Por ejemplo, se ha observado que no cuentan con recursos suficientes y, cuando sí los tienen, se usan en cosas como cursos de modelaje y talleres de cocina, que en poco o nada abonan para la prevención y atención de la violencia[9].

Por otro lado, en los últimos diez años, el Estado mexicano ha invertido millones de pesos[10] para capacitar al personal de las instituciones de justicia en materia de perspectiva de género. Sin embargo, el acceso restringido al contenido de las sentencias, así como la falta de mecanismos de evaluación y seguimiento, hace difícil saber si las capacitaciones han permitido mejorar el acceso a la justicia para las mujeres.

De hecho, desde Equis hemos documentado lo contrario: en el acceso a la justicia, los estereotipos, los prejuicios y sesgos de las y los jueces persisten[11].

Más aún, hay una clara insistencia en recurrir a las capacitaciones en derechos humanos y perspectiva de género para atender cualquier problemática relacionada con la escalada de violencia de género.

Tal es el caso de la Guardia Nacional, a la cual se insiste que se capacitará en estas perspectivas, cuando, en la práctica, hay evidencia de que la militarización de la seguridad pública ha incrementado la violencia contra mujeres y niñas en el espacio público[12]; además de que el mismo Ejército, la Marina, los policías, violentan a las mujeres[13]. Este es un problema que difícilmente se va a resolver con capacitaciones en perspectiva de género.

Otra figura importante en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres han sido los Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM), que en su calidad de espacios integrales que concentran servicios interinstitucionales y especializados de atención con perspectiva de género para mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos, requieren de fortaleza institucional, personalidad jurídica, presupuesto, personal y patrimonio propios.

Desafortunadamente, hemos constatado que, la mayoría de ellos, carecen de tales condiciones mínimas para operar eficazmente[14].

Tanto las AVGM, como las capacitaciones y los CEJUM son apenas una pequeña muestra del tipo de respuestas (fallidas e insuficientes) que el Estado ha ofrecido ante la grave crisis de inseguridad e impunidad, que se traduce en violencia exacerbada contra mujeres y niñas, de la que participan las propias autoridades, no sólo por omisión, sino por acciones deliberadas. Por más que se robustezcan los marcos normativos, que se creen nuevas instituciones o incluso que aumenten las penas[15], esto no es suficiente.

Desde la experiencia de Equis colaborando tanto con Poderes Judiciales Estatales como a nivel federal, así como del trabajo conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, hemos identificado diversos obstáculos para que el sistema de justicia responda de manera adecuada a las víctimas de las diversas violencias, como son:

• Ausencia de diagnósticos y estadísticas con enfoque de género, que den cuenta de la dimensión de los problemas sociales y la forma en que deben ser invertidos los recursos para su atención.
   

• Falta de mecanismos para la incorporación y aplicación de la perspectiva de género en el quehacer jurisdiccional.
   

• Alta revictimización de las mujeres y niñas que viven violencia de género.
   

• Falta de transparencia por parte de las instituciones de justicia.
   

• Pocas sentencias incluyen perspectiva de género.
   

• Ausencia de mecanismos alternativos de resolución.
   

• Invisibilización de los sistemas de justicia comunitarios.
   

• Inexistencia de medidas de reparación concretas, las cuales muchas veces se limitan únicamente a dar una compensación económica.
   

• Falta de comprensión de las personas juzgadoras sobre qué es la perspectiva de género.
   

• Escasa promoción de la participación de ciudadanía.
   

• La labor de las personas juzgadoras muchas veces no está contextualizada a la zona geográfica y/o a la población a la que se dirige.

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Algunas recomendaciones y desafíos que urge atender

Garantizar el acceso a la justicia de las mujeres y contribuir a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género requiere de acciones y respuestas bien fundamentadas, estudiadas y diseñadas, así como propuestas que incluyan un enfoque preventivo más que reactivas. Y, sobre todo, es prioritario fortalecer a las instituciones de justicia; de lo contrario, animar a denunciar casos de violencias continuará siendo una invitación abierta a la revictimización. Necesitamos transitar hacia cambios estructurales para de hecho poder garantizar la vida y seguridad de las mujeres.  Esto implica fortalecer tanto la transparencia y rendición de cuentas por parte de las instituciones de justicia y la transversalización de la perspectiva de género en toda su actuación.

Asimismo, es fundamental la presencia de una sociedad civil fuerte, crítica y comprometida, sobre todo a nivel local, que acompañe y monitoree la actuación del sistema de justicia, más no que sustituya. Como se señala en la investigación de EQUIS sobre los CEJUM, “el monitoreo y la evaluación que se realiza desde la sociedad civil organizada (…) pretende fomentar la rendición de cuentas, valorando la eficacia del quehacer público, mediante la comparación de resultados con objetivos, y con el aprovechamiento de los medios y los recursos”[16].