El presupuesto federal prevé la asignación de 93,380 millones de pesos para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que, en su mayor parte, serán destinados al financiamiento de la Guardia Nacional y equivalen a 3.4 presupuestos del INE y TEPJF. En esta misma lógica, los gastos en los programas prioritarios superan con creces el costo de las autoridades electorales. En 2020, la construcción de la refinería de Dos Bocas costará 47 mil 057 millones de pesos (que corresponderían a 1.6 presupuestos del INE y TEPJF), mientras que su costo total asciende a 183,124 mil millones de pesos (6.67 presupuestos electorales). El Tren Maya costará este año 62,942 millones de pesos, equivalentes a 2.3 presupuestos de las autoridades electorales.

​

Analizando las asignaciones frente a la totalidad del gasto programado, por cada 100 pesos del presupuesto federal a las autoridades electorales se les asignan 39 centavos. Podríamos decir también que a cada persona inscrita en la lista nominal (de 91.5 millones), le toca pagar casi 300 pesos anuales… el equivalente a nueve cervezas, que es muy poco tomando en cuenta que las y los mexicanos gastan en esta bebida, en promedio, 850 pesos al año (Hernández, 2020).

​

Por cierto, hay que tomar en cuenta que no todo el presupuesto programado para el Instituto Nacional Electoral corresponde a los gastos de funcionamiento de la institución. Del presupuesto programado (24,650 millones), casi 5,821 corresponden a las prerrogativas de los partidos políticos; 3,830 millones para la posible revocación de mandato; 1,913 millones para una eventual consulta popular; y 1,858 millones a los proyectos que abarcan la organización de las elecciones de Aguascalientes, Hidalgo, Durango, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo, por lo que tan solo 11,225 millones corresponden al presupuesto base (15 centavos por cada 100 pesos del presupuesto federal).

​

Cabe señalar que los montos destinados al financiamiento de los partidos políticos y a la realización de las actividades constitucionalmente previstas (organización de las elecciones, revocatoria de mandato o consulta popular), están definidos no por el propio Instituto, sino que se determinan con base en las exigencias establecidas por la legislación electoral. Es cierto que la organización de las elecciones en nuestro país no está entre las más baratas del mundo, pero ese es el costo de la desconfianza bajo la cual está construido nuestro sistema electoral. Claro que las elecciones francesas o polacas pueden ser más baratas: en su organización participan las dependencias del goierno (que traslada ciertos costos a los ministerios de interiores) y la ciudadanía vota sobre las hojas de papel bond (18 centavos costaría, en este esquema, cada boleta). En México, los candados establecidos por la legislación implican la impresión de las boletas con características similares a las de los billetes emitidos por el Banco de México (con un costo unitario de 74 centavos), y a eso hay que sumarle los demás costos de la organización electoral. Los estándares aplicables a las consultas populares o revocatorias de mandato son prácticamente los mismos que para las elecciones, lo que explica su alto costo. Los partidos políticos se escandalizan entonces ante los costos de un esquema electoral que ellos mismos han promovido, adoptado y complejizado a lo largo de las últimas tres décadas.

​

 

¿Qué pasa en las entidades federativas?

​

Los estados aprueban sus propios presupuestos que deben incluir, desde luego, los recursos necesarios para dar sustento al ejercicio de la función electoral. Los montos asignados dependen, en mayor medida, de las decisiones políticas de los Congresos y titulares de las gubernaturas, y solo en menor medida están condicionados por la fórmula de asignación del financiamiento público a los partidos políticos, establecida por la Constitución federal.

​

Una problemática recurrente en los últimos años (a partir de la aprobación de la reforma de 2014, que trasladó la función de designación de las autoridades electorales locales al INE y al Senado de la República) tiene que ver con los frecuentes casos de insuficiencia de los recursos que reciben las autoridades estatales electorales. Es frecuente que los congresos locales no asignen los recursos necesarios para la realización de la función electoral, o que los gobiernos estatales no remitan los presupuestos asignados a los institutos o tribunales electorales locales.

​

Por ejemplo, en este año el Instituto Electoral de la Ciudad de México no ha recibido la totalidad de los recursos que necesita para financiar su funcionamiento, por lo que no puede remitir el financiamiento público que le corresponde a los partidos políticos, ni cumplir con las obligaciones salariales frente a su funcionariado (Hernández y Bolaños, 2021). Asimismo, en los últimos años, se han tornado cada vez más frecuentes los casos de litigio ante el TEPJF, en los cuales los Oples y los tribunales electorales buscan justicia, ante los incumplimientos presupuestales de los gobiernos estatales.

​

Esta situación pone en peligro la capacidad de operación de las autoridades electorales en las entidades federativas y, además, es un mecanismo de presión política que pone en entrdicho la imparcialidad de la función electoral.

​

 

¿La democracia lo vale?

​

El costo de la organización electoral en nuestro país definitivamente no es menor, por lo que es aceptable cuestionarlo frente a otras necesidades y carencias que enfrenta nuestra sociedad. Sin embargo, el replanteamiento tanto de las prioridades presupuestales del gobierno como del costo que estamos dispuestos a pagar por la democracia debe ser objeto de un debate público amplio, informado y abierto, y no ser sujeto a las embestidas de los actores políticos que buscan limitar la capacidad de operación de los organismos autónomos.

​

El debate debe reconocer que los costos de la operación de las elecciones derivan del esquema electoral establecido por la legislación, basado en la desconfianza y que promueve la disputa sobre las decisiones y los resultados electorales. En este sentido, la ruta hacia la reducción de los costos tendría que pasar por una reflexión profunda acerca de la razón de ser de las normas existentes y su capacidad de generar la alta calidad de los procesos electorales. Solamente una reflexión de esta naturaleza permitiría definir la dirección de los eventuales ajustes y la búsqueda de mecanismos que garanticen la integridad electoral a menor costo.

​

Mientras tanto, en cumplimiento de los principios constitucionales y las normas legales que definen el funcionamiento de nuestro sistema electoral, las asignaciones presupuestales no pueden disminuirse. Puede que las elecciones sean caras pero, en cualquier caso, el no hacerlas —o no hacerlas bien— implica costos mucho más elevados.

​

​

 

Referencias:

 

De la Rosa, Yared. 2021. “Diputados citarán a Lorenzo Córdova para que comparezca por presupuesto”. Forbes México. 30 de septiembre. https://www.forbes.com.mx/politica-diputados-citaran-a-lorenzo-cordova-para-que-comparezca-por-presupuesto/

 

Hernández, Antonio. “Mexicanos gastan 850 pesos en cerveza al año”. El Universal. 5 de agosto de 2020. https://bit.ly/3lyehSJ

 

Hernández, Sandra y Ángel Bolaños. 2021. “Partidos, sin dinero para empleados; IECM espera más recursos”. La Jornada. 30 de septiembre. https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/30/capital/partidos-sin-dinero-para-empleados-iecm-espera-mas-recursos/

 

​

Notas: 

​

[1] Los montos analizados en este artículo se toman del Proyecto Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022

https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/bzPX2qB5/PPEF2022/qgp8v2PM/paquete/egresos/Proyecto_Decreto.pdf