Participación desde el extranjero. El desafío contemporáneo y la regresión latente

 

 

Daniel Tacher Contreras

Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo

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El amplio proceso migratorio global ha tenido como un efecto el mayor interés de los países expulsores en establecer o aumentar su vinculación con las comunidades de nacionales residentes en el extranjero. La vinculación que han desarrollado los Estados expulsores se ha centrado en mecanismos de consulta, participación y/o representación.

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En algunos casos los países han creado instituciones encargadas de diseñar políticas de vinculación con sus emigrantes. Estas instituciones establecen mecanismos de participación para generar acciones de atención a sus nacionales.

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Dentro del marco internacional, a diferencia de la situación prevaleciente que ha impulsado en forma positiva un número muy alto de países adheridos al criterio de permitir el derecho de sufragio a sus connacionales residentes en el exterior.

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En la dimensión más acabada de los mecanismos de representación, se han considerado elementos tales como:

 

a) El peso demográfico relevante de la comunidad migrante para justificar la legitimidad de ser incluidos con espacios directos dentro de los cuerpos legislativos de representación popular.

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b) La cobertura territorial que deberá tener la representación. Con el peso demográfico y el grado de dispersión de las comunidades en el extranjero, estas pueden tener varios representantes.

 

c) Los criterios de residencia de quienes representan a las comunidades en el extranjero. En algunas experiencias internacionales el criterio de fijar un tiempo máximo de residencia en el exterior sin retorno establece la relación de los representados con sus representantes.

 

d) Las vías de registro y la modalidad seleccionada para la emisión del voto (presencial vía consulados, postal o electrónica, o una combinación eventual de todos ellos).

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Con este marco, 117 países han desarrollado mecanismos de voto y, al menos 17, mecanismos de representación. En este contexto, México se sumó al debate internacional para ampliar los derechos políticos de sus ciudadanos que radican en el extranjero en los últimos años del siglo XX. En los primeros años del nuevo siglo,  México empezó a legislar para hacer efectiva esa promesa. A nivel federal se tiene la experiencia en tres procesos electorales y, a nivel estatal, 17 entidades cuentan con mecanismo de voto y dos, con mecanismos de representación.

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El acelerado proceso en el cual se ha incorporado el caso mexicano se entiende por su propia historia migratoria. De acuerdo con datos reportados por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la División de Población de las Naciones Unidas (ONU), en 2015, México ocupó el segundo lugar a nivel mundial en cuanto al número de migrantes residentes en el extranjero, solo superado por la India. Por otro lado, la realidad migratoria del país envuelve las distintas modalidades (emigración, inmigración, tránsito y retorno), y es palpable en prácticamente todas las entidades federativas y municipios del país.

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El peso demográfico de la población capitalina residente en el exterior

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Nuevamente, el contexto migratorio dinámico ha involucrado a entidades que tradicionalmente estaban marginalmente vinculadas al proceso, como es el caso de la Ciudad de México.  Desde finales de la década de los noventa, el entonces Distrito Federal comenzó a figurar entre los principales estados expulsores de población migrante internacional. Especialmente, entre los flujos migratorios que se dirigen a los Estados Unidos de Norte América. En el año 2014, la Ciudad de México registró un Saldo Neto Migratorio (SNM) negativo, que fue de -3.1, el cual indica que la Ciudad expulsó más población de la que recibió. En 2018, según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), la Ciudad de México ocupó el cuarto lugar en cuanto al número de personas que durante el quinquenio 2013-2018; ello significa que la Ciudad aportó el 6% del total de migrantes del país.

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El peso demográfico de los migrantes capitalinos es de tal magnitud que se ha vuelto incuestionable la existencia de mecanismos de participación y representación. Al menos en el impulso inicial que hubo a nivel estatal, la Ciudad fue una entidad paradigmática reconociendo el derecho al voto desde el año 2012. En ese proceso sumó distintas iniciativas y modalidades que permitieron innovar en temas como el voto electrónico.

Para los más de 500 mil originarios de la Ciudad que residen en el extranjero, es momento de discutir la representación política por la vía de una Diputación que ocupe una persona originaria de la Ciudad de México que radique en el extranjero y pueda dar voz a las problemáticas que enfrenta esa comunidad.

A pesar de lo anterior, el Congreso de la Ciudad de México ha dado un paso hacia atrás y al pasado. El 9 de enero de 2020 se publicó la eliminación de la representación de quienes residen en el extranjero, que además limita el ejercicio del voto a un solo cargo, la Jefatura de Gobierno. Con ello, se violan derechos políticos en toda su amplitud.