No hay prevención y la militarización –prometida falsamente para combatir la violencia en el país y utilizada más bien para fines políticos– tampoco ha disminuido ni la violencia ni las desapariciones. En temas forenses aunque se ha avanzado en algunos aspectos desde la CNB, seguimos sin una ruta clara para identificar más de 56 mil restos y sin saber a ciencia cierta qué ocurrió con el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense.

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Las conclusiones presentadas por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED), en su informe de visita a México, dejan la ruta de lo que tendría que venir este año:“crear las condiciones mínimas necesarias para la instauración de una política nacional eficaz y efectiva de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas”. Estas pasan, principalmente, por el fortalecimiento de las instituciones de búsqueda e investigación, coordinación institucional, atender desapariciones ocurridas en el contexto de la migración, así como acciones de prevención, entre otros.

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Nuestro referente en este punto son las valientes familias, las madres y padres buscadores, tanto mexicanos como centroamericanos y de otros países, que se han dado a la tarea de asumir con dignidad y fuerza lo que el Estado no ha sido capaz de cumplir. Reconocer su papel, facilitarles su acceso a la búsqueda, verdad, justicia y reparación con enfoque integral, es lo que le ha recomendado el CED a todas las autoridades del Estado mexicano.

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Feminicidios y violencia contra las mujeres

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La fotografía no podría ser más cruda ni más precisa sobre lo que enfrentan las mujeres cuando buscan protección y justicia: madre e hija fueron asesinadas, justo cuando acudieron al ministerio público para denunciar la violencia de género que sufría la joven de 21 años de edad, a manos de su pareja, en Poncitlán, Jalisco. El doble feminicida huyó, en medio de autoridades que había en el lugar.

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La violencia en contra de las mujeres no cesa en el país, que ya cuenta con 25 Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en 643 municipios, ubicados en 22 estados y que pese a todo, contabiliza 3,775 mujeres asesinadas, de acuerdo con estadísticas oficiales, en 2022.

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Es preciso que clarifiquen cuál ha sido la utilidad y cuáles son los retos de las alertas de género y en qué se están ejerciendo los recursos económicos que les acompañan.

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Evidentemente hay un tema en el que ningún gobierno quiere invertir: la prevención. Ese es un camino largo que no reporta resultados inmediatos y es más fácil amenazar con un derecho penal, que tampoco ha traído resultados. Crear condiciones de desarrollo y vida digna para las mujeres y niñas, atender las violencias desde las primeras manifestaciones, investigarla, sancionarla y evidentemente, mejorar radicalmente la forma en cómo las fiscalías están investigando, serán elementos clave para enfrentar los feminicidios y otras violencias contra las mujeres en México.

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Migrantes y solicitantes de asilo

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La política construida, a partir de las necesidades de Estados Unidos de América (EUA), ha sido el peor detonante para una continua violacion de los derechos humanos de las personas migrantes.

Tan solo, desde la llegada del presidente Joe Biden, organizaciones como Human Rights First han documentado 10,318 casos de secuestro, violación, trata, tortura y otros ataques violentos contra personas migrantes expulsados ​​o devueltos a México bajo las políticas de “Quédate en México” o en la ejecución de las expulsiones colectivas del Título 42, hasta junio de 2022.

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La situación se ha recrudecido con la llegada de personas cuyos países están en crisis democrática, como Venezuela, Nicaragua y Haití, entre otros. Estas personas terminan sin la protección de ningún país y sin posibilidad de tener un hogar seguro y digno.

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Para este 2023, gran parte de lo que deba pasar en la política migratoria, lo colocaremos en manos del Poder Judicial de la Federación. Están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dos amparos: uno que combate la utilización de la Guardia Nacional para las Tareas Migratorias (interpuesto por la organización Instituto para las Mujeres en la Migración, IMUMI) y otro que combate el acuerdo entre Estados Unidos y México, firmado en julio 2019, en el cual México se comprometió a ampliar el programa “Quédate en México” y a utilizar la Guardia Nacional para las tareas migratorias, lo que trajo como consecuencia a la fecha, más de 28 mil elementos de la Guardia Nacional realizando dichas tareas.

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Las políticas migratorias militarizadas pueden concluirse, si la SCJN decide priorizar la aplicación de nuestra Constitución y actuar conforme a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

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Como organización defensora de los derechos humanos, junto con otras organizaciones aliadas, hemos propuesto en distintos foros: garantizar la protección a grupos en situación de vulnerabilidad; establecer sistemas regionales de protección para personas solicitantes de asilo y protección internacional; que nuestro país no debe aceptar ningún acuerdo con Estados Unidos que implique el incumplimiento a obligaciones internacionales sobre los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y protección internacional; que debe haber más recursos para que la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados de respuesta a la demanda existente y las políticas migratorias no deben estar en manos de los militares. Urge retomar la conversación sobre la transformación que requiere el Instituto Nacional de Migración, no suplirlo con militares.

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Procuración de justicia

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Las expectativas al inicio del gobierno federal sobre la posible transformación de la procuración de justicia, se ve ahora imposible, tanto para el ámbito federal, como para el local.

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La autonomía de la Fiscalía General de la República (FGR) ha sido mal utilizada para que los ejecutivos la aleguen cuando no quieren responsabilizarse ante un tema concreto, pero las fiscalías continúan siendo el brazo político del Ejecutivo y funcionan más como maquinarias de corrupción e impunidad que como instituciones que lleven a cabo investigaciones efectivas para reducir la impunidad en México.

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El CED ha puesto en el centro del problema de las desapariciones a las fiscalías, señalando que México vive una impunidad casi absoluta.

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Mientras no haya un cambio de fiscal general y fiscales especiales que cumplan con un perfil idóneo en la FGR, será difícil ver que esta institución de un giro para reducir la impunidad en México. Se esperaría que los mecanismos internacionales y en la revisión del Examen Periódico Universal, la ineficacia y la corrupción de la Fiscalía General, así como las fiscalías locales, logren ponerse en el centro del debate para que nuestro país tenga recomendaciones específicas al respecto y asuma su responsabilidad.

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Mientras tanto, los homicidios alcanzaron los 30,968 en 2022 y la impunidad se mantiene estoica, alcanzado niveles casi absolutos, con más de 99% de los casos.

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Independencia judicial

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La independencia judicial se ha puesto en peligro en lo que va del gobierno federal. No solo por los constantes ataques durante las conferencias “mañaneras” del Presidente de la República, sino por iniciativas que vulneran claramente el principio de separación de poderes que debe existir en toda democracia.

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El 2023 inició con la buena noticia del nombramiento de la primera mujer al frente de la SCJN, la ministra Norma Piña, pero está pendiente saber cómo se resolverá el tema de la acusación de probable plagio de tesis por parte de la Ministra Yasmín Esquivel. Organizaciones de la sociedad civil hemos solicitado que dicha ministra pida licencia, a fin de no dañar a la SCJN.

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En materia de independencia judicial falta mucho por hacer: desde publicidad y apertura de los criterios de selección de ministras y ministros de la SCJN, hastaprocesos claros con participación ciudadana y verdadero escrutinio.

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Los retos que enfrenta la presidenta de la SCJN para este 2023 serán, entre otros: lograr que este cuerpo colegiado actúe realmente como tal, para garantizar la independencia judicial, la seguridad de sus integrantes, lograr la transparencia procesal, continuar con la lucha contra la corrupción judicial, avanzar en la paridad de género en el Poder Judicial y, sobre todo, transparentar las discusiones, los proyectos que deben ser  públicos y priorizar los temas que son de mayor trascendencia para el país.

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Militarización

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Temas trascendentales en materia de militarización deberán ser resueltos por la SCJN. El 9 de diciembre de 2022, mediante comunicado No. 451/2022, el Pleno informó que decidió sustanciar y resolver de manera prioritaria cinco acciones de inconstitucionalidad, tres controversias constitucionales y un amparo en revisión. La SCJN no puede permitir el avance de la militarización. Las resoluciones deberán apegarse a un criterio de derechos humanos conforme a nuestra Constitución, así como tratados y estándares internacionales También, deberán publicar los proyectos antes de ser discutidos, cuestión que debería hacerse, pero que, hasta el momento, no se ha hecho.

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La Guardia Nacional –con alrededor de 100 mil elementos desplegados en el país– resulta ser, con 577, la autoridad federal en materia de seguridad con más quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (por encima del Ejército). Por si fuera poco, su control pasó a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), aniquilando con ello cualquier esperanza de conservar a esta institución como civil y profundizando así la militarización.

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No podemos hacer de la militarización una política permanente. Necesitamos que se establezca detalladamente un plan de retorno paulatino de las Fuerzas Armadas a los cuarteles y que su participación sea extraordinaria, subordinada, fiscalizada, regulada, etc. Este plan debe incluir un programa de fortalecimiento de las autoridades policiales civiles federales, estatales y municipales.

Por último respecto a otros temas, dado el número de periodistas y defensores asesinados en México y el riesgo que corre, volvemos a poner en el centro la protección y la investigación de los hechos y cambiar la narrativa del Ejecutivo Federal respecto a la labor que realizamos, y en este sentido detener los ataques desde las mañaneras.

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Sin enbargo, un punto crucial para comenzar a construir una verdadera agenda de derechos humanos, es reconocer la grave violencia, la situación de derechos humanos y la crisis democrática que vive el país.