las administraciones anteriores con la actual. Las asignaciones son individualizadas, sin tener en cuenta el impacto en los grupos familiares y en las comunidades. Centran su propósito en la educación, en mantener a los niños, niñas y jóvenes asistiendo a las escuelas, para evitar la deserción o en ofrecerles una opción para capacitarse en el trabajo como el programa actual de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Poco han hecho los gobiernos anteriores y el actual para mejorar la accesibilidad física, la disponibilidad de espacios educativos y la calidad de la educación que se imparte, es decir, para elevar la cantidad, calidad y distribución territorial de la oferta de servicios de educación públicos. Lo más preocupante es que poco se consulta a la población en condiciones de pobreza; se pretende saber lo que ésta requiere para salir de la pobreza.

Desde una perspectiva de una política social con enfoque de derechos humanos, se podría concluir que la pandemia obligó al gobierno actual a ampliar el presupuesto para la atención de la salud, mismo que se mantuvo en niveles muy bajos durante varias décadas y condujo al colapso del sistema de salud pública por el choque de la COVID-19. Cuatro asignaturas quedan pendientes: la atención al derecho a la alimentación, al derecho a una vivienda digna, al derecho al agua y al saneamiento y al medio ambiente.

Notas

[1] Con la colaboración de Diego Posadas y Rodrigo Ceballos.

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BRÚJULA CIUDADANA. Es una publicación electrónica mensual editada por Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C., Tel. (55) 55141072, 

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