Hasta ahora, la regla ha sido que las reformas electorales han contado con los votos  de la oposición, no solo para su aprobación en las Cámaras, sino para legitimar sus  contenidos y dejar en claro que las reglas son aprobadas por todas las fuerzas  políticas. Los siguientes son algunos de los temas que seguramente generarán  polémica en el debate parlamentario.

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La Representación Proporcional

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Una propuesta añeja de reforma es reducir el número de asientos de  Representación Proporcional (RP) en las Cámaras. Se olvida que nuestro sistema  generó la fórmula actual para dar cabida a todas las fuerzas políticas. La idea  siempre fue dar espacio y voz a la pluralidad de opciones políticas que se pueden  manifestar en nuestro país. Por eso, el sistema abrió la puerta al registro de nuevos  partidos y son los ciudadanos con su voto los que determinan quiénes se quedan y  quiénes se van. Originalmente la Cámara de Diputados tenía solo 100 curules de  RP, pero la experiencia mostró que su ampliación a 200 generaba un mejor equilibrio  en la representación política. ¿Para qué modificar un esquema que funciona bien el  día de hoy?

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Reducir el número de estos asientos facilitaría concentrar en un partido el control  de las reformas constitucionales o la mayoría simple para votar las leyes y el  presupuesto. Lo que nuestra democracia demanda es que las decisiones incluyan  las posiciones de todas las fuerzas y que el debate y la negociación política sean la  fuente de los consensos. Lo que se busca es que no sea posible ordenarle al  Congreso no cambiar “ni una coma” a una iniciativa y que el Congreso obedezca.  Lo mismo ocurre con la propuesta de eliminar las plurinominales en el Senado.

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Los OPLE y la Federación

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Cuando se discutió la reforma electoral de 2014, la propuesta original consistía en  eliminar a los institutos estatales electorales y a los tribunales electorales locales  para concentrar todo, elecciones locales y federales, en un nuevo Instituto Nacional  Electoral. La propuesta no prosperó. Los gobernadores de los estados defendieron  enfáticamente la soberanía de las entidades y su derecho a definir las  características y normas de sus procesos electorales. El resultado fue un sistema híbrido en el que las funciones electorales y jurisdiccionales se reparten entre el INE  y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y entre los Tribunales Locales y el TEPJF. 

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El sistema ha funcionado correctamente durante los últimos siete años y todos los  estados han tenido elecciones más de una vez. Las leyes locales se han respetado  y las leyes generales han sido aplicadas con éxito por el INE. Los resultados  muestran que, para sorpresa de muchos, no se interrumpió el proceso  democratizador en los estados y la alternancia en los tres órdenes de gobierno  continuó fortaleciendo la voluntad popular.

Se dirá con razón que existe una discordancia entre la autoridad del INE sobre los  OPLE y la obligación de los gobiernos estatales de financiarlos. Ello sí ha  representado un problema desde el inicio. Con todo, el equilibrio logrado permite  hablar hoy de un sistema nacional electoral que funciona exitosamente. Por lo  pronto, se acabaron los conflictos post electorales basados en una mala  organización electoral. Hoy el debate radica en el cumplimiento estricto de las  normas por parte de los partidos, los candidatos y los mismos OPLE.

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Una vez más, ¿para qué romper el acuerdo logrado en 2014? Hoy se propone  eliminar a los OPLEs y a los tribunales locales para centralizar todo en el INE y el  TRPJF. ¿Y la defensa del federalismo que tanto se argumentó hace 7 años? En  efecto, hay muchos temas que perfeccionar en este aspecto, pero que no se use el  pretexto de la austeridad para tratar de romper las bases de un modelo que ha  mostrado sus virtudes.

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La integración del INE y del TEPJF

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Uno de los temas más polémicos sobre la integración de las autoridades electorales, es la forma de designación de las personas consejeras electorales del INE y las magistradas y magistrados del Tribunal Electoral. La crítica común es la supuesta “partidización”  de los integrantes de dichos órganos. Paradójicamente, la propuesta del senador  Monreal elimina el filtro que existe hoy, en el que un grupo de especialistas y  connotados personajes reciben las solicitudes, las analizan, entrevistan a los  candidatos y forman las quintetas para ser enviadas a la Cámara de Diputados. Así  ha funcionado desde 2014 y se han nombrado sin problema a las consejeras y consejeros electorales.

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Hoy se propone que sea una comisión de la Cámara de Diputados la que haga dicho  trabajo. En otras palabras, se busca que los partidos realicen la  selección. Más que avanzar en la plena independencia e imparcialidad del máximo  órgano de dirección del INE, se le entrega la decisión a una comisión en la que, por  norma, un partido tendrá mayoría sobre los demás. Pero la mayor incongruencia  radica en la propuesta de reducir el número de consejeros electorales: de los once  que hoy conforman el Consejo General, a solo siete. Da la impresión de que se  desconoce completamente el funcionamiento del INE, de las comisiones que lo  conforman y del trabajo requerido para construir los consensos con los partidos  políticos. Pero, sobre todo, resulta muy incongruente proponer un cambio de ese  tipo, cuando se está sugiriendo centralizar todas las funciones electorales del país  en este órgano.

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Un proceso similar ocurre en el caso del Tribunal Electoral. Quizá esa era la única  forma de satisfacer el requisito presidencial de remover a todos los actuales  integrantes del INE y del TEPJF, por los prejuicios personales, sin una  argumentación congruente. Esta propuesta requiere de mucho más trabajo técnico, para garantizar el buen funcionamiento de las autoridades electorales.

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La fiscalización de los recursos de los partidos

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Si hay un tema polémico entre las funciones del INE, es la responsabilidad de  fiscalizar los ingresos y egresos de los partidos políticos. Desde 1996, cuando el  entonces IFE empezó a multar a los partidos por no rendir cuentas adecuadamente sobre su financiamiento, la confrontación entre partidos y autoridades electorales se  profundizó. Paralelamente, los mecanismos de fiscalización evolucionaron y la  rendición de cuentas por parte de los partidos, ha mejorado sustancialmente. Ahora estos cuentan con una estructura administrativa suficiente y normas claras para atender  los requerimientos del INE.

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Sin embargo, los partidos no siempre quedan satisfechos con los mecanismos de  revisión del INE. Se dirá que a nadie le gusta que lo multen. De hecho, en 2007 la  conflictividad por este tema llevó a que la reforma de ese año le quitara al Consejo  General del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) la responsabilidad de la fiscalización y se la entregara a una unidad  técnica con autonomía de gestión. Desapareció la Comisión de Fiscalización y al  Consejo General solamente le quedó la responsabilidad de aprobar lo que la Unidad  Técnica de Fiscalización disponía, sin mayores posibilidades de incidir o revisar los  procedimientos de fiscalización.

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Afortunadamente, la reforma de 2014 volvió a crear la Comisión de Fiscalización y  el Consejo General recobró sus funciones. Las cosas mejoraron sustancialmente y  se perfeccionaron los mecanismos para evitar que se hiciera mal uso de los  recursos públicos o que se dejara de comprobar el origen del financiamiento privado  de los partidos.

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Ahora, la propuesta del senador Monreal busca volver a eliminar la Comisión de  Fiscalización y excluir a los consejeros del diseño, revisión y análisis del uso que les dan los partidos a sus recursos. En realidad, no se entienden los propósitos de este  tipo de propuestas. Lamentablemente, los pronósticos no son buenos si prosperan ideas de este tipo en el proyecto de Reforma Electoral. Incluso pareciera una postura  antidemocrática para evitar que los partidos rindan cuentas adecuadamente, con respecto a los  recursos que reciben del erario público o de fuentes privadas.

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Conclusiones

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El análisis inicial de los puntos anteriores no es muy esperanzador. Los puntos de  la propuesta no parecen ir al fondo de los verdaderos problemas de la democracia  mexicana y no parecen resolver dificultades. Habría muchos otros puntos que  analizar y propuestas que hacer. Por ejemplo, en el tema de las prerrogativas de los  partidos políticos, el problema no es solo reducir el financiamiento público, que podría ser una idea atractiva. Se trataría de visualizar a las prerrogativas de una  manera integral, en la que se pusiera a debate la pertinencia actual de otorgar  franquicias postales y telegráficas, y cómo ajustar el acceso a la radio y televisión a  través de promocionales basados en los tiempos oficiales. Pero ello solo puede  debatirse si se establecen controles específicos a gastos concretos durante las  campañas y si se optimiza el mecanismo para comprobar las erogaciones.

Una verdadera Reforma Electoral Democrática requeriría de mucho más debate público entre especialistas y sobre todo entre los partidos que, al final de cuentas  son los jugadores por excelencia en la competencia electoral, la cual debe de seguir  siendo ampliamente equitativa. Lamentablemente, el contexto en el que se presenta esta reforma  parece ser distinto.

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Desde antes de que iniciara este gobierno, los ataques a las autoridades electorales  han sido una constante en el discurso presidencial y en otros medios. En un  momento se buscó abiertamente que el Padrón Electoral volviera a ser administrado  por la Secretaría de Gobernación, por ejemplo. En otro momento, antes de la  elección de este año, se propuso la remoción del Consejero Presidente del INE,  Lorenzo Córdova y del Consejero Ciro Murayama. Los intentos fallaron por la  defensa ciudadana de sus instituciones y por la falta de fundamento legal para lograrlo. Los exabruptos mañaneros no han pasado de ahí, pero no se dejó de  mencionar el proyecto del que el INE pasara al ámbito del Poder Judicial de la  Federación. 

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Cualquier intento de reforma electoral requiere de una reforma constitucional, de la  adecuación de las leyes electorales existentes y de la reorganización de las  autoridades electorales en su caso. Para la elección presidencial de 2024, todas las  negociaciones deberán estar listas hacia finales de mayo de 2023, de conformidad  con lo que ahora dice nuestra Constitución. Habrá que tener mucho cuidado de que  en el proceso no prevalezcan los caprichos, las impertinencias y los prejuicios, y que  verdaderamente se busque el perfeccionamiento de nuestra democracia.

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Como ciudadanos, es hora de defender nuestras instituciones, su autonomía, independencia e integridad democrática. Habrá que seguir cuidadosamente el  proceso.