En su naturaleza, el militarismo se “asigna fines ilimitados, tiende a permear de sí a toda la sociedad, se da preeminencia a las fuerzas armadas sobre el gobierno… y ostenta características de casta y de culto, de autoridad y de fe”. Una de las primeras conclusiones en la explicación del vocablo es la consecuente contraposición racional del ejercicio de gobierno al señalar que “el militarismo es una degeneración del modo militar de actuar”.

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En este sentido, para efectos de la presente argumentación, la principal característica del militarismo es la utilización de las fuerzas armadas en tareas que, de suyo, no están en la definición natural de las funciones de defensa nacional. En contrapartida, a esta visión clásica, se dice que los desafíos de un mundo globalizado en el que, con el fin de la Guerra Fría, se extinguió la bipolaridad ideológica de hegemonías mundiales, los escenarios subsecuentes dieron paso a las llamadas “nuevas misiones” de las fuerzas armadas que justificaban la asunción de otras tareas a las que antes eran ajenos casi por completo (por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico desde fines del siglo pasado en el hemisferio).

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En regímenes democráticos y consolidados, a la par de observar un complejo y detallado diseño legal e institucional que procura mantener a los militares alejados de la política activa de cada país, se mira también un celo militar que aleja, a su vez, a los civiles de la dinámica interna de sus organizaciones tanto por sus capacidades propias para la guerra como en la elaborada secrecía que, supuestamente, debe prevalecer en su autoimagen de guardianes de valores e identidades nacionales. Esta dicotomía ha generado múltiples modelos de control y supervisión que, respetando el principio de supremacía civil, mantiene la función de defensa en su carácter técnico-militar dejando la prevalencia de las decisiones al mando civil, tomando en cuenta la opinión e influencia castrenses.

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Por razones de espacio, se omite la amplia discusión de las tipologías intervencionistas y/o deliberantes de las fuerzas armadas en regímenes democráticos, así como los procesos de autonomía militar dentro de ellos. Para efectos de esta argumentación, baste mencionar que, siendo el militarismo una degradación de la función de defensa por parte de sus actores en tanto profesionales de la violencia, su participación o comportamiento intervencionista en tareas civiles, reviste diversas modalidades. En la discusión teórica tradicional, se considera que el grado o motivación para este intervencionismo militar en un régimen civilista y constitucional puede estar determinado también por el grado de profesionalización como soldados y marinos sometidos al principio de supremacía civil o bien, se dice, que los incentivos están condicionados por un complejo sistema de cultura política de las fuerzas armadas en relación con las sociedades en las que están insertas: si se asumen como guardianes o vigilantes insatisfechos con el desempeño de los gobernantes civiles, pueden considerarse obligados a intervenir, sea como actores facciosos, siguiendo algún personaje populista (civil o militar) o dar un golpe de mano supuestamente restaurador del orden que consideran pervertido.

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El andamiaje militarista a la mexicana. Con el síndrome de la existencia “sui generis”, los militares mexicanos y la clase política engendrada por la revolución observan un complejo entramado de reglas escritas y no escritas, propio del sistema político que de aquel proceso se derivó: clientelar, corporativo y corrupto. La estabilidad política que se estableció a lo largo de más de siete décadas el siglo pasado, en el que los militares mexicanos fueron objeto de una peculiar profesionalización desde mediados de los años veinte y de un largo proceso de despolitización (en el sentido de abandonar el militarismo y los males caudillistas que se habían engendrado desde el siglo XIX), se inició con un pacto político-militar en el Castillo de Chapultepec en 1928, seguido por un diseño legal en el que el presidente era el nuevo factótum de las carreras militares al reservarse constitucionalmente las propuestas de ascenso de los rangos medios y superiores del ejército y la Marina.

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El gesto histórico significativo de este proceso de domesticación civilista fue el ascenso del primer presidente de origen civil en 1946. El retraimiento político de los militares continuó lento y gradual hasta principios de la década de 1970 en la medida que también se conformaba el tejido de la relación político-militar en el sistema de dominio donde se gestaron prebendas institucionales y algunos espacios de autonomía para definir sus propios términos organizacionales y de formación educativa así como su profesionalización junto con la definición de los aspectos de modernización típica de los ejércitos subdesarrollados (presupuestos sin control y compra de armas y equipo sin planeación estratégica). El quid pro quo fue el fortalecimiento que recibió de los militares como moneda de cambio: respaldo y lealtad incondicional a la persona e investidura presidencial que se fortalecía con contrapesos institucionales también de carácter militar como lo fue la existencia del Estado Mayor Presidencial.

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El presidencialismo mexicano hizo un uso político de su dominio castrense en sus incapacidades estructurales de atención a los conflictos sociales que engendraba un desarrollo desigual en el país desde los años cincuenta: la represión militar y/o paramilitar fue la respuesta manifiesta y evidente de aquel pacto posrevolucionario y que sirvió como medida recurrente de garantía de una estabilidad que, ahora se presume, no produjo tampoco cuartelazos como los del resto del hemisferio y en los países del entonces llamado Tercer Mundo. Sin embargo, trazó un condicionante sociopolítico que, con el advenimiento de la transición política mexicana dejó intocable un sistema de relación de los militares con el poder político.

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Las novedades del populismo militar mexicano. La anterior es una primera y gran diferencia en el análisis comparado con otras transiciones a la democracia donde hubo reformas de los sectores militares y de seguridad pública estableciendo controles y reglas claras que los mantuvieran alejados de la tentación de reprimir y/o gobernar. En el caso mexicano, con base en el argumento sui generis de no haber padecido una dictadura militar (razón insuficiente e innecesaria) y pese a la alternancia luego que el PRI perdiera la presidencia en el año 2000, no hubo una reforma estructural del sector defensa que acompasara otros cambios profundos e institucionales que se verificaban en otros ámbitos importantes de la vida pública del Estado mexicano: la Suprema Corte de Justicia en su papel de control de constitucionalidad; el sistema electoral; el financiero y el de la regulación y competencia económica; el sistema de transparencia y rendición de cuentas, etc.

Se dejó pasar así una oportunidad para normalizar la relación civil-militar en el país para hacerla compatible con una democracia moderna y con contrapesos sólidos que dejara atrás los atavismos autoritarios y corruptos. No fue así.

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Aunque trasciende los límites del presente texto, es necesario tener en cuenta la caracterización sexenal de una transición política larga en la relación con los militares y su uso en función de los intereses presidenciales del gobierno en turno. Una rigurosa línea de tiempo nos mostraría (del mismo modo en que se observa el proceso de domesticación civilista autoritario ya descrito), el agotamiento del modelo posrevolucionario con el resurgimiento gradual de una extensión del uso castrense que empezó con la lucha contra el narcotráfico (desde los años setenta), siguió con la militarización de las policías (desde mediados de los años noventa con el interludio represivo contra la guerrilla rural y urbana de décadas anteriores) y se empata con un proyecto transexenal (concebido desde la llamada “guerra contra el narcotráfico”), que permite avizorar que los militares no regresarán a los cuarteles en mucho tiempo.

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En los dos sexenios anteriores al presente, ya se vislumbraban tendencias o patrones en diversos aspectos del proceso de autonomización militar donde era evidente la creciente influencia que ganaban en el sistema político con avances en prebendas presupuestales y, sobre todo, de impunidad ante abusos, omisiones legales o la abierta injerencia en los ámbitos ordinarios de la vida de los civiles (p.ej., la Ley de Seguridad Interior, 2017).

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El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, claudicante no solo en términos de la seguridad de la población ante la criminalidad ordinaria y organizada, sino respecto del principio de supremacía civil respecto del estamento militar, ha dado un severo retroceso en los escasos y poco eficientes controles que había sobre los eventuales excesos castrenses. Contrario a sus críticos planteamientos o pronunciamientos políticos sobre los militares, ya como presidente decidió acelerar y extender aún más los espacios de intervención y participación de los militares en funciones de gobierno civil: empresarios que ejecutan obra pública (construcciones de grandes obras de infraestructura como el nuevo aeropuerto internacional; dos tramos del llamado tren maya; la adecuación de hospitales civiles, etc.); su papel como gestores de insumos que van más allá de su papel de autoridad reguladora en la adquisición de armas y equipos de seguridad, como fue la importación de equipos hospitalarios y de sanidad así como la contratación y absorción laboral de recursos humanos especializados civiles como el personal médicos (que justo un año antes el gobierno había despedido); y, más recientemente, el control de las aduanas y el sistema portuario y de marina mercante del país. Todo ello se encuadra como una fase mayor y profunda de este proceso de degradación militarista.

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La coartada de los mitos de la honorabilidad castrense y la eficiencia militar es insuficiente para justificar el actual escenario que se conforma en el cual, más que un “nuevo militarismo”, se tiene una reformulación de “militarismo populista” que, con la Guardia Nacional, el reforzamiento de la actuación militar como vigilantes actuantes de la seguridad (Decreto Diario Oficial, 11 de mayo) y de la sociedad (ver entrevista con el secretario de la Defensa, diario Excélsior, 6 de julio), junto con un andamiaje legal que refuerza el derecho penal del enemigo (como las regulaciones para la prisión preventiva sin sometimiento de términos que garantizan el debido proceso) adquiere rasgos de una nueva dominación político-social con el apoyo castrense. Con el tiempo, para los sobrevivientes de la pandemia, se verán con más claridad los nuevos rostros del autoritarismo mexicano.