A pesar de lo anterior, formular buenos augurios resulta política, económica y socialmente sano, pero también a todos los actores debe quedar claro que se deben tener en cuenta los contextos y las realidades en los diferentes ámbitos del quehacer doméstico.

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En su arista positiva, el país empieza el año con algunas luces con la aprobación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en el Congreso estadounidense que, en principio, se presenta como un buen mensaje dirigido a los inversionistas nacionales y extranjeros, aunque esta inversión solamente beneficia a unas regiones y a unos sectores de la sociedad. Ello, porque el impacto del anterior acuerdo comercial (el TLCAN) no fue homogéneo en sus bondades entre los estados y regiones del país. Sobre todo, porque la distribución geográfica es un indicador de la diversidad de las vocaciones productivas existentes entre las regiones de México, entre las cuales la región frontera (Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas) destaca por ser una economía más orientada al sector externo respecto al resto de las regiones como la del Norte (Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas) la del Centro (Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala) y, por supuesto la del Sur (Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán) entre las cuales el diferencial de desarrollo estructural y humano y de participación en el PIB registra resultados mixtos, aunque en algunos, sobre todo con el Sur-Sureste, son notables los desequilibrios del desarrollo y refuerzan la visión de los dos Méxicos: el desarrollado y el excluido.

Cabe destacar que el nuevo Tratado no se ciñó estrictamente a los aspectos comerciales, sino que incluyó otros aspectos torales que, en la llamada “letra chiquita”, quedó explícito que el negociador de México Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la SRE, cedió para que el gobierno estadounidense intervenga en los asuntos internos del país, a cambio de lograr que la nación del Norte aceptara firmar el T-MEC con una adenda que incluyó temas de interés para el gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, las partes estadounidense y canadiense se encargarán de que México cumpla con la aplicación jurídica para salarios, trabajadores y sindicatos. Para ello, el vecino país del Norte enviará a México inspectores o “agregados laborales” en sus misiones diplomáticas, que vigilarán que se cumpla con la libertad de asociación laboral, y que se ajusten los sueldos y salarios con base en los incrementos de la productividad de los trabajadores. En suma, que se cumplan al pie de la letra y en orden las leyes que se tienen que aplicar, como resultado de una renegociación del T-MEC.

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Por lo pronto, una vez que se ratifique el T-MEC en el Parlamento canadiense, México se reubicará como parte natural del mercado norteamericano, con ventajas en infraestructura de comunicación, logística, energías, recursos, transportes, y clústeres industriales, comerciales, agroindustriales, financieros, entre los de mayor importancia, sin haber eliminado las asimetrías económicas y políticas entre las naciones firmantes del Acuerdo. Todo ello, habrá de confirmar en los hechos que la estrategia de desarrollo será crucial y dogma para las Administraciones integrantes del Tratado trilateral.

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En este marco nos encontramos en un contexto en el cual la realidad cada día se va imponiendo y no acepta un discurso que busca maquillarla o desviar la atención. En ese sentido, para no pocos es evidente que la retórica como consigna ha topado contra la realidad y, por ello, los diversos sectores sociales y empresariales expresan confianza de que en el gobierno federal asimilen que no es con voluntarismo como se logran los grandes cambios y las verdaderas transformaciones, sino que estas se concretan con intensos procesos sociales que implican, por definición, sacudidas que se deben acompañar con los esfuerzos de la sociedad, cuya propuesta es avanzar con ajustes y modificaciones graduales que consoliden las instituciones y su relación con los diferentes sectores sociales.

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Sin embargo, es preciso destacar que en lo que va del segundo año de la actual Administración, el ambiente que se respira es el de choques frontales entre los diferentes actores, en donde descalificar y adjetivar al contrario es la regla. La derivación lógica de ello, es una verdad de Perogrullo: existe fragmentación social.

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Por ello, desde varios frentes se advierte que la pacificación, el orden social, la reconciliación política y la unidad nacional, no se consiguen por decreto, sino que es menester que el Estado y el gobierno en turno se apeguen a la legalidad, al mandato constitucional y ciudadano para actuar con congruencia y altura de miras para recuperar la confianza a través de decisiones de gobierno que otorguen, a su vez, certidumbre en el largo plazo. Esto es, que desde el poder, no se aliente la división, la polarización y el encono entre los mexicanos y que a la política no se le emplace como una arena entre amigos y enemigos.

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En ese tenor, para enfrentar la agenda pendiente y los nuevos desafíos del país se necesita tener una actitud y la convicción de que ningún actor o sector por sí sólo va resolver los asuntos públicos del país.

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