2. Migración internacional: México, EUA y América Central

Foto de José Luis González/Reuters

La agenda migratoria en el diálogo político entre México, Centroamérica y Estados Unidos en el marco de la 4T

 
 
Claudia Edith Serrano Solares

Académica de la Facultad de Estudios Superiores, Aragón[1]

 

Los últimos años han sido críticos para el fenómeno migratorio por el aumento de personas que dejan su lugar de origen en busca de mejores condiciones de vida, gran parte de ellas en un marco de irregularidad, en el que, si bien prevalece el factor económico, por los altos índices de desigualdad económica, también se han ido sumando otros elementos como la inestabilidad política (que repercute en lo económico), la violencia, redes familiares, el impacto social del cambio climático y, de manera más reciente, el sanitario por la Covid-19; concatenando una diversidad de dimensiones y causalidades.

Para México, la situación migratoria es un desafío de muchos rostros, pues no sólo se caracteriza por ser expulsor de migrantes y país de retorno por la cantidad de mexicanos irregulares que residen en Estados Unidos, sino también por ser país de tránsito y receptor; baste recordar las escenas de cientos de haitianos y las “Caravanas Migrantes” provenientes de Centroamérica, particularmente de Honduras, en territorio mexicano queriendo llegar a Estados Unidos para solicitar asilo, al finalizar la administración de Enrique Peña Nieto

Ante ese contexto, las acciones que adoptó el actual gobierno de México, denominado de la Cuarta Transformación (4T), han sido diversas tanto en política interna como en materia de política exterior. En el ámbito interno, la primera de ellas fue un cambio en el andamiaje jurídico-institucional que, a través de la aprobación de La Nueva Política Migratoria, planteó un cambio de enfoque en el tratamiento migratorio por uno de carácter humanitario, al privilegiar la protección de los derechos humanos, combatir las causas estructurales que generan la migración forzada, mediante la Cooperación para el Desarrollo y promover la corresponsabilidad mutua entre los gobiernos.

Sumado a ello, se realizaron ajustes en la estructura institucional, en especial al Instituto Nacional de Migración (INM), con la finalidad de promover la protección de los derechos de los migrantes y erradicar su criminalización. Anteriormente, las estaciones migratorias se usaban estaciones migratorias anteriormente se usaban como lugares de detención, con la actual política migratoria, se han convertido en espacios que deben brindar información y llevar un registro de todas las personas que ingresan al país sin importar su estatus migratorio, que coadyuven a una migración ordenada, segura y legal, acorde al Pacto Mundial para la Migración.

Se inició una campaña de capacitación para los funcionarios públicos, en los que también se exigió que se incluyeran protocolos de atención a niños, niñas y adolescentes no acompañados, ya que requieren de otro tipo de atención y que en reiteradas ocasiones se ha denunciado que no se cuenta con los instrumentos necesarios para su protección. El cambio también tendrá el reto de promover marcos de colaboración entre los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) la cual facilitará el intercambio de información y los sensibilizará en la atención de personas migrantes.

Además, las autoridades migratorias mexicanas aprobaron el aumento del número de visas humanitarias que, entre otras cosas, facilita el libre tránsito de las personas por territorio mexicano por un número determinado de días, para que usen rutas más seguras en su trayecto y con ello se expongan a menos riesgos como contactarse con “coyotes” o no recurran a rutas peligrosas que los expone al crimen organizado por miedo a ser detectados y deportados a sus países de origen. 

Esas tarjetas o visas humanitarias también implicaron que el gobierno mexicano se comprometiera a brindar acceso a salud, a educación y a un trabajo digno, mediante la emisión de una Clave Única de Registro de Población (CURP). Paralelo a esto, se mantuvieron programas laborales que se tienen activos con países como Guatemala, con quien se tiene una larga historia por la cercanía geográfica, los lazos culturales y económicos entre sus poblaciones, también se pretendieron ampliar con los países de El Salvador y Honduras.

México – Centroamérica y el flujo migratorio

Asimismo, la agenda migratoria ha estado muy presente en la política exterior de México, sobre todo hacia Centroamérica, en aras de combatir las causas estructurales que causan la migración forzada, particularmente las relacionadas por la desigualdad económica, como el desempleo, la pobreza y pobreza extrema. Por lo que se han generado acuerdos de cooperación para el desarrollo con los gobiernos del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), para implementar programas como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, a fin de brindar oportunidades a las juventudes de esos países y reducir con ello su probabilidad de migrar por cuestiones económicas o violencia en sus comunidades.

El despliegue de esos programas se realiza en el marco del Plan Integral de Desarrollo para Centroamérica (PIDC), elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) a petición de México, en el que contiene un diagnóstico de la problemática en la región y plantea la ejecución de otros proyectos vinculados a impulsar el dinamismo económico (infraestructura carretera y ferroviaria, red eléctrica, suministro de gas natural a Honduras y un Gasoducto), sin perder de vista la esfera social, es decir, que facilite la inserción de trabajadores al mercado laboral y con ello atender las causas estructurales de la migración en los países centroamericanos.

En esa lógica los megaproyectos referentes al Tren Maya, el Corredor Transístmico y la refinería de Dos Bocas, constituyen una especie de cortina para que los migrantes provenientes del istmo centroamericano y de los estados del sureste mexicano los vean como una posibilidad de fuentes de empleo y desistan de seguir su paso hacia Estados Unidos. A la fecha es imprecisó saber hasta que punto se ha logrado y/o se logrará esa captación de fuerza de trabajo, sobre todo porque siguen en construcción.

Se ha hecho hincapié en la corresponsabilidad mutua del fenómeno migratorio y de crear acuerdos encaminados a facilitar una migración ordenada, segura y legal, lo cual requiere fortalecer el diálogo político para empatar el trabajo de las entidades institucionales tanto de México como de los países Centroamericanos a fin de garantizar la protección de los derechos humanos a las personas que están migrando en calidad de irregulares.

No obstante, la realidad es que la aplicación del nuevo enfoque ha tenido grandes obstáculos. Los de orden interno tienen que ver con que el discurso y acciones del mandatario mexicano se tradujeron en puertas abiertas a la migración, generando a corto plazo que el flujo de migrantes no frenará su avance y por el contrario aumentará no sólo en tránsito sino también el número de solicitudes de refugio. Las Caravanas Migrantes Centroamericanas siguieron llegando a la frontera sur y buena parte de esas personas tenían como objetivo principal llegar a Estados Unidos, entonces se negaron a quedarse en territorio mexicano.

La coordinación entre las instituciones no ha sido nada sencillo, hay dificultad para diferenciar los ámbitos de competencia de las entidades involucradas a nivel federal, lo que repercute en obstáculos para concretar una coordinación eficiente entre el nivel estatal y municipal. Siendo estos últimos, los que tienen más desconocimiento del fenómeno migratorio debido a que no necesariamente cuentan con el personal indicado o una oficina especializada para darle seguimiento. Si bien hay algunos municipios qué si están familiarizados, a raíz de que históricamente han tenido contacto con personas en movilidad, hay algunos que de manera muy reciente han tenido presencia de personas migrantes en sus localidades.

Por otro lado, las estaciones migratorias pronto se vieron rebasadas en capacidad, provocando que no se garantizará la debida atención y que los tiempos para realizar los trámites referentes a una visa humanitaria llegarán a demorar hasta por más de tres meses, o en el peor de los escenarios, que esa espera se prolongará por mucho más tiempo. Muchos migrantes quedaron varados sin tener claro si sus trámites serían recibidos y aprobados, con poca o nula información por parte de las autoridades migratorias sobre los procedimientos a seguir, aumentando su margen de incertidumbre y vulnerabilidad.

El despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur, como se realizó en otras partes del territorio mexicano, generó un abierto cuestionamiento, más cuándo se presentaron enfrentamientos entre los migrantes y los efectivos de esa fuerza de orden público, que dieron como resultado denuncias por la violación de sus derechos humanos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Esa situación puso en duda si el enfoque humanitario lograría desmantelar la política de contención que había caracterizado la gestión migratoria de los anteriores gobiernos. No obstante, se mantuvieron las medidas previamente adoptadas, dejando un claro oscuro de la gestión migratoria.

El rol geopolítico de Estados Unidos y su impacto en la migración

El rol geopolítico que tiene Estados Unidos en la región lejos de sumar esfuerzos, más bien suele entorpecer, obstaculizar y/o confrontar las acciones que están en marcha. Fue muy evidente durante el mandato de Donald Trump, quien se caracterizó por el despliegue de una política de contención, una plena continuidad con los anteriores gobiernos de ese país, aunque no llegó a superar a la de Barack Obama, pues el número de deportaciones fueron mayores con este último, pero que reforzó mediante un discurso xenófobo.

La insistencia en seguir la construcción del muro en la frontera con México, el cual en sus palabras sería pagado por los mexicanos, el constante ataque a los migrantes criminalizándolos, la aprobación de los Protocolos de Protección a Migrantes (MMP, por sus siglas en inglés), mejor conocido como “Quédate en México”, que autorizaba la deportación masiva de migrantes de territorio norteamericano al mexicano, sin previo aviso, provocaron la improvisación de albergues y el sobre poblamiento de estaciones migratorias mexicanas, la confrontación entre la población local y los migrantes, así como el riesgo de ser víctimas de la delincuencia organizada pues en varias ocasiones fueron trasladados a ciudades que han sido catalogadas de alto riesgo.

Los momentos de alta fricción fueron producto de una visión diametralmente opuesta entre el gobierno de Estados Unidos y el de México. La suspensión del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), la amenaza de Trump con el alza de aranceles, o poner en jaque el proceso de renegociación del Tratado de Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México (T-MEC), cuándo el gobierno mexicano se rehusó a convertirse en un “tercer país seguro”, o la aplicación del Título 42 del Código de Salud, el cuál autoriza la deportación masiva por parte de la patrulla fronteriza estadounidense por cuestiones de salud, esto a raíz de la pandemia por Covid-19, son muestra de la poca apertura para concretar acuerdos conjuntos.

La relación diplomática con los países centroamericanos no fue ajena a la que estableció con México. El gobierno de Trump desplegó una política unilateral y provocó mayor caos en los cruces fronterizos, suspendió el apoyo económico a esos gobiernos, aprobó la denominación de “tercer país seguro”, como fue en el caso de Guatemala, una medida que obligó a los migrantes que intentaban solicitar refugio a permanecer en otro país que tuviera esa categoría, retrasando su llegada o imposibilitándola por completo. Además, se mantuvo renuente a formar parte como donador del Programa Integral de Desarrollo para Centroamérica.

La crisis sanitaria por Covid-19 llevó a que varios gobiernos cerraran sus fronteras para mitigar la cadena de contagio, una medida que repercutió en los flujos migratorios; por un lado el miedo a la nueva enfermedad inhibió la posibilidad de migrar y por otro  quienes estaban cerca de la frontera quedaron atrapados en estaciones migratorias expuestos a insumos insuficientes, sumado a que muchos de ellos se enteraran durante el trayecto de la aplicación del Título 42, sin tener la posibilidad de retornar a sus lugares de origen.

El fin del mandato de Trump y la llegada de Joe Biden como presidente, quien asumió el cargo en enero de 2021, marcó algunos cambios. Se suspendió por orden ejecutiva el programa “Quédate en México”, aunque se reactivó nuevamente en diciembre de 2020, el diálogo político se reencauzó a través de las visitas que realizó la Vicepresidenta, Kamala Harris a México y a Centroamérica, en los que se comprometió a formar parte como donante del Proyecto Integral de Desarrollo para Centroamérica, restablecer el apoyo económico, así como crear un fondo para expandir los programas de Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida en las comunidades centroamericanas. Sin embargo, a la fecha sigue vigente la aplicación del Título 42.

Si bien el confinamiento mundial y el cierre de fronteras redujo el flujo migratorio, con un registro de personas detectadas y devueltas de 314 salvadoreños, 679 guatemaltecos y 1 363 hondureños en mayo de 2020, de acuerdo con la Unidad Migratoria de la Secretaría de Gobernación, fue por pocos meses, pues para octubre del mismo año se reportaron a 1 248 salvadoreños, 4 863 guatemaltecos y 5 169 hondureños.[2] Las cifras siguieron aumentando conforme se llevó a cabo el retorno de actividades presenciales, para 2021 el total de personas detectadas y devueltas fue de 24 605 salvadoreños, 81 199 guatemaltecos y 128 054 hondureños.[3]

Sin duda la apertura de fronteras y el relajamiento de las medidas sanitarias por la Covid-19, fueron un aliciente que permitió retomar la movilidad, pero para el flujo migratorio uno de los factores cruciales ha sido el impacto económico de la crisis sanitaria, la pérdida de empleos, el alza de los costos de la canasta básica, así como la crisis alimentaria a consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania. Hasta septiembre de 2022, las autoridades migratorias mexicanas reportaron 21 302 salvadoreños, 54 730 guatemaltecos, 56 776 hondureños detectados y devueltos,[4] superando las cifras del año pasado.

México tiene aún muchos desafíos en el terreno migratorio para consolidar el cambio de enfoque por uno humanitario, pues aún se siguen presentando fisuras en cuanto a su aplicabilidad. Asimismo, los programas que se han puesto en marcha en los países centroamericanos dan una salida a cientos de jóvenes y campesinos que se han inscrito en ellos, desafortunadamente no resuelve de raíz las causas estructurales y menos con la prontitud con la que se requiere. La crisis sanitaria fue un factor emergente que repercutió en un decrecimiento económico de toda la región, que causarán graves estragos en los indicadores de desigualdad económica, haciendo que estos esfuerzos sean insuficientes.

Al mismo tiempo, trágicos incidentes mantienen latente los peligros a los que se exponen los migrantes en tránsito como los fueron la volcadura de un camión que transportaba migrantes centroamericanos en Chiapas, el pasado diciembre y la muerte de 53 migrantes por calor dentro de un camión, en San Antonio, Texas. Pese a que motivaron la formación de un Grupo de Acción Inmediata Internacional contra la red de traficantes de personas y se ha incluido en las conversaciones con Estados Unidos, expone la poca atención que ha tenido este tipo de temas.

 

Además, la diversidad de enfoques, el diseño diferenciado de las políticas migratorias, su carácter unilateral, así como la cantidad de actores involucrados hace que la gestión migratoria no siempre logré tener un buen encauce, perjudicando a las personas migrantes que poca voz tienen en esos esquemas de negociación. Así, es una dinámica de constante cambio, en la que se ve inmersa la afinidad o distanciamiento político, que es susceptible de los intereses geopolíticos que persiga, en este caso, Estados Unidos en la región.

 

Notas: 

[1] Candidata al Sistema Nacional de Investigadores, Conacyt

[2] Unidad de Política Migratoria, Boletín Estadístico 2020, Secretaría de Gobernación, consultado 28 de octubre de 2022, [en línea]: Unidad de Política Migratoria (politicamigratoria.gob.mx)

[3] Unidad de Política Migratoria, Boletín Estadístico 2021, Secretaría de Gobernación, consultado 28 de octubre de 2022, [en línea]: Unidad de Política Migratoria (politicamigratoria.gob.mx)

 

[4] Unidad de Política Migratoria, Boletín Estadístico 2022, Secretaría de Gobernación, consultado 28 de octubre de 2022, [en línea]: Boletin_2022.pdf (politicamigratoria.gob.mx)