4. Centroamérica: migración y situación política

Ausencia de políticas de protección y acciones gubernamentales, raíz de hechos violatorios a los DDHH contra las personas migrantes

 
Xiomara Peraza

Editora de Brújula Ciudadana

 

 

 

Varios hechos ocurridos en lo que va de 2021 con saldos fatales para las personas migrantes centroamericanas han alertado sobre las condiciones extremadamente vulnerables que enfrentan en su riesgosa ruta hacia el norte del continente, principalmente hacia Estados Unidos.

Entre estos hechos, pueden mencionarse el asesinato por policías de la salvadoreña Victoria Salazar en Tulum (Quintana Roo), el del guatemalteco Elvin Mazariegos en Chiapas por militares en un retén de la SEDENA y la masacre de 19 personas (entre ellas, 16 migrantes también guatemaltecos) por policías locales el 22 de enero pasado en Camargo, Tamaulipas.

Todo esto habla de una situación alarmante que desgraciadamente no es nueva, pero que se desborda cada cierto tiempo ante la ausencia de políticas de protección efectiva para esta población en situación de movilidad y de acciones gubernamentales en la región para promover condiciones de vida dignas que disminuyan los flujos migratorios.

Una lista de hechos violatorios de los derechos humanos

 

27 de marzo de 2021. Uno de los hechos que más atención recibió en los medios tuvo como víctima a Victoria Salazar, una salvadoreña que vivía en Tulum con visa humanitaria. Los reportes y un video que circuló ampliamente por Internet indican que cuatro policías municipales -tres hombres y una mujer- estuvieron involucrados y serán acusados de feminicidio. Las autoridades locales han reconocido que la mujer murió en plena calle asfixiada luego de que le rompieron la columna vertebral. 

Victoria Salazar había llegado a México desde 2017 y se había establecido en Tulum con sus dos hijas de 15 y 16 años, según informes de la Comisión Mexicana para los Refugiados (COMAR). ONU Mujeres condenó “profundamente” el asesinato de Victoria y lamentó la actuación de los elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de la localidad del sureste mexicano. En su cuenta oficial de Twitter, la agencia de Naciones Unidas rechazó toda forma de violencia contra las mujeres y recordó que los cuerpos policiales tienen la obligación de garantizar la seguridad de las personas.

“Hacemos un llamado a que, de conformidad con la ley vigente y aplicable, se investigue su muerte con perspectiva de género y se tomen las medidas correspondientes para prevenir y sancionar cualquier acto de violencia contra las mujeres”, expresa la agencia. También ha insistido en que la sociedad en general rechace la violencia contra las mujeres y reclame justicia para construir un mundo con seguridad para todas y todos.

Al mismo tiempo,  varias organizaciones exigieron al gobierno mexicano garantizar la protección de las dos hijas de Victoria Esperanza Salazar, así como los derechos de la familia a la verdad, la justicia, la reparación integral del daño, y la repatriación digna de su cuerpo. Otra demanda importante es capacitar a las policías locales con herramientas teóricas y prácticas, y de acuerdo con las mejores prácticas internacionales sobre derechos humanos, incluyendo los derechos de las mujeres y la violencia de género. Se destaca la necesidad de que existan “ciclos de evaluación constantes y exhaustivos sobre las capacitaciones a los cuerpos policiales, así como evidenciar sus resultados e impacto, y garantizar la existencia de un mecanismo especializado externo e independiente de los cuerpos policiales, a cargo del monitoreo, supervisión y mejora de estas instituciones”. En suma, estas organizaciones afirmaron que “...Como Victoria, hay cientos de miles de mujeres centroamericanas, migrantes, madres , que llegan a México en busca de un lugar para vivir sin violencias y el Estado mexicano no se los permite: las deporta, les niega derechos, las reprime, las violenta y las mata”.
 

29 de marzo de 2021. En este caso, la víctima fue Elvin Mazariegos, de 30 años, padre de tres menores de edad, quien viajaba como copiloto en una camioneta que intentó evadir un punto de control establecido por militares de la SEDENA a solo unos pocos metros de la línea divisoria entre México y Guatemala, en el municipio Mazapa de Madero. El hecho sucedió en la Sierra Madre de Chiapas, en un sitio identificado como paso clandestino de migrantes desde el país centroamericano.

El titular de la SEDENA, Crescencio Sandoval, reconoció que fue “una acción errónea de parte del personal porque no hubo una agresión con arma de fuego o de alguna otra manera, pero uno de nuestros elementos hace un disparo donde hiere a uno de los civiles que iba, eran tres personas las que iban en ese vehículo, al herido se le da la atención por parte de nuestro propio personal y desafortunadamente pierde la vida”.

El hecho generó un conflicto en esta zona del país y la retención de 15 elementos castrenses, tres vehículos oficiales y 17 armas de cargo por pobladores de ambos lados de la frontera que exigían justicia. Tras dialogar con el grupo de pobladores, agentes del Ministerio Público y el comandante de la zona, y de la región militar lograron la liberación de los militares.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación de oficio para indagar en los posibles actos y omisiones en los que hayan incurrido servidores públicos. El organismo se comprometió a integrar el expediente de queja respectivo y solicitar información “a la autoridad involucrada en los hechos para que, en su momento, emita el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda”.

Un informe de Animal Político da cuenta de las circunstancias que antecedieron a este asesinato. Una hermana de la víctima declaró que Elvin “estaba viniendo a la casa, porque teníamos una actividad y le estábamos esperando. Nos llamó unos minutos antes diciendo que llegaba, pero nunca llegó”. De sus declaraciones, se desprende que los habitantes transitan por la zona tratando de evitar problemas: “Nosotros estamos acostumbrados a que los soldados pidan dinero para unas aguas, no saben lo que cuesta llevar el dinero a la casa”.

En este lugar, donde vivía Elvin, se difuminan los límites entre México y Guatemala. El informe periodístico citado afirma que allí no existe aduana migratoria y los vecinos de los municipios cercanos cruzan a un lado y otro sin problemas. “Por ejemplo, el 10% de la población de Tacaná vive de comerciar con los productos que compra en Motozintla, según explica Eulalio de León, alcalde del municipio guatemalteco”. Se trata de “pasos ciegos” que sirven para el tráfico de migrantes irregulares o de mercancías ilícitas, que pueden ser tanto drogas como combustible. 

Finalmente, este reportaje enmarca el hecho dentro del despliegue militar en la zona por la política migratoria de contención impulsada por el gobierno federal mexicano. “En las últimas semanas se incrementaron los operativos de Ejército, Guardia Nacional e Instituto Nacional de Migración (INM) en la frontera, después de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunciara una ofensiva para impedir el paso de migrantes a petición del ejecutivo de Estados Unidos”.

 

22 de enero. En este asesinato múltiple, 19 personas fueron calcinadas en Ejido Santa Anita, municipio de Camargo, Tamaulipas. La Fiscalía de esta entidad pudo identificar los cuerpos mediante muestras de ADN y así se supo que 16 de ellos eran de origen guatemalteco. Había, además, dos mexicanos y una tercera persona que aún no ha sido identificada. También se localizó otro vehículo quemado con placas del vecino estado de Nuevo León. Cinco sobrevivientes estarían siendo protegidos en Estados Unidos, según el Gobierno guatemalteco.

La zona donde ocurrieron los crímenes se localiza cerca del río Bravo frente a Texas (Estados Unidos), una región que, por años, ha sido escenario de sangrientas guerras territoriales entre los restos del Cártel del Golfo y el antiguo Cártel de Los Zetas. Las familias de las víctimas en Guatemala fueron las primeras en alertaron sobre la posibilidad de que sus parientes fueran los fallecidos, pues en esos días habían tenido una última comunicación con ellos y habían informado que se encontraban en esa zona. El padre de una de las fallecidas, Santa Cristina (de 20 años), había enviado un mensaje a su padre unos días antes en el que daba algunos detalles de su ubicación. “Gracias a que Santa Cristina envió un mensaje de teléfono de donde estaban pudimos saber de ellos, sino estarían enterrados en una fosa común”, dijo un sacerdote que ofició la misa celebrada un 13 de marzo cuando al fin pudieron empezar a sepultar a algunas de las víctimas en la comunidad de Comitancillo, San Marcos, departamento fronterizo con México, y lugar de origen de estas.

Según la prensa, en México, doce agentes enfrentan cargos de homicidio, abuso de autoridad y falso testimonio por esta masacre. Por su lado, el Instituto Nacional de Migración informó que ha separado de sus cargos a ocho de sus agentes por irregularidades “aparentemente vinculadas con el caso”.

No obstante, debe insistirse en que hechos como este no son nuevos. De 2010 a 2012, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) ha documentado la existencia de al menos tres masacres en el norte del país: la masacre de 72 migrantes ocurrida entre el 22 y 23 de agosto de 2010 en Tamaulipas, otra con 195 restos localizados en 47 fosas clandestinas en San Fernando, también en Tamaulipas en abril de 2011, y una tercera de 49 restos localizados en Cadereyta, Nuevo León, en mayo de 2012. Todos esos hechos aún permanecen en absoluta impunidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas Derechos Humanos y la CNDH han formulado recomendaciones para el diagnóstico, prevención, protección y no repetición de dichos crímenes. “En ese escenario, han sido las propias familias de los migrantes desaparecidos quienes de la mano con la sociedad civil organizada, han impulsado y creado mecanismos para la búsqueda, la identificación de cuerpos, y el acceso a la justicia frente a las autoridades de sus países y las autoridades mexicanas. Lamentablemente mucho de estos esfuerzos de años, hoy en parte tomado y reconocido por el Estado, están en claro riesgo”, según un informe de la FJEDD.
 

Contexto de las políticas migratorias en la región y Estados Unidos

Los hechos descritos hasta aquí son solo una muestra de las violaciones a los derechos humanos de las poblaciones en contexto de movilidad. Las políticas migratorias en la región han contribuido en buena parte a la configuración de estos graves escenarios y, a continuación, se describen algunas líneas relevantes al respecto.


México
Este 5 de abril un grupo de organizaciones de la sociedad civil, activistas y académicos difundieron un posicionamiento en el que demandan la adopción de una política migratoria y de asilo en México basada en una “perspectiva de seguridad humana” y no de “militarización, persecución y criminalización”, porque “las condiciones que viven las personas migrantes y sujetas de protección internacional requieren una atención integral e integradora de distintas entidades”. El documento publicado contiene diversos elementos que pueden contribuir a que efectivamente la migración en México se desarrolle de una manera segura para las personas y que sobre todo “se elimine la criminalización y persecución en situación de migración en las fronteras”. 


Por años, la respuesta del Gobierno de México ha sido cuestionada por diversas organizaciones nacionales e internacionales debido al énfasis en la contención migratoria y el despliegue de cuerpos de seguridad y militares a lo largo de las rutas por donde transitan las personas migrantes y en los puntos fronterizos. No existe, como sería deseable y justo, una estrategia de recepción y atención humana por parte de instituciones como el Sistema DIF, la CNDH, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, así como las Procuradurías locales y Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, entre otras. Por otra parte, se ha cuestionado el papel del Instituto Nacional de Migración (INM), que también carece de medidas “para facilitar una migración segura de las poblaciones migrantes y perseguidas que históricamente han sido excluidas de los mecanismos de migración regular al país, obligando a migrar de forma irregular e insegura”.


Un informe de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) ha atribuido a México un papel crucial en la respuesta a la “crisis de refugiados” en la región.  Las solicitudes de asilo en este país subieron más de 700 por ciento en el periodo 2016-2019. Desde que López Obrador asumió la presidencia, se han recibido más de 125,000 solicitudes de protección (13,500 de ellas se presentaron en los primeros dos meses del presente año). “Si bien México, ha mejorado su capacidad de recepción y procesamiento, se requieren mayores incrementos de presupuesto y recursos humanos para la COMAR, para que pueda responder a los niveles de demanda actual”, dice el informe de WOLA. También se señala que las personas solicitantes de asilo en México enfrentan obstáculos de otro tipo como el límite de 30 días después de su entrada al país para hacer su solicitud, la obligatoriedad de permanecer en la entidad federativa donde se tramita dicha solicitud, acceso inadecuado a una visa humanitaria que les garantice el acceso a servicios básicos y largos periodos para recibir una resolución final.


Volviendo al tema del control migratorio en México, los hechos recientes que se enlistan arriba han generado serias críticas a las acciones del gobierno federal: “Mientras las políticas migratorias sigan respondiendo a intereses lejanos a la seguridad humana y los derechos humanos y desde el poder se sigan promoviendo discursos xenófobos, mientras sigan negando refugio y visas humanitarias, mientras sigan justificando sus políticas de detención, represión y muerte con falsos discursos, no habrá justicia para Victoria”.

 

 

Estados Unidos
El director del Intituto de Políticas de la Migración (MPI, por sus siglas en inglés), Andrew Selee, ha escrito sobre el interés manifiesto de Joe Biden y su equipo en la migración como uno de los temas prioritarios de su administración. En este sentido, debe entenderse toda intención de los Demócratas por cambiar las políticas migratorias diseñadas por Donald Trump, pero “hay una distancia entre desear hacer cambios y lograrlo”, subraya Selee, quien ha identificado cuatro ejes específicos en los que podrían observarse cambios eventualmente de los cuales aquí se destacan dos.

 
Uno de los ejes es la creación de vías legales para la migración. Al respecto, según el director del MPI, Estados Unidos logró reducir la migración irregular desde México mediante el alza de peticiones para visas temporales de trabajo para mexicanos en el campo o en la industria hotelera y restaurantera (llegaron a más de 260,000 en el año fiscal 2019). Los canales legales para entrar a Estadous Unidos se fortalecieron con las visas de residencia permanente solicitadas por familiares ya viviendo legalmente en Estados Unidos. “Sin embargo, no ha pasado nada similar en Centroamérica” y, en 2019, sólo un poco más de 8,000 centroamericanos tuvieron acceso a visas de trabajo estacional, frente a más de 260,000 mexicanos. En 2020, los números disminuyeron levemente sin alterar mucho la proporción, según datos del MPI. La clave en este punto es la creación de oportunidades laborales para los centroamericanos en Estados Unidos como prioridad, pero la administración Biden “no tiene claro cómo hacerlo”, de acuerdo con Selee. 


Otro eje de acción sería la profesionalización del control migratorio, que con la administración Trump se robusteció tanto en Estados Unidos como en México y Centroamérica por las presiones del primero. Con Biden la presión no parece eliminarse, porque se han visto medidas en Centroamérica orientadas a ejercer algún tipo de control en sus fronteras, aunque se está haciendo cierto énfasis en que todo ello se realice con apego a la ley, con funciones y responsabilidades explícitas que permiten la transparencia y fiscalización de las operaciones de control.


En su análisis, Selee también menciona dos ejes más: refinar los mecanismos de protección humanitaria y la inversión en el desarrollo y el Estado de derecho en la región.


​Lograr todos esos cambios no será fácil y la dificultad se ha manifestado más claramente en el tema del creciente número de menores y adolescentes no acompañados que han arribado a la frontera de Estados Unidos. Un análisis de Mark Greenberg en el MPI refiere que la capacidad de los centros para acoger a esta población fue rebasada en febrero y marzo pasados no solo por el gran número de arribos, sino porque la administración Biden se encontró con un recorte de un 40 por ciento de la capacidad de los centros mencionados frente a lo que había estimado la agencia engarcaga de ello, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, en inglés). 


Antes de 2012, la cifra anual de niños y adolescententes referidos a centros de la ORR oscilaba entre 6,000 y 8,000. El número aumentó muchísimo en 2019 a más de 69 mil y se llenaron las camas disponibles en centros de la ORR, provocando la utilización de las instalaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). En la actualidad, Biden se ha rehusado a deportar a la población infantil no acompañada, aunque sí lo está haciendo con la población adulta y grupos familiares que llegan a la frontera. 


El reporte de WOLA ya mencionado señala que 42 por ciento de los menores no acompañados que llegaron en febrero pasado a EUA son de origen guatemalteco, 28 por ciento hondureño, 19 por ciento mexicano y 8 percent salvadoreño, mientras un 3 por ciento era de otros países.

Probablemente, en este año se produzca un récord en la cifra de menores no acompañados que cruzan la frontera de EUA, incluso la administración Biden ha estimado que el número podría ser de hasta 117,000 niños y adolescentes (en 2019 se llegó a 76,020). Los dos temas importantes por tanto son: las capacidades limitadas de las agencias estadounidenses que atienden a esta población y el incremento de los arribos.


WOLA y el MPI han advertido que la supuesta “crisis” en la frontera había sido prevista por muchos expertos, especialmente debido a las medidas adoptadas en la era Trump que obligó a un gran número de personas a permanecer en el lado mexicano de la frontera (por ejemplo, con la ya extinta política “Quédate en México” más de 70,000 solicitantes de asilo tuvieron que esperar sus citas en las cortes de inmigración en ciudades mexicanas fronterizas).  

 
Respecto a las causas de esta alza en la cifra de personas que está entrando a EUA, WOLA apunta al “desastre humanitario” que generó Trump. Esto dejó un sistema militarizado en la frontera estadounidense, cuya efectividad es dudosa y ni siquiera podría pensarse como idónea para el tipo de migración de los años noventa y primera década de 2000 cuando predominaban los hombres adultos. Desde hace más de cinco años, muchos menores y sus familias están cruzando la frontera y no quieren pasar inadvertidos, se están entregando a las autoridades estadounidenses para solicitar protección o asilo o reunirse con sus familiares que ya viven en ese país. Por ello, “el mayor reto de la administración Biden en la frontera es ajustarse a este cambio y adoptar polílticas orientadas a enfrentar la realidad de las migración de niños y sus familias”.

 
Deben añadirse otros factores en los países de origen de estas personas como son la violencia, la delincuencia y la existencia de las pandillas, así como altos niveles de pobreza agravada por desastres naturales y “el hecho de que los niños no acompañados regularmente tienen un pariente cercano en los Estados Unidos, aunque no necesariamente han vivido juntos por muchos años”. Algunos de estos factores han sido objeto de extensos estudios.  

Centroamérica
La colaboración de México y Centroamérica en la agenda estadounidense antiinmigrante llegó a un nivel alarmante en julio de 2019, cuando se pactó el acuerdo entre Estados Unidos y Guatemala sobre la cooperación para examinar las solicitudes de protección. Más tarde, acuerdos del mismo nombre se firmaron entre Estados Unidos y El Salvador, y entre Estados Unidos y Honduras. Kavita Kapur de CEJIL ha explicado que estos pactos, denominados Acuerdos de Cooperación en Asilo (ACA), permitieron “la transferencia de personas que buscan protección internacional en Estados Unidos a uno de los tres países centroamericanos, con base en la premisa de que las personas transferidas pueden acceder a protección en dichos países”. Aunque la administración Biden suspendió dichos acuerdos, se concretaron en esa etapa muchos de los retrocesos en materia de protección internacional en Mesoamérica, poniendo en evidencia una vez más el éxito de las presiones estadounidenses en las naciones al sur de su frontera.


Más recientemente, ante el anuncio de nuevas caravanas de personas que desde Centroamérica quieren llegar a EUA, Guatemala y México han reforzado sus estrategias de contención migratoria en diversos puntos fronterizos.  El presidente de Guatemala, Alejandro Giamattei, publicó el 29 de marzo pasado el decreto gubernativo 3-2021 para restringir el derecho de protesta pacífica, la libertad de reunión y de locomoción, entre otros, en cinco departamentos de aquel país en el marco de diversos anuncios en redes sociales y medios de que podría formarse una caravana a partir del 30 de marzo. Varias organizaciones denunciaron a las autoridades guatemaltecas, quienes afirmaban que se imponía un “estado de prevención” ante el riesgo de que “grupos de personas con características de migrantes… cruzaran las fronteras del país” incumpliendo los requisitos sanitarios preventivos ante la pandemia de Covid-19. Las organizaciones denunciantes rechazaron las medidas que pudieran incitar el uso excesivo de la fuerza contra personas migrantes y solicitantes de protección internacional.


Debe insistirse en este punto en la naturaleza multifactorial de las migraciones y los desplazamientos de las personas hacia lugares, países donde pueden encontrar mejor calidad de vida. Uno de ellos es el medioambiental y un estudio publicado en marzo pasado por OXFAM ha alertado sobre los elementos básicos en la fórmula del hambre que confluyen en el llamado Corredor Seco Centroamericano: la pobreza estructural, la indiferencia de los gobiernos y la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático. 


El nombre de dicho corredor se debe a la extrema sequía que se registra, y que tiende a prolongarse por la llegada tardía de la temporada de lluvias, reduciendo la producción agrícola.  Este sector se extiende por territorios de México, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, donde la tierra cultivable -principal medio de vida para la agricultura de subsistencia- se deteriora cada vez más por la deforestación, las industrias extractivistas, la contaminación, y las pérdidas de suelo cultivable por la erosión y prácticas agrícolas inadecuadas.

 

El estudio de OXFAM sostiene que las sequías recurrentes de la última década en esta zona son causa de la llamada “hambre estacional”, que a pesar de ser prevenible, los gobiernos “realizan esfuerzos limitados para mitigarla… La corrupción, un limitado acceso a servicios públicos de calidad y el desempleo agravan la situación”. Y precisamente, uno de los efectos visibles del agravamiento de la situación en la zona son las migraciones masivas en forma de caravanas hacia Norteamérica, según especialistas de la FAO.
 

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BRÚJULA CIUDADANA. Es una publicación electrónica mensual editada por Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C., Tel. (55) 55141072, 

Editor responsable: Elio Villaseñor Gómez.

Editora de la revista, Delmy Xiomara Peraza Torres. 

Diseño: Judith Meléndrez Bayardo

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