A pesar de lo anterior, lo único que sí podemos ver es cómo cada día algunos estados y ciudades importantes como la Ciudad de México o Monterrey, relajan las medidas sanitarias y los llamados de las autoridades son poco o nada atendidos por las personas. El problema de ello radica en la forma del gobierno para comunicar sobre cómo el país transita la pandemia con una semaforización poco certera y confiable, basada en generar en la población la percepción de que estamos entrando a una “nueva normalidad” que se concretará merced al hallazgo de una vacuna providencial, que parece lejana, y a la disciplina social que mitigue los contagios, lo que también la pandemia se encarga de perfilar como distante.

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La otra cara de la crisis sanitaria son las tribulaciones cotidianas en la economía de las familias, ya sea por la pérdida de trabajo o por la disminución de ingresos. Esa afectación en muchos casos obliga a más miembros de una familia, principalmente los hijos, a buscar emplearse para mantener un ingreso que les garantice su sobrevivencia o, al menos, alejarse del umbral de la pobreza, en el que la ONU alerta que México podría ser uno de los países con mayor número de pobres como consecuencia de la expansión del coronavirus en América Latina, Región que podría registrar un aumento en el número de personas en situación de pobreza en América Latina en 45 millones (hasta llegar a un total de 230 millones de personas) y el número de personas en situación de extrema pobreza en 28 millones (llegando a un total de 96 millones de personas), poniéndolas en riesgo de desnutrición.

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Todo esto, a pesar de la creación retórica de un ejército de beneficiarios carentes de trabajo y de becados en el terreno educativo que, como medidas alternativas, el gobierno federal optó por favorecer, junto con otros programas asistencialistas, que contrastan con su renuencia a brindar apoyo efectivo y suficiente a las empresas que padecen o desaparecen, junto con los miles de empleos, por la falta de apoyo financiero de emergencia que les permitiera mantenerse a flote y especialmente para cubrir los costos laborales.

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Ello es una muestra de cómo la pandemia ha tenido consecuencias descomunales, pues no sólo ha producido la desaparición de empresas, sino también la destrucción de plazas de trabajo. De acuerdo con datos del IMSS, al primer semestre del 2020, se perdieron 1 millón 113 mil 677 de empleos formales como consecuencia de los efectos derivados de las medidas de distanciamiento social y el paro de actividades económicas, lo cual oscurece aún más la perspectiva sobre el crecimiento económico del país que ya padecía graves rezagos y actualmente perfila escenarios de una retracción de dos dígitos.

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En ese marco, desgraciadamente hay una ausencia por parte de las autoridades de crear puentes de diálogo para que los distintos sectores concibamos un acuerdo básico con alcance nacional, que tenga como objetivo integrar una agenda común que haga frente a la reconstrucción del país. Ello como parte consustancial a la visión de Estado que el actual gobierno debería de asumir ante las crisis que está padeciendo el país y su población.

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La propuesta en ese sentido, es que el gobierno coloque por delante de las ocurrencias y los abusos del poder político, proyectos y una visión diferente para enfrentar de manera civilizada y gradual las crisis, con voluntad y altura de miras para organizar y coordinarse políticamente ante las propuestas ciudadanas o las que emanen de organismos empresariales y las entidades académicas, así como atender las sugerencias que emiten organismos multilaterales para remontar las crisis económica y sanitaria.

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Es una vía que anularía la percepción ciudadana de que, con acciones paliativas, el gobierno federal busca “tapar el sol con un dedo”, ante la insuficiencia o la limitación de las acciones públicas para atender la agudización de los múltiples problemas en los ámbitos de la salud y de la economía.

El punto es que como sociedad atestiguamos expectantes cómo las autoridades han dejado pasar el tiempo con la convicción de que los problemas paulatinamente se irán solucionando y acomodándose el estado de las cosas, sin la necesidad de rectificar ni tampoco crear nuevas políticas públicas orientadas a recuperar el crecimiento y el desarrollo económicos, justo cuando es recurrente el llamado para dar “un golpe de timón” para emprender ajustes al modelo económico vigente, acordes a la dimensión de la emergencia económica del país y en congruencia con las que aplican otras economías del mundo en la actual coyuntura.

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Estamos viviendo momentos difíciles que, por definición, exigen a todos los sectores sociales tener una actitud proactiva y poner nuestra inteligencia y propuestas al servicio de la reconstrucción del país, en la que, sin duda, habrá desacuerdos y versiones diversas, pero en la que el ánimo y la suma de voluntades deberán estar orientadas a la búsqueda de la formulación de conceptos fundamentados en las ideas y las propuestas viables, resultado del diálogo y el intercambio público que merece una sociedad como la nuestra.

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En esa dirección, no podemos esperar a que las autoridades entiendan el tamaño y la profundidad de la crisis, por lo que es un apremio que la sociedad se convierta en un actor creador de diagnósticos y de propuestas de políticas públicas, con una fuerza racional y responsable que coadyuve a fijar el nuevo rumbo del país y ser parte consustancial de decisiones fundamentales en la reconstrucción del país. Para ello, serán necesarias visiones distintas y el debate abierto como elementos indispensables frente al enfoque del poder político que, está comprobado, no es sinónimo de una solución única ni la respuesta políticamente aceptable.

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La sociedad mexicana ha aprendido que la única forma de salir adelante es la de no pedir permiso o contar con el visto bueno gubernamental para potencializar su capacidad para crear olas por amplias causas comunes. Está comprobado históricamente que desde la sociedad hemos impulsado y dado forma a experiencias de participación política desde lo micro hasta los aspectos de alcance nacional, que han decantado en políticas públicas y también en iniciativas legislativas para fortalecer la democracia, así como para la vigilancia y la rendición de cuentas.

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La propuesta con perspectiva es que no se comprometa el futuro de México y el de la sociedad, tomando en cuenta recomendaciones, como las de la ONU (enlistadas en su Informe: “El impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe”), que apuntan hacia construir una visión de corto plazo que se sustente en las dimensiones social, económica, ambiental y política.