Además, se habrá de constatar que en no pocos hogares aumentó la violencia familiar, un fenómeno creciente en el que las principales afectadas o víctimas fatales son las mujeres, los niños y niñas y los adolescentes. Es una problemática que ha sido minimizada por el mismo presidente de la República, pero diversas organizaciones feministas y civiles en México -como la Red Nacional de Refugios, colectivo que agrupa a 69 espacios que brindan atención a mujeres víctimas de violencia- han denunciado un aumento del 70% de la violencia contra las mujeres en el periodo del 17 de marzo al 17 de mayo, es decir, los dos primeros meses de la contingencia.

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Estas tragedias humanas no aparecen en los púlpitos de los políticos que nos presentan una “realidad de fantasía”, en donde todo va bien y se augura que pronto saldremos de esta tragedia con un retorno a una “nueva normalidad” que permitirá a todos volver a ser felices. Es a todas luces una clara manipulación de la información sobre la pandemia y la construcción de una retórica cuyo fin es generar una percepción favorable sobre el manejo de la crisis sanitaria y económica por parte del gobierno en turno.

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Es preciso, también, acotar que la nueva realidad habrá de arrojar otra faceta funesta materializada en el terreno laboral, que expondrá la gran tragedia de quienes no tendrán trabajo y la de los pequeños negocios que ya no dan ni siquiera para comer y se verán obligados a “bajar la cortina definitivamente”.

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Sobre el futuro del mercado del trabajo en América Latina, por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) auguran un escenario “aterrador” por los efectos del COVID-19, pues prevén un aumento de la tasa de desocupación de 3.4% a 11.5% en 2020; es decir, más de 11.5 millones de nuevos desempleados, para un total de 37.7 millones de personas sin trabajo en la región.

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Ello perfila un escenario de miedo e incertidumbre que irá permeando el ambiente público, donde para muchos el dilema será el de poner en práctica las medidas posteriores al confinamiento o la posibilidad de encontrar aún los medios formales para adquirir los bienes necesarios que les permitan comer y sobrevivir.

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Este es el panorama que comienza a esbozarse en el país y que habremos de vivir después de la pandemia, en el que se pronostica, además, que habrá una mayor pobreza y aumentará la extrema pobreza. Ello ha sido pronosticado por el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social (Coneval) que estima que la crisis sanitaria generada por el COVID-19 y sus consecuencias económicas podría incrementar la población en situación de pobreza extrema por ingresos entre 6.1 y 10.7 millones de personas para 2020, quienes se verán imposibilitadas para adquirir una canasta alimentaria, bienes y servicios básicos.

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Esta previsión en México es compartida por BBVA Research que el 21 de mayo  perfiló dos escenarios como consecuencia de la crisis económica por el coronavirus: 1) una caída del PIB de 7%, lo cual haría que la población en situación de pobreza por ingresos llegue a 58.4%, es decir, 12 millones de personas adicionales, mientras que 26.6% de la población estaría en situación de pobreza extrema, es decir, 12.3 millones más de personas; 2) una contracción de 12% de la economía mexicana, que aumentaría en 16.4 millones las personas en situación de pobreza por ingresos, y a 18 millones adicionales en condición de pobreza extrema por ingresos.

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Esa realidad ya tangible entre la población más vulnerable exige a todos, incluidos los gobiernos, asumir que estamos por adentrarnos en una emergencia no solo sanitaria sino también social. De ahí que las medidas, las acciones y las políticas públicas tendrán que responder y estar a la altura del tamaño de esas crisis y no caer en acciones como si el país tuviera una especie de gripe pasajera.

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En el Gobierno se deberá asumir que esta crisis obligará a replantear nuestros modelos económicos, políticos y sociales y construir otro, alejado de axiomas ideológicos, que respondan a la nueva realidad, que estén en sintonía y sean congruentes con las necesidades del futuro inmediato, en el que se presagia una tormenta económica global con intensidad imponderable, pero con pronósticos durísimos para todas las naciones y sus habitantes.

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Hoy más que nunca las acciones del gobierno y la sociedad adquieren un papel primordial para “amortiguar el golpe”, que convierte en un imperativo el ir más allá de la estadística y generar conjuntamente las condiciones que impidan o atenúen una mayor precarización del empleo en México, un aumento desmedido en los índices de la pobreza y la pobreza extrema, y una agudización de la desigualdad.

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En ese orden destacan propuestas de la sociedad civil organizada y de empresarios encaminadas a sumar voluntades en ese propósito.

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Una de estas es la Carta suscrita por integrantes del Consejo Asesor de Nosotrxs y de la Comisión Ejecutiva de Nosotr@s, de fecha 30 de marzo de 2020, dirigida al Presidente de la República y al Presidente e integrantes del Consejo de Salubridad General, por el cual se formularon una serie de consideraciones para el fortalecimiento de las acciones para la atención de la emergencia sanitaria por el COVID-19. En este documento se subraya que la seguridad en salud debe formularse con carácter integral y como un elemento que coadyuve a la estabilidad social y el crecimiento económico, y cuya lectura permite inferir que se debe abordar como una respuesta efectiva y parte esencial de una estrategia de comunicación clara, concisa, consistente y creíble para enfrentar un fenómeno como el del COVID-19 en el marco de la seguridad nacional del país.

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Otra es la propuesta de la Coparmex para instaurar en la actual coyuntura el salario solidario, que tendría como finalidad implementar transferencias directas a todas las personas que se encuentran en grave riesgo alimentario o de salud y que no cuentan con otros apoyos sociales, y que serviría, además, como mecanismo temporal para reactivar el mercado interno. Con iguales términos y propósito, se han manifestado la Cepal y, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 124 legisladoras y legisladores de las fracciones parlamentarias de MORENA, MC, PAN, PRI, PRD, PES y una diputada independiente.

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Frente a ese panorama, está claro que no son tiempos de cuidar la popularidad ni tampoco aprovechar las tragedias humanas para hacer campañas políticas. La ruta es muy clara: anular la confrontación y entender que el país requerirá de cambios profundos en el que la denostación y la división contra todo lo que se resiste no tienen lugar, pues la corriente de opinión y de las propuestas apunta hacia la necesidad de remontar rezagos y concretar avances en todos los ámbitos.

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Tampoco existen espacios que den cabida a quienes pretendan presentarse como los dueños de la verdad absoluta sobre la orientación de los cambios estructurales e institucionales que la nueva realidad exigirá impulsar y consolidar. Es hora, también, de fomentar y de mostrar voluntad política para establecer una relación sustentada en el diálogo entre los gobernantes y la ciudadanía, que permitan remontar las posturas que generan la escisión, la división e, incluso, la confrontación entre los actores del espectro político, económico y social, así como abandonar el políticamente inadecuado, incorrecto o inviable dominio de unos y la postura de obedecer o estar callados de los otros.

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Son tiempos en los que nos toca impulsar ideas novedosas y contundentes para enfrentar el complejo y difícil momento actual y abrir caminos con un enfoque de inclusión y de garantía y de respeto por los derechos humanos de todos. Debemos, todos, estar conscientes de que enfrentamos una emergencia inusitada, que obliga a evitar costos sociales y económicos de gran magnitud.

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No se trata de sacar raja de esta crisis o que los beneficiarios sean, como ha ocurrido en otras crisis, los poderes fácticos económicos y políticos. Se trata de generar las sinergias para impulsar políticas públicas que abran la puerta de las oportunidades para todos los niveles de nuestra sociedad, que mejore la calidad de vida de los ciudadanos, que permita establecer un salario y trabajo dignos, que no hunda más en la miseria a los más vulnerables, y que se inhiba la violencia que, por definición, corrompe y fragmenta el tejido social.

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Necesitamos crear liderazgos desde todos los niveles para ver el hoy y el mañana con una visión de justicia y derechos humanos. Se requiere que la clase política atisbe los tiempos pospandemia como una antesala para el diálogo, la conciliación y los acuerdos, pues de lo contrario, la miopía política podría anular un porvenir mínimo o promisorio para para el país.

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En ese plano, lo más importante será el tono y gradación de la ruta que habrá de trazarse en esta nueva realidad y qué cambios serán medulares para repensar al nuevo Estado mexicano, su función social, su dirección y definir con claridad los parámetros de conceptos como progreso, desarrollo y crecimiento económico.

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En esa tarea, debemos comprometernos todos los sectores sociales, con el ánimo cardinal de generar los nuevos términos del actuar de la clase política y su vinculación con los empresarios y la sociedad, para construir y modular una economía con responsabilidad y visión social, así como reencauzar su funcionamiento con un sentido de desarrollo y progreso humano.