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1. Combate a la corrupción: institucionalidad y papel ciudadano
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César Duarte: el tiempo de la complicidad y el tiempo de la justicia

 
Víctor M. Quintana S.

Investigador-docente de la UACJ

 

Primero fue el tiempo de las complicidades:

César Duarte fue el operador de la entrada furtiva de Felipe Calderón al Palacio Legislativo de San Lázaro el 1 de diciembre de 2006. El edificio estaba rodeado por personas seguidoras de López Obrador, protestando por el fraude electoral de dicho año y la tribuna del recinto oficial del Congreso de la Unión estaba tomada por legisladores de izquierda. El entonces diputado federal por Chihuahua se las arregló para deslizar a Calderón por la puerta trasera hasta detrás de las banderas. El impugnado michoacano rindió protesta apresuradamente y se retiró tan agachado como llegó. Pero nunca olvidó el favor.

En aquel momento, Duarte fue una pieza muy especial en el engranaje de la imposición operada por la alianza PAN-PRI-Elba Esther Gordillo. Eso le brindó -al que sería gobernador de Chihuahua de 2010 al 2016- preciosos apoyos y enorme margen de maniobra durante la administración de Felipe Calderón, a la vez que le permitió colocarse como engranaje importante en el mecanismo que permitió darle respiración artificial al PRI con la llegada de Enrique Peña Nieto en 2012.

Duarte operaba como parte de un sistema de corrupción nacional y como cabeza de un sistema de corrupción estatal. El gobierno de Chihuahua ha denunciado sus apoyos al PRI, su papel clave en la Operación Zafiro para canalizar recursos de la Secretaría de Hacienda del gobierno federal al CEN tricolor, etc. Pero no fue solo eso. Varios medios de comunicación señalaron en su tiempo la participación de varios gobiernos estatales priístas, entre ellos los de Hidalgo y Chihuahua en el pingüe negocio de los medicamentos. Esto no solo fue a parar a bolsillos de altos funcionarios, sino proveyó al PRI de recursos para tratar de asegurar su permanencia en el poder en varias elecciones estatales y en la presidencial de 2018. Pero la misma corrupción que facilitó por muchos años la permanencia de ese sistema de corrupción, de ese pacto de impunidad fue lo que provocó la indignación y el hartazgo del pueblo que precipitaron su catastrófico derrumbe ante el tsunami de López Obrador hace dos años.

Además, el engranaje no solo operó hacia arriba y hacia afuera de Chihuahua, también hacia dentro del estado, y no solo involucró a funcionarios de gobierno, sino también a importantes actores sociales.

Pero va llegando el tiempo de la justicia:

Los expedientes conformados por el equipo de investigación del gobierno de Javier Corral culminaron en juicios y órdenes de aprehensión contra más de 20 funcionarios exdiaristas, varios de los cuales siguen en prisión. Demostraron el desvío de fondos para enriquecerlos a ellos, pero no soo, pues seguramente hubo “mochadas” hacia el propio gobernador, proveedores, prestadores de servicios, constructores, etc.

Es amplio el conjunto de empresas beneficiadas por el duartismo mediante licitaciones amañadas, o a modo, asignaciones directas, contrato de obras a precios sobrevaluados, entrega de obras con materiales de baja calidad y mal construidas, como la Ciudad Judicial, etc. etc. En ese sentido, la corrupción del duartismo fue una verdadera “incubadora de empresas” de los cuates, de los familiares, salvadora de empresas de amigos en quiebra, enriquecedora de empresas ya de por sí poderosas. Pero por miedo, por conveniencia o por las dos cosas, muchos empresarios chihuahuenses optaron por el silencio, temeroso o vendido y aunque en muchos otros había indignación, el sector como tal prefirió callarse.

Y ahora las investigaciones del gobierno del estado revelan otro engranaje más del sistema de corrupción duartista: la famosa nómina secreta. Comienza por los abogados sonorenses de Manlio Fabio Beltrones, que recibieron una paga del Palacio de Gobierno, sólo por ser delegados del PRI. Y sigue por connotados personajes de lo que se pensaba era “la oposición” y que han sido revelados por el propio gobierno del estado, como la alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos, el senador por Morena, Cruz Pérez Cuéllar

Bueno, incluso la alta jerarquía católica habría sido beneficiada por medio de generosos óbolos, donativos, subsidios, apoyos o como se le quiera llamar por el duartismo. Por eso, entre los obispos chihuahuenses hubo caras largas cuando, con el triunfo de Corral, se vio abruptamente terminado el sistema de complicidades. A eso viene el revelador mensaje del Arzobispado con motivo de la detención de su amigo César Duarte, analizado muy certeramente por el Padre Camilo Daniel. En él los sacerdotes beneficiados por el duartismo piden farisaicamente “que no haya revanchismo ni argucia política” y demandan oraciones por el detenido de Miami, dejando de lado las verdaderas causas de la feligresía.

Nada tonto César Duarte. Con los recursos públicos buscó reforzar su poder político y cooptar o silenciar al de sus opositores. Construyó su propio poder económico y se compró el apoyo de una parte de los poderosos en este ámbito. Y no desdeñó el poder simbólico: así como se consagró y consagró al estado al Sagrado Corazón, buscó que la alta jerarquía lo reforzara con su poder religioso, quería impunidad in eternum. Y para aumentar su poder simbólico ante los no muy creyentes, no tuvo empacho en consagrarse al divo Juan Gabriel.

Parecía que el engranaje del poder era perfecto, que estaba perfectamente aceitado, que no tenía fallas.  Pero las tuvo y no basta con presenciar con satisfacción su estrepitoso derrumbe. Este comenzó con la detención de más de veinte exfuncionarios duartistas y con la detención del propio exgobernador, con fines de extradición el mes pasado en Miami, Florida.

No se trata de venganzas. Lo que el pueblo de Chihuahua pide ya hace más de un lustro es nada más que justicia. No puede quedarse impune el latrocinio que sustrajo miles de millones de pesos a los servicios y a los bienes públicos, a las obras de infraestructura que la gente necesita para desviarlos a fortunas personales. No bastan las aprehensiones, ni las sentencias de muchos años en prisión. Lo que Chihuahua demanda es que se le repongan los cuantiosos recursos que se sustrajeron de su bienestar. Reparación de los daños a la ciudadanía. Pura justicia, pues.

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