Si esto es cierto a nivel mundial, en México la situación es aún más compleja por causas internas. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha roto con las inercias políticas generadas en los gobiernos de la transición a la democracia. El triunfo de la coalición política que construyó López Obrador fue arrollador. Se trató de una elección plebiscitaria en la que la mayoría de la población decidió que estaba harta de un régimen semidemocrático profundamente corrompido, totalmente ajeno a la sociedad y dotado de un cinismo y de una frivolidad no vistas en décadas.

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La profundidad de la crisis de legitimación del régimen de la transición explica que un político profesional de larga trayectoria haya ganado arrasadoramente las elecciones presidenciales, a pesar de la escasa claridad de su propuesta programática y de la profunda distancia que el propio López Obrador ha guardado siempre respecto a todos los actores de la sociedad civil. El  ahora presidente ha considerado desde tiempo atrás que no solo los actores políticos de la coalición neoliberal son responsables por el desastre, sino que también las élites culturales, mediáticas y civiles tienen una responsabilidad en los resultados del proceso de transición, al no haberse opuesto con la energía necesaria al régimen corrupto.

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En el nuevo gobierno, todos los elementos del populismo están presentes: un líder carismático; un proyecto vago, pero que parece responder a las expectativas de cambio que desesperadamente demanda la sociedad; una promesa de retorno a un pasado mitificado en el que había orden y progreso (el desarrollo estabilizador) y una relación directa entre gobierno y pueblo; una legitimidad electoral incuestionable y un método de acción política que conecta directamente al líder con las masas: las giras constantes, las mañaneras, los videos de fin de semana y, en general, la ocupación casi monopólica del espacio público por parte del líder. Para completar el cuadro, se ha establecido un campo político marcado por la distinción amigo/enemigo.

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Típicamente se denuncia a las élites del pasado, la “mafia neoliberal”, etc., como el enemigo, y se incluye en esa categoría a cualquiera que quiera oponerse a los designios del líder. Los amigos son poco definidos; se trata ante todo del “pueblo bueno”, una masa inorgánica y de quienes, desde los partidos de la coalición gobernante, apoyan sin chistar al presidente, como en las épocas pasadas, así como los defensores mediáticos, poco abundantes, pero necesarios para articular la política de descrédito a los “enemigos”.

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Se está constituyendo en México un régimen populista, como muchos otros que hoy se han expandido por el mundo. El líder se considera a sí mismo el portador de una misión histórica, con ribetes religiosos: una “cuarta transformación” que debe cambiar a México por el resto del siglo. Lamentablemente, la ambición no se articula con una capacidad de ejecución. Por el contrario, como en todos los regímenes populistas, el líder tiende a desinstitucionalizar al Estado al imponer sus decisiones sin debate previo, estudios necesarios y preparación adecuada. Las capacidades estatales, de suyo disminuidas en la fase neoliberal, están hoy brutalmente dañadas debido a una política de austeridad más afín al neoliberalismo radical que a la necesidad de una reconstrucción del Estado.

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El reto doble para las organizaciones de la sociedad civil

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Las organizaciones de la sociedad civil en México enfrentan así un reto doble. De un lado, su agenda específica, centrada generalmente en la defensa de los derechos humanos y en la atención a sectores específicos de la población, se ve hoy rebasada por la urgencia de atender la emergencia humanitaria que se viene. De otro, la situación política creada por el proyecto populista impide actuar en articulación y acuerdo con el gobierno federal y obliga a pensar en una agenda de defensa de la democracia y de la propia existencia autónoma de la sociedad civil.

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La polarización populista dificulta la más elemental de las tareas en una situación de emergencia como la que vivimos: la alianza entre niveles de gobierno y actores de la sociedad civil para garantizar ante todo la sobrevivencia digna de la población y la salida ordenada y rápida de la crisis económica. Asimismo, el cierre del espacio público a un debate racional y civilizado obstruye la búsqueda colectiva de alternativas viables a la crisis estructural. Es por ello que una primera tarea indispensable es insistir en el diálogo, en la evaluación de alternativas, en el aprendizaje colectivo a partir de experiencias exitosas ya disponibles y en el lanzamiento de iniciativas que congreguen a todos los actores políticos y sociales posibles. Este exhorto debe dirigirse no solo al gobierno, sino también a los sectores cada más radicalizados de la derecha histórica, de sectores de las clases medias y de algunos grupos corporativos que hoy juegan también, irresponsablemente, el juego de la polarización, sin interés alguno en el bienestar colectivo.

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Sin embargo, la experiencia reciente enseña que los exhortos al diálogo no son suficientes. Y ello vale para todo tipo de actores, tanto de la élite económica, como de la sociedad civil histórica, como de los sectores populares. La coyuntura política actual coloca a las organizaciones de la sociedad civil en una condición parecida a la que tuvieron en los años 90, en su fase de formación y consolidación. En esos tiempos, las organizaciones de la sociedad civil debieron coaligarse para defenderse de los intentos de control político del gobierno federal y de los ataques de los gobiernos locales. Tuvieron que formar grandes alianzas para impulsar la lucha política central de la época, que fue la de democratizar la vida pública. El principal actor político-civil de esta fase, la Alianza Cívica, fue precisamente una articulación de redes de la sociedad civil en el impulso de una agenda democrática. Si bien en este momento la democracia electoral no está en riesgo, lo cierto es que la polarización política y la crisis económica pueden conducir a un proceso electoral en 2021 en el que haya episodios de violencia o donde puedan ponerse en duda los resultados, máxime que hay un esfuerzo explícito por parte del gobierno federal para debilitar al órgano electoral. Ciertamente, el Instituto Nacional Electoral (INE) está lejos de ser ejemplar, pero este no es el momento de corroer sus cimientos.

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La experiencia también indica que las organizaciones de la sociedad civil carecen de una fuerza política propia y que dependen para avanzar en su agenda democrática de que haya movimientos sociales populares que impulsen sus propias agendas de derechos. La democratización de fines de los 90 no hubiera sido posible sin la aparición del EZLN y la formación de un gran movimiento de solidaridad con el zapatismo indígena. Fue ese movimiento lo que convenció al régimen autoritario de que era necesario darle canalización electoral al descontento social acumulado.

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Movimientos sociales protagónicos en años recientes

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Quienes han tomado un lugar protagónico en el campo de los movimientos sociales en años recientes han sido el movimiento feminista, el movimiento estudiantil y el movimiento de colectivos de familiares de víctimas de desaparición forzada. Se trata de un nuevo tipo de movimientos sociales, articulados y autoconvocados por medio de las redes sociales, carentes de organización formal y de representación autorizada, que recurren a la movilización frecuente y en ocasiones a la acción directa. En realidad son muchos grupos dispersos reunidos en coyunturas específicas. Tienen vasos comunicantes importantes, puesto que el movimiento feminista tiene su base en las universidades y libra una lucha al interior de ellas por detener y castigar el acoso sexual y las múltiples formas de expresión de la cultura patriarcal hegemónica. Diversos grupos estudiantiles buscan la democratización de las universidades, se solidarizan con el movimiento feminista, y reclaman la incapacidad institucional para atender la demanda de educación universitaria. Ambos movimientos apoyan a su manera y desde sus trincheras a los colectivos de víctimas. Lo relevante de estos tres movimientos es que ellos se salen de la lógica amigo/enemigo y de la cultura clientelar que caracteriza la política tradicional mexicana y que, en nueva forma, reproduce el gobierno actual.

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En el campo popular destacan las múltiples luchas contra los megaproyectos, la minería a cielo abierto y, en general, contra la destrucción de la naturaleza. Muchas de estas luchas son protagonizadas por pueblos indígenas que defienden así su autonomía política y su modo de vida. Sin duda este tipo de movimientos sociales estarán en la línea del frente en los próximos años dada la obsesión del actual gobierno por megaproyectos faraónicos, casi todos a ser desarrollados precisamente en territorios indígenas. Al igual que los anteriores, estas formas de resistencia popular desarrollan formas de acción colectiva horizontales, fundadas en asambleas y en la acción directa. La alianza de muchos de estas resistencias con sectores del movimiento ecologista, y con organizaciones civiles que apoyan sus causas desde el ámbito legal, fortalece su potencial y genera alianzas y sinergias hasta hace poco inexistentes.

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Nuevos frentes de movilización social por la pandemia

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La pandemia de COVID-19 ha creado ya y creará más frentes de movilización social. Los trabajadores de la salud han sido las principales víctimas del desorden institucional y de la falta de planeación y dirección en el sector salud. Esta problemática no es sólo una responsabilidad de gobiernos pasados, que sin duda la tienen, sino también del actual, que ha impulsado una muy fallida reforma del sector. Los trabajadores de la salud han iniciado un movimiento que seguramente continuará por largo tiempo debido a que el gobierno no será capaz de atender sus demandas, que esperamos incluyen también la democratización de sus sindicatos, hasta ahora controlados, en su mayoría, por líderes mafiosos. La reforma laboral a que ha obligado la firma del nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá va a forzar la relativa democratización de los sindicatos y una mayor transparencia en el registro de los mismos y de los contratos colectivos. Es de esperarse una gran movilización en el sector, que tratará de ser controlada o dirigida desde el propio gobierno para desplazar a las viejas mafias corporativas priístas. Hay aquí una ventana de oportunidad para una impulsar una democratización largamente pospuesta en el mundo sindical.

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La crisis económica, que implica despidos y baja de salarios, seguramente creará condiciones favorables a la protesta obrera. En este campo la asesoría jurídica y organizacional es imprescindible para contribuir a la creación de un sindicalismo democrático. Esta es una tarea abandonada tanto por las formaciones históricas de la izquierda, hoy desaparecidas, como por las propias organizaciones civiles que alguna vez trabajaron en el sector. Asimismo, el avance imparable del capitalismo en el campo ha creado un verdadero proletariado agrícola que ya ha dado muestras diversas de capacidad de movilización y que tiene una urgencia de sindicalización para la defensa de sus derechos. Es preciso considerar en este breve recuento a los nuevos trabajadores informales del sector público, los llamados “Servidores de la Nación”, quienes realizan el trabajo de terreno para la aplicación de los programas sociales del gobierno. Esos trabajadores están sometidos a un régimen extraordinario que los deja sin derechos y los obliga a laborar en condiciones difíciles.

Esta es una enunciación rápida de los múltiples frentes de conflicto social que ya estaban abiertos antes de la pandemia y que ahora pueden experimentar una escalada de movilizaciones.

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Desafíos de las organizaciones y movimientos sociales

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El gobierno de López Obrador, en la medida que ha prescindido de todo tipo de mediación social e incluso de la formación de un verdadero partido político del régimen, se encuentra seriamente incapacitado para lidiar con los conflictos sociales que se salgan de su lógica amigo/enemigo. La penosa reacción del presidente frente la movilización feminista del 8 de marzo pasado es un ejemplo de la profunda incomprensión del mandatario de la urgencia y validez de las demandas de los nuevos movimientos sociales. Su desatención al movimiento de los colectivos de víctimas es igualmente inaceptable y contradictorio con su discurso. Existe un riesgo cierto de que múltiples movilizaciones sociales, incluidas muchas generadas por la desesperación y el hambre, sean catalogadas por el régimen, en el contexto de la polarización, como “atentados golpistas”.

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Es en ese contexto que las organizaciones civiles, tanto las históricas como las formadas por nuevas generaciones de activistas, tendrán que asumir un papel público más cercano a la resistencia democrática que a la mera gestión de la incidencia. Muchas de las organizaciones civiles profesionales que se han formado en la última década, algunas de las cuales han tomado la forma de Think Tanks, carecen de la experiencia y de la formación para dar una lucha en el terreno político-civil. Pero en una época en la cual el debate racional está virtualmente cerrado y en el que el gobierno se niega a escuchar, es necesario pensar en nuevas formas de acción colectiva acordes con los retos del presente.

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La pandemia solo ha hecho más urgente la tarea que ya tenían planteada las organizaciones civiles antes de la emergencia: contribuir a la democratización de la propia sociedad civil, defender las instituciones democráticas que tanto trabajo ha costado construir y mantener la lucha por los derechos humanos en todo su alcance. El gran reto de esta nueva fase histórica será lograr la articulación entre los movimientos sociales de nuevo tipo, las protestas populares y las organizaciones de la sociedad civil en una lucha que debe conducir a una sociedad más justa y democrática.