2. Elecciones intermedias 2021: un balance de algunos resultados
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La agenda migrante, el proceso electoral y el futuro de México

 
Rodolfo García Zamora
Miguel Moctezuma Longoria
Oscar Pérez Veyna

 

Resumen

Luego de 30 años de una creciente contribución económica, social, cultural y política para el funcionamiento de México, los migrantes mexicanos en Estados Unidos ven cómo en el proceso electoral actual se mantienen múltiples trabas legales y administrativas, que les impiden ejercer libremente sus derechos políticos en nuestro país, como el resto de los mexicanos. A pesar de que en las últimas cuatro décadas han enviado a México más de 450 mil millones de dólares de remesas familiares, que han sido vitales a nivel macroeconómico y del desarrollo económico regional en la mayoría de los estados del país, beneficiando a 1.7 millones de hogares, siguen sin poder ejercer libremente sus derechos políticos de votar y ser votados en todas las elecciones del país.

En el proceso electoral de este año, en que se renueva la Cámara de Diputados y hay elecciones en quince estados por la gubernatura, los congresos locales y alcaldías, persisten los candados y trabas electorales en contra de la libre participación migrante. Han pasado diez años y ni el gobierno, ni los partidos políticos, ni la onerosa burocracia electoral, han promovido la credencialización masiva ni el voto electrónico para posibilitar la votación de la mayoría de 12 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos.

El único avance en este proceso electoral, ha sido el respaldo dado en el mes de febrero por el Tribunal Federal Electoral, a favor de su acción afirmativa de reconocer a los migrantes mexicanos en los Estados Unidos como grupo vulnerable en el exterior, para ejercer plenamente sus derechos políticos, mandatando al Instituto Nacional Electoral (INE) a que obligue a que los partidos políticos integren en sus listas plurinominales a los primeros diez candidatos migrantes. Con ello no se supera el deliberado retraso en la credencialización masiva, tampoco permite la votación migrante en la elección de diputados federales, pero por lo menos permite que los migrantes puedan participar como candidatos a diputados locales y federales. Sin embargo, persisten las resistencias y los afanes de exclusión de su participación, con la ambigüedad en el resolutivo al incluir “la vinculación” con los migrantes como condición que permitía incluir a personajes ajenos al sector como candidatos. Y luego la estrategia de los partidos de colocar como candidatos migrantes a personas que carecen de esa condición. Estos elementos han obligado a promover dos acciones legales para excluir la condición de “vinculación” como suficiente para ser candidato migrante. Y otra acción legal para impugnar las decisiones partidarias de usurpar los puestos de candidatos migrantes por incondicionales que no cumplen con tal perfil, al no haber vivido años en el exterior como la mayoría de ellos.

La experiencia que han tenido los migrantes durante más de 30 años de aprendizajes y lecciones políticas y sociales con el gobierno de México y los partidos políticos, es que al gobierno y a los partidos sólo les interesa el envío creciente de remesas y los votos de sus familias en los procesos electorales. Sin embargo, este pequeño avance de las candidaturas migrantes, lleno de trabas y obstáculos de todo tipo en el proceso electoral 2021, permitirá que algunos migrantes lleguen al Congreso Federal y a los Congresos estatales; esto permitirá realizar de diversas alianzas para avanzar en la solución de los principales problemas y demandas de los migrantes, sus familias y comunidades. Pero, reconociendo que en 30 años sus necesidades, demandas y propuestas no forman parte de la agenda de ningún partido político y que las políticas migratorias de todos los gobiernos hacia ellos han sido parciales, reactivas y tardías, con un enfoque corporativo y asistencialista y sin ningún visión de una Política de Estado sobre Desarrollo, Migración y Derechos Humanos, resulta fundamental plantear los ejes centrales de una Agenda Migrante Transnacional, como plataforma de la actividad de sus propios legisladores. Y también como soporte de la nueva institucionalidad de la negociación de las organizaciones migrantes con el gobierno federal, el Congreso, el Senado, los Congresos estatales, los Ayuntamientos y los partidos políticos.

En este proceso electoral, marcado por los impactos sanitarios y económicos de la pandemia del Covid-19, con un desplome en la economía nacional de México en 2020 que alcanzó el –8.5% del Producto Interno Bruto (PIB), con más de 2 millones 360 mil contagiados y 220 mil fallecidos, así como con una fuerte disputa por el futuro del país, entre los partidarios de la modernización neoliberal que durante 36 años destruyó las políticas de desarrollo económico nacional, regional y sectorial. Modernización que privatizó y extranjerizó el territorio nacional, los recursos naturales, las energías, las comunicaciones y transportes, el sistema bancario y comercial, además de modificar el marco legal para institucionalizar el despojo de los activos nacionales y la mayor dependencia y subordinación del país al exterior mediante el TLC y el T-MEC. Esto, frente a la propuesta del gobierno actual de promover una política nacionalista y asistencial que, en los hechos, mantiene la ausencia de las políticas de desarrollo nacional, sectorial y regional y promueve el asistencialismo como placebo del mismo modelo neoliberal con su vertiente de transferencia de ingresos a jóvenes y viejos, como “nuevo ejército electoral de reserva”. Ante ello, la Agenda Migrante Transnacional resulta estratégica para promover y defender las demandas, intereses y propuestas de los mexicanos en el exterior, además de ser una plataforma de incidencia en las políticas públicas y presupuestos, con el Congreso federal, el Senado, los Congresos estatales, los Ayuntamientos y los partidos políticos.

Tres elementos centrales son fundamentales en la aplicación de la Agenda Migrante Transnacional:

  1. Los migrantes mexicanos en el exterior deben tener los mismos derechos políticos y humanos que el resto de los mexicanos que viven en el territorio nacional. Antes que migrantes, son ciudadanos como el resto de la población nacional.

  2. Al igual que los 126 millones de mexicanos que viven en México y participan en la definición de las políticas públicas, programas, proyectos y presupuestos, los 12 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos exigen poder participar permanentemente en el diseño, aplicación y evaluación de la agenda pública nacional, en las políticas públicas, en los presupuestos, su seguimiento y fiscalización permanente.

  3. La Nación mexicana rebasa la frontera con Estados Unidos y está constituida por 126 millones de habitantes en México y 38 millones de origen mexicano que viven en Estados Unidos. Ahora que el gobierno federal plantea la construcción de un nuevo proyecto de Nación, esa construcción no puede hacerse sin ellos, sin reconocer su aporte al país por más de cuarenta años, sin garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos y humanos, sin integrar sus necesidades, demandas y propuestas en las políticas públicas, programas, proyectos y presupuestos a nivel federal y estatal, construyendo colectivamente una nueva arquitectura institucional en el diseño de políticas públicas con enfoque transnacional, de género, integral, transversal y transexenal, para que funcione a largo plazo.

 

Los migrantes mexicanos y la lucha por la Nación en la etapa pospandemica.

Al igual que en el resto del mundo, en México la pandemia del Covid-19 vino a mostrar el enorme daño ambiental acumulado, el desmantelamiento del sistema de salud por 36 años neoliberales, la enorme fragilidad de la economía nacional y la necesidad de reformular el Estado y las políticas públicas a favor de todos los sectores económicos y sociales del país, incluidos los migrantes, colocando en el centro el bien común y la Soberanía Nacional.

Hoy China, Europa, Estados Unidos y otros países están dejando atrás la ortodoxia del mercado, ante la gravedad de los impactos que ha tenido la pandemia sobre sus poblaciones, sus sistemas sanitarios y económicos, con lo cual sus Estados recuperan un gran protagonismo en el diseño de las estrategias de enfrentamiento de la pandemia y la reactivación de las economías nacionales, en un contexto de creciente competencia y proteccionismo mundial.

En 2021, en México se da un debate creciente entre los promotores y beneficiarios del neoliberalismo y el nuevo gobierno y sus aliados que plantean un Estado nacionalista y asistencial que controle los sectores estratégicos del país (en materia de energía, salud, alimentación, educación, comunicaciones), con mayores actividades de regulación, sin un cambio de fondo en las privatizaciones del territorio y los recursos nacionales. En ambos proyectos, el neoliberal dependiente y el nacionalista asistencial no había y no hay, hasta ahora, ningún espacio para las demandas y propuestas de los migrantes, pese a que desde los años 90 las remesas de los migrantes a México han crecido de forma constante. En la misma proporción, ha crecido la organización migrante mexicana en Estados Unidos y surgen sus demandas de mayor atención en los consulados en aquel país, además de nuevas políticas y programas hacia ellos en México. Esto ha generado una lenta reacción, que se manifiesta mediante pequeñas acciones de colaboración entre dependencias federales y algunas nuevas oficinas en Relaciones Exteriores para la atención de los mexicanos en el exterior. De esta manera, surge la política reactiva, parcial, y tardía hacia los migrantes que, durante 20 años, se ha caracterizado por su carácter asistencial y corporativo de control político del gobierno federal y los gobiernos estatales.

En pleno proceso electoral actual, cuando el gobierno de Biden anuncia una nueva política migratoria hacia México y Centroamérica, anunciando una propuesta de reforma migratoria integral que buscará incidir en las causas estructurales de la migración en Centroamérica y México, por el lado del gobierno mexicano no existe ninguna propuesta integral de política de desarrollo, migración y derechos humanos para el país y la región. Se repiten los buenos deseos de que hay que promover el desarrollo y el empleo, pero se sigue aplicando la austeridad neoliberal, no hay políticas de desarrollo regional, ni sectorial, no hay una política nacional de empleo y persisten graves problemas con los derechos humanos en todo el país. Sólo se reiteran los programas asistenciales de cuestionable soporte técnico como son “Sembrando Vida”, “Jóvenes Construyendo el Futuro” y las transferencias a los ancianos como “nuevo ejército electoral de reserva”. Pero no hay una verdadera agenda nacional de desarrollo, en la cual se integren las múltiples propuestas de planes, programas y proyectos que los migrantes mexicanos han hecho en los últimos veinte años al gobierno federal, a los gobiernos estatales, al Congreso federal y a los congresos estatales, con pocos resultados. Algunas de ellas fueron incorporadas parcialmente al Programa Especial de Migración, aprobado en 2013 sin ser vinculante y con un raquítico presupuesto de 50 millones de pesos, pero siguen sin aplicarse en el país.

  En el proceso electoral 2021, se ratifica la ausencia de los problemas, demandas y propuestas de los migrantes en las plataformas y ofertas de todos los partidos políticos. Los migrantes siguen siendo invisibles cuando, paradójicamente, los 40 mil millones de dólares de remesas que enviaron en 2020 al país son más visibles que nunca. Pese a la demagogia de poner en el Senado con letras doradas que los migrantes son “héroes”, sus problemas, demandas, propuestas y proyectos no forman parte de la agenda de ningún partido político, ni del gobierno federal, ni de los gobiernos estatales. Siguen excluidos de la agenda nacional, de los planes, programas y presupuestos. La democracia mexicana sigue acotada a las fronteras nacionales, a los intereses de los institutos políticos y a la carísima burocracia electoral. Estos dos meses de campaña representan una coyuntura especial para dar a conocer al país en su conjunto, a la Nación Mexicana de 164 millones de habitantes, los ejes centrales de la Agenda Migrante Transnacional, exigiendo que todos los partidos políticos y candidatos se manifiesten y comprometan sobre la misma, al igual que los tres niveles de gobierno y los diversos actores de la Sociedad Civil, para definir no sólo la actuación de los futuros diputados migrantes, sino además las alianzas concretas sobre su Agenda y su inclusión en las políticas, planes, programas, proyectos y presupuestos del gobierno federal y estatal. Con ello, se busca dejar de ser excluidos de ellos y evitar que se repita el desmantelamiento de los pocos programas migrantes y sus reducidos presupuestos, por parte de toda la clase política nacional, el Congreso y el gobierno mexicano, como ha sucedido en 2019 y 2020.

Para que la Agenda Migrante Transnacional sea parte fundamental de la Agenda Nacional, de las políticas públicas y sus presupuestos, planteamos lo siguiente:

 

  1. El restablecimiento de las políticas de desarrollo regional y sectorial en México, con un sistema nacional de empleo que garantice la generación de 1.5 millones de empleos permanentes al año en el campo y las ciudades, con la colaboración directa del gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, articulados con las diversas iniciativas y planes del sector empresarial, bajo un acuerdo nacional por el desarrollo y el empleo.

  2. Establecer un enfoque integral de desarrollo económico, que articule las migraciones nacionales e internacionales con un enfoque de derechos humanos, con énfasis en las regiones de mayor intensidad migratoria, de retorno y las fronteras Norte y Sur, reconociendo las siete dimensiones que tiene la movilidad humana hoy en México, como país de origen, tránsito, destino, retorno, desplazamientos, refugio y asilo.

  3. Integrar las siete dimensiones migratorias de México en las políticas de Desarrollo Social, especialmente en los rubros de alimentación, salud, educación, vivienda y respeto de los Derechos Humanos.

  4. Construir la nueva arquitectura institucional del país, que responda a la importancia que tienen las siete dimensiones migratorias de origen, tránsito, destino, retorno, desplazamiento, asilo y refugio, con la creación de la Secretaría de Movilidad y Derechos Humanos, superando el enfoque de seguridad nacional (policiaco-militar) hasta ahora vigente en las políticas migratorias del país, con la colaboración permanente con las Secretarías de Gobernación; Relaciones Exteriores; Economía; Agricultura; Educación; Bienestar; Salud; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y todas las vinculadas con la movilidad humana. Este cambio institucional deberá hacerse también en los estados con mayor intensidad migratoria, de retorno, tránsito y destino de transmigrantes y los ubicados en ambas fronteras, revirtiendo la marginalidad de los migrantes en las agendas públicas del país y los estados.

  5. Para respaldar legal y financieramente lo anterior, se requiere que una vez que el Congreso analice, discuta y apruebe la creación de la nueva dependencia federal y sus contrapartes estatales, el mismo Congreso y la Secretaría de Hacienda hagan los cambios necesarios en el Programa de Egresos de la Federación 2022 y años subsiguientes, para que se cuente con todo el respaldo legal, de recursos financieros, técnicos y humanos necesarios para su correcto funcionamiento. Como uno de los criterios de asignación presupuestal, se deberá considerar un aumento de los recursos federales a los estados que mayor contribución hacen en la recepción nacional de remesas. Es importante establecer en el Congreso el Catálogo de todos los programas migrantes, que permita su evaluación, seguimiento y correcta aplicación por todos los actores sociales.

  6. Hacer un rediseño del funcionamiento, servicios, programas y proyectos que realizan los consulados mexicanos en Estados Unidos, profesionalizando a todo su personal, con un incremento financiero proporcional al aumento de las remesas, que se aplique a los recursos técnicos, legales y financieros para su mejor desempeño. Además de establecer consultas permanentes a las organizaciones migrantes, sobre la oferta de servicios, mecanismos de su uso, calidad de los mismos y propuesta de mejoramiento constante.

  7. A nivel de salud, planteamos reforzar las acciones binacionales en esta materia. Para ello deben reconocerse las peculiaridades de la pirámide de edades de nuestra población en Estados Unidos, con una población que sigue siendo joven pero con un sector importante que está entrando a la vejez con un tipo de enfermedades crónico-degenerativas, más costosas y que requieren una atención constante. Para ello hay que aprovechar el Programa Binacional de Salud promovido por la Universidad de Berkeley, California, con gran potencial y muy poco apoyo nacional en los últimos sexenios. La Secretaría de Salud y sus contrapartes en los estados, deberán incorporan una visión transnacional en todas sus políticas de salud, que reconozca la diversidad de perfiles de los migrantes, de sus pirámides de edades y de aquellas enfermedades que requieren atenciones específicas.

  8. La educación marca hoy el progreso y la situación de los países en el mundo. En consecuencia, se requiere fortalecer todas las iniciativas de educación, organización y capacitación de la población mexicana en Estados Unidos, utilizando para ello todas las nuevas tecnologías que durante la pandemia se han difundido, como la nueva estrategia de contingencia para la enseñanza y aprendizaje a distancia. La Secretaría de Educación nacional, sus contrapartes estatales y todas las instituciones de educación superior, deben crear un amplio programa de educación formal, actualización, revalidación, formación técnica y cultural, sobre arte, música, literatura, pintura y lenguas mexicanas, destinado a los 38 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos.

  9. Reconociendo que, entre 2008 y 2020, más de 4 millones de personas mexicanas y de origen mexicano regresaron o llegaron por vez primera a México, se requieren programas de apoyo a la integración de los migrantes y sus familias a las zonas de retorno, mediante cuatro acciones centrales: empleo, educación, salud integral (física y mental) e integración familiar y comunitaria. En particular, planteamos la necesidad de establecer un programa nacional de apoyo a la integración y reintegración de 600 mil niñas, niños y jóvenes mexicanos y de origen mexicano, que llegaron a México de 2008 a 2020 y que requieren apoyos lingüísticos, didácticos, pedagógicos, psicológicos y formación para el trabajo, específicos para su correcta integración familiar, escolar y comunitaria.

  10. Durante más de 40 años, las organizaciones migrantes mexicanas estuvieron promoviendo desde Estados Unidos miles de proyectos comunitarios. Esto ocurrió inicialmente, en los años 80s y 90s, sólo con nuestros recursos. En 2002 se reconoció la importancia de esta filantropía transnacional mediante la creación del Programa 3x1 para Migrantes que, hasta 2019, había financiado más de 30 mil proyectos comunitarios. En 2020 el nuevo gobierno federal y el Congreso eliminaron el presupuesto para dicho Programa, argumentando los malos manejos y la instrumentación política hecha por los gobiernos anteriores. Con tal lógica, todos los programas federales deberían haber desaparecido y se hubiera colapsado el país. La cantidad de 30 mil proyectos comunitarios de coinversión con los tres niveles de gobierno de 2002 a 2019, la única política pública transnacional, un proceso de aprendizaje y colaboración de miles de comunidades en Estados Unidos y México con los tres niveles de gobierno y múltiples actores sociales, justifican el restablecimiento de este programa, con todas las modificaciones que garanticen su buen funcionamiento, la corresponsabilidad y equidad de todos los participantes y la transparencia y rigurosa aplicación de las nuevas reglas de operación definidas por todos los participantes.

  11. Es el momento de tomar con seriedad los proyectos sociales y productivos de los migrantes, sus familias, comunidades y organizaciones transnacionales, a través de un programa nacional con enfoque de Economía Social Transnacional, de MYPIMES y microfinanzas sociales, con la participación de la nueva Secretaria de Movilidad Humana, la Secretaría de Hacienda, la Secretaria de Economía, de Bienestar, de Agricultura, Medio Ambiente, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y las instituciones de educación superior del país. Este enfoque de Economía Social Transnacional, se debe articular con un nuevo enfoque de las políticas de desarrollo económico nacional, sectorial y regional, especialmente en las áreas de mayor intensidad migratoria, de retorno y las dos zonas fronterizas, con una visión de desarrollo local y regional que integre el esfuerzo colectivo de los gobiernos estatales, municipales y las organizaciones migrantes con un programa 3x1, reestructurado como componente de una estrategia del desarrollo territorial integral para las siguientes décadas, que apoye y promueva diversos proyectos productivos, sociales, ambientales y comunitarios como parte del desarrollo comunitario transnacional, equitativo y sustentable.