Tiempos oscuros para el derecho a migrar y el derecho a no migrar, y una apuesta audaz: que nuestro Norte sea el Sur

Yolanda González

Área de Investigación, ERIC-Radio Progreso, Honduras

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Las Caravanas o Éxodos que irrumpieron en el contexto regional entre Octubre de 2018 y abril de 2019 sacaron a la luz una crisis de migración forzada que llevaba años haciéndose crónica en la región norte de Centroamérica, y pusieron en evidencia las voluntades políticas de los gobiernos de los países de la región centroamericana y norteamericana. Las caravanas- éxodo formadas especialmente por hondureños, que alcanzaban el 72%, según un estudio de OIM (2018:2), contribuyeron a visibilizar la dramática realidad de los más de 9,000 hondureños y hondureñas que al mes dejan Honduras en ruta al norte, y de los 41 mil que en 2018 solicitaron refugio (ACNUR, 2019: 45). Según un estudio de ACNUR, basado en entrevistas a personas integrantes de las caravanas de enero de 2019, el 70% de las personas manifestaron estar en riesgo si volvían a su país (La Jornada, 6 de febrero de 2019).

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La sombra de este Éxodo sigue extendiéndose, especialmente en lo que se refiere a las medidas y políticas públicas de persuasión, contención, control, militarización y criminalización del flujo migratorio del norte de Centroamérica hacia México y Estados Unidos. Y en este sentido, la ciudadanía hondureña, y en general la centroamericana, ha sido espectadora, es decir, ha visto y sufrido con decepción e impotencia, y con cierta dosis de ingenuidad, las políticas implementadas por la nueva administración del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

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En el contexto migratorio de los últimos 10 meses, las posturas de los gobiernos de Estados Unidos y de Honduras no han dejado lugar a muchas sorpresas, teniendo en cuenta los patrones de los años anteriores. Todos los discursos, tuits, declaraciones, circulares, órdenes ejecutivas de la administración de Donald Trump y sus secuaces, llámense Fiscal General, responsable del Departamento de Seguridad Interior, del Departamento de Estado, o de la Patrulla Fronteriza, entre otros, han ido en la misma dirección y, en el fondo, hay que reconocerles cierta coherencia: Todos responden a una política de tolerancia cero hacia las personas indocumentadas, que desconoce principios fundamentales en la legislación nacional y en el marco internacional de derechos humanos, como los del interés superior del menor, o el derecho a la protección internacional y el principio de no devolución.

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A una estrategia teatral de crear un contexto de crisis y caos para justificar las medidas adoptadas, como lo fue la congelación de la aprobación del presupuesto a comienzos de año, las diversas medidas para crear una crisis humanitaria en la frontera de Estados Unidos con México, o los continuos chantajes y amenazas hacia los países de origen como patrón de negociación. Y a un escenario de fondo que tiene siempre en vista el contexto electoral en el que Donald Trump ya actúa, con el mensaje xenófobo y antiinmigrante que le dio la victoria en 2016, y las relaciones con sus amigos y financiadores de campaña, como el sindicato de la Patrulla Fronteriza, o la industria de los centros de detención, tal y como lo recuerda Oscar Chacón (El Faro, 2 de julio de 2019).

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Las reacciones del gobierno hondureño respaldado por la Casa Blanca

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En el caso de Honduras, la administración de Juan Orlando Hernández en estos meses ha sido fiel a su ya lastimosamente conocido “haremos lo que tengamos que hacer”, para contener  el éxodo, y agradecer el apoyo y validación constante que Estados Unidos le ha ofrecido a su persona y su entorno inmediato para mantenerse en el poder en medio de acusaciones de corrupción y narcotráfico. Las primeras reacciones de altos funcionarios del gobierno de Honduras, ante la huida de más de 6 mil personas a la vista de los principales medios de comunicación internacionales, fueron criminalizar y acusar de manera personal y colectiva a varios líderes y lideresas sociales de promover la caravana para desestabilizar el país, y de representar a la oposición política más radical de Honduras. A la par, intentaron detener la caravana en la frontera de Aguas Calientes, tanto con el uso de la fuerza policial y militar para impedir a ciudadanos hondureños salir libremente de su propio país, o mediante el cierre físico de fronteras. Algunos niños no acompañados, quienes formaron parte del primer éxodo y que a finales de 2018 se encontraban en la ciudad de Tijuana, señalaron que autoridades hondureñas intentaron prohibir su salida del país, golpeándolos con palos cuando intentaron hacerlo (Varios autores, 2018: 4). Los informes de las organizaciones de derechos humanos denunciaron el uso de bombas lacrimógenas en la frontera contra familias y menores (RJM CANA,  2019: 1).

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En febrero de 2019 dieron un paso más, y fue evidente la creciente criminalización de familias migrantes viajando con sus hijos e hijas menores, que se concretó en esta ocasión en amonestaciones escritas a padres y madres por violación del código de la niñez y el anuncio por parte de la Directora Ejecutiva de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) de Honduras de que a los padres reincidentes se les acusaría del delito de vulneración de derechos, que conlleva una pena de entre 1 a 3 años de cárcel. Según datos oficiales, hasta el 21 de febrero de 2019, se habían amonestado a padres de 1,449 menores. 

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Mientras tanto, cuando desde Honduras volvíamos los ojos hacia México en octubre de 2018, lo hacíamos con la esperanza puesta en que la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador asumiera un nuevo liderazgo en la región y rompiera con el rol de México como el gendarme de Estados Unidos, especialmente en la frontera sur de México con Guatemala, como así ya la habían denominado altos funcionarios estadounidenses en 2014. Esa esperanza y un poco de ingenuidad hizo que no le prestáramos atención a quienes nos advertían que en la campaña electoral de Morena no había quedado clara su política migratoria, más allá del rechazo a la política del entonces presidente Peña Nieto. Tampoco a quienes se preguntaban por la capacidad de resistencia a la presión que Estados Unidos podría ejercer sobre López Obrador, o por cuanto sería el margen de negociación y de contrapesos entre la Secretaría de Gobernación, bajo la cual se ampara el Instituto Nacional de Migración y la Comisión de Ayuda al Refugiado, y la Secretaría de Relaciones Exteriores. También hizo que pasáramos por alto el botón de muestra de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que, el 20 de diciembre de 2019, publicaba un comunicado, que -con mucha retórica de derechos humanos y soberanía- en la práctica terminaba aceptando el llamado plan “Quédate en México”, un programa que obliga a algunos solicitantes de asilo a esperar en México mientras sus casos se procesan en Estados Unidos.

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En enero de este año, sin embargo, cuando otra Caravana- Éxodo salía de Honduras, la esperanza volvía a aflorar, al escuchar de las organizaciones mexicanas sobre los esfuerzos institucionales para conjuntar y coordinar acciones, y sobre todo, al ser testigos virtuales de que detrás del río Suchiate no esperaban militares y policías, sino la promesa de la emisión rápida de tarjetas por razones humanitarias. Lastimosamente, esa esperanza se fue desmoronando a medida que se desvanecía enero y fue haciéndose más evidente y flagrante la incapacidad gubernamental mexicana para gestionar el contexto migratorio y la crisis humanitaria, especialmente en las fronteras, la disputa entre los distintos niveles de gobiernos, el cortoplacismo de las medidas, el mayor contexto de xenofobia y, finalmente, el sometimiento al chantaje estadounidense, al aceptar un acuerdo temporal en el que  México vuelve a ser el guardián de su país vecino, con un acuerdo que establece, entre otras medidas, destinar 6 mil guardias nacionales para proteger su frontera con Guatemala, o aceptar formalmente y ampliar el plan “Quédate en México”. 

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Balance de las políticas de contención, detención y deportación

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Si hacemos un balance del impacto de estas medidas, los resultados son devastadores. La estrategia prioritaria de fortalecer la capacidad de detención y deportación, cada vez más policial y militarizada, ha tenido una cifra que con una visión muy cortoplacista podría venderse como un logro de México a Estados Unidos: el dato duro del número de deportaciones. Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2019, han sido deportados 70,153 hondureños y hondureñas, de los cuales, 45,299, es decir, el 64.57% fueron deportados por México[1]. Sin embargo, estas cifras caen por su propio peso, ya que se encuentran manchadas por diversas crisis de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, por un aumento de la vulnerabilidad y  peligro de las personas migrantes hasta niveles trágicos, por el colapso del sistema de gestión migratoria, por la saturación de los centros de detención, por un número creciente de personas en situación de irregularidad, un sistema de asilo cada vez más debilitado y sobrepasado, por una saturación de las organizaciones por falta de respuesta institucional, y finalmente, por un ciclo migratorio inacabable, porque muchas de las personas deportadas vuelven a intentar la ruta migratoria, ya que no pueden vivir en Honduras. 

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Aunque todas estas situaciones están debidamente documentadas y denunciadas por las organizaciones de la sociedad civil mexicanas y hondureñas, y también son objeto de pronunciamientos y comunicados por parte de la comunidad internacional de derechos humanos, sigue siendo muy peligroso y tentador el discurso imperante del Norte que echa la culpa de todo a las víctimas de la migración forzada, para no asumir la responsabilidad propia. Por ejemplo, México no asume su responsabilidad en la crisis de la frontera con Estados Unidos, al seguir permitiendo el programa informal de listas de espera en México para solicitar asilo en Estados Unidos, el cual ha provocado que en junio de este año hubiera una bolsa de más de 18 mil personas  esperando entre una semana a cuatro meses, especialmente en algunas de las  ciudades más peligrosas de México, como Ciudad Juárez o Tijuana. O que la aceptación del programa “Quédate en México” haya enviado a 18 mil 501 personas solicitantes de asilo en Estados Unidos a Tijuana, Mexicali o Ciudad Juárez mientras dura el proceso judicial, con las graves implicaciones y violaciones al debido proceso que eso supone.

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El endurecimiento de las políticas migratorias ha sido ineficaz para detener la movilidad humana

A este grave contexto, hay que sumarle la pregunta clave: ¿son estas medidas eficaces con una mirada de largo aliento? Las experiencias pasadas en la región nos dicen que las políticas de endurecimiento, contención y securitización de los flujos migratorios pueden tener un impacto inmediato en el corto plazo, pero ese impacto desaparece en el mediano plazo. Si echamos la vista no tan atrás, el Plan Frontera Sur implementado por México con apoyo de Estados Unidos a raíz, o con la excusa, de combatir la supuesta crisis de los menores migrantes de 2014, se suponía que debería haber ya persuadido a los y las hondureñas a no dejar su país y huir hacia el Norte. Sin embargo, en 2018 el número de menores hondureños detenidos en la frontera fue de 10,913, y en los 7 primeros meses de 2019 México deportó a 15, 870 hondureños menores de edad no acompañados, las cifras más altas de la última década. Si México voltea la vista también a otros países que han servido de guardianes para la externalización de fronteras en otras latitudes, como Turquía o Marruecos en relación a la Unión Europea, también podría comprobar que el impacto real para el tercer país no es muy favorecedor.

¿Sería tal vez muy audaz esperar que México mire al Sur como su Norte? En primer lugar, que mire y escuche a Centroamérica, a Honduras, e intente entender de qué huyen los hondureños y hondureñas, que en la actualidad supone el 44% de los solicitantes de asilo que recibe.  Si escuchara, podría darse cuenta que, según las encuestas de opinión pública, el 41.4% de la población ha pensado o deseado emigrar, el 40.8% tiene algún familiar que lo ha hecho en el último año y la gran mayoría considera que se va por la crisis económica y de seguridad (ERIC,2019). 

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Si se acercara un poco más, entendería por qué los riesgos que pueden enfrentar en México no los disuaden de continuar. Así lo reflejó José Luis Rocha en una entrevista con un joven migrante, quien ante la pregunta de por qué se iba respondió en forma aplastante: “en Honduras [los jóvenes] tienen más probabilidades de conseguir un balazo en la frente, como varios de sus conocidos, que un empleo decente, como casi nadie” (Rocha, 2014:247).