No se trata
solo de migrantes: se trata de nuestra humanidad
Mensaje de los obispos mexicanos con motivo del acuerdo entre México y los Estados Unidos en materia arancelaria y política migratoria
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1. MUJERES EN MÉXICO: SUS LUCHAS CONTRA TODAS LAS VIOLENCIAS Y DESIGUALDADES
2. Flujos migratorios: México, Estados Unidos y Centroamérica
Foto de Evan Vucci/AP
Perspectivas de las migraciones de Centroamérica y México a Estados Unidos bajo el nuevo gobierno de Biden
Rodolfo García Zamora
Selene Gaspar Olvera
Universidad Autónoma de Zacatecas
Resumen
Luego de cuatro años de una política antiinmigrante del presidente Trump que continuó las deportaciones de gobiernos anteriores, militarizó la frontera, expandió la construcción del muro, desmanteló las políticas de asilo y refugio y subordinó a México y Centroamérica a su política migratoria y de seguridad regional con una reducción significativa en los flujos migratorios de esos países, que se acentuó con la doble crisis del Covid-19 y el desplome económico en la región, la llegada del nuevo gobierno genera la posibilidad de restablecer los mecanismos de colaboración entre los países en el manejo de los flujos migratorios con un enfoque de derechos humanos, restableciendo el acceso al asilo y refugio, revirtiendo la separación de familias, suspendiendo la construcción del muro en la frontera con México y participando en una propuesta de desarrollo económico en Centroamérica, con una inversión de 4 mil millones de dólares, por parte de los Estados Unidos, que incida en las causas estructurales de la migración.
Introducción
En una perspectiva, de más de 40 años, resalta la incoherencia del gobierno mexicano que frente a la gran importancia y aporte de los migrantes para el funcionamiento del país y la presencia de seis dimensiones de la movilidad humana en todo el territorio nacional, no ha construido las políticas públicas y el marco normativo adecuado para atender la migración de forma eficaz. No obstante la existencia en Estados Unidos de más de 38.5 millones de habitantes de origen mexicano, 11.5 millones de mexicanos que viven permanentemente en ese país en 2020, entre los que se encuentran 5.9 millones de mexicanos indocumentados, incluidos 640 mil “dreamers”, que en su conjunto transfirieron 40 mil millones de dólares de remesas familiares en ese año y el creciente aumento de los flujos de transmigrantes por la frontera sur, se sigue sin incluir la movilidad humana como una prioridad, tanto en la agenda nacional como en el diseño de los presupuestos (García Zamora, 2019 a).
Luego de dos años del gobierno actual, han quedado claras las grietas del desarrollo económico y la migración dentro de la Cuarta Transformación, justo cuando la movilidad humana en sus diferentes dimensiones exige una política de Estado, con planes, programas, proyectos y presupuestos adecuados. La incoherencia entre la realidad migratoria y la ausencia de políticas públicas adecuadas es evidente con la comunidad migrante mexicana, frente a sus aportes históricos de remesas al país en 2019 y 2020 con 36.4 mil y 40.6 mil millones de dólares y la exclusión presupuestal de los programas más importantes para los migrantes en los Programas de Egresos de la Federación 2020 y 2021, con el riesgo de una fractura histórica con el gobierno actual y con todo el Estado mexicano.
Al inicio del año 2021, Joe Biden como presidente de los Estados Unidos manda una propuesta de reforma migratoria al Congreso de ese país, que incluye el respeto a los derechos humanos, la suspensión de la construcción del muro, el restablecimiento de los derechos de asilo y refugio, así como alternativas para regularizar a 10.5 millones de migrantes indocumentados y solución definitiva a por menos los 640 mil “dreamers” con DACA (80% de ellos nacieron en México, sin contar a los que quedaron fuera del programa) y el compromiso de invertir en Centroamérica para su desarrollo económico. Ahora la duda es si el Estado mexicano tendrá la voluntad política de realizar los cambios institucionales, para incluir la migración como parte central de la agenda nacional, las políticas públicas y los presupuestos, con una nueva arquitectura normativa e institucional.
En este trabajo analizamos la evolución de la migración internacional de Centroamérica y México de 2015 al 2020, sus impactos, retos y posibilidades de avanzar en nuevos mecanismos de colaboración con el gobierno de Biden, para la gestión de la migración regular, segura y ordenada hacia los Estados Unidos con perspectiva de derechos humanos y en una estrategia de desarrollo regional, que incida en las causas estructurales de la migración internacional.
La migración internacional de Centroamérica y México 2015-2020.
La crisis económica de los Estados Unidos entre 2007 y 2009, así como sus posteriores consecuencias, hizo pasar a los gobernantes de la región del sueño a la pesadilla neoliberal, al reducirse de manera dramática la migración a ese país, la caída de las remesas y el incremento de las políticas antinmigrantes frente a sus economías, presas de la jaula neoliberal, de los tratados comerciales con Estados Unidos y de su estrategia de control y seguridad en la región. Los efectos anteriores fueron diferenciales entre México y los países de Centroamérica (Guatemala, Honduras y el Salvador) por las enormes diferencias en sus estructuras económicas, institucionales y los procesos de violencias económicas, sociales, políticas y ambientales que, en los últimos cuatro lustros, han generado una distinta tipología migrante. Mientras en México se trata de migrantes económicos, con frecuencia con fuertes redes sociales, en el caso de los países de Centroamérica se trata de migraciones forzadas por la pobreza extrema, la violencia creciente de las organizaciones criminales y los desastres naturales. Esta situación ya era evidente en el aumento de los flujos migrantes de Centroamérica desde fines de los años noventa y que tiene su expresión más trágica en la masacre de San Fernando, Tamaulipas, en 2010, con el asesinato de 73 migrantes mayoritariamente centroamericanos, que fue uno de los detonantes para reconocer cómo en México crecían la inseguridad y las violencias en ambas fronteras y sobre las diferentes rutas migratorias que enlazan los movimientos migratorios de Guatemala con el Rio Bravo de Estados Unidos (García Zamora y Gaspar Olvera, 2020b,p.56).
La situación de Centroamérica ha sido mucho más complicada por lo atrasado de su estructura económica rural, como consecuencia de su tratado comercial con los Estados Unidos, la enorme dependencia de las remesas que llegan a representar más del 15% del Producto Interno Bruto (PIB) en países como Honduras y El Salvador, la inestabilidad política permanente y una violencia generalizada que obliga a migraciones crecientes en los últimos años, como se evidencia con las famosas “caravanas” de finales de 2018 y los primeros meses de 2019.
Para Alejandro Canales y Martha Rojas (CEPAL 2017) el escenario de la migración en la región México-Centroamérica es complejo, particularmente en el área que forman México y los países del llamado Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), dada la magnitud de personas que migra en la dirección sur-norte tratando de llegar a los Estados Unidos. La complejidad de este proceso está vinculada a los distintos factores que impulsan la migración y a las políticas y normativas aplicadas en los países de origen, tránsito y destino. Sin embargo, en cualquier contexto los derechos humanos de las personas migrantes constituyen el aspecto central al que deben enfocarse las medidas que se implementen en todo el proceso migratorio. Esta tarea constituye el principal reto de las políticas públicas, pues deben tener un carácter integral y holístico y considerar las causas estructurales y los factores asociados a la migración. El enfoque de los derechos humanos no puede ser usado para justificar la detención o la disuasión, sino para proteger de manera efectiva a las personas migrantes.
La estadística que se presentan en la gráfica 1 y cuadro 1 presenta las cifras de emigrantes e inmigrantes de México e ilustra que cinco de los siete países centroamericanos son expulsores netos de población: El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua. En la gráfica se incluye a Belice, Costa Rica y Panamá, que observan saldos netos migratorios positivos y sus emigrantes internacionales tienen como principal destino los Estados Unidos. La migración de Centroamérica se compone principalmente por indocumentados, que transitan hacia su destino a través de México. Se destaca que si bien los Estados Unidos son el principal destino de los mexicanos, debido a la larga tradición migratoria y al hecho de en el país del norte viven casi 12 millones de mexicanos, así como 13.7 millones de estadounidenses cuyos padres nacieron en México, el número de inmigrantes en el país son precisamente los que proceden de los Estados Unidos (71.9% de los inmigrantes en México nacieron en ese país, según datos de Naciones Unidas).
Perspectivas y retos de las políticas migratorias en Centroamérica y México frente al gobierno de Biden
Antes de la llegada del Covid-19 a México, durante 14 meses el gobierno de López Obrador aplicó una política de austeridad y estabilidad macroeconómica neoliberal a toda costa, con una política social asistencialista de transferencia de ingresos hacia jóvenes y ancianos. Pese a una retórica antineoliberal, frente a la doble pandemia se persiste en la austeridad, el rechazo reiterado a una reforma tributaria progresiva y la contratación temporal de deuda, frente a países como China, la Unión Europea, Estados Unidos y otros, que aumentan radicalmente su inversión pública, los estímulos fiscales y la contratación de deuda para reactivar sus economías. Así, el gobierno mexicano profundiza la austeridad y le apuesta al funcionamiento del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entró en vigor el 1° de julio del 2020 como el principal instrumento de reactivación de la economía nacional, junto con los cuestionados megaproyectos en el sur del país y el nuevo aeropuerto de la capital (Garcia Zamora y Gaspar Olvera, 2020a).
Al inicio de enero del 2021, cuando la profundización de la crisis estructural en Honduras, las violencias, los impactos del Covid-19 y dos huracanes provocaron la salida de dos nuevas caravanas rumbo a los Estados Unidos, pasando por Guatemala y México, se generó la alarma de los gobiernos de estos países en gran medida por la presión del cambio en la presidencia de los Estados Unidos, que anunció un giro progresista en la política migratoria, la cual podría ser afectada por la recurrencia de nuevas caravanas. Esta situación generó la intervención de la policía y el ejército de Guatemala para detener y obligar el regreso de sus integrantes a Honduras. En el caso de México, se reforzó la vigilancia de la frontera sur con la Guardia Nacional y se anunció que sólo podrían ingresar al país quienes tuvieran visa y un estudio médico de no contagiado del Covid-19. En los hechos, se frenaron las dos caravanas, mas no así la migración indocumentada en tránsito por México, motivada por el anuncio de una propuesta más flexible de política migratoria en los Estados Unidos. La prensa nacional consigna detenciones constantes de múltiples grupos de migrantes centroamericanos en el sur del país, instrumentados por los traficantes y lo más grave, una nueva masacre de 19 migrantes, en su mayoría guatemaltecos, en Camargo, Tamaulipas, el 22 de enero del 2021.
Después de varias semanas del triunfo de Joe Biden como presidente electo de los Estados Unidos, Andrés López Obrador le envió la carta oficial de felicitación. De ella, Jorge Durand (La Jornada, 20 diciembre 2020) destaca el reconocimiento a su postura en favor de los migrantes de México y el mundo, que permitirá continuar con el plan de promover el desarrollo y el bienestar de las comunidades del sureste de México y de los países de Centroamérica según el presidente mexicano. Pero, para Durand la agenda de Biden es más compleja por el contexto político de su país y los temas que la integran como la construcción del muro, la solución legal definitiva de los “dreamers” y beneficiarios del programa “TPS” (protección temporal para centroamericanos y caribeños), la suspensión del MPP (programa Quédate en México, con 70 mil migrantes devueltos a México), la atención a miles de solicitantes de refugio, el rezago de un millón de casos en los juzgados de migración, la separación de miles de niños migrantes de sus padres, el rentable negocio de los centros de detención privados y la promesa de Biden de una reforma migratoria integral, que permita legalizar la situación de 10.5 millones de migrantes con estancia irregular (Budiman Abby, PEW RESEARCH CENTER, 2020). Esto, en un contexto de aumento de las detenciones de migrantes por la patrulla fronteriza a finales del año 2020, así como el anuncio de nuevas caravanas migratorias de Centroamérica.
Para Durand, bajo el escenario anterior aunado a la crisis sanitaria y económica, pensar en los planes de desarrollo para Centroamérica resulta ilusorio. El desarrollo es y ha sido esquivo para los países pobres, con pocos recursos y muchos problemas. Pero, más allá de los planes y programas asistenciales coyunturales, la raíz es el modelo neoliberal. AMLO es un solitario Quijote que arremete (verbalmente) contra un modelo y una ideología enquistada hasta el tuétano en la sociedad, que incluso se arriesga a subir salarios mínimos en tiempos de crisis. Pero Biden y los líderes de los países centroamericanos, difícilmente van a cuestionar el modelo económico.
Por parte de México, Jorge Durand (La Jornada, 3 enero 2021) destaca la gran debilidad institucional del tema migratorio, su ausencia en la agenda nacional y la falta de una política de Estado sobre desarrollo, migración y derechos humanos que responda a la importancia de la movilidad humana en la reproducción económica, social, cultural y en muchas otras dimensiones. Él considera que el tema migratorio es la peor crisis sorteada por López Obrador en los dos primeros años de gobierno, ya que puso en vilo al país y obligó a dar marcha atrás a la política aperturista y ceder a las presiones y chantajes del anterior presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pese a ello, según Durand, no se le da la debida importancia al tema y al problema, al mutilar las funciones de la Secretaria de Gobernación y delegar las funciones migratorias en la Secretaría de Relaciones Exteriores, dejando una pequeña Unidad de Política Migratoria, que no define ni propone ninguna política por lo marginal de su situación, equipo y recursos de todo tipo; además de un Instituto Nacional de Migración que funciona como ariete de la política migratoria de seguridad nacional con enfoque policiaco. La narrativa oficial de convertir los Consulados en Estados Unidos en defensorías de los mexicanos en aquel país, queda en retórica ante la precariedad de los mismos, la reducción presupuestal, los problemas laborales de su personal y una demanda de servicios creciente e insatisfecha.
Frente a la posibilidad de una propuesta de reforma migratoria por parte de Biden, Durand plantea que México no puede quedarse sin hacer su propia propuesta, que considere nuevos mecanismos de colaboración con los Estados Unidos y Centroamérica sobre el tema migratorio. No se puede regresar la vieja etapa de “la política de la no política migratoria” de los años 80 y 90 del siglo anterior. La importancia económica, demográfica, social, política y cultural de la comunidad mexicana en los Estados Unidos y de los flujos transmigrantes en México, demandan la recuperación de un esfuerzo de responsabilidad compartida entre todos los países de la región. En el caso de nuestro país, hay varios factores de gran calado que exigen un esfuerzo de este tipo, como la existencia de 5 millones de indocumentados y 250 mil trabajadores temporales para el campo y los servicios (H2A y H2B) que requieren visas temporales, con respeto pleno a sus derechos laborales y humanos; el programa Quédate en México, impuesto por Trump, con la deportación de 70 mil centroamericanos al país; el problema del desarrollo centroamericano, causa estructural de los flujos migratorios crecientes. Estos flujos no pueden manejarse de forma retórica, como una solución mágica, sin propuestas serias de política económica de los propios países, para resolver diversos problemas derivados de la migración en tránsito creciente por México. Esta migración tiene por causa el atraso y las violencias, el tráfico de migrantes, la insuficiencia de la política de contención migratoria y del marco normativo, la impunidad y corrupción persistente que propicia nuevas masacres de migrantes, además de la incoherencia contra los propios migrantes mexicanos, que envían montos históricos de remesas al país, sin tener derechos plenos y siendo excluidos de los programas y presupuestos oficiales (La Jornada, 3 enero, 2021).
Villafuerte y García (2020) sostienen que ahora México está solo, los países del norte de Centroamérica no tienen interés en hacer reformas profundas para evitar la migración forzada. Sus economías son altamente dependientes de las remesas: en 2019, Guatemala recibió 10 mil 508 millones de dólares de remesas, El Salvador 5 mil 650 millones de dólares y Honduras 5 mil 523 millones de dólares por el mismo concepto. Las remesas constituyen la principal fuente de divisas para los tres países, sin embargo el costo humano del dinero es muy alto, e incluye el número de desaparecidos y muertos. El escenario es incierto, Trump ha perdido la presidencia, aunque la pesadilla aún no ha terminado. El trumpismo está presente en ambas Cámaras, pero sobre todo en la sociedad que acusa una profunda división, la cual se refleja nítidamente en la proporción de votos obtenidos por el republicano y en las familias divididas.
Conclusiones
El triunfo de Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y la propuesta hecha al Congreso de ese país, de una reforma migratoria integral, genera ya una reacción en contra del amplio sector conservador de ese país. Para Centroamérica y México, dicha propuesta significa un nuevo contexto de oportunidad de colaboración de los diferentes gobiernos en la gestión de los flujos migratorios, desde una perspectiva de desarrollo integral y derechos humanos. La nueva coyuntura implica reconocer, como sugiere David Brooks (La Jornada, 25 de enero del 2021), que el triunfo demócrata y la propuesta de reforma migratoria son resultado de la lucha y avance de amplios grupos sociales en contra del gobierno fascista de Trump, proceso en el cual las organizaciones latinas han jugado un papel muy importante. Con la propuesta migratoria de Biden, se abre en los Estados Unidos una nueva etapa de lucha política, a favor y en contra de tal propuesta, por lo que se requiere una amplia alianza transnacional de las organizaciones migrantes mexicanas y de Centroamérica. E incluso con las organizaciones sociales de esos países, que promueven un cambio a fondo en aquellas políticas públicas económicas y sociales incidentes en las causas estructurales de la migración internacional.
Si el gobierno mexicano no aprovecha la presencia mayoritaria de su partido y aliados en el Congreso y el Senado nacionales, a fin de promover una nueva estrategia de desarrollo nacional y una política de Estado sobre migración, con un enfoque de desarrollo integral y derechos humanos, se fortalecerá la jaula neoliberal impuesta durante 38 años como modelo de la muerte, con todas sus secuelas de destrucción de la economía nacional, de la cohesión social, de la soberanía del país y l profundización de todas las violencias en México. Y junto a Centroamérica, una mayor subordinación al Imperio del Norte (García Zamora y Gaspar Olvera, 2020,b).
Bibliografía
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EL PEF 2021, marginación y exclusión de la población migrante mexicana en Estados Unidos | Rodolfo García Zamora | Selene Gaspar Olvera