Los aprestos de mayor calado los observamos en la postura monetaria que asumen los bancos centrales en el mundo, en especial la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), que sorprendió a los mercados con un aumento de 75 puntos base de su tasa de referencia, para fijarla en el rango de 1.50%-1.75%, desde un previo de entre 0.75%-1.0%, dejando abierta la posibilidad de más aumentos en los próximos meses, posibilidad que alimenta los pronósticos de que la mayor economía del mundo se encamina hacia una recesión.

​

Sin embargo, el eje de esa medida aplicada por la FED es el de evitar un nivel mayor de la inflación que actualmente se ubica en 8.6%, el más alto en 41 años, con el fin de inducirla hacia un rango de 4.3%-5.2% al cierre de este año, con un crecimiento económico de 2.8% a 1.7% al cierre de 2022, de 2.2% a 1.7% en 2023 y de 1.0% a 1.9% en 2024.

​

Frente a lo anterior, el escenario para las autoridades monetarias de México no es muy diferente, pues reaccionan en la misma directriz, al aumentar en 75 puntos base la tasa de referencia, ubicándola en un nivel de 7.75% para mantener el equilibrio en el diferencial de tasas con el que determina la FED, pero con el objetivo principal de considerar la magnitud y la diversidad de choques que han afectado a la inflación, que en la primera quincena de junio se situó en 7.88% anual.

​

A pesar de ello, la pregunta que bulle entre los agentes del mercado es si México estará preparado para enfrentar una eventual crisis como la que se pronostica, sobre todo cuando la principal debilidad de la economía nacional es la de un Producto Interno Bruto (PIB) que el consenso prevé se ubique en un rango de entre 1.2%-2.2% para este año, a lo que se suma el pronóstico de una inflación que despunta mes a mes.

​

Como se ve, el panorama no es nada halagüeño; la incertidumbre es persistente ante un escenario económico convulso al que nadie se atreve a ponerle fecha o confirmar si se cumplirán o no los augurios recesivos. La única certeza es que, de mantenerse la actual evolución de una alta inflación mundial, de disrupción en las cadenas de suministro y un entorno geopolítico de crisis permanente, se estaría ante graves estragos insondables en la economía internacional. Incluso, pende la advertencia de organismos como la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de que la inflación global acrecentada por los efectos de la guerra en Ucrania y de un incremento mayor en los precios de los alimentos se transformen en una severa crisis alimentaria a nivel mundial, e incluso en hambruna como prevé la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

​

Ante este panorama, resulta pasmoso observar que en nuestro país la clase política centra su prioridad en afinar sus estrategias para alinearlas a los pronósticos y los resultados de las encuestas pre-electorales con el fin de apostarse ante el escenario de las elecciones tanto del 2023 -en las que se votará para designar nuevo gobernador de Coahuila y del Estado de México, ésta última entidad considerada como la ‘joya de la corona’ de las gubernaturas y actual bastión del PRI-, pero principalmente en las presidenciales de 2024. En ambas elecciones el partido MORENA buscará ampliar lo que se denomina como la ‘ola guinda’ que ya cubre a más de la mitad del país en los últimos seis años, mientras que el PRI intentará no quedarse como un partido sobreviviente, y el PAN afianzarse como el partido mejor posicionado de la oposición.

​

Por desgracia la política y la confrontación se han convertido en un espectáculo donde cada actor busca privilegiar su interés político inmediato o de corto plazo, desviando la atención de los medios y de un amplio segmento de la población de aquellos asuntos y problema urgentes, minimizando los reclamos de la sociedad que exige soluciones a complicaciones como el desabasto de medicamentos, atender la elevada inseguridad, la persistente corrupción, la irreductible impunidad y la carestía de la vida que cada día se agrava.

​

En los hechos ni los gobiernos ni las administraciones públicas recientes han logrado cumplir estas exigencias que año con año se van acumulando o sumando a otras que han sido respondidas de manera parcial o con apoyos temporales de carácter paliativo.

​

Para la población cuestiones como la inseguridad, son temas en torno de los cuales exige una respuesta inmediata pues de acuerdo con una encuesta de El Financiero (publicada el 1° de junio) el 61% de los consultados califica como negativa la actitud del gobierno frente a un panorama de violencia e impunidad que escala mes a mes.

​

Esa exigencia de solución es mayor, pues de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el país alcanzó 121 mil 655 asesinatos entre el 1° de diciembre del 2018 y el 31 de mayo de 2022. Esa estadística, es un factor que repercute también en el ámbito económico, pues de acuerdo con el Índice Mexicano de Confianza Económica (IMCE) que elabora el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), 6 de cada 10 empresas en el país ubican a la inseguridad y el crimen organizado son el principal obstáculo para su crecimiento y un freno para las inversiones y el empleo.

​

Sin embargo, está visto que en los últimos tres años la estrategia de seguridad del gobierno en turno, de “abrazos y no balazos” no ha sido ni es funcional, al tiempo que se conduce como si el nivel alcanzado por la actividad criminal registrada en la estadística oficial no existiera, razón por la cual no está dispuesto a modificarla a pesar de los múltiples exhortos de diferentes sectores sociales que exigen al Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la seguridad física y patrimonial de la población. Una muestra que ilustra lo anterior, es el reciente asesinato de 2 jesuitas en la comunidad de Cerocahui (Tarahumara), en Chihuahua, que por paradigmático ha dado pie para que desde diversos ámbitos se apremie al gobierno a revisar su estrategia de seguridad e incluso convocar a un diálogo nacional para reconstruir la paz en el país.

​

En ese panorama, el sondeo citado de El Financiero también arroja que en el tema de la economía, el 41% de los consultados evalúa de manera desfavorable al gobierno federal y en corrupción, el 52% lo evalúa mal o muy mal. Incluso, al ser cuestionados sobre si el país va por buen o mal rumbo, el 39% considera que va bien, mientras que 38% opina que va mal.

​

Un botón de muestra de ello, es el empleo, otro elemento sobre el que la presión es mayor, pues las oportunidades de trabajo son insuficientes para cubrir la demanda de quienes buscan una plaza laboral formal. Al respecto, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (publicada en junio de este año), actualmente el número total de personas ocupadas es de 56 millones 79 mil, aproximadamente. De acuerdo con la encuesta, la población que cuenta con un empleo formal registrado ante el IMSS representa únicamente 37% de todas las personas que manifiestan tener un trabajo. El resto, casi 31 millones de personas, se encuentra laborando en la informalidad.

​

En línea con lo arriba expuesto, la política puede ser percibida como una estrategia en la que el acento es de cerrazón al diálogo y de ver a las personas como un elemento más de un juego de mercadotecnia dónde los ciudadanos somos vistos únicamente como portadores de una credencial de votar y en donde la ciudadanía es puramente simbólica, puesto que en las gráficas y mapeos quienes cambian las ideologías de los territorios es la misma clase política, los de siempre, los que en ejercicios acrobáticos de trapecismo cambian de partido como de camiseta en aras de una alternancia que no resulta representativa.

​

Es algo que se ha comprobado, debido a que la mercadotecnia política funciona especialmente en los procesos electorales, pero no modifica la sensibilidad y la percepción de los actores políticos sobre las necesidades más apremiantes de la población, sobre todo de quienes viven un viacrucis para sobrevivir todos los días y de quienes imploran que se escuche a las víctimas de la crisis económica, la violencia y la consecuente impunidad.

​

En esa tónica, la política no privilegia el debate sobre los problemas de mayor relevancia en la agenda ciudadana ni busca soluciones a las necesidades más urgentes de la población, sino que la clase política la esgrime como un ariete de distracción que sustituye con el ofrecimiento de presentarse como los salvadores del país, a pesar de que la realidad los contradiga y demuestre que las demandas ciudadanas han rebasado la capacidad de respuesta de los gobiernos en México y que las instituciones públicas son vistas como lentas, ineficaces e ineficientes, lo que a su vez genera que un amplio segmento de la ciudadanía pierda la confianza en el gobierno en turno.

​

Frente a ello, los políticos arman sus estrategias de contacto con los ciudadanos repartiendo subvenciones en numerario como parte de los actuales programas sociales, lo que evidencia que el Estado reduce la acción de gobernar con la dispersión de esos subsidios con el convencimiento político e ideológico de que con políticas asistencialistas se mejora la vida de las personas, para las cuales, no obstante, la transferencia de esos recursos en monetario y especie les permite cubrir en parte pero de manera digna sus necesidades más básicas de sobrevivencia o como complemento del ingreso individual y de las familias.

​

En contraparte, están quienes se presentan como alternativa por el solo hecho de estar en contra del gobierno, lo que en estricto sentido denota el atisbo de una venta mediática de la imagen y el carisma de no pocos actores políticos, construida como iconografías propagandísticas de un cambio que es intangible para la sociedad, para la que los problemas sociales no solo siguen sin resolverse, sino que se agravan y en ocasiones aparecen como causas que podrían pavimentar el camino hacia situaciones de ingobernabilidad.

​

En ese sentido, la gran tarea que tenemos los ciudadanos es la de recuperar la política para reflexionar las vías de cómo enfrentar el momento actual en el marco de un nuevo contexto global, así como presionar a los políticos para que abandonen la simulación, que desistan de hacer de la política un terreno de exhibición mediática y de cerrazón al diálogo que tiene el No como consigna. El objetivo es colocar el quehacer político en el terreno de la realidad del país que actualmente se encuentra inmerso en un proceso de transformación inacabado que impide armonizar las múltiples formas de una sociedad fragmentada, caracterizada por la desigualdad social sistémica y persistente.

​

El fin último de lo anterior debería permitir que en un marco de redefinición, las relaciones del Estado y la sociedad pavimenten el camino para la implementación de una serie de políticas públicas que a mediano y largo plazo tenga efectos positivos para el país y para los sectores sociales más desprotegidos, a la vez que posibilite arribar a un estadio que garantice los principios de equidad y justicia social y, paralelamente, se fortalezca el ejercicio de los derechos ciudadanos, lo cual permitiría aumentar la capacidad de negociación de los grupos sociales históricamente excluidos y conllevaría a cambiar las reglas de relación entre el poder y los gobernados.

​

En ese tenor, a la política hay que dotarla de un rostro más humano, pues detrás de cada ciudadano hay un cúmulo de tragedias, pero también el deseo de salir de ellas con la solución a sus problemas y necesidades más urgentes. Ese rasgo es un apremio, pues la política como parte consustancial de la democracia, su desempeño se juzga a partir de los resultados que percibe la población. Por ello es prioritaria que la articulación de la agenda política, la gobernabilidad y el buen gobierno, se traduzca en un círculo virtuoso que se refleje en la implementación de las políticas públicas y el impacto de éstas en el bienestar material y social de la población.

​

Para ello es esencial que el Estado recupere su papel de liderazgo económico y social, pero sin menoscabo de los avances democráticos alcanzados, y que la clase política, los partidos políticos, los legisladores, la academia y la sociedad civil en conjunto coadyuven a enfrentar los efectos adversos en la economía nacional para construir una agenda política y legislativa acorde a las necesidades internas del país, para abatir los rezagos acumulados, las distorsiones económicas y los problemas estructurales no resueltos, que hoy se reducen a una política social compensatoria, que por definición debe estar alejada de la concepción de un Estado benefactor.