2. Laboratorios de políticas públicas comunitarias en México
 
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La Mesa ciudadana de seguridad y justicia del sur de Tamaulipas, caso de éxito en la contención de la inseguridad a través de la participación ciudadana

 
Jorge A. Charles Coll

José Luis del Ángel Sosa

 

 

 
Antecedentes

La zona sur de Tamaulipas, que incluye los municipios de Tampico, Madero y Altamira experimentó el período de inseguridad y violencia más alto en su historia durante el período que comprende los años de 2008 y 2015. La incidencia de delitos de alto impacto como el secuestro, el homicidio doloso y la extorsión encontraron sus niveles máximos en el año 2014. Así mismo, los delitos del fuero común como el robo a negocio y de autotransporte nos ubicaban en los primeros lugares de incidencia a nivel nacional. La inseguridad era tal que fue necesario implementar toques de queda de facto a ciertas horas de la noche, modificando muchos de los aspectos más básicos de las libertades y la convivencia pacífica de la población.

En materia económica, el sur de Tamaulipas experimentó un éxodo masivo de personas, entre ellas había muchas familias de empresarios e inversionistas que se vieron orillados al exilio voluntario y a cerrar sus negocios. La inversión, el empleo y el consumo se encontraban en niveles mínimos y esto a su vez comenzaba a gestar problemas sociales de gran complejidad como lo era el incremento en la pobreza y el rezago social.

En abril de 2014 se desata una serie de enfrentamientos entre grupos criminales que ocurrieron durante varios días en la ciudad, que dejaron una estela de ejecuciónes, así como una gran cantidad de negocios incendiados y bloqueos a lo largo de la ciudad.

En esas fechas, deciden reunirse las 19 cúpulas empresariales aglutinadas en el Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas (CIEST), con la finalidad de acordar una ruta de acción para recuperar en alguna medida las condiciones de seguridad y justicia. El contexto era altamente complejo ya que las instituciones de seguridad locales se encontraban claramente cooptadas por los grupos criminales y no se contaba con una presencia importante de fuerzas federales. Además de esto, existía una incertidumbre total en cuanto a la estrategia de seguridad y se carecía de información confiable sobre la incidencia de delitos o la impartición de justicia. Las autoridades locales y estatal evidenciaban un profundo desconocimiento de la realidad y en muchos casos se mostraban omisas ante las exigencias ciudadanas.

Una de las conclusiones iniciales del CIEST fue que el reclamo y los señalamientos hacia la autoridad no eran suficientes para incidir desde la sociedad civil. Se decidió que era necesiaro cambiar la estrategia de conforntación por una de responsabilidad compartida, de colaboración y de apoyo subsidiario hacia las autoridades, con la finalidad de fortalecer las instituciones públicas y empezar a construir de manera efectiva un andamiaje institucional de seguridad y justicia que fuera funcional y que perdurara a lo largo del tiempo.

La primera acción que se derivó de esta nueva estrategia de participación ciudadana corresponsable fue la creación del Observatorio Ciudadano Tampico, Madero, Altamira A.C., el cual inicia sus operaciones el 18 de agosto de 2014, con la finalidad de disipar la incertidumbre al proveer, de manera periódica, reportes y estudios rigurosos sobre el estado de la seguridad y justicia en la zona sur de Tamaulipas. Para ello se adoptó el modelo de observancia del delito por parte del Observatorio Nacional Ciudadano y se obtuvo su certificación en un tiempo récord de tres meses y formando parte de la Red Nacional de Observatorios Ciudadanos.

Una vez resuelto el problema de incertidumbre y falta de información, se decidió que era necesaro generar un punto de encuentro entre autoridades y ciudadanos, como un espacio de trabajo compartido para propiciar la coordinación y la realización de acciones que fortalecieran tanto las instituciones como las estrategias para prevenir y contener el delito, así como para la impartición de justicia. Para lograr este objetivo se decidió reproducir el modelo de Mesa de Seguridad y Justicia de Cd. Juárez, Chihuahua, un modelo exitoso de participación ciudadana que había contribuido de manera decisiva para que esa ciudad pasara der ser una de las más peligrosas del mundo a una con índices de incidencia delictiva muy bajos. Así mismo, se creó un vínculo de trabajo y colaboración permanente con la asociación México SOS, promotora incansable del modelo de mesas ciudadanas de seguridad y justicia, que también abrió la posibilidad de participar en la Red Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia.

En mayo de 2015 se instala de manera oficial la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Tampico, Madero y Altamira (MCSJTMA), conformada por un grupo de ciudadanos sin cargo público representativo de las fuerzas vivas de la ciudad, así como de ciudadanos con cargo público representados por los titulares de las corporaciones responsables de la seguridad y justicia en la zona. Por parte de la sociedad civil, se conformó un grupo altamente representativo de los sectores empresarial, educativo, religioso, asociaciones civiles, de los tres municipios conurbados. Del lado de las autoridades se contó desde un inicio con representantes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, de la Marina, SEDENA, Policía federal, Policía estatal, Procuraduría General de Justicia del Estado (hoy FGJ), Procuraduría General de la República (hoy FGR) y demás corporaciones destacadas en la zona como lo fue la Gendarmería Nacional y la Policía Militar.

La misión institucional de la MCSJTMA es la de “Ser el vínculo de unión entre sociedad y gobierno, con el objetivo de fortalecer las instituciones de seguridad y justicia y sus procedimientos, que lleve a Tampico, Madero y Altamira a crear soluciones eficaces para lograr un sólido estado de derecho”. Así mismo, la visión institucional establecida desde un inicio es la de “Que tampico, Cd. Madero y Altamira se conviertan en las ciudades más seguras y justas del país”.

 

Estructura

La MCSJTMA se encuentra configurada como una institución en la que confluyen ciudadanos e instituciones de gobierno, en un espacio de coordinación y trabajo permanente. Los proyectos que emanan de estos espacios se enmarcan en los ejes rectores de inspirar, consolidar y trascender, y se ejecutan a través de las diversas comisiones de trabajo que se encuentran establecidas, las cuales se enumeran a continuación:

  1. Comisión de secuestro y extorsión

  2. Comisión de formación ciudadana

  3. Comisión de estudios e indicadores

  4. Comisión de fortalecimiento policial

  5. Comisión de enlace

  6. Comisión de robo a negocios

  7. Comisión de robo de vehículos

  8. Comisión de robo a casa habitación

  9. Comisión de finaciamiento

  10. Comisión interestatal

  11. Comisión de procuración y administración de justicia

  12. Comisión de robo al transporte

  13. Comisión de comunicación y medios

  14. Comisión especial COVID-19 (desde marzo 2020)

 

La toma de decisiónes de la MCSJTMA se encuentra estructurada de manera colegiada por la comisión ejecutiva, presidida por el coordinador ejecutivo y los coordinadores de las comisiones de trabajo, y respaldada por el Observatorio Ciudadano y la oficina de gestión Qittani. Se cuenta con un reglamento interior y el coordinador ejecutivo tiene una permanencia de máximo dos años.
 

Cada comisión de trabajo establece proyectos que se desarrollan de manera conjunta entre ciudadanos y autoridades, los cuales se desarrollan de manera permanente a lo largo del año y una vez al mes se lleva a cabo la reunión plenaria con todos los integrantes de la MCSJTMA para presentar avances, realizar análisis y llegar a acuerdos conjuntos que incidan en la mejora permanente de las condiciones de seguridad.

 

Logros

El resultado del trabajo permanente de las 14 comisiones de trabajo y de todos los involucrados, tanto ciudadanos como autoridades es que hemos transitado de un estado de caos e inseguridad generalizado, a ser actualmente una de las ciudades más seguras de México, medido tanto desde la perspectiva de la incidencia delictiva y las cifras oficiales, como desde la percepción de la ciudadanía.
 

Las Encuestas de Seguridad Ubana llevadas a cabo trimestralmente por el INEGI muestran una disminución de la percepción de inseguridad del 74% en relación con las registradas en el 2016.

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Lo anterior ha propiciado que la zona sur de Tamaulipas se ubique desde hace más de dos años en los primeros lugares a nivel nacional en percepción de seguridad, y desde el 2021, como la ciudad de más de 500 mil habitantes más segura de México y el destino turístico más seguro del país.

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Por otra parte, los indicadores de incidencia delictiva se ubican de manera permanente por debajo del promedio nacional, lo cual representa una evidencia incontrovertible del trabajo de coordinación que se realiza en el sur de Tamaulipas, a la luz de la tendencia nacional hacia el deterioro de las condiciones de seguridad.

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Estos logros en materia de seguridad y justicia no solo han permitido que las condiciones de convivencia y paz social hayan mejorado extraordinariamente en los últimos años; también se ha producido una reactivación económica importante, de manera directa motivando el regreso de miles de personas que habían tenido que cambiar su lugar de residencia y detonando inversiones que, en otros tiempos no hubieran sido posibles, así como de manera indirecta, liberando el potencial económico al eliminar los costos que la inseguridad impone en cualquier comunidad. Se estima que la inseguridad cuesta a México el equivalente al 14% del PIB anual, lo anterior significa (extrapolando esta estimación) que las reducciones que se han logrado en los niveles de inseguridad en el sur de Tamaulipas, han liberado costos económicos con un valor estimado anual de más de 2.3 mil millones de pesos, los cuales se han podido canalizar a la inversión y la generación de empleo.

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Conclusión

La MCSJTMA se ha consolidado como un referente nacional en la participación ciudadana como un catalizador efectivo para la reducción de la inseguridad en el ambito local. Este caso de éxito demuestra que los resultados positivos pueden perdurar a lo largo del tiempo y consolidarse en la medida en la que la coordinación y el trabajo conjunto sea permanente y arduo. La mera existencia de una MCSJ no es garantía de resultados positivos, estos se encuentran ligados de manera directa al número de acciones y proyectos que se llevan a cabo de manera permanente y que se vayan adaptando a la complejidad y necesidades cambiantes de nuestra sociedad. La construcción de instituciones de seguridad y justicia sólidas y eficientes no solo depende de lo que hagan las autoridades. En un país como México la ciudadanía debe de participar de manera subsidiaria desde lo local en el fortalecimiento de sus instituciones públicas.

Finalmente, el involucramiento ciudadano no puede limitarse únicamente a la confrontación y el exigir resultados. La corresponsabilidad y el trabajo coordinado entre ciudadanos y gobierno forma parte de una dinámica de democracia participativa que en el caso del sur de Tamaulipas ha generado resultados comprobables y permanentes.