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Prioridades ciudadanas actuales: salud, economía y seguridad
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PRESENTACIÓN

 

Elio Villaseñor Gómez

Director de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A.C.

Conforme avanzan los días y el discurso gubernamental insiste en presentar un panorama totalmente opuesto a la tendencia ascendente de la emergencia sanitaria causada por la pandemia por la COVID-19, el eje de la discusión nacional comienza a centrarse en el proceso electoral del próximo año. Es un claro indicio de cómo algunas fracciones de la clase política se aprestan a esgrimir diversas posturas, entre ellas la electoral, como paso previo a un debate de mayor calado en la arena pública y en el Congreso de la Unión sobre temas que interesan a esos grupos de poder en el país. Todos los demás asuntos sensibles como la salud, la economía y la seguridad comienzan a ser presentados como irrelevantes, a pesar de la magnitud de los rezagos, las exigencias sociales y económicas, y de lo preocupante que resulta una cadena de conflictos que están presentes a lo largo y ancho del país.

La razón que motiva a los actores políticos, incluido el Presidente de la República, para hacer a un lado la prudencia política, se ubica en la renovación de la Cámara de Diputados y las 30 elecciones locales, incluidas las gubernaturas de Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas, cuyos resultados para el partido en el poder y para los de la oposición son cruciales para modificar el próximo año la correlación de fuerzas en el país, principalmente en la Cámara de Diputados. En la perspectiva del presidente de la República, existe la intención de reforzar su ánimo visiblemente proselitista para asegurar el proyecto que postuló: la transformación de la República.

En ese propósito, existen reportes periodísticos que dan cuenta de cómo comienzan a ser emplazados los ejércitos no oficiales de las campañas electorales de los distintos grupos políticos. Unos distribuyendo despensas, otros impulsando obras en las que se destaca la imagen y el signo partidista.

En esa arena política, también comienzan a definirse bloques como el integrado por los gobernadores panistas que cuestionan la inacción gubernamental, al tiempo que plantean propuestas de una nueva coordinación con el gobierno federal con base en un nuevo federalismo, pero con un nuevo pacto fiscal de por medio, lo cual es considerado en el círculo gubernamental como una estrategia político-electoral. En este marco, se ha hablado también, sin ser verificada, sobre la conjura de un Bloque Opositor Amplio (BOA), que presuntamente pretende realizar diversas acciones para derrotar al partido MORENA en las elecciones intermedias del año próximo y a favor de la revocación de mandato del Presidente en la consulta prevista para el 2022.

Este ambiente no solo profundiza la polarización en el país, sino que lo puede llevar a una situación de mayor crispación, sobre todo si persevera el discurso de que todo aquel que no esté con la Cuarta Transformación, es conservador y opuesto al cambio, como suele citarlo el presidente Andrés Manuel López Obrador, postura de la que da constancia su mensaje lapidario: “Se acabó la simulación y las medias tintas, pues llegó el momento de definirse en favor o en contra de la transformación del país… se está por la honestidad o por la corrupción… o se apuesta a mantener los privilegios de unos cuantos a costa del sometimiento y empobrecimiento de la mayoría de los mexicanos…o somos conservadores o somos liberales”.

En este marco, a la sociedad, nos toca seguir insistiendo en la necesidad del diálogo y en instar a buscar las coincidencias entre los distintos sectores y actores para que, de manera conjunta, se remonte el actual tsunami social, económico y sanitario.

Para ello, el gobierno también requiere escuchar las voces que alertan sobre una mayor confrontación política, tal como lo consideró, entre otros actores sociales, Clara Jusidman, presidenta del Centro Tepoztlán, Víctor L. Urquidi, quien alertó que “además del ‘hambre’ y ‘la violencia social’ que dejará la pandemia del COVID-19, el principal riesgo es la balcanización del país, pues las bandas criminales se están apoderando de territorios completos… (por lo que) Si el Ejecutivo no quiere, el Congreso o el Poder Judicial deberían convocar a un gran pacto nacional, ya que es urgente que, ante la emergencia, los sectores económicos, sociales y políticos pacten una estrategia de Estado”.

Esta es la realidad en la que, como ciudadanía, vivimos la llamada “nueva normalidad”, y en la cual la mayoría vive con miedo e incertidumbre, mismos que no se solucionan con un mero llamado del corazón y a la búsqueda de una nueva espiritualidad. Por el contrario, es una expresión de quienes cada día ven vacíos sus bolsillos para cubrir la más mínima cantidad de satisfactores básicos, y que la estadística se encargará de incluir en el umbral de la pobreza y la pobreza extrema, que tendrá como trasfondo un sinnúmero de historias de tragedias humanas que no verán un futuro promisorio ni la vía para salir adelante.

Podemos atestiguar que el ambiente político y su visión de futuro solo ofrece a la sociedad un futuro de buena voluntad, en el que la política asistencialista se perfila como única solución, cuando lo urgente para el país es una respuesta de cirugía mayor y no una que suministre “mejoralitos” que sirven de paliativos para administrar la crisis y las consecuencias económicas y sociales de una obligada reapertura. El confinamiento arroja como saldo la destrucción de la economía (proyecciones del Banco de México estiman el PIB de México en un nivel de -8% hasta -10% en 2020), de micro y pequeñas empresas, incluidos los pequeños negocios (de abril a mayo se han dado de baja 9 mil 984 patrones del IMSS) y del empleo (con la pérdida de más de un millón y medio de plazas de trabajo, según datos del IMSS).

Frente a ese escenario, es un apremio dirigir los esfuerzos hacia la construcción de políticas públicas donde converjan la responsabilidad y el compromiso de cada sector, con la directriz de poner adelante el país, con una atención que dignifique el rol económico y social de las comunidades, las empresas, la escuela y todos los espacios públicos de participación ciudadana, incluida la de índole política.

En ese propósito, necesitamos juntar la tolerancia y la solidaridad con propuestas que tengan como centro el bienestar de la población y la garantía de hacer efectivos los derechos humanos.

No se trata en este momento de sacar provecho personal o partidario, sino atisbar la crisis por la que atraviesa el país como un factor que detone las oportunidades para, con una claridad y con alta de miras, dar el impulso que el país necesita para salir adelante, y en donde los ciudadanos lo confirmemos como una nación fuerte y soberana.

Necesitamos formular nuevas directrices y ejes de actuación general que impidan que el país se nos escape de las manos, y que sirvan de brújula para evitar que la nación vaya a la deriva. Para ello, todos debemos prepararnos para reconstruir con las mejores propuestas de políticas públicas la viabilidad de una nueva narrativa en la que todos apostemos por valores como la colaboración, la corresponsabilidad y la rendición de cuentas, como basamentos de un nuevo Estado mexicano.

Es una tarea considerable para el gobierno y la sociedad, ante una realidad en la que aflora un Estado débil; un Estado con carencias institucionales frente la nueva dinámica política, económica y social, herencia de la pandemia del coronavirus. No se trata de generar factores distractores que centren el debate y ocupen un lugar preponderante en la palestra de la discusión pública. Lo que realmente debe importar por su trascendencia, es que todos asumamos las nuevas reglas del juego y el hecho de una inevitable transmutación del actual sistema político, en el que los contrapesos serán elementos de equilibrio en la transformación de las instituciones y del ejercicio del poder, y en donde el diálogo permanente deberá abonar a la gobernanza y la gobernabilidad del país.

Además, es un reto enorme pues el país y las fuerzas políticas y sociales enfrentan una disyuntiva: plegarse a una voluntad unipersonal y unidireccional, y soportar las consecuencias o empujar un diálogo y una conciliación, con objetivos compartidos para una propuesta alternativa, de equilibrio y de contrapeso, que tenga como eje replantear la cohesión del tejido social más allá de las voluntades políticas.

En suma, como ciudadanía, no debemos permitir que, en lo que se atisba como la gran disputa por la Nación que habrá de registrarse en el espacio público, predomine la polarización ni que prime el interés de las precampañas electorales, sino tomar conciencia de que los actuales son momentos de definición sensata, de intercambiar ideas con un eje innovador y de trabajar juntos para construir el país de hoy y de mañana.

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