2. SITUACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO Y ALGUNOS RIESGOS

En Baja California, táctica dura contra la democracia

 
Rafael Cruz Vargas

Strategia Electoral

El pasado 23 de julio el Congreso de Baja California, con el aval de tres ayuntamientos de la entidad, aprobó la reforma a la Constitución local por la cual se prolonga el período de la gubernatura que va a ocupar Jaime Bonilla Valdez a partir del próximo 1 de noviembre, pasando de 2 a 5 años, acto que se ha conocido como la «Ley Bonilla». Sin embargo, la ley no ha sido publicada en el Periódico Oficial de aquella entidad, ya que el propio congreso aprobó la implementación de una consulta ciudadana a efectos de preguntar a la ciudadanía si está de acuerdo con la propuesta, por lo que aún no se han materializado sus efectos.

Sobre el tema, existe una opinión casi unánime que duda de su constitucionalidad. Algunos partidos políticos han anunciado que la impugnarán a través de la acción de inconstitucionalidad e incluso el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió un pronunciamiento oficial en reprobación de la reforma. No obstante, además de su dudosa validez constitucional, este acto presenta una problemática más amplia sobre las circunstancias que llevan a un órgano legislativo como el de Baja California a actuar de una manera tan evidentemente desafiante del orden jurídico constitucional y de las reglas mismas de la democracia. ¿Significa que nuestra democracia carece de solidez o que la transformación política que se está viviendo en el país tiene un tamiz antidemocrático? 

Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en el libro «Cómo mueren las democracias» (2018) aconsejan que la democracia debe pensarse como un juego que todos queremos jugar indefinidamente. Para garantizar esto, los participantes deben tener ciertos cuidados a fin de que nadie se niegue a jugar el día de mañana. Tales medidas estarán inscritas dentro del orden constitucional y consistirán en reglas expresas o en acuerdos implícitos entre los actores políticos, bajo el compromiso de permitir una alternancia pacífica, lo cual implica ser conscientes de que quien hoy está en el poder, en el futuro podrá dejar de estarlo. Dos de estas reglas no escritas son la tolerancia mutua y la contención institucional.

La tolerancia mutua pasa por admitir que nuestros adversarios tienen el mismo derecho de existir, contender por el poder y gobernar que nosotros, siempre que respeten el orden constitucional; la contención se refiere al refreno con que debe actuar quien se encuentra en una posición institucional de poder para evitar realizar acciones que, si bien respetan las reglas (escritas y no escritas), vulneran a todas luces su espíritu. Ambas reglas podrían definirse en una actitud política consistente en no concebir a los adversarios como enemigos, sino como legítimos contendientes, y en la incredulidad de que una victoria debe ser utilizada con el objetivo de conseguir la victoria definitiva, pues, en democracia, tal cosa no existe.

Como toda construcción cultural, el Estado Democrático de Derecho es un mecanismo que depende de sus operadores. Ni siquiera las constituciones bien diseñadas pueden, por sí solas, garantizar la democracia. Aún el mejor sistema requiere de personas dispuestas a operarlo como es debido, por lo que todas las democracias de éxito dependen de este tipo de acuerdos o reglas que podríamos tildar de preconstitucionales. Para ello, se requieren partidos y actores políticos reconocedores de su existencia y del valor de su observancia, es decir, jugadores limpios.

Por esta misma razón es que la democracia siempre está bajo amenaza, pues no faltan quienes juegan de forma agresiva, presionando los límites de las reglas y acuerdos constitucionales. Mark Tushnet utiliza el concepto «constitutional hardball» (2004) -lo que se podría traducir como «táctica dura constitucional» (Levistky y Ziblatt, 2018)-, para referirse precisamente a todas aquellas prácticas que de una u otra forma significan una ruptura de las reglas del juego, transformándolo por completo. El fenómeno parece claro. Un actor político se hace del dominio de algún factor de poder, luego utiliza el poder adquirido para implementar mecanismos que aseguren su continuación en el mismo, sin cuidado alguno de los límites formales e informales. Según el propio Tushnet, estas tácticas guardan por lo menos cierta legitimidad aparente, pues, en principio, no se realizan conductas explícitamente prohibidas, sino que están en la frontera de lo permitido o bien rompen acuerdos no escritos.

 

Pareciera que el nuevo grupo en el poder precisamente está jugando duro, lo cual ha representado una prueba difícil para los mecanismos formales de contención institucionalizados en las reglas de nuestra democracia. Ejemplos de tácticas duras recientemente implementadas hay varios. Como la consulta popular sobre el megaproyecto del aeropuerto de la Ciudad de México realizada sin garantías de autenticidad y validez; la postura de mantenerse por un año más en la dirección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a pesar de que la Ley Orgánica del Congreso establece una rotación entre los tres partidos mayoritarios; la instalación del Congreso en Quintana Roo donde en aplicación de una legislación abrogada se integró el órgano de gobierno exclusivamente con miembros de su partido; el procedimiento de designación de las y los integrantes de la Comisión Reguladora de Energía quienes reprobaban cualquier examen de idoneidad y el enfrentamiento previo con el anterior presidente del propio órgano; la aprobación en Tabasco de la conocida como «Ley Garrote» que ahora mismo está bajo examen de constitucionalidad por la Suprema Corte; entre otras actuaciones en el filo de la ilegalidad impuestas bajo el pretexto de la mayoría obtenida en las pasadas elecciones.

La abierta inconstitucionalidad de la ley

Pero la llamada «Ley Bonilla» sobresale por su abierta inconstitucionalidad y por haber sido aprobada con el aval casi unánime de los partidos que supuestamente se ubicaban en la oposición. Durante su discusión en el congreso local, únicamente un diputado se pronunció en contra y ya a la hora de votarla solo hubo una abstención. Las razones para su invalidez son tan numerosas como diversas. Vicios en el procedimiento legislativo, violación directa a la obligación de aprobar modificaciones sustantivas a la legislación electoral antes del inicio del proceso electivo, la tergiversación de la voluntad ciudadana que votó por una gubernatura de 2 años y que ahora se plantea como una de 5 años, presenta un beneficio en favor de una persona en particular pues sólo aplicará para el gobernador electo, etcétera. Esta decisión no solo presiona las reglas de nuestra democracia, sino que representa una completa ruptura que además está evadiendo los mecanismos institucionales de defensa en su contra dilatando injustificadamente su publicación para que surta plenos efectos, pues tal maniobra impide cualquier posibilidad de involucramiento de la Suprema Corte de Justicia.

 

Por medio de esta reforma definitivamente se están poniendo a prueba los fundamentos propios de la democracia. Bajo el pretexto de la mayoría obtenida en una elección, este experimento incluso presenta una prueba de la posible tolerancia que tenemos como ciudadanos del uso de estas tácticas. Lamentablemente el debate se ha mantenido en un nivel técnico casi esnobista donde únicamente se han pronunciado autoridades, académicos y las cúpulas partidistas de la oposición. Parece que en la ciudadanía en general no está causando la indignación que sí generó en otros círculos, como se demuestra en una encuesta donde poco más de la mitad de los ciudadanos y ciudadanas rechaza la ampliación del período de la gubernatura[1], lo que significa que casi la mitad del electorado en Baja California está dispuesto a admitir la infracción a las reglas del juego democrático con tal de que beneficie a un grupo o persona de su simpatía.

La estabilidad democrática en riesgo

Este es el verdadero reto que representa el proceso de cambio que está viviendo la democracia mexicana. La amplia ventaja con la que el grupo en el poder alcanzó su posición ha dado lugar a que se sienta cómodo de presionar los límites formales e informales a los que estábamos acostumbrados. La estabilidad dependerá de que los mecanismos de defensa institucional como los propios recursos de control constitucional judicial, los procedimientos de actuación de la oposición legislativa o las formas de participación directa con los que contamos como ciudadanos, funcionen y se permita acudir a ellos.

El desdén por las reglas que se ha mostrado hasta ahora es intenso y por ello preocupante. Si constantemente «se sale con la suya» quien juega a las tácticas duras constitucionales, entonces se pueden presentar las circunstancias ideales para el tránsito a un régimen hegemónico o autoritario, pues precisamente las reglas de la democracia están escritas con el fin de que exista una convivencia de competencia sana entre los contendientes políticos y estas tácticas están diseñadas para excluir a quienes no tienen el poder y, en el extremo, para anularlas o extinguirlas, lo que significaría la eliminación de cualquier contrapeso institucional o fáctico. Cabe recordar que en democracia es mucho más fácil destruir que construir. Erosionarla puede dejar grietas que no podrán ser resanadas en el futuro cercano.

En el caso de la «Ley Bonilla» es fundamental que el Congreso de Baja California permita su trámite normal y deje de utilizar mecanismos que son solo dilatorios. En pos de la certeza de la ciudadanía e, incluso, de la propia legitimidad del gobierno que está por iniciar, se debe abrir paso a la intervención de la Suprema Corte para que sea esta quien decida sobre su constitucionalidad y le dé un curso definitivo a esta historia. La estabilidad democrática también pasa por cerrar ciclos y este es uno que exige clausura.

Notas

 

[1] Encuesta realizada por Reforma, citada en 54% de los ciudadanos rechaza que se ampliara el gobierno de Bonilla: encuesta, Expansión Política, disponible en https://politica.expansion.mx/estados/2019/07/15/54-de-los-ciudadanos-rechaza-que-se-ampliara-el-gobierno-de-bonilla-encuesta.

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BRÚJULA CIUDADANA. Año 11, Número 113, noviembre-diciembre 2019, es una publicación electrónica mensual editada por Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C., 
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