Expone que, a nivel nacional, entre 2018 y 2020, se observó un incremento en el porcentaje de población en situación de pobreza, que pasó de 41.9% a 43.9%, lo que representó un aumento en términos absolutos de 3.8 millones de personas, al pasar de 51.9 millones en 2018 a 55.7 millones de personas en 2020. También, identificó que la población en situación de pobreza extrema fue la que aumentó en mayor medida, al pasar de 7.0% (8.7 millones de personas) en 2018 a 8.5% (10.8 millones de personas) en 2020; se trata de un incremento de 24%.

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Dicho reporte y las cifras presentadas, ineludiblemente reavivan el debate en torno del aumento de la pobreza en el país y de cómo a pesar de que, al menos, durante las últimas tres décadas se han impulsado políticas y programas orientadas a reducirla, los resultados han sido mínimos o muy limitados. Esa situación conlleva a evaluar la efectividad de los planes, programas y estrategias formulados para erradicar esa problemática, cuando lamentablemente cualquier valoración corrobora que no se logran resultados cualitativos, por muy ambiciosas que sean las metas trazadas por los diferentes gobiernos que las han promovido, incluida la actual Administración federal.

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En ese marco, se puede inferir que la razón del fracaso de las políticas implementadas para reducir la pobreza en México se encuentra en que ese fenómeno social y su persistencia durante años está en consonancia con el modelo económico-político del gobierno en turno que asume esa problemática como un elemento de acción pública y en un tema más de la agenda gubernamental considerando su peso político-social para la gobernabilidad.

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El punto es que históricamente está comprobado que el combate a la pobreza se ajusta a una lógica política e institucional, considerando la existencia de condiciones diferenciadas de apreciación y valoración de esa problemática, así como la factibilidad política, el sistema económico vigente en su momento y la capacidad del Estado para atender ese problema estructural que, al final, persiste e incluso se ha incrementado.

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La pobreza vista como problema estructural

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Generalmente la pobreza y la desigualdad han sido declarados como problemas innatos de la humanidad, razón por la cual los gobiernos se han preocupado por diseñar políticas y estrategias centradas en la distribución de la riqueza mediante la intervención de los Estados nacionales. En el empeño de combatir de raíz la pobreza, esta ha sido conceptualizada desde distintos puntos de vista, métricas, criterios y parámetros, que en la visión de quienes las formulan responden a principios básicamente económicos, mediante los cuales se pretende dar una respuesta efectiva a la convergencia de pronunciados rezagos estructurales como la alimentación, la educación, la salud, la vivienda, el esparcimiento, el acceso a un trabajo productivo y a un salario digno y remunerador.

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Las “clasificaciones” de la pobreza son diversas y a tono de los gobiernos u organismos multilaterales que las abordan teóricamente y en la práctica. Por ejemplo, el Banco Mundial define la pobreza como “la incapacidad para alcanzar un nivel mínimo de vida”, pero sin especificar cuál es ese nivel mínimo. Por su parte la ONU conceptualizó la pobreza como “una condición de grave carencia en las necesidades básicas”, como alimentación, agua potable, instalaciones sanitarias, educación y vivienda. Para el economista indio Amartya Sen, la pobreza es el “conjunto de estados que los individuos padecen al no poder alcanzar un nivel de vida considerado como indispensable para elegir formas y proyectos de vida”. Una definición más ceñida a la realidad de esa problemática en México (de Julio Boltvinick y Enrique Hernández Laos, en “Pobreza y distribución del ingreso en México” Siglo XXI, 1999), refiere que “la pobreza se define en un sentido absoluto como privación de las capacidades físicas y en su sentido relativo como la carencia de los medios apropiados definidos por una sociedad específica para alcanzar dichas capacidades”.

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En ese tenor, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) define que una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. Específicamente enlista tres tipologías de la pobreza, a saber:

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Pobreza extrema: es aquella cuando una persona se encuentra en situación de pobreza extrema y tiene tres o más carencias, de seis posibles, dentro del Índice de Privación Social y que, además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicasen por completo a la adquisición de alimentos, no podrían adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana.

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Pobreza moderada. Se registra cuando aquella persona que, siendo pobre, no es pobre extrema. La incidencia de pobreza moderada se obtiene al calcular la diferencia entre la incidencia de la población en pobreza menos la de la población en pobreza extrema.

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Pobreza multidimensional: Es la definición de pobreza del Coneval y la palabra multidimensional se refiere a que la metodología de medición de pobreza utiliza varias dimensiones o factores económicos y sociales en su concepción y definición.

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Además, para el Coneval, también existe la pobreza por ingresos que consiste en comparar los ingresos de las personas con los valores monetarios de diferentes líneas alimentaria, capacidades y patrimonio, especificándolas como:

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Pobreza alimentaria: Es la incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar para comprar sólo los bienes de dicha canasta.

Pobreza de capacidades: Es la insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, aun dedicando el ingreso total de los hogares nada más que para estos fines.

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Pobreza de patrimonio: Es la insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria, así como realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar fuera utilizado exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios.

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En ese marco, al ser multidimensional se puede inferir que su solución va más de las medidas económicas y que es necesario también vincularlas con las de orden político y social, para lo cual es preciso contar con modelos de desarrollo incluyente que posibiliten una mejor distribución del ingreso y la igualdad de oportunidades en función de las capacidades de las personas.

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En ese sentido, en diversos momentos, instituciones académicas, civiles y gubernamentales han subrayado que es una prioridad remontar vicios estructurales que subyacen en la pobreza como la corrupción, las ancestrales costumbres políticas y fortalecer el compromiso con los sectores más vulnerables, además de impulsar políticas de gobierno que hagan frente de manera efectiva a los factores externos no controlables por el Estado, como lo son actualmente la inflación ascendente que tienen como fuente las distorsiones que se registran las economías en el mundo y cuya repercusión afecta a la economía nacional y la de las familias, los conflictos geopolíticos como el que tiene lugar entre Rusia y Ucrania, así como las fortalezas y debilidades de las economías nacionales.

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La falta de eficacia de las políticas contra la pobreza

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Reconociendo los esfuerzos de las diferentes Administraciones federales por abatir los índices de la pobreza en México, en tanto ha sido una tarea en la que la implementación de las políticas públicas promovidas a lo largo de las últimas décadas no ha sido algo fácil, también es preciso subrayar que no se han logrado resultados que den cuenta fehaciente de haber alcanzado los objetivos planteados por cada gobierno, a pesar de los cuantiosos recursos del gasto social destinados a financiar los programas, planes y estrategias para combatir la pobreza en todos sus grados y que expertos, analistas, formadores de opinión y organismos civiles han calificado como una gran deuda social de todo gobierno en el poder.

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Pero cabría preguntarse, ¿Cuáles son las circunstancias que han impedido a los gobiernos en turno reducir la pobreza y que sea un componente que incide en la desigualdad en la distribución del ingreso? La respuesta no es única, pues existen varios factores que explican en buena medida la falta de eficacia para enfrentar ese mal social.

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De entre los que aclararían lo anterior, se puede mencionar el caso de las cifras sobre la pobreza en México y la polémica que existe en torno de ellas, pues los datos oficiales en muchas ocasiones contradicen las que organizaciones civiles y organismos multilaterales dan a conocer sobre esa problemática y que han mencionado que dichos datos oficiales subestiman los niveles de pobreza en el país, aunque, es preciso mencionar, que organismos como el INEGI y el Coneval realizan una vasta tarea para reportar con objetividad el estado que guarda el fenómeno de la pobreza en el país.

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Otro elemento es la noción del término pobreza y las políticas públicas formuladas para atender una asignatura que para no pocos es aberrante en términos de valores humanos básicos y como un asunto de justicia social. Lo anterior, debido a que se han creado entidades gubernamentales dedicadas exclusivamente a impulsar una política social basada esencialmente a la transferencia monetaria a los hogares más vulnerables con un claro matiz asistencialista, marginando componentes como la mejora y los derechos inalienables de mayor cuantía social en materia de educación, salud, vivienda, alimentación, seguridad social, empleo y salario digno, entre los más fundamentales y consagrados en la constitución.

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Uno más es el de las decisiones gubernamentales en materia económica y su relación con el incremento de la pobreza. Sobre todo, porque en la actual Administración federal no se ha contemplado al crecimiento económico como uno de los elementos básicos del combate a la pobreza, asumiendo decisiones que han inhibido la confianza de la inversión privada, obviando que generar confianza en la inversión es un requisito para crear los empleos necesarios para abatir la pobreza. En su lugar, no es ajeno comprobar que el gobierno federal se decidió por las obras emblemáticas como una apuesta para un desarrollo económico que se antoja lejano y que muy probablemente no se refleje en un aumento sustancial del nivel de vida de la población en su conjunto.

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Uno más que revela con mucho la insuficiencia de las políticas encaminadas a combatir la pobreza es que toda estrategia en la materia ha tenido por lo general una clara connotación político electoral. No se puede soslayar el hecho de que la transferencia monetaria a través de los programas sociales ha significado para los gobiernos en turno una prioridad basada en una política social-electoral y no la concebida con un enfoque de acceso efectivo a los derechos y resultados tangibles en beneficio de los más vulnerables. Un botón de muestra de lo citado, es el del actual presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, quien declaró (el 4 de enero de 2023) que “ayudando a los pobres va uno a la segura, porque cuando se necesite defender, en este caso, la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos”, y señalar, además, que ese apoyo no se encuentra entre “sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con los intelectuales”, por lo que “entonces no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política”. La interpretación que de esa aseveración se desprende es que la apuesta de todo gobierno en las estrategias para combatir la pobreza gira en torno de decisiones predominantemente políticas para preservar el poder político.

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A manera de conclusión

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Para el gobierno, el eje articulador para una estrategia efectiva de combate a la pobreza en todas sus dimensiones consiste en reconocer que el crecimiento económico y la igualdad son posibles y que la reducción de la pobreza depende, entre otras medidas, de aumentar el ingreso como vía para reducir la desigualdad.

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El problema medular de lo anterior es formular una política social cuya estrategia económica sea eliminar y no contener la pobreza. Sería la ruta para anular la retórica gubernamental referida hacia la erradicación de la pobreza, así como para eliminar del vocablo oficial y del imaginario social la conceptualización que se tiene sobre la conmiseración de los pobres como mecanismo para legitimar políticas públicas contra el combate a la pobreza.

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Si bien es sabido que preservar la pobreza es para los gobiernos en turno un factor necesario para perpetuar el clientelismo y las prácticas corruptas de que se sirven quienes pretenden llegar al poder, es preciso abrir los espacios de diálogo a las voces de la academia y de la sociedad civil para anular las viejas prácticas que se alejan de la urgencia de evitar el agravamiento de la pobreza, la discriminación social y la exclusión.

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También es necesaria una buena dosis de voluntad política para reconocer y corregir el mal diseño de las políticas contra la pobreza en México, pues a la luz de los datos divulgados por entidades gubernamentales es claro que los proyectos, planes, programas y políticas impulsadas para combatir la pobreza carecen de objetivos claros y acciones sustentables para alcanzar las metas trazadas Enel corto y mediano plazos.

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En suma, se precisa de una política integral de combate a la pobreza que contemple no sólo la política social y programas sociales que atiendan las necesidades más básicas de la población, sino que además se correlacionen con una política económica que no sólo garantice a la población empleo, sino también una distribución de la riqueza proporcional e igualitaria, como un signo de la lealtad democrática de los gobernantes para con sus gobernados y para dar paso a un Estado comprometido con el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la justicia social.