1. La pandemia en México: la economía y las decisiones del Ejecutivo

México: no habrá reactivación económica sin acuerdo político y social

Carlos Heredia Zubieta

Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)

@Carlos_Tampico

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México vive una severa crisis nacional y global.  Enfrentamos una combinación letal de la pandemia sanitaria del COVID-19 con el desplome de la actividad económica y con un escepticismo social profundo, que ciernen una pesada nube de incertidumbre sobre nuestro futuro. 

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En este ensayo abordaré las opciones que enfrenta México para la reactivación de la actividad económica desde la perspectiva del gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, el sector privado, el movimiento de los trabajadores, la academia y los organismos de la sociedad civil, entre otros. Más allá de las acciones en materia económica, enfatizo la necesaria concertación entre los distintos sectores de la sociedad mexicana.  

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1. La prepandemia

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El contexto geopolítico ya era suficientemente complejo antes del brote viral en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, República Popular China, los últimos días de diciembre de 2019. El primer caso en México se presentó el 27 de febrero, y solo el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia.  Se preveían tiempos difíciles para México, pero entonces no nos imaginamos de qué magnitudes estábamos hablando. 

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a. El factor Trump. La presión insoportable de Donald Trump para que México adapte sus decisiones comerciales, migratorias o sanitarias a los intereses de Washington (no ha empezado formalmente su campaña proreelección) por lo que no faltará el golpeteo contra México para arengar a su electorado;

b. El desplome de los precios del petróleo crudo, hasta llegar a ser negativos el 20 de abril de 2020.  La sobreabundancia de crudo está definida por la existencia de inventarios muy superior a la requerida para satisfacer la demanda global. La capacidad de almacenamiento en el planeta está sobresaturada.  Si las refinerías no quieren más petróleo, el valor de este cae dramáticamente, incluso hasta llegar a precio negativo por no tener donde colocarlo. Ello traerá la reducción del volumen de la producción y la caída de los ingresos de Pemex y, por lo tanto, del gobierno de México. 

c. La degradación de la calificación del crédito tanto del soberano como de la compañía petrolera Pemex en los mercados internacionales.  Aun cuando el crédito soberano todavía tiene grado de inversión, la colocación reciente de papel mexicano en el mercado internacional tuvo que hacerse a tasas más elevadas que las pagadas incluso por Perú, una economía de menor nivel de ingreso y cuyo tamaño es de una quinta parte de la mexicana;

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d. El colapso del sistema de salud, heredado de la corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero también inducido por una política de austeridad mal entendida. Esta recortó presupuestos y redujo personal, dando como resultado la escasez de medicinas y la extrema debilidad de los servicios de salud, y de la investigación en los institutos nacionales de especialidades médicas, en el peor momento: la antesala de la pandemia;

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e. El año 2019 ya fue el más violento en la historia reciente de México, y el primer trimestre de 2020 luce peor. Ni la pandemia impide que crezca la ola homicida. Con 2.585 víctimas de asesinato (86 personas por día), marzo de 2020 se convirtió en el mes más sangriento desde que hay registros en el país. La gente dice que tiene más miedo de las balas que del virus.

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​2. Durante la pandemia

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f. Hay confusión y baja credibilidad en las cifras oficiales de las autoridades mexicanas en contagios y muertos. El lenguaje usado inicialmente por el propio presidente: la pandemia ‘no era grave’ y ‘no pasaría nada’ contribuyó a que el país enfrentara sin la preparación adecuada la fase más crítica, y a que no se planifique la recuperación con datos robustos.

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g. La economía mexicana vivirá una profunda y prolongada recesión, que se extenderá al menos durante 19 meses, es decir, al menos hasta el otoño de 2021.  La caída del Producto Interno Bruto (PIB) en el año 2020 podría incluso llegar a -10 por ciento, mientras que en el segundo trimestre, de abril a junio del presente año, el desplome alcanzaría -25 por ciento, según diversos analistas de riesgo.  Se avizora la posibilidad de que el tamaño de la economía mexicana al terminar el sexenio en 2024 sea menor que en 2018;

h. Las agencias calificadoras de crédito prevén un incremento dramático en la cartera vencida de los bancos en México, en tanto muchas personas caerán en la insolvencia y se verán impedidas de hacer frente a los pagos de sus créditos, con todo y las facilidades que los propios bancos les otorguen.

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Una comparación del manejo de la pandemia por parte de distintos mandatarios a nivel mundial arroja contrastes significativos. Pueden identificarse casos en tres niveles: supresión de la pandemia, mitigación y negación.  En el primero se encuentra China, cuyas cifras fueron puestas en duda desde el inicio, pero que superó la pandemia más rápidamente que cualquier otro país grande.  En el intermedio están gobiernos como el de Angela Merkel (Alemania) y Alberto Fernández (Argentina), para mencionar un caso de países altamente industrializados y otro de países en desarrollo.  En el escenario de la negación se instalaron Donald Trump (EEUU), Jair Bolsonaro (Brasil) y Daniel Ortega (Nicaragua)[1].

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El caso de México mezcla elementos de negación y de mitigación en distintas etapas. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha insistido en su programa de austeridad, cuyas medidas han incluso debilitado la capacidad del propio Estado mexicano de responder a la crisis.

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3. Después de la pandemia

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Los pronósticos globales apuntan a que será la peor recesión en casi un siglo, y México no será la excepción. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ya la ha bautizado con el nombre de ‘El gran confinamiento’. 

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En México, tenemos una economía intensiva en mano de obra, en la cual 57 por ciento de la población ocupada labora en el sector informal, donde no existe seguro de desempleo.  El gobierno del presidente López Obrador se ha enfocado sobre todo en proteger a los beneficiarios de sus programas sociales, repartiendo personalmente dinero a alrededor de 22 millones de personas, y garantizando su operación. Asimismo, la decisión de otorgar créditos hasta por 25 mil pesos (mil dólares) había sido aprovechada hasta la última semana de abril por 27,000 microempresas, para un monto de 690 millones de pesos (aproximadamente 28 millones de dólares, una gota en el océano).

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Sin embargo, hay más de treinta millones de mexicanos en situación de pobreza a los que no alcanzan estos programas.  

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Todavía más: el gobierno ha tomado la decisión expresa de no armar un paquete de estímulos para empresas y empleadores. El argumento detrás de esta determinación es que en el pasado se cometieron abusos y se emprendieron rescates corruptos de intereses privados con fondos públicos. La paradoja es que la ausencia de un programa de recuperación para pequeñas y medianas empresas puede acabar dañando precisamente a los sectores de la población considerados prioritarios por el gobierno de AMLO. 

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A partir de enero de 2020, el gobierno ha tenido desencuentros con distintos sectores sociales cuyas reivindicaciones no encuentran eco: víctimas de violencia y familiares de desaparecidos; el movimiento de mujeres; los padres de niños con cáncer que carecen de medicinas; y ahora, la cúpula empresarial.  Tras su decisión de no lanzar un salvavidas a pequeñas y medianas empresas, el presidente expresó su malestar de que lo hicieran -por separado- el Banco de México (banca central) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), este último con el conocimiento expreso de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Economía.  Ambos emprendieron políticas anticíclicas: el primero, para inyectar liquidez en el sistema financiero; el segundo, para otorgar préstamos a empresas hasta por doce mil millones de dólares.  Ninguno de los dos programas involucra recursos públicos.  

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En una medida sumamente controvertida, el gobierno ha decidido sacrificar una vez más a los burócratas y empleados oficiales.  A los subdirectores y niveles superiores (cuyos ingresos son superiores a 1,000 dólares al mes, hasta el tope autoimpuesto de 5,000 dólares mensuales netos, que es el salario del presidente de la república) les van a rebajar su salario un 20 por ciento y les eliminarán el pago de aguinaldo.

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Recién se anunció que el Tratado México-Estados Unidos-Canadá entrará en vigor el 1 de julio de 2020. Como señala el periodista Carlos Puig[2], ‘frente a la decisión que hasta hoy parece inamovible del presidente Andrés Manuel López Obrador de que su programa de reactivación económica no será más que la ampliación de programas sociales ya existentes; los funcionarios del sector económico saben que la única luz al final de un largo y oscuro túnel será Estados Unidos…en la medida que la economía estadunidense se abra y se vaya recuperando, muchas empresas mexicanas tendrán alguna oportunidad de sobrevivir y sus trabajadores de mantener el empleo. Asimismo, la integración de cadenas de producción entre ambos países hace que el regreso de muchas industrias estadunidenses sea muy complicado sin sus proveedores establecidos en México’.

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Propuestas de reactivación económica

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Hay varias iniciativas para después de la pandemia. Numerosos gobernadores (entre otros, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas), están enfocados en temas presupuestales y en una eventual renegociación del pacto fiscal federal. 

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A su vez, el Consejo Coordinador Empresarial está diseñando medidas para la reactivación, sin poner en el centro la interlocución con los funcionarios del gobierno federal, sino de sus homólogos y del conjunto de la sociedad mexicana.  En México, el sector privado, las empresas, desde las micro hasta las gigantes, representan el 90 por ciento del Producto Interno Bruto y un porcentaje similar de la inversión y del empleo; la economía no puede caminar sin este. 

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De acuerdo con el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo (GNCD) de la UNAM[3], “Esta emergencia excede las dificultades por las que transitamos en otras crisis profundas, e incidirá, además, en el potencial de desarrollo futuro, en la convivencia social y las relaciones colectivas, en la cohesión y otros aspectos vitales de la sociedad mexicana”.

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Continúa el GNCD: “El panorama es inédito y los escenarios son ominosos. Estamos obligados, sociedad y gobierno, a responder de común acuerdo con un verdadero Pacto de Estado, con medidas a la altura de las circunstancias y la magnitud de este nuevo desafío. Al tiempo de atender la prioridad central de protección de la salud, debemos responder de inmediato para amortiguar los impactos económicos y sociales a la vista. No podemos subestimar o negar los riesgos que tenemos enfrente. Nos parece que las prioridades urgentes son:

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• Proteger el empleo y el ingreso, sobre todo de los grupos más vulnerables;

• Salvaguardar la planta productiva, con énfasis en las pequeñas y medianas empresas;

• Mantener la continuidad de los servicios estratégicos, sean públicos, concesionados o privados en todos los órdenes, y:

• Apoyar más proyectos de inversión pública, privada y mixta para la recuperación y el apuntalamiento del crecimiento potencial.