Aportes para la agenda de México durante y después de la pandemia

La relación entre #AMLO y el poder legislativo, entre la nueva época y el desprecio

 
Emilio Alvarez Icaza Longoria[*]

Senador de la República por la Ciudad de México

 

 

 

 

Las elecciones de julio de 2018 en México abrieron el inicio de un nuevo momento político y social para el país. Representaron el contundente mensaje de una sociedad que optó por el cambio, que aspira a que ahora sí se pueda dar pie a una nueva situación de las cosas y se enfrenten decididamente los escándalos de corrupción, la crisis de violaciones a los derechos humanos, la crisis de violencias e inseguridad, así como la lacerante desigualdad, entro otros grandes retos de la democracia que fueron poderosos disparadores de ese resultado electoral.

La primera etapa del nuevo gobierno, tres meses antes de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrados (AMLO), llegó con la instalación del nuevo congreso con una mayoría legislativa de la coalición Juntos haremos historia (Morena-PT y PES). No debe escapar del análisis el hecho de que, en la Cámara de Diputados se observa una sobre representación escandalosa del partido gobernante. López Obrador recibió un claro respaldo en la urna con el 53 % del total de los votos, no así su partido para la integración del poder legislativo. El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) recibió en las urnas el 37.3 % de los votos para la Cámara de Diputados (con sus aliados llegó al 43.6 %) y 37.5 % para el Senado de la República, sumando con sus aliados de coalición el 43.7 %.

No obstante, el resultado final lleva a una distorsión que tendrá consecuencias por lo menos en los tres primeros años. Cabe señalar que la legislación en la materia permite un porcentaje de sobre-representación -no más del 8 %. Sin embargo, en el caso de la Cámara de Diputados se dio una mucho mayor representación, bien por un fraude a la ley no sancionado, al incluirse representantes en las listas de otros partidos aliados, así como por pragmáticos e impúdicos acuerdos y alianzas con partidos mercenarios como con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Finalmente, todo junto llevó de un 43% de la votación obtenida en las urnas, a una representación de cercana al 67 % de la Cámara de Diputados.

Este hecho también marcó de inicio un sello de pragmatismo que, al parecer, será distintivo, al menos, en esta Cámara. Me refiero a un término de relación con las otras fuerzas políticas en lo que a la construcción de visión de país se refiere, pues ya no será necesario acuerdo alguno para construir consensos y tampoco se observa una intención por que sucedan. El resultado electoral parece ser entendido como suficiente fuente de legitimidad para el presidente y su partido, aunque dos de cada tres personas en edad de votar no lo hicieron por esa opción, bien porque 1/3 votó por otra opción, bien porque el otro tercio restante no votó. Este dilema de legitimidad y gobernanza parece que estará presente un largo rato.

En el Senado de la República el escenario es diferente. Hay una integración más cercana a la voluntad expresada en las urnas. Morena y sus aliados tienen mayoría simple, no así la mayoría calificada indispensable para lograr reformas constitucionales o decidir, por ejemplo, sobre un importante número de designaciones de cargos públicos que son responsabilidad y competencia de esta instancia legislativa. Este escenario hace que el Senado de la República sea uno de los pocos contrapesos que tiene hoy un presidente que cada vez concentra más poder, atribuciones y presupuesto.

En este estado de cosas, han pasado diferentes procesos clave. Una primera caracterización se refiere a los cambios constitucionales. Esta refiere al cambio de posición con respecto al pacto social expresado en la Constitución. Del anuncio inicial del presidente de no tocarla durante los primeros tres años de gobierno, se ha pasado a un intenso frenesí legislativo que ha llevado a la modificación de 35 artículos de la Carta Magna en nueve reformas constitucionales en tan sólo 16 meses. Esto es, se han reformado el 25 % de los artículos de la Constitución en este tiempo.

Una segunda característica es la dinámica legislativa más allá de los cambios en la Constitución y el término de relación entre el poder legislativo y el ejecutivo. En general la relación del presidente con el poder legislativo pasa sólo por la relación con su fracción y aliados. Atrás quedaron los tiempos de la llamada sana distancia entre el presidente y la bancada gubernamental, ahora, por el contrario, el presidente juega un papel activo en la dirección legislativa. El presidente ha optado por ejercer a plenitud un rol de jefe político, más que un Jefe de Estado. Las reuniones del presidente con “sus” bancadas son frecuentes.

Por el contrario, en todo este tiempo el presidente no se ha reunido una sola vez con las bancadas de la oposición, sus líderes o representaciones partidarias. Considera que, para la construcción de su visión de país, basta la articulación con su bancada y aliados y el intercambio a través de los medios de comunicación como la forma idónea de relacionarse con las oposiciones. El término de relación construido cotidianamente, refrendado casi todos los días en su conferencia de prensa mañanera, es el de la polarización. Es la expresión primera de un mundo dicotómico, a saber: “conmigo o contra mí”. Cuando las oposiciones le apoyan, tienen un tímido reconocimiento, cuando se oponen, son receptoras de una andanada de descalificaciones e insultos. Este término de relación ha dificultado enormemente la construcción de una visión de Estado que vaya más allá de la del presidente y ha contribuido preocupantemente a la gran polarización política que se vive hoy en México.

Esta dinámica se expresa en el poder legislativo de manera diferenciada dada su distinta integración. En la Cámara de Diputados no hay más argumento, procedimiento y razón que los que considera la mayoría legislativa, incluso atropellando posiciones que como oposición Morena sostuvo de manera intransigente. Se ha convertido en el primer espacio para ir construyendo poco a poco el armado legislativo de la visión de gobierno y país del presidente.

En el Senado, por el contrario, la dinámica es diferente. Es el espacio donde se revisan y reconfiguran muchas de las iniciativas legislativas. Se entra a un proceso detallado de elaboración plural que ha llevado a encuentros y desencuentros para la construcción de consensos. Incluso se han hecho modificaciones sustanciales a pretendidas reformas constitucionales que han llegado de la Cámara de Diputados como cámara de origen.

Una tercera caracterización se refiere a los temas de agenda y los desafíos que han encontrado eco y acuerdo y los que han encontrado resistencia y desacuerdo.

En los primeros podemos abordar los temas que podríamos agrupar en todo aquello que llamamos democracia social. En esas materias se han encontrado los más altos consensos de todas las fuerzas políticas para avanzar. Es lo que refiere al reconocimiento de derechos y libertades de diferentes grupos de población, muchos con los que se tenía y tiene aún una deuda histórica, en el avance de la paridad de género, derechos laborales y algunos derechos sociales de poblaciones específicas, por mencionar algunos. También ha habido encuentro en otros temas, algunos de ellos con enorme controversia y que mediante grandes procesos de modificación legislativa se ha arribado a acuerdos, como los temas de seguridad y la nueva Guardia Nacional y otros aspectos como acuerdos de libre comercio que también han sido más bien objeto de ratificaciones.

Los temas de gran desencuentro han sido muy diversos, entre algunos de ellos cabe mencionar el modelo de diseño de la estructura pública, reflejada en el diseño gubernamental, en la concepción del manejo del presupuesto y de las economías generadas en el ejercicio del mismo, la integración de nuevos órganos autónomos o del poder judicial, el diseño de la política pública diversa, con particular énfasis en el control, transparencia y manejo de los programas sociales, entre otros.

Una cuarta caracterización es más bien lo sucedido en fechas recientes. Particular tensión ha generado la forma de abordar y enfrentar el impacto de las crisis generadas por la pandemia del coronavirus (COVID-19). En particular, la declaración del presidente López Obrador de considerar esta pandemia como un “anillo al dedo” para acelera cambios deseados por su gobierno.

En efecto, en este tiempo se han presentado decretos y acuerdos presidenciales en distintas materias que no necesariamente tiene que ver con la pandemia, pero se han emitido justo en este tiempo y tienen carácter general. Aspectos tales como el regreso de tiempos públicos a medios de comunicación privados; la muy controvertida participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública; la negativa de continuar con modelos de obtención de energía con base en métodos renovables; privilegiar el uso de combustibles de origen fósil y; el cambio del marco legal del manejo del presupuesto federal para no consultar al poder legislativo sin especificar tiempos ni condiciones, entre otros controvertidos asuntos.

En las crisis, los valores son más necesarios que nunca. El actuar con arreglo a un modelo de gobierno democrático, en sus prácticas y mensajes, es mucho más necesario justo en las épocas como las que ahora vivimos. Infelizmente, en estos decretos no ha sido así. Han sido acciones exclusivas del ejecutivo sin consulta alguna a otros poderes, incluso con desprecio al legislativo y que no eran para este tiempo ni circunstancia, varios de ellos obedecen a otros contextos, pero simplemente se emitieron ahora para aprovechar la especial coyuntura que ofrece la pandemia. La expresión de que la pandemia nos viene como “anillo al dedo”, es en realidad una confesión de un entendimiento del modelo de gobierno. Estos decretos y acuerdos están más cerca de un modelo autoritario que de uno democrático.

El dilema que tenemos como país es un dilema de futuro, ¿cómo construimos un horizonte democrático que signifique el ejercicio de los derechos humanos de todas y todos?, y que este ejercicio de derechos no sólo sea el privilegio de algunas personas por su condición socioeconómica, color de piel, lugar de residencia, sexo o preferencia y orientación sexual, edad u otra característica. El dilema es cómo construimos un México para todas y todos, partiendo incluso de nuestras legítimas y necesarias diferencias ideológicas, políticas, culturales, etarias, sexuales y sociales.

En efecto, hay un pasado indefendible en muchos ámbitos, los partidos políticos tradicionales llegaron a excesos y errores tales que perdieron la confianza de mucha gente. Muchas de las instituciones del Estado mexicano construidas a lo largo de décadas no pudieron evitar ese estado de corrupción, impunidad y desigualdad, por el contrario, muchas de ellas fueron cooptadas por intereses particulares o por poderes fácticos (formales e informales) o infiltradas por la delincuencia; o de plano, participes de un modelo formal de democracia que poco a poco fue construyendo beneficios y privilegios para la burocracia y distanciándose de la gente a la cual se debían.

Resulta, aún ahora, casi imposible defender el Estado de Derecho en México, así de difícil resulta defender al aparato de seguridad y justicia dados los altísimos niveles de violencia, inseguridad e impunidad, así como revindicar un modelo social con los tan grandes niveles de desigualdad y de concentración de la riqueza. Es preciso reconocer que nuestra democracia y sus instituciones funcionan muy deficientemente.

Por eso, debemos, más aún por el demoledor impacto del coronavirus, reafirmar nuestro pacto social democrático más allá de las elecciones, donde la gente participe en la cosa pública, donde la lucha contra el engaño, abuso y corrupción tenga culpables con nombre y apellido y paguen por sus delitos; donde la seguridad sea un derecho, pero, sobre todo se haga realidad el derecho a no ser pobre.

Por poner algunas propuestas, precisamos ya modelos de ingreso vital para quienes no tiene para vivir y de esquemas de energías renovables, así como la construcción de acuerdos con visión de Estado que nos lleve a una constructiva y productiva relación entre los poderes públicos entre sí, entre los distintos órdenes de gobierno, entre actores públicos y privados y entre los poderes públicos y la gente. Tenemos, otra vez, en nuestras manos la oportunidad de una profunda transición democrática más allá de lo electoral. No podemos desperdiciarla.

 

 

 

 

[*] Independiente, sin grupo parlamentario e integrante de la Iniciativa Ahora. Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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