Violación a los derechos humanos desde el Congreso de la Ciudad de México, retroceso de una capital vanguardista

 

Daniel Tacher Contreras

Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo

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El 28 de noviembre de 2019 será marcado como un día negro en la historia de los derechos humanos en la Ciudad de México. Este día el Congreso de la Ciudad derogó el derecho a las personas originarias de la Ciudad que residen en el extranjero a ser votadas y, con ello, ejercer sus derechos políticos plenos.

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Desde la reforma constitucional de 2010, cuando a nivel federal fueron reconocidos los tratados internacionales en materia de derechos humanos al mismo nivel de la Constitución, se han materializado los mecanismos para garantizar su ejercicio. En este camino de construir un Estado garantista de Derecho, en la Ciudad de México (otrora vanguardia en esta materia) se promulgó su Constitución en el año 2017. En el Título Segundo, de la Carta de Derechos, se consagró un principio de protección de alto nivel para los derechos humanos. Se estableció lo siguiente:

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“En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y en las normas generales y locales. Los derechos humanos, en su conjunto, conforman el parámetro de regularidad constitucional local”.

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La Constitución mandata con este principio que se interprete y aplique toda norma jurídica en la Ciudad de México de acuerdo a los principios de los derechos humanos. De esta forma, la Ciudad se obliga a garantizar, proteger y prevenir toda violación a los derechos humanos, tanto por acción gubernamental, como interpretación jurisdiccional, como en la elaboración legislativa.

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Desde este punto de vista, destacamos el papel que tienen los derechos políticos considerados en sentido extenso como aquellos destinados a proteger y tutelar la participación, o la intervención, de los individuos en la esfera decisoria del espacio público. Estos derechos se encuentran definidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Convención Americana). En el primer caso el artículo 25 señala:

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“Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

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a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

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b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores”.

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Mientras que la Convención Americana en su artículo 23, que en específico hace referencia a los derechos políticos establece:

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1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: 
a). de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b). de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y
 c). de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.​

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2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.

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Aunque los instrumentos normativos de derechos humanos reconocen que los Estados pueden establecer exclusiones, estas no pueden ser contrarias a razones aceptables y, por lo tanto, violatorias del ejercicio de los derechos fundamentales. El mismo PICDP en su artículo 26 establece las causas prohibidas, al señalar que:

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“todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

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Por otro lado, en la Observación General No. 25, con los comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el artículo 25 del PIDCP (Comité de Derechos Humanos 1996) se señaló:

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4. Cualesquiera condiciones que se impongan al ejercicio de los derechos amparados por el artículo 25 deberán basarse en criterios objetivos y razonables. Por ejemplo, puede ser razonable exigir que, a fin de ser elegido o nombrado para determinados cargos, se tenga más edad que para ejercer el derecho de voto, que deben poder ejercerlo todos los ciudadanos adultos. El ejercicio de estos derechos por los ciudadanos no puede suspenderse ni negarse, salvo por los motivos previstos en la legislación y que sean razonables y objetivos. Por ejemplo, la incapacidad mental verificada puede ser motivo para negar a una persona el derecho a votar o a ocupar un cargo público.

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La condición de residencia no es una causal para excluirlas de participar en los asuntos públicos

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De esta forma, es claro que la condición de residencia de las personas no es una causal razonable para excluirlas de participar en los asuntos públicos. Es decir, a las personas residentes en el extranjero se les deben garantizar sus derechos políticos. Esto es visible en el avance casi universal del derecho al voto desde el extranjero que en la actualidad se garantiza en 117 países. Mientras que el derecho a ser votado también camina en su apertura y al momento 17 países cuentan con mecanismos de representación en los espacios legislativos de sus nacionales en el extranjero, mediante las figuras conocidas como “legisladores migrantes”.