No se trata
solo de migrantes: se trata de nuestra humanidad
Mensaje de los obispos mexicanos con motivo del acuerdo entre México y los Estados Unidos en materia arancelaria y política migratoria
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1. MUJERES EN MÉXICO: SUS LUCHAS CONTRA TODAS LAS VIOLENCIAS Y DESIGUALDADES
Aportes para la agenda de México durante y después de la pandemia
Aun con nuevos programas, ¿crecerá la pobreza?
Rogelio Gómez Hermosillo M.
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza A.C
@RGHermosillo
Por tercera ocasión consecutiva, la pobreza crecerá en el inicio del sexenio. Así les pasó a Calderón y a Peña Nieto y así le puede pasar a López Obrador. No es buena noticia para el país y menos aún para quienes padecen esa situación. Esto sucederá incluso a pesar de que el gobierno afirma que sus programas son suficientes para apoyar al 70% de la población con menores ingresos, aun en medio de esta emergencia.
A diferencia de los dos sexenios anteriores, en esta ocasión los avisos de alerta están ya levantados a tiempo. El Coneval es el órgano del Estado mexicano, responsable de medir la pobreza y evaluar la política social. Ha presentado un informe con un pronóstico poco halagador: casi 11 millones de personas (mdp) más en pobreza extrema y casi 10 millones de personas más en pobreza (por ingresos en ambos casos) (Ver figura 1).
Figura 1. Pronósticos de pobreza 2020 Coneval
Fuente: Elaboración propia. Con base en datos de Coneval (2020). Notas: 2020 – I y 2020 – II son dos posibles escenarios del pronóstico de Coneval. Pobreza y pobreza extrema refieren a la dimensión por ingresos.
Múltiples voces desde la sociedad civil organizada, desde ambientes académicos, desde organismos internacionales, e incluso desde los organismos empresariales han manifestado esta misma preocupación.
Estos escenarios se pueden evitar. Al menos, se puede reducir su impacto. Si bien la crisis económica es inevitable, su impacto en empobrecimiento y en desigualdad puede ser menor, siempre y cuando se actúe de manera oportuna y eficaz. De ahí se deriva la gran responsabilidad de no escuchar y, sobre todo, de no actuar.
En este texto abordo tres preguntas: ¿Por qué crecerá la pobreza? ¿Por qué los nuevos programas sociales del gobierno no lo pueden evitar? ¿Qué medidas se requieren para evitar el empobrecimiento y el aumento de la desigualdad?
¿Por qué crecerá la pobreza?
La crisis sanitaria agrava la crisis económica que estaba en ciernes. La economía ya presentaba síntomas de estancamiento desde 2019 y la paralización de actividades para contener los contagios produce choques en la oferta y en la demanda.
La crisis económica desnuda la precariedad del sistema laboral en México. La pobreza va a crecer por la reducción del ingreso laboral de los hogares y la falta de redes de protección social para compensar esa reducción.
La gran mayoría de los hogares depende del ingreso por su trabajo, subordinado o por su cuenta, formal o informal, permanente o eventual. El 76% del ingreso de los hogares proviene del trabajo. Para la mitad de la población con menor ingreso, el trabajo aporta 73% del total de los ingresos (INEGI: 2019).
Hay que dejar bien claro que antes del COVID-19, el sistema laboral ya era una “fábrica de pobreza”. El problema va mucho más allá de la “informalidad”. En realidad, se trata de la precariedad del trabajo, que además es de las peores de América Latina, solo comparable con la de algunos países centroamericanos.
La precariedad del sistema laboral posibilita que millones de personas trabajen sin superar la pobreza, por bajos ingresos y falta de seguridad social.
Más de 15 millones de personas con trabajo asalariado -es decir, con trabajo subordinado y remuneración salarial- carecen de ingreso laboral suficiente para cubrir la canasta básica para su familia (49%), 15 millones más carecen de afiliación a la seguridad social (43%), más de 18 millones no tienen contrato estable (51%) y casi 31 millones laboran sin defensa ni negociación colectiva (87%) (Ver figura 2). Esa indefensión posibilita los despidos fulminantes.
Figura 2. Precariedad del trabajo asalariado en México antes del Covid-19.
Fuente: Elaboración propia con datos de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (2020a). Datos fuente de INEGI (2020). Nota: Los porcentajes no consideran la respuesta “no especificado”, lo que explica la variación de porcentajes respecto al número absoluto.
La precariedad laboral, además, se complementa con un sector muy grande de personas que “trabajan por su cuenta” y carecen de derecho alguno. Carecen de seguridad social, no ganan un ingreso suficiente para mantener a su familia. Son los “informales” en sentido estricto (Ver figura 3).
Figura 3. Condiciones de trabajo por cuenta propia
Fuente: Elaboración propia con datos Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (2020a).
Los datos aparecen incompletos y a cuentagotas, pero todos prenden focos rojos sobre el efecto empobrecedor por reducción del ingreso laboral.
Del 13 de marzo al 30 de abril, se perdieron 753,280 empleos formales registrados en el IMSS. Si se proyecta el dato al 31 de mayo, con la “velocidad” de abril, serían más de 1 millón 270 mil empleos formales perdidos en dos meses y medio de pandemia (Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, 2020b).
La Encovid-19 del EQUIDE-UIA (2020) estima que entre 5.2 y 8.1 millones de personas perdieron su empleo, o fueron “descansadas” o no pudieron salir a trabajar por la contingencia en marzo. 6 de cada 10 hogares reportan pérdida de ingresos en marzo respecto al mes anterior (62%). Y de ellos, un tercio de los hogares reportan una pérdida del 50% o más de su ingreso. El 28% de los hogares reporta inseguridad alimentaria. En hogares con niñas y niños menores de 12 años, la inseguridad alimentaria afecta a uno de cada 3 hogares (34%). Estos datos corresponden a marzo, los primeros días de la cuarentena.
El INEGI (2020) acaba de presentar datos correspondientes al mes de abril de una encuesta telefónica sobre ocupación y empleo, que presenta un panorama desolador: se dispara el desempleo y se derrumban los ingresos también de quienes conservan su trabajo:
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13 millones de personas se suman al desempleo tan solo entre marzo y abril. Y el total de desempleo, incluyendo personas disponibles y sin impedimento para trabajar son 22.1 millones.
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La subocupación pasa de 5.1 a 11 millones de personas. Una de cada cuatro personas que sigue trabajando está subocupada (25.4%)
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Las personas que conservan su trabajo ven reducidos sus ingresos. Quienes ganan menos de 3,700 pesos pasan del 22 al 41%. Y en contraste, quienes ganan más de 11,100 pesos se reducen más de la mitad. Eran 5.7 mdp en marzo y quedaron sólo 2.1 mdp en abril con ingresos de 11,100 o más
¿Por qué los programas prioritarios del gobierno no pueden evitar el incremento de la pobreza?
En muchos países del mundo, tanto en economías más desarrolladas como las de la OCDE, como en economías similares como las de América Latina, se han tomado medidas económicas de gran escala frente a la crisis.
Entre las medidas fiscales, muchos países incluyen acciones para proteger el empleo y el ingreso de las personas, particularmente para evitar la inseguridad alimentaria y posibilitar el aislamiento social. Muchos gobiernos ampliaron las transferencias de ingresos a hogares para posibilitar el #QuédateEnCasa.
En México, las medidas especiales han sido mínimas y los recursos asignados están entre los más bajos del mundo, proporcionalmente hablando (Ver figura 4).
Figura 4. Medidas fiscales ante pandemia en diversos países
Fuente: Banco de México (2020), p. 13
La explicación que se ofrece desde el gobierno es que los programas sociales ya son suficientes para apoyar a la población de menores ingresos.
Los programas sociales del gobierno no son la respuesta ante la pérdida de 13 millones de empleos y la reducción drástica de ingresos de otras 10 millones de personas, al menos por tres razones: a) Los programas no están destinados a personas adultas, con trabajo (formal o informal) en zonas urbanas. b) No tienen la cobertura para apoyar a todos los hogares que padecen reducción de ingresos e inseguridad alimentaria en esta crisis. No se puede sostener que cubren al 70% de la población de menor ingreso. c) No tienen monto suficiente para compensar la pérdida de ingresos y garantizar al menos seguridad alimentaria de las familias que los reciben, en caso que pierdan su fuente principal de ingresos.
Los programas no son solución, en primer lugar, porque no están destinados a personas con trabajo, sobre todo de zonas urbanas – ellas son quienes ahora pierden o reducen su ingreso laboral.
El diseño de la mayoría de los programas deja fuera a población adulta con trabajos (formales o informales) por su objetivo, además su cobertura es principalmente rural, lo cual no demerita su valor. Al contrario, son indispensables para su objetivo de inclusión social, lo que se subraya es que no son adecuados para enfrentar esta crisis.
Por ejemplo, los programas de becas son para niñas, niños, adolescentes y jóvenes que están estudiando; las pensiones de adultos mayores y para personas con discapacidad permanente son para personas que no trabajan; el programa Jóvenes Construyendo el Futuro es para jóvenes fuera de la escuela y sin trabajo. Los programas que son para adultos que trabajan se destinan, en su mayoría, a zonas rurales (Sembrando Vida) y que se dedica a la agricultura (Producción para el Bienestar).
Únicamente las “Tandas” de microcréditos cubren a población adulta en zonas urbanas. Pero no todas las personas quieren o pueden emprender en este contexto; y apenas con la ampliación anunciada en mayo, se podría apoyar a poco menos de 2 millones de personas.
Segundo, suponiendo que los apoyos monetarios al llegar a los hogares pudieran completar el ingreso, no es válido afirmar que se cubre con ellos al 70% de la población de menores ingresos.
El 70% de la población refiere a alrededor de 25 millones de hogares o 88.5 millones de personas. Ni con la información entregada en discursos y power points se llega a una cantidad cercana a esta cobertura. Lamentablemente, no hay información suficiente para analizar con datos duros pues varios programas no cumplen con la Ley de Transparencia.
Con la información disponible, los dos programas con mayor cobertura son la pensión para adultos mayores y las becas (agrupando Becas Benito Juárez, Beca Universal Educación Media Superior y Jóvenes Escribiendo el Futuro).
La pensión para adultos mayores tiene un padrón que cerró a fines de 2019 en 8.055 millones de personas. Los programas de becas en su conjunto distribuyen 9.3 millones de pesos de transferencias.
Aun suponiendo que estos dos programas solo llegan a hogares de menores ingresos (lo cual no es real porque la pensión de adultos mayores es universal y cubre incluso a hogares de los más altos ingresos), los dos programas con mayor cobertura y mayor presupuesto apenas cubren el 20% de la meta (20% del 70% de menor ingreso, es decir, el 14% de la población).
Los restantes programas prioritarios tienen coberturas mucho menores: Producción para el Bienestar 1.5 millones de productores. Jóvenes Construyendo el Futuro casi llegó a 900 mil jóvenes vinculados en 2019. Tandas para el Bienestar (incluyendo dos programas) entregó en 2019, 890 mil microcréditos. Pensión para personas con discapacidad (PcD) llegó a 818 mil PcD con transferencias. Sembrando Vida llegó en 2019 a 225 mil personas. Sumando todos estos programas con coberturas menores, son otros 4.3 millones de personas, lo que agrega otro 5% de la meta, es decir menos del 3% de la población.
Las únicas medidas extraordinarias de expansión para apoyar en la emergencia fueron la ampliación de 200 mil personas más en Sembrando Vida y 1 millón más de microcréditos, lo cual agrega un punto porcentual más de población que podría ser cubierta.
Así que, con trabajos, se cubre al 25% de la población. No hay manera que los programas y acciones de desarrollo del gobierno cubran al 70%. Y menos que todos sean de los niveles más bajos de ingreso tanto por diseño como por el potencial sesgo del “censo del bienestar”.
Finalmente, los apoyos que se entregan tienen montos que de ninguna manera pueden resarcir la pérdida de empleos y de ingresos y evitar la inseguridad alimentaria y la caída en pobreza de quienes perdieron su trabajo o tuvieron reducción drástica de ingresos.
El monto más alto corresponde a los microcréditos que entregan 25 mil pesos. Sin embargo no son subsidios. Y cubrirían a poco menos de 2 millones de personas, ya con el incremento anunciado, que aún no llega a su meta. Sembrando Vida apoya con 4,500 pesos de transferencia directa más 500 pesos a dos fondos de ahorro, pero solo llegará a cubrir 425 mil personas, si logra su meta.
En tercer lugar, por monto, estaría Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), con 3,748 pesos al mes. Este subsidio sí cubre la canasta básica para una persona, pero solo para jóvenes fuera de la escuela y que desde antes ya estaban desempleados. En junio de 2020, JCF reporta tener vinculados 631 mil jóvenes.
Los programas con más beneficiarios son la pensión de adultos mayores que entrega 1,310 pesos al mes, lo cual es el 41% del costo de la canasta básica para una persona. Por lo que al 9% de las personas que las recibe les alcanza para 12 días.
Las becas de 800 pesos al mes representan el 25% del costo de la canasta básica, por lo que alcanza para menos de ocho días para una persona, o menos de 2 días para una familia de 4 personas.
Insisto: el problema no son los programas, los montos pueden ser adecuados para su objetivo. Si operan con transparencia y llegan a quienes deben estar destinados sin clientelismo ni corrupción, pueden tener un efecto muy positivo de inclusión social. Lo que no pueden es resolver la caída drástica del ingreso, que afecta a decenas de millones de personas.
Propuestas desde la sociedad civil
En la sociedad civil en sentido amplio se ha generado un consenso en torno a la pertinencia y urgencia de tres prioridades:
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Garantizar la atención en salud, sin distinción de derechohabiencia y sin costo para las personas que se contagien de COVID-19
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Subsidios para proteger empleos y salarios, con ese destino, y únicamente en empresas con reducción drástica de ingresos, con tiros de precisión basados en la información del IMSS y del SAT. Estos se pueden completar con créditos blandos para esas empresas, y condicionados a un plan de mejora de condiciones de trabajo de mediano plazo (2 a 3 años).
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Ingreso vital básico para todas las personas que pierden su trabajo, formal o informal, de manera temporal y mediante un procedimiento ágil, que evite la inseguridad alimentaria y todos los efectos negativos de corto y mediano plazo asociados a la pérdida de empleo e ingreso.
El ánimo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza es propositivo y constructivo. Es derecho y deber ciudadano insistir en todo momento.
Seguiremos insistiendo, además, en la agenda estructural que muestra con nitidez su pertinencia en la emergencia:
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Construir un sistema de salud efectivo con calidad y equitativo, que no esté vinculado a la condición laboral, sino que sea derecho de las personas, tenga cobertura universal y se financie con impuestos generales.
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Construir un sistema de protección social, que además de acceso a servicios de salud, incluya fondos de protección del ingreso para personas con discapacidad y para el desempleo, así como para pensiones garantizadas con monto suficiente para adultos mayores; y un sistema de cuidados para niñas y niños que posibilite su desarrollo infantil temprano y la incorporación de mujeres en condiciones de equidad al mercado laboral.
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Promover la transformación estructural del sistema laboral para lograr la recuperación gradual de los salarios y erradicar los modelos de negocios basados en violar derechos laborales con patrones sustitutos, contratos temporales, evasión de la seguridad social y la participación de utilidades y otras formas que son trampas de pobreza creadas desde el mundo del trabajo.
Referencias bibliográficas
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (2020a). Observatorio de Trabajo Digno. 5º reporte trimestral. Con datos originales de INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2019 – IV. Nota: El indicador sin afiliación sindical corresponde al trimestre 2020 – I.
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (2020b). Observatorio de Trabajo Digno. Estimación para presentación en foros y eventos. Con base en registro administrativo IMSS al 30 de abril y datos del informe STPS al 6 de abril, basado en registros IMSS.
Banco de México (2020). Informe Trimestral. Enero – Marzo de 2020. Pp. 93-94. Disponible en https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-trimestrales/informes-trimestrales-precios.html
Coneval (2020). La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en México. Pag. 37. Disponible en https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Politica_Social_COVID-19.pdf
EQUIDE – UIA (2020). Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad. Universidad Iberoaméricana. Encuesta de Seguimiento de los Efectos del COVID-19 en el Bienestar de los Hogares Mexicanos (ENCOVID-19). Disponible en https://ibero.mx/sites/default/files/comunicado_encovid-19_completo.pdf
INEGI (2019). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Tabulados básicos. Tabla 3.2. Hogares por la composición de las principales fuentes de su ingreso corriente trimestral según deciles de hogares. Disponible en https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2018/default.html#Tabulados
INEGI (2020) Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo. Presentación PDF. Datos para el mes de abril. Disponible en https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=5769
