1. Energías limpias en México y la región 
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Foto de Erik Mclean vía Unsplash

¿Podrá México cumplir con sus compromisos de descarbonización pactados en el Acuerdo de París?

Isidro Morales

Afiliado externo al Centro de Estudios de Energía. Instituto Baker. Universidad Rice.

Profesor de la FDCS de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

 

 

 

Conforme a los compromisos adquiridos por México en el Acuerdo de París en 2015, dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), el país se obligó, al igual que el resto de los signatarios, a reducir las emisiones de gas de efecto invernadero (GEI) y de contaminantes como las partículas de carbón, así como adoptar medidas de adaptación para hacer más resiliente a la sociedad mexicana y su hábitat natural, ante los riesgos provocados por el calentamiento de la tierra. Como es sabido, el objetivo principal del Acuerdo es frenar el incremento de la temperatura promedio global a menos de 2 grados centígrados, respecto a principios de la era industrial, es decir, al despuntar el siglo XIX, y hacer todos los esfuerzos para que no suba más de 1.5 grados. Esta última meta, la más difícil de alcanzar, implicaría que el desarrollo de las energías renovables cobre un impulso definitivo en la presente década para constituir aproximadamente el 65% de la matriz energética global en 2050.

Aunado a ello, la Agencia Internacional de Energía, asociación a la que el país pertenece desde 2018, ha sugerido en sus últimos informes la urgencia de reducir, durante la presente década, las emisiones totales de GEI que, en 2018, sumaban 47,522 millones de toneladas equivalentes a dióxido carbono (MTC02e), prácticamente la mitad para 2030. Sin duda, esto implicará cumplir con compromisos muy serios por parte de los estados signatarios, sobre todo para sustituir el carbón y el combustóleo en los procesos industriales y de generación de electricidad, impulsar la movilidad tanto individual como colectiva a través del transporte eléctrico, así como revertir la desforestación y los cambios negativos en el uso del suelo e impulsar las nuevas tecnologías para la captura y secuestro de carbón.

Hasta ahora, los compromisos de mitigación asumidos por cada país son dobles: un monto de reducción de emisiones voluntario, que el país asume y costea con sus propios recursos. Un monto adicional mayor, condicionado a recibir ayuda a través de un Fondo Verde, instituido en 2010 por la misma CMNUCC, que ayude a financiar reducciones adicionales. En julio de este año, Nacional Financiera, la banca de desarrollo del país, por fin quedo acreditada ante dicho Fondo para poder recibir hasta 250 millones de dólares para financiar metas adicionales de mitigación y adaptación.

Hasta ahora, los compromisos adoptados por los países pactantes son voluntarios. Sin embargo, en un giro histórico hecho por los países de la Unión Europea, a partir de 2026 se impondrá un impuesto al carbón en las transacciones comerciales de aquellos países que no cumplan con sus compromisos del Acuerdo de París, o que no los eleven para llegar a la meta general del Acuerdo. En el mismo tenor, el gobierno de Joe Biden se ha pronunciado, ya que su administración se encuentra evaluando la posibilidad de imponer un impuesto similar. No queda claro, sin embargo, si dicho impuesto será gravado a productos con una huella alta de carbón, como los intensivos en energía -cemento, acero, cerámica, vidrio, etc.- o si será un impuesto generalizado, dependiendo de un balance general sobre los logros alcanzados en materia de descarbonización por los socios comerciales, tanto de Europa como de los Estados Unidos. En todo caso, dichas medidas serán los primeros “dientes” para obligar a las partes a cumplir y elevar sus obligaciones en materia de cambio climático y que hasta ahora han sido voluntarios, mismo que se discutirán, sin duda, en la COP 26 que tendrá lugar en noviembre próximo en Glasgow, Escocia.

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Fuente: Climate Watch

El gráfico 1 muestra la evolución de las emisiones de GEIs de México, comparado con las totales y con las de sus principales socios comerciales, los de América del Norte y de la Unión Europea. De acuerdo con el inventario de emisiones elaborado por la herramienta del Instituto de Recursos Mundiales (WRI por sus siglas en inglés), China es por ahora el principal emisor de GEI; Estados Unidos el segundo, le siguen la India y la Unión Europea. México se ubica en el lugar 14, poco después de Canadá, pero arriba de los países de América Latina, con excepción del Brasil, que se ubica en la novena posición. Sin embargo, el gráfico 1 muestra que, mientras las emisiones globales mantienen una tendencia muy marcada al alza, tanto la Unión Europea como los Estados Unidos han iniciado su proceso de mitigación desde la segunda mitad de la década pasada, tendencia que muy probablemente se consolidará si se mantienen y profundizan sus respectivas políticas ambientales y de descarbonización. Canadá parece mostrar, en el horizonte temporal aquí expuesto, una estrategia de estabilización de sus emisiones, lo que podría sugerir que el país se encuentra en medio de dos opciones: o profundizar las estrategias de descarbonización enarboladas por las provincias de Ontario y Quebec, o seguir impulsando las industrias extractivas fósiles ubicadas principalmente en Alberta. Una alternativa para dicho país podría ser impulsar las estrategias y tecnologías de captura y neutralización del carbón, para reducir significativamente sus emisiones. Esto es justamente lo que Estados Unidos y la Unión Europea quieren impulsar en la COP26 que se avecina, en la que Washington exigirá que las partes eleven sus compromisos de mitigación, so pena de establecer sanciones.

México, por el contrario, es el único de los países aquí expuesto que muestra una tendencia clara, aunque pausada, hacia el crecimiento de sus emisiones, solo frenada cuando hay recesiones severas como la desencadenada en la actualidad por la pandemia de la COVID-19. El gobierno ha reconocido que, de seguir inercialmente esta tendencia, en 2030 el país estaría emitiendo aproximadamente 991 MTC02e, algo enteramente incompatible con los objetivos perseguidos por sus principales socios. En sus últimos compromisos sometidos a la CMNUCCC, en diciembre de 2020, el país se ha comprometido a reducir de manera voluntaria el 22% de dicho monto, es decir, llegar a un total de 781 MTCO2e, 101 MTCO2e por encima del nivel alcanzado en 2018 y que se muestra en la gráfica. De acuerdo con dichos compromisos, las emisiones podrían ser menores, 644 MTCO2e para el final de la década, si México logra conseguir transferencias del Fondo Verde para apuntalar medidas más agresivas[1]. Dicha cifra ya es ligeramente menor al monto alcanzado en 2018, y podría mandar la señal que el país ha iniciado, aunque tardíamente, el inicio de una reducción constante y permanente de sus emisiones contaminantes.

En otras palabras, durante esta década el país ha entrado en una encrucijada, en la que deberá tomar las medidas necesarias para frenar el incremento inercial de sus GEIs e iniciar la reducción sistemática de los mismos, para asegurar el equivalente a una descarbonización completa – en donde las emisiones remanentes se neutralicen con medidas de absorción- hacia 2050. De no ser así, el país incumpliría con sus propios compromisos, tanto voluntarios como condicionados, además de arriesgarse a sanciones crecientes que se irán estableciendo -como las del impuesto comercial al carbón- a medida que Estados Unidos, la Unión Europea y otros países avancen aceleradamente con sus propios objetivos.

El cambio climático no es solo un problema de compromisos y sanciones potenciales, sino también un serio problema de salud y seguridad públicas. Los daños a la salud y la vulnerabilidad de las poblaciones ubicadas en las costas y ríos o en zonas de desertificación, así lo atestiguan. La última prospectiva energética publicada por la compañía inglesa British Petroleum, estima que los costos del calentamiento global para la economía mexicana podrían ser del orden del 7% del PIB en los próximos 30 años. Un costo de esta naturaleza es una mala herencia para las próximas generaciones y pone en riesgo, además, la sustentabilidad energética del país.

La fórmula para acelerar la descarbonización en México es ya conocida. Al despuntar el presente siglo, el gobierno mexicano empezó a substituir, de manera deliberada, el combustóleo y el carbón por el gas natural, en la generación de electricidad. Posteriormente, la Ley General de Cambio Climático (LGCC) de octubre de 2012, fijó como meta para la generación de energía eléctrica, el utilizar al menos un 35% de energías limpias para el año 2024. La Ley de Transición Energética (LTE) de diciembre de 2015, confirmaría dicha proporción y fecha y, posteriormente, la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios 2014-2018, elevó a 50% la participación de las fuentes limpias para 2050. Semejantes metas hicieron de México el primer país de economía emergente en alinear sus políticas de descarbonización, conforme a las metas y principios del Acuerdo de París. Han sido estrategias de Estado y no simples objetivos de los gobiernos en turno.

Al inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el 23.2% se la generación eléctrica se hacía ya con energías limpias (incluyendo la nuclear), siendo la hidroeléctrica la más importante. La cifra para 2020 es del 28%, todavía 7 puntos debajo de las metas establecidas para el final de la presente administración. El incremento de los últimos dos años se debió a aportaciones importantes de las plantas con tecnología eólica, fotovoltaica y de cogeneración eficiente [2]. Si el país continúa elevando la participación de las renovables en la generación eléctrica a 50%, en los próximos 30 años, sin duda ayudará a acelerar la transición y mitigación de los GEIs en el largo plazo. 

Paralelo a esto, el gas natural consolidará su importancia en la canasta energética nacional, ya que se ha convertido en la fuente firme menos contaminante para la generación eléctrica. Así lo muestran las tasas de crecimiento en el consumo promedio de la pasada década; mientras que la demanda de petrolíferos decreció a tasas de -1.7% anuales, la de gas y electricidad se elevaron a 3.0% y 1.9% respectivamente. Estos promedios excluyen el 2020, año sin duda anómalo, debido al impacto de la pandemia de la COVID-19 en la economía y, por lo tanto, en el consumo energético. Sin embargo, cabe resaltar que, mientras la recesión deprimió el consumo de petrolíferos en 22.7% el año pasado, el del gas y la electricidad solo descendieron en 3% y 1.9%, respectivamente. En otras palabras, la crisis sanitaria deprimió severamente la movilidad motora y sólo ligeramente la electrónica. Este será el patrón que seguirá la nueva normalidad post-COVID-19, en donde el insumo estratégico para la actividad económica será la electricidad, de cuya fuente dependerá la nueva era del “Internet de las cosas”. Abastecer fuentes firmes bajas en carbón, así como renovables, para la generación del fluido eléctrico, se ha vuelto la gran apuesta de la transición energética tanto en México como en el mundo.

Ante este panorama, resultan preocupantes dos tendencias que se han acentuado en los últimos años en el país: la dependencia acelerada y creciente de las importaciones de gas texanas, que representan más del 70% del consumo total, y el freno que han sufrido recientemente las inversiones y la participación de las energías renovables en la generación eléctrica, a raíz de las modificaciones de la Ley de Industria Eléctrica, que da preferencia a la CFE en el despacho eléctrico, sin tomar en cuenta la competitividad y eficiencia de los productores privados. Estas dos tendencias se podrían agravar aún más si se llegan a suprimir tanto la Comisión Reguladora de Energía (CRE), como la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), tal y como lo propone la más reciente iniciativa de reforma constitucional sometida por el Ejecutivo al Congreso.

Como ya se ha visto, las industrias manufacturera y eléctrica del país se han vuelto vulnerables ante cualquier cambio que pueda afectar los precios de importación del gas, como se mostró en el apagón de febrero pasado, y como se aprecia en la actualidad, con la duplicación de los precios texanos debido al crecimiento de la demanda estadounidense y de los mercados globales. Esto ha repercutido en los precios de la electricidad, que duplican incluso los prevalecientes en los Estados Unidos, lo que repercutirá en la recuperación y competitividad de la economía mexicana.

La situación es todavía más alarmante en el caso de la generación eléctrica, pues el freno a las renovables revertirá los logros en materia de descarbonización alcanzados hasta ahora, anclando al país en su tendencia inercial a seguir elevando sus GEIs a lo largo de la presente década, con todas las consecuencias económicas, de salud y seguridad públicas, y exponiendo a México a sufrir sanciones internacionales por su incapacidad para asumir sus obligaciones.

Notas

[1] Véanse los compromisos más recientes adquiridos por el país en Gobierno de México, Nationally Determined Contributions. 2020 Update, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2020.

[2] Véase. SENER.  Programa de desarrollo del sistema eléctrico nacional, 2021-2035, CDMX, 2021,  p.30