Esa prioridad de la élite política ha relegado a un segundo plano asuntos más graves como el hecho de que en los distintos territorios del país se vaya imponiendo el poder del crimen organizado que ha comenzado a ordenar las reglas del control del comercio, la extorsión y el pago de piso. Es una problemática que en algunos casos está acompañada por la colusión entre los grupos criminales y algunas autoridades y políticos, que en casos extremos ha decantado en una suerte de cártel económico que determina la producción, distribución, ventas y precios de alimentos, productos básicos y hasta servicios en algunas regiones del país.

 

En ese tenor, el nivel de la violencia y la inseguridad pública no puede ser minimizado o  maquillado con datos que distan mucho de una ominosa realidad cotidiana, como la  revelada por parte del grupo de hackers Guacamaya-Leaks que, entre los múltiples  documentos hasta ahora divulgados, destacó un reporte de inteligencia militar de la  Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que da cuenta de la existencia en México de más de 80 grupos del crimen organizado y alrededor de 16 bandas criminales, de la  presencia de uno o varios grupos del crimen organizado en 1,058 de los 2,446 municipios del país, así como el reconocimiento del alto mando de la Defensa Nacional de que en 72% del territorio mexicano hay presencia de algún cártel, banda o célula criminal. 

 

En ese sentido, no es ajeno que para las personas de a pie sea un hecho confirmado que existe una mayor inseguridad pública, a la par que cada día la percepción de los ciudadanos es también de una mayor pobreza, más inflación, menos poder adquisitivo del salario, precios de los bienes y servicios elevados, bajos niveles educativos, menos calidad en la salud pública, mayor corrupción e impunidad, menos fuentes de trabajos, peor obra pública, mayor militarización y, a la vez, desunión entre los mexicanos. En suma, mayor incertidumbre. 

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Un reflejo de ese sentir ha quedado registrado en diversas encuestas. Por ejemplo, una encuesta de México Elige (del 10 de octubre de 2022) revela que 6 de cada 10 (64.3%), opinó que el actual gobierno es corrupto. 

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En tanto, un sondeo del diario El Financiero (del 5 de octubre de 2022) señala que 38% de los encuestados comentó que el gobierno ha hecho un buen o muy buen trabajo, mientras que 45% opinó que el gobierno ha hecho un mal o muy mal trabajo. 

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Otro estudio de ese mismo diario (del 3 de septiembre de 2022) registró que al preguntar a los encuestados cómo evalúan el desempeño del actual gobierno con respecto a la inflación y el alza de precios, 17% manifestó una opinión favorable, mientras que 70% expresó una opinión desfavorable. Sobre el manejo de la seguridad pública y de la corrupción la opinión negativa fue predominante, con 60% en el caso del manejo de la seguridad y 49% en el caso del manejo de la corrupción. 

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Además, también es posible ya no sólo percibir, sino confirmar un estilo de gobernar en el que, de la mano de la retórica de la transformación, no se impulsa el cambio, sino la supresión de los ámbitos del quehacer público que no encuadran con el propósito presidencial de concentrar el ejercicio del poder. 

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Para ese propósito, el discurso dogmático es la forma de expresar la voluntad presidencial con efectos vinculantes para la población, como una vía para justificar desde el púlpito de Palacio Nacional ese estilo de gobernar que se exterioriza como el mandato del “pueblo bueno” para superar contrapesos y zanjar discrepancias que vayan en contra de los deseos presidenciales. Todo ello bajo la premisa de someter a quien disiente de la opinión presidencial. 

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En esa línea, el intercambio de distintas miradas e ideas en la búsqueda de alcanzar soluciones a los diferentes problemas del país es rechazada de facto y solo se abre el espacio y como única ruta la de aceptar la verdad y la mirada que viene de la élite gobernante hacia los ciudadanos que, como práctica gubernamental, es un claro signo de promover una cultura del poder vertical y de sometimiento, al tiempo que se afirma la figura presidencial. 

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Lo anterior es una combinación de elementos que pueden avivar la confrontación, la fragmentación de la cohesión social, la pobreza clientelar y el desapego a la legalidad, conductas que probablemente arroje buenos dividendos en lo individual y afiancen los resortes del poder que se concentran en Palacio Nacional sin normas ni contrapesos, pero que no benefician al país ni a su población, ante la ausencia de un plan, programas o proyectos de gobierno que coadyuven cuantitativa y cualitativamente a solucionar las carencias estructurales actuales y las venideras. 

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En este marco, nos encontramos ante la gran tarea de fortalecer la cultura democrática y de ser ciudadanos de alta intensidad en el espacio público. 

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En esa ruta, la sociedad debe ser impulsora de ese fortalecimiento de la cultura democrática que requiere por definición reafirmar la política como una de las actividades más dignas del ser humano, pues tanto su concepción como practica bien entendidas debe encaminarse al bien común, es decir, que se debe sostener sobre la base de una premisa superior: el beneficio colectivo, elevar el estándar de calidad de vida de las personas y, en general, mejorar las condiciones sociales y el goce pleno de  derechos y responsabilidades. 

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En ese sentido se debe dar por sentado que una de las más potentes armas del ejercicio político es el diálogo y el intercambio de ideas, máxime cuando se tienen visiones diferentes por cuestiones ideológicas, pero que las divergencias deben conducir hacia un punto de encuentro toral: el bienestar de la comunidad. 

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Por ese motivo, es fundamental la comunicación institucional entre gobierno y gobernados, pues esa condición permite una mejor comprensión para debatir y abordar los problemas más acuciantes del país. El reto es ampliar los criterios y las visiones, ensanchar las posibilidades y rutas de solución para la formulación de un mecanismo de diálogo productivo que sea la pauta para explorar caminos de solución viables para sortear las grandes dificultades y anunciar las políticas a continuar en el futuro inmediato para un México que, como país, es un mosaico de los muchos México que somos, no solo por su riqueza cultural sino porque en las últimas décadas los ciudadanos hemos sido constructores de una sociedad plural y diversa. 

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Ello es un apremio en un momento en el que es preciso rendir cuentas, de hablar sobre los desafíos, y no simplemente se utilizar el espacio público para la prédica, para esparcir animadversión o para inventarse enemigos. Es momento de anular la obcecada miopía gubernamental que, a como dé lugar, impulsa fórmulas de poco calado, colocando al país en un escenario de incertidumbres constantes.