Como toda construcción cultural, el Estado Democrático de Derecho es un mecanismo que depende de sus operadores. Ni siquiera las constituciones bien diseñadas pueden, por sí solas, garantizar la democracia. Aún el mejor sistema requiere de personas dispuestas a operarlo como es debido, por lo que todas las democracias de éxito dependen de este tipo de acuerdos o reglas que podríamos tildar de preconstitucionales. Para ello, se requieren partidos y actores políticos reconocedores de su existencia y del valor de su observancia, es decir, jugadores limpios.

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Por esta misma razón es que la democracia siempre está bajo amenaza, pues no faltan quienes juegan de forma agresiva, presionando los límites de las reglas y acuerdos constitucionales. Mark Tushnet utiliza el concepto «constitutional hardball» (2004) -lo que se podría traducir como «táctica dura constitucional» (Levistky y Ziblatt, 2018)-, para referirse precisamente a todas aquellas prácticas que de una u otra forma significan una ruptura de las reglas del juego, transformándolo por completo. El fenómeno parece claro. Un actor político se hace del dominio de algún factor de poder, luego utiliza el poder adquirido para implementar mecanismos que aseguren su continuación en el mismo, sin cuidado alguno de los límites formales e informales. Según el propio Tushnet, estas tácticas guardan por lo menos cierta legitimidad aparente, pues, en principio, no se realizan conductas explícitamente prohibidas, sino que están en la frontera de lo permitido o bien rompen acuerdos no escritos.

 

Pareciera que el nuevo grupo en el poder precisamente está jugando duro, lo cual ha representado una prueba difícil para los mecanismos formales de contención institucionalizados en las reglas de nuestra democracia. Ejemplos de tácticas duras recientemente implementadas hay varios. Como la consulta popular sobre el megaproyecto del aeropuerto de la Ciudad de México realizada sin garantías de autenticidad y validez; la postura de mantenerse por un año más en la dirección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a pesar de que la Ley Orgánica del Congreso establece una rotación entre los tres partidos mayoritarios; la instalación del Congreso en Quintana Roo donde en aplicación de una legislación abrogada se integró el órgano de gobierno exclusivamente con miembros de su partido; el procedimiento de designación de las y los integrantes de la Comisión Reguladora de Energía quienes reprobaban cualquier examen de idoneidad y el enfrentamiento previo con el anterior presidente del propio órgano; la aprobación en Tabasco de la conocida como «Ley Garrote» que ahora mismo está bajo examen de constitucionalidad por la Suprema Corte; entre otras actuaciones en el filo de la ilegalidad impuestas bajo el pretexto de la mayoría obtenida en las pasadas elecciones.

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La abierta inconstitucionalidad de la ley

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Pero la llamada «Ley Bonilla» sobresale por su abierta inconstitucionalidad y por haber sido aprobada con el aval casi unánime de los partidos que supuestamente se ubicaban en la oposición. Durante su discusión en el congreso local, únicamente un diputado se pronunció en contra y ya a la hora de votarla solo hubo una abstención. Las razones para su invalidez son tan numerosas como diversas. Vicios en el procedimiento legislativo, violación directa a la obligación de aprobar modificaciones sustantivas a la legislación electoral antes del inicio del proceso electivo, la tergiversación de la voluntad ciudadana que votó por una gubernatura de 2 años y que ahora se plantea como una de 5 años, presenta un beneficio en favor de una persona en particular pues sólo aplicará para el gobernador electo, etcétera. Esta decisión no solo presiona las reglas de nuestra democracia, sino que representa una completa ruptura que además está evadiendo los mecanismos institucionales de defensa en su contra dilatando injustificadamente su publicación para que surta plenos efectos, pues tal maniobra impide cualquier posibilidad de involucramiento de la Suprema Corte de Justicia.

 

Por medio de esta reforma definitivamente se están poniendo a prueba los fundamentos propios de la democracia. Bajo el pretexto de la mayoría obtenida en una elección, este experimento incluso presenta una prueba de la posible tolerancia que tenemos como ciudadanos del uso de estas tácticas. Lamentablemente el debate se ha mantenido en un nivel técnico casi esnobista donde únicamente se han pronunciado autoridades, académicos y las cúpulas partidistas de la oposición. Parece que en la ciudadanía en general no está causando la indignación que sí generó en otros círculos, como se demuestra en una encuesta donde poco más de la mitad de los ciudadanos y ciudadanas rechaza la ampliación del período de la gubernatura[1], lo que significa que casi la mitad del electorado en Baja California está dispuesto a admitir la infracción a las reglas del juego democrático con tal de que beneficie a un grupo o persona de su simpatía.

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La estabilidad democrática en riesgo

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Este es el verdadero reto que representa el proceso de cambio que está viviendo la democracia mexicana. La amplia ventaja con la que el grupo en el poder alcanzó su posición ha dado lugar a que se sienta cómodo de presionar los límites formales e informales a los que estábamos acostumbrados. La estabilidad dependerá de que los mecanismos de defensa institucional como los propios recursos de control constitucional judicial, los procedimientos de actuación de la oposición legislativa o las formas de participación directa con los que contamos como ciudadanos, funcionen y se permita acudir a ellos.

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El desdén por las reglas que se ha mostrado hasta ahora es intenso y por ello preocupante. Si constantemente «se sale con la suya» quien juega a las tácticas duras constitucionales, entonces se pueden presentar las circunstancias ideales para el tránsito a un régimen hegemónico o autoritario, pues precisamente las reglas de la democracia están escritas con el fin de que exista una convivencia de competencia sana entre los contendientes políticos y estas tácticas están diseñadas para excluir a quienes no tienen el poder y, en el extremo, para anularlas o extinguirlas, lo que significaría la eliminación de cualquier contrapeso institucional o fáctico. Cabe recordar que en democracia es mucho más fácil destruir que construir. Erosionarla puede dejar grietas que no podrán ser resanadas en el futuro cercano.